Detrás de la Noticia | Ricardo Rocha
Adictos hay hasta a las relaciones destructivas
Adictos hay hasta a las relaciones destructivas
Adictos hay hasta a las relaciones destructivas. Los hay también al alcohol, a los cigarrillos, a los solventes, a los somníferos, al prozac, a los refrescos, a las bebidas energéticas y a los alimentos ch
atarra. Todas ellas adicciones al alcance de cualquiera. Legales. Practicables. Socialmente aceptadas y hasta estimuladas por una gigantesca maquinaria: en la que tienen que ver el gobierno que autoriza su elaboración y venta; las grandes empresas que fabrican porquerías disfrazadas de alimentos; los gigantescos laboratorios internacionales que obtienen ganancias incalculables no sólo con la producción de medicinas, sino sobre todo con la de toneladas de pastillas que adormecen o excitan a quienes las consumen; finalmente, una larga cadena comercial que también obtiene ingresos descomunales por la venta al mayoreo y al menudeo. Total, un negocio de miles de millones de dólares cada año para gobierno y empresas. Todo en base a las que hay que llamar por su nombre: drogas legales.
También son absolutamente ciertos los terribles daños que esta drogadicción legal ocasiona entre sus consumidores: en nuestro país suman decenas de miles de muertos cada año por accidentes o violencia ligados al alcohol; están plenamente documentados los costos de salud y económico —de más de 50 mil millones anuales— por una creciente legión de gordos determinada por la ingesta compulsiva de papitas, pastelitos y gaseosas; igual hay estadísticas irrefutables sobre los perjuicios personales, familiares y profesionales de quienes se han condenado a la dependencia de todo tipo de pastillas —comprables en cualquier farmacia— para procurarse estados artificiales de laxitud, felicidad o euforia; qué decir de los jóvenes que golpeados por la incertidumbre o la cancelación de sus expectativas encuentran su evasión en cocteles de alcohol y bebidas estimulantes adquiribles en la tienda.
De todo este daño brutal a México y los mexicanos están absolutamente conscientes los beneficiarios de la producción y el comercio de las drogas legales. No les importa. Lo único que atienden son sus incalculables ganancias. Y en su búsqueda de cada vez mayores ingresos se alían o confrontan al gobierno según sea el caso. Marcan y amplían sus territorios. Pactan o se despedazan entre ellos en una competencia feroz y despiadada, sólo que con balazos mercadotécnicos.
La verdad yo no encuentro una diferencia sustancial de moral pública entre los cárteles ilegales y estos otros cárteles legales.
Además, no podemos dejar de considerar el escenario que han propiciado 20 años de idénticos gobiernos neoliberales priístas y panistas: más de 60 millones de pobres; una inhumana desigualdad; 500 mil migrantes cada año y una generación “Nini” de seis millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan porque ya no hay cupo en las universidades públicas ni el país puede ofrecerles empleo.
Por eso me parecen tan chatos y miopes los diálogos convocados por el presidente. Ningún planteamiento de fondo. Todo limitado a si Calderón debe mantener o no el Ejército en las calles. Qué corto. Qué poco.
atarra. Todas ellas adicciones al alcance de cualquiera. Legales. Practicables. Socialmente aceptadas y hasta estimuladas por una gigantesca maquinaria: en la que tienen que ver el gobierno que autoriza su elaboración y venta; las grandes empresas que fabrican porquerías disfrazadas de alimentos; los gigantescos laboratorios internacionales que obtienen ganancias incalculables no sólo con la producción de medicinas, sino sobre todo con la de toneladas de pastillas que adormecen o excitan a quienes las consumen; finalmente, una larga cadena comercial que también obtiene ingresos descomunales por la venta al mayoreo y al menudeo. Total, un negocio de miles de millones de dólares cada año para gobierno y empresas. Todo en base a las que hay que llamar por su nombre: drogas legales.También son absolutamente ciertos los terribles daños que esta drogadicción legal ocasiona entre sus consumidores: en nuestro país suman decenas de miles de muertos cada año por accidentes o violencia ligados al alcohol; están plenamente documentados los costos de salud y económico —de más de 50 mil millones anuales— por una creciente legión de gordos determinada por la ingesta compulsiva de papitas, pastelitos y gaseosas; igual hay estadísticas irrefutables sobre los perjuicios personales, familiares y profesionales de quienes se han condenado a la dependencia de todo tipo de pastillas —comprables en cualquier farmacia— para procurarse estados artificiales de laxitud, felicidad o euforia; qué decir de los jóvenes que golpeados por la incertidumbre o la cancelación de sus expectativas encuentran su evasión en cocteles de alcohol y bebidas estimulantes adquiribles en la tienda.
