Acuden padres del Movimiento 5 de junio a San Lázaro

Piden juicio político a responsables de incendio en guardería ABC

De la redacción México, D.F 12 ago 10 (CIMAC).- Madres y padres de las y los 49 niños fallecidos el 5 de junio de 2009, en el incendio de la guardería ABC, integrantes del Movimiento 5 de junio, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la solicitud de juicio político en contra de Juan Francisco Molinar Horcasitas, Daniel Karam Touméh y Eduardo Bours Casteló. En comunicado informaron que el 11 de agosto entregaron en San Lázaro tres escritos en los que se solicitan el juicio político en contra del ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el actual director de dicho instituto y el ex gobernador de Sonora, respectivamente. Por considerar que incurrieron en graves conductas en torno a los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, en que se produjo el incendio en la Guardería ABC, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el que fallecieron 25 niñas y 24 niños de entre cero y cuatro años de edad, y que dejó con lesiones de distintos grados de severidad a 80 niñas y niños. Las madres y padres exigen que los funcionarios federales y local, sean sometidos a juicio político y sancionados con la destitución de sus respectivos cargos, y que a los tres se les inhabilite para ocupar otro cargo durante un término no menor a 20 años. Piden además que los tres funcionarios sean puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que sean acusados penalmente por los delitos que cometieron en contra de las víctimas. Precisaron que Molinar Horcasitas, y Karam Touméh tienen graves responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y éticas por haber intervenido en la ejecución del esquema de subrogación de guarderías a particulares, a pesar de no tener facultades legales para ello. Mientras que al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Casteló lo señalan por haber obstruido la acción de la justicia, tanto en su procuración, como en su administración, con el objeto de proteger indebidamente a los responsables de los delitos. Enfatizaron que acudieron a la Cámara de Diputados, en busca de justicia, toda vez que las instancias de procuración de justicia local y federal, dependientes del poder ejecutivo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaron de cumplir con esa obligación. “Acudimos ante la instancia legislativa conscientes de que hemos de utilizar todos los elementos legales que nuestro derecho interno nos permite, para lograr lo que durante más de un año se nos ha negado, la justicia… no permitiremos que la impunidad siga siendo la regla general del actuar de los poderes públicos”.