Sólo faltan quince días, que pesarán como plomo sobre las espaldas de muchos canallas. Faltan apenas dos semanas para que se experimente en el Poder Judicial de la Federación un profundo cambio, que tendría que repercutir en que, por primera ocasión en décadas, la justicia esté verdaderamente al alcance de todas las personas, al servicio del verdadero pueblo, desvalido e indefenso, aunque eso le cause enojo y hasta una insana repulsión, a quienes desde los poderes fácticos y los grupos privilegiados, se beneficiaron de las complicidades que permitieron durante décadas la manipulación de la ley en favor de intereses mezquinos, egoístas, hipócritas y corruptos.
La jornada electoral del primer domingo de junio del 2025 no fue sólo el proceso que permitió renovar a por lo menos la mitad de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación y sacudir de raíz la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representó, para el pueblo, el ejercicio de un nuevo derecho que con el paso del tiempo irá adquiriendo su muy profunda y trascendente dimensión, pues por primera ocasión en la historia, la gente común, simple, sencilla, tomó en sus manos la posibilidad de decidir quienes son, o por lo menos quienes parecen ser los más aptos y apropiados para administrar justicia en un país que está ávido de ella.
A muchos exquisitos les causa una severa comezón que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del lunes primero de septiembre del 2025, sea un abogado oaxaqueño, Hugo Aguilar Ortiz, de raíces indígenas mixtecas, quien encabezará uno de los tres Poderes de la Unión, algo que no sucedía desde hace 168 años, cuando otro indígena oaxaqueño, pero de origen zapoteco, don Benito Pablo Juárez García, asumió esa misma responsabilidad.
Faltan sólo 15 días para que se rompa, para siempre, el engranaje de una estructura de justicia elitista y perversa, discriminatoria e hipócrita, que siempre ha privilegiado la atención y preservación de los derechos de una minoría privilegiada, con poder político, económico y religioso, sobre los intereses del pueblo común, que en junio pasado, por primera vez en la historia, tuvo voz, pero sobre todo voto, para definir el rumbo de la justicia que tanto le debe y a la que mucho hay que reclamar.
Habría que tener muy presentes las razones que orientaron la reforma constitucional al Poder Judicial federal, que se consumó al promulgarse el decreto el domingo 15 de septiembre del 2024 en el Diario Oficial de la Federación. En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 5 de febrero del 2024, que luego de ser probada por diputados y senadores fue promulgada para entrar en vigor el lunes 16 de septiembre del 2024, se explican las razones para esta reforma constitucional de gran calado.
Dice el documento: “El Gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones.”
Reprocha la iniciativa de López Obrador el actuar faccioso de la élite del Poder Judicial: “La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegiar los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”.
Y se plantea en la iniciativa, ahora convertida en reforma constitucional, el fondo del asunto, en hechos consumados, que “esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, dónde las y los ministros, magistrados y jueces, no eran responsables ante la ciudadanía sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales, y de grupos e intereses fácticos”.
Agrega en la exposición de motivos del ahora expresidente López Obrador: “Al impulsar la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial, sea una realidad y no un principio escrito, que sólo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables”.
En gran medida se desterrará la corrupción de muchos espacios oscuros y reservados de la justicia, en los cuales los poderes fácticos y el Poder Judicial llegaban a acuerdos abusivos y corruptos. Pero también se desterrará muchos de los malos hábitos que durante décadas han infectado hasta la médula a un poder oscuro que permanecía parapetado en su torre de granito.
Hay evidencias muy concretas de que el mérito y la preparación no han sido, en forma natural, los argumentos para avanzar y ascender en los terrenos de la administración de justicia, pues el Poder Judicial está determinado en gran medida por el nepotismo, que impone la presencia de familiares de ministros, magistrados y jueces en la estructura institucional.
Según estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal en 2022, por lo menos el 49 por ciento del personal del Poder Judicial de la federación, casi 25 mil personas, tenía al menos un familiar laborando en los diferentes tribunales o juzgados federales. Todo eso dio origen a cofradías mafiosas que lucran con la justicia al mejor postor.
En manos de los corruptos la justicia ha sido muy frágil y vulnerable, pues ha estado depositada en voluntades veleidosas, que carecen del vigor, la convicción y la valentía que debiera comprometerles en la correcta y honrada interpretación de las leyes, para hacer prevalecer los valores superiores de la justicia y evitar que los cínicos, los corruptos, los frívolos y los sinvergüenzas se salgan con la suya.
La justicia siempre ha sido un lujo al que no han podido aspirar los pobres, los marginados, los que durante siglos han sido engañados con promesas de redención, aderezadas por el cinismo de varias generaciones de políticos y funcionarios hipócritas y mentirosos.
Pero algo bueno pasará a partir del primer de septiembre del 2025, cuando también asumirán sus cargos los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que vigilará la conducta de ministros, magistrados y jueces, para sancionar a quienes traicionen al pueblo y a la justicia, consintiendo la violación de la ley o su interpretación dolosa. Hay esperanza en mucha gente, pero también hay cofradías que sufren, se angustian y lloran ante la inevitable pérdida de privilegios. Pero es bueno que los canallas sufran.
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