De todo este daño brutal a México y los mexicanos están absolutamente conscientes los beneficiarios de la producción y el comercio de las drogas legales. No les importa. Lo único que atienden son sus incalculables ganancias. Y en su búsqueda de cada vez mayores ingresos se alían o confrontan al gobierno según sea el caso. Marcan y amplían sus territorios. Pactan o se despedazan entre ellos en una competencia feroz y despiadada, sólo que con balazos mercadotécnicos.
La verdad yo no encuentro una diferencia sustancial de moral pública entre los cárteles ilegales y estos otros cárteles legales.
Además, no podemos dejar de considerar el escenario que han propiciado 20 años de idénticos gobiernos neoliberales priístas y panistas: más de 60 millones de pobres; una inhumana desigualdad; 500 mil migrantes cada año y una generación “Nini” de seis millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan porque ya no hay cupo en las universidades públicas ni el país puede ofrecerles empleo.
Por eso me parecen tan chatos y miopes los diálogos convocados por el presidente. Ningún planteamiento de fondo. Todo limitado a si Calderón debe mantener o no el Ejército en las calles. Qué corto. Qué poco.
Miguel Carbonell
El dilema de legalizar las drogas
El debate sobre la legalización de las drogas, finalmente parece ir tomando forma en México. Es un debate que tenía que llegar, tarde o temprano, y respecto del cual conviene tener muy claros los objetivos, los dilemas y los riesgos que se corren.
Comenzaré diciendo que estoy a favor de una política de progresiva despenalización, no solamente del consumo, lo cual ya prácticamente existe, sino además del tráfico de estupefacientes. Estimo que hay abundantes razones objetivas para sostener que la actual política de combate a las drogas mediante el uso del derecho penal ha fracasado. El costo de dicho fracaso es tan alto que resulta ya inaceptable para muchos países alrededor del mundo.
México debe, en consecuencia, transitar hacia una política que entienda el tema de las drogas como de salud pública y no de seguridad pública únicamente. Esto implica dejar poco a poco de usar el derecho penal y comenzar a invertir nuestros recursos humanos, económicos y logísticos en dos tareas fundamentales: prevención del consumo y apoyo para las personas que ya sean adictas.
Las estadísticas disponibles demuestran que el consumo de drogas en México ha aumentado en los años recientes, pero que todavía es menor al que presentan otros países con un nivel de ingresos semejante al nuestro, y desde luego, es mucho menor al que tienen en Estados Unidos. Esto significa que estamos frente a una situación de consumo de drogas que hay que atender porque es preocupante, pero que no representa, hoy en día, un problema inmanejable.
Por otro lado, lo cierto es que el mercado ilícito de las drogas ha potenciado en los años recientes el crecimiento de otros delitos, ya que el enorme poder económico y corruptor de los cárteles les ha permitido expandirse hacia terrenos como secuestro, extorsión, cobro del “derecho de piso”, robo de coches, tráfico de personas, administración de giros negros, etcétera.
La legalización permitiría ir minando las bases financieras tan poderosas que nutren a la criminalidad organizada, ya que al ser sustancias lícitas, las drogas bajarían de precio y, a la vez, se integrarían, mediante una regulación adecuada, en la economía formal del país.
Los mayores enemigos de la legalización están del lado de quienes se han enriquecido con un negocio que rebasa, según datos de la DEA, los 25 mil millones de dólares anuales, por lo que respecta, solamente, a las ganancias de los cárteles mexicanos. Quienes controlan hoy en día ese gran negocio no quieren verlo evaporarse y harán todo lo que puedan para impedirlo. Por eso es que el Estado mexicano debe actuar de una forma inteligente, valorando todas las alternativas que existen.
Hay que señalar, desde luego, que la despenalización no resolvería todos los problemas. Las armas que tienen los cárteles seguirán estando ahí, listas para matar a policías y ciudadanos. La capacidad de chantaje y de secuestro tampoco se verá mermada por la legalización. La tendencia a operar y controlar mercados clandestinos de bienes y personas será una tentación permanente para la criminalidad organizada. Todo esto hay que saberlo y hay que asumirlo, porque de otra manera no estaríamos mintiendo al pensar que la legalización es un paso de alguna manera mágico y todopoderoso para terminar con muchos problemas. No es así: la legalización acaba con ciertos problemas, pero deja intocados otros, naturalmente.
