La Jornada
Arnoldo Kraus
circunstancias guanajuatenseses la razón por la cual el gobierno de ese Estado ha ejercido su torpeza y justificado su brutalidad contra las seis mujeres indígenas que actualmente, por si no fuera suficiente la humillación, purgan sentencias de más de 25 años. Esas mujeres, además de no haber pecado, ya que no abortaron voluntariamente, son víctimas, no sólo de la miseria que seguramente fue la razón de los abortos, sino de la ceguera y la mediocridad de los dos últimos gobernadores de Guanajuato, cuyo dogmatismo decimonónico las ha mantenido presas y sin posibilidad de defenderse, ni de ser defendidas. Este párrafo largo, un tanto cantinflesco –lo admito– con sólo cuatro puntos y seguidos intenta reproducir tres situaciones irreproducibles: la imbecilidad del gobierno de Guanajuato, la mediocridad de la CNDH y el mutismo de Felipe Calderón.
Las seis indígenas guanajuatenses no podrán rehacer su vida: llevan años encarceladas, son jóvenes que han sido apartadas de la vida –al menos una entró al penal cuando tenía 18 años–, han sido estigmatizadas, incomunicadas, obligadas a firmar documentos espurios y presionadas para no realizar entrevistas con los medios de comunicación.
Seguramente, además, han sido amenazadas y maltratadas, si no físicamente sí por medio de la palabra o del aislamiento al que han sido sometidas. Habría que entrevistarlas para averiguar cómo han sido tratadas, si no han intentado violarlas, si tienen permitidas las visitas de los familiares, si los sacerdotes que visitan las cárceles las apoyan o las denuestan y que tan frecuente son humilladas.
La criminilización
de las mujeres que interrumpen su embarazo, aunque en este caso las interrupciones fueron, según averiguó La Jornada, involuntarias, es penada en Guanajuato con castigos que oscilan entre 15 y 30 años de cárcel bajo la acusación del delito de homicidio en razón de parentesco
. En la égida panista, factores como violación o enfermedad de la madre no son circunstancias atenuantes. De acuerdo a las normas guanajuatenses, toda mujer que resulte embarazada por violación, sea por un sujeto desalmado o por algún sacerdote compinche del padre Maciel, debe continuar, lo desee o no, su embarazo. El mensaje es claro. En Guanajuato, la ideología del PAN pesa más que la vida de las mujeres indígenas. No sobra recordar que México país firma todas las iniciativas donde la rúbrica sea necesaria, entre ellas la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La situación de las seis mujeres indígenas sorprendió a Kyung-wha Kang, Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tras manifestar su indignación por la situación que se vive en Guanajuato, comentó: Estoy muy enojada, estoy muy indignada por todas estas situaciones que me están planteando de las mujeres; siempre me pregunto ¿por qué, aunque hacemos más por avanzar en los derechos de las mujeres pareciera que no ha funcionado?
La pregunta de la funcionaria encuentra respuesta en la vileza de las autoridades guanajuatenses, en la nulidad de la CNDH y en la connivencia de Felipe Calderón.
México a 12 de agosto, 2010.
Juan Manuel Oliva Ramírez
Gobernador del estado de Guanajuato,
Gustavo Rodríguez Junquera
Procurador de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato
Carlos Zamarripa Aguirre
Procurador de justicia del estado de Guanajuato
Raquel Barajas Monjarás
Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato
Las y los ciudadanos, y organizaciones que firmamos esta carta, queremos expresarles nuestra más profunda indignación por la persecución y criminalización de las que son objeto las mujeres en el estado de Guanajuato.
El caso de las 30 mujeres que han sido privadas de su libertad y de las 6 sentenciadas por la interrupción de un embarazo; ha colocado a Guanajuato en la mira no sólo de quienes con asombro nos hemos enterado de las violaciones a las libertades y derechos fundamentales de esas mujeres, sino también de la observancia internacional.
En su actuar como autoridades involucradas en esta injusticia, los reprobamos enérgicamente, ya que hemos sido testigos de un proceso vergonzoso donde lo mismo se ha pasado de negar la existencia de expedientes de “convictas” por interrumpir un embarazo (STJE, Raquel Barajas Monjarás), hasta (a través de la SSP) obligar a las mujeres recluidas a firmar un documento para no ser entrevistadas por la prensa.
Es indignante el proceder del procurador, Carlos Zamarripa, negando que existan mujeres presas por abortar, sino mujeres condenadas por “homicidio en razón de parentesco”. Y finalmente, hemos leído el vergonzoso dictamen del gobernador, Juan Manuel Oliva, quien señaló que los casos se trataban de “infanticidios”.
Es insostenible para nosotras y nosotros que en pleno siglo XXI, exista un ensañamiento de esta índole en contra de mujeres que viven en condiciones de alta vulnerabilidad y marginación social, que además, tuvieron que sufrir la interrupción de su embarazo de manera involuntaria.
Por todo lo anterior, les hacemos un llamado enérgico para que:
El Sr. Gustavo Rodríguez Junquera, haga la recomendación correspondiente e investigue a fondo las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas las mujeres presas.
La Sra. Raquel Barajas Monjarás, revise e investigue las sentencias amañadas de sus jueces inquisidores.
El Sr. Juan Manuel Oliva Ramírez, haga todo lo que esté en sus manos para ordenar la inmediata liberación de las mujeres procesadas.
A las mujeres presas se les deje de llamar “infanticidas”, ya que sufrieron un aborto involuntario y no son responsables de “homicidios en razón de parentesco” como se les ha imputado.
Que a las mujeres encarceladas por procesos injustos, les sea reconocida su inocencia y sean liberadas inmediatamente.
Atentamente,
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