8/12/2010

Alta vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños: Álvarez Icaza

Ni eficiente, ni suficiente la Ley para combatir la trata en México


Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 11 ago 10 (CIMAC).- México carece de estrategias claras para detener y combatir la trata de personas. Enfrenta problemas estructurales y legislativos, pese a que en 2007 se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y que en febrero pasado la Cámara de Diputados, instaló una Comisión especial para la lucha contra este delito.

Durante el foro “Hacia una legislación integral en materia de trata de personas y delitos relacionados” que hoy se llevó a cabo en San Lázaro, legisladores, funcionarios y defensores de Derechos Humanos (DH), coincidieron en la urgencia de combatir este delito que genera ganancias ilícitas sólo por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS

Uno de los principales problemas que enfrenta el combate de la trata de personas es que al ser un tema de orden legal, estructural y de desigualdad, la ley no es eficiente ni suficiente, consideró el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza.

Durante su intervención, el defensor de DH señaló que el tema se agrava con los vacíos en políticas públicas y las marcadas diferencias sociales por razones de género, edad, origen, residencia o preferencia sexual que generan vulnerabilidad en las personas, en especial mujeres, niñas y niños.

México no ha dejado de recibir informes sobre este tema, pero aún así y pese a saber que en La Merced, el Mercado de Sonora, la Avenida Circunvalación, las Centrales camioneras y hasta el Aeropuerto de la Ciudad de México son los sitios donde se da este fenómeno, las políticas públicas son deficientes, aseguró.

TRASCENDER LO LEGISLATIVO

Al respecto, Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) indicó que pareciera que con la ley de 2007 y con los primeros trabajos realizados en esta materia “hay tierra firme en materia de trata de personas”, pero señaló que ese sólo fue un primer avance jurídico.

Recordó que no se deben dejar de lado las problemáticas que se dan atrás de este delito. “Hay un proceso socio-cultural que involucra muchos otros temas”, entre ellos la violencia de género y familiar, la desigualdad, discriminación y migración. Ante ello cuestionó que se pida una reforma integral sin que todos entiendan lo mismo por “integral”.

La legislación avanzó en términos de sanciones, es decir, en el aspecto “punitivo”. Sin embargo este avance policial no considera todo el fenómeno pues carece de elementos para identificar víctimas, tratantes y demandantes de este servicio.

El investigador declaró que la trata de personas debe trascender lo legislativo, razón por la cual propuso que la Comisión especial de la Cámara de Diputados se convierta en ordinaria, que se le otorgue un presupuesto etiquetado, que se integre la perspectiva de género en las leyes y que se investigue e invierta en el tema.

“NO TENEMOS INFORMACIÓN”

Por su parte Lourdes Gutiérrez Ortiz Monasterio de la Comisión intersecretarial para prevenir y sancionar la trata de personas de la Secretaria de Gobernación dijo que están trabajando en el proyecto del Programa nacional para prevenir y sancionar la trata de personas.

Acerca de este programa refirió que “ya esta elaborado…y estamos esperando que se apruebe y luego se pase a Hacienda y a Presidencia de la República”. Además, señaló que han desarrollado varias actividades educativas y culturales para difundir este tema; y agregó que la Comisión intersecretarial se esta dando a la tarea de recopilar información sobre la trata de personas.

“Otra de la problemática que se esta viendo es que no tenemos información especifica del delito” pues consideró que no hay estadísticas ni se sabe en qué parte se da este delito, cómo se da, cómo son las victimas y los delincuentes, cómo los “enganchan”, lo cual -afirmó- es importante para generar políticas publicas dirigidas y evaluar el trabajo realizado.

Cabe mencionar que organizaciones como el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género o el Centro Fray Julián Garcés han investigado el tema, este último documentó –entre otras cosas- que en Tlaxcala de 2006 a 2008 se presentaron 57 denuncias por trata y que el 46 por ciento de las victimas eran menores de edad.

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