Pero lo que indudablemente ganaremos a través de la legalización es enfocar todo nuestro esfuerzo no en perseguir lo que ya sabemos que no podemos perseguir con eficacia, sino en informar a nuestros jóvenes del peligro de consumir drogas, en tratar a las personas adictas, en cobrar impuestos por esas sustancias, etcétera.
Todo el personal civil y militar que pone en riesgo su vida y la de sus familias en perseguir a los narcos, podrá dedicarse a protegernos a todos de los delitos que afectan de manera grave a la mayor parte de la población: homicidio, secuestro, robo, extorsión, contrabando, etcétera. Eso es, precisamente, lo que necesitamos que haga el Estado mexicano. Y necesitamos además que lo haga sin demora.
www.miguelcarbonell.com twitter: @miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
Comenzaré diciendo que estoy a favor de una política de progresiva despenalización, no solamente del consumo, lo cual ya prácticamente existe, sino además del tráfico de estupefacientes. Estimo que hay abundantes razones objetivas para sostener que la actual política de combate a las drogas mediante el uso del derecho penal ha fracasado. El costo de dicho fracaso es tan alto que resulta ya inaceptable para muchos países alrededor del mundo.
México debe, en consecuencia, transitar hacia una política que entienda el tema de las drogas como de salud pública y no de seguridad pública únicamente. Esto implica dejar poco a poco de usar el derecho penal y comenzar a invertir nuestros recursos humanos, económicos y logísticos en dos tareas fundamentales: prevención del consumo y apoyo para las personas que ya sean adictas.
Las estadísticas disponibles demuestran que el consumo de drogas en México ha aumentado en los años recientes, pero que todavía es menor al que presentan otros países con un nivel de ingresos semejante al nuestro, y desde luego, es mucho menor al que tienen en Estados Unidos. Esto significa que estamos frente a una situación de consumo de drogas que hay que atender porque es preocupante, pero que no representa, hoy en día, un problema inmanejable.
Por otro lado, lo cierto es que el mercado ilícito de las drogas ha potenciado en los años recientes el crecimiento de otros delitos, ya que el enorme poder económico y corruptor de los cárteles les ha permitido expandirse hacia terrenos como secuestro, extorsión, cobro del “derecho de piso”, robo de coches, tráfico de personas, administración de giros negros, etcétera.
La legalización permitiría ir minando las bases financieras tan poderosas que nutren a la criminalidad organizada, ya que al ser sustancias lícitas, las drogas bajarían de precio y, a la vez, se integrarían, mediante una regulación adecuada, en la economía formal del país.
Los mayores enemigos de la legalización están del lado de quienes se han enriquecido con un negocio que rebasa, según datos de la DEA, los 25 mil millones de dólares anuales, por lo que respecta, solamente, a las ganancias de los cárteles mexicanos. Quienes controlan hoy en día ese gran negocio no quieren verlo evaporarse y harán todo lo que puedan para impedirlo. Por eso es que el Estado mexicano debe actuar de una forma inteligente, valorando todas las alternativas que existen.
Hay que señalar, desde luego, que la despenalización no resolvería todos los problemas. Las armas que tienen los cárteles seguirán estando ahí, listas para matar a policías y ciudadanos. La capacidad de chantaje y de secuestro tampoco se verá mermada por la legalización. La tendencia a operar y controlar mercados clandestinos de bienes y personas será una tentación permanente para la criminalidad organizada. Todo esto hay que saberlo y hay que asumirlo, porque de otra manera no estaríamos mintiendo al pensar que la legalización es un paso de alguna manera mágico y todopoderoso para terminar con muchos problemas. No es así: la legalización acaba con ciertos problemas, pero deja intocados otros, naturalmente.
Pero lo que indudablemente ganaremos a través de la legalización es enfocar todo nuestro esfuerzo no en perseguir lo que ya sabemos que no podemos perseguir con eficacia, sino en informar a nuestros jóvenes del peligro de consumir drogas, en tratar a las personas adictas, en cobrar impuestos por esas sustancias, etcétera.
Todo el personal civil y militar que pone en riesgo su vida y la de sus familias en perseguir a los narcos, podrá dedicarse a protegernos a todos de los delitos que afectan de manera grave a la mayor parte de la población: homicidio, secuestro, robo, extorsión, contrabando, etcétera. Eso es, precisamente, lo que necesitamos que haga el Estado mexicano. Y necesitamos además que lo haga sin demora.
www.miguelcarbonell.com twitter: @miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
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