Ariel Ávila, integrante de la Corporación Nuevo Arco Iris.
Bogotá, agosto (Especial de SEMlac).- Las estructuras paramilitares y sus "hijas", las bandas emergentes, están usando la violación sexual como un mecanismo para el control de las organizaciones sociales y de las mujeres, según concluye el estudio recién elaborado por la Corporación Nuevo Arco Iris.
Ariel Ávila, integrante de esta organización no gubernamental, afirmó a SEMlac que las mujeres son violadas y asesinadas por grupos emergentes para evitar que reclamen sus tierras, arrebatadas por los paramilitares mediante el terror y el desplazamiento forzado.
Durante las dos administraciones del saliente presidente Álvaro Uribe, se impulsó una política de entrega y desarme de los grupos de derecha, conocidos como paramilitares, que produjo la desmovilización de unos 30.000 hombres.
No obstante, en zonas donde más desmovilizados hubo, como la Costa Atlántica, han emergido nuevos grupos de derecha que han hecho el relevo a las organizaciones paramilitares.
"En la Costa Atlántica las mujeres son más atacadas que en otras zonas. No sólo son violadas, sino amenazadas, e incluso asesinadas", precisó Ávila.
La violencia sexual en el marco del conflicto armado lamentablemente no es un hecho nuevo. Lo novedoso es que el estudio revela que este delito está siendo usado como mecanismo para el control social, además de seguir siendo un acto de revanchismo contra el enemigo.
Son mujeres más de la mitad de las personas que huyeron —y huyen— de sus tierras para poner a salvo sus vidas amenazadas por los actores armados del conflicto que vive Colombia. Así mismo, las organizaciones de desplazados internos están conformadas mayoritariamente por mujeres.
Las políticas gubernamentales de atención a la población desplazada incluyen la restitución de sus tierras, las que al huir fueron o bien compradas a muy bajo precio por testaferros de los paramilitares o, simplemente, invadidas por sus lugartenientes.
Es por ello que integrantes de las organizaciones de desplazados y de ONGs que apoyan a las víctimas del conflicto armado se han convertido en los blancos predilectos de las bandas emergentes.
"Los grupos emergentes están intentando que las desplazadas no reclamen tierras. Las mujeres ahora son una prioridad en las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto surge un grupo o una reclamación de mujeres, estas bandas las atacan, las violan, las amenazan y hasta las asesinan para acallarlas", agregó Ávila.
Los casos abundan y la protección oficial es insuficiente. La ONG Alianza Iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) recientemente entabló una tutela (acción legal de emergencia) para solicitar protección para una mujer violada por la banda emergente "Águilas Negras". Se trata de una colombiana que cumplía labores de apoyo a las mujeres víctimas del conflicto armado en el noroeste de Colombia, y cuyo nombre se omite por motivos de seguridad.
"Ella llegó a Bogotá con protección de la Fiscalía General de la Nación, pero siguió siendo amenazada y estuvo a punto de ser secuestrada. Actualmente ya no cuenta con protección ni del Ministerio del Interior ni de la Fiscalía, organismos que dicen que ella no cabe en ninguno de los programas de protección. Por ello hemos interpuesto una tutela", afirmó a SEMlac Ángela Cerón, directora de IMP.
Ante la legislación colombiana, son víctimas quienes hayan sufrido daños directos de manera individual o colectiva, o alguno de sus familiares como "consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley".
Algunas personas y organizaciones de la sociedad civil brindan apoyo psicológico y legal, a fin de facilitar el acceso a los beneficios que como víctimas el Estado les reconoce, y para participar en las audiencias del proceso judicial contra sus agresores.
En abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la ONG Sisma Mujer, organización que brinda apoyo a las víctimas del conflicto armado y que recibió amenazas de la banda "Águilas Negras", y a dos de sus colaboradoras externas, que fueron violadas.
Sobre estos hechos, Sisma Mujer se refirió así en un comunicado: "La gravedad y sistematicidad de las amenazas y ataques en contra de la población en situación de desplazamiento, y en particular de los hombres y mujeres que ejercen el liderazgo a favor de la protección de sus derechos afecta de manera profunda los procesos de empoderamiento político y exigibilidad de derechos como lo ha reconocido la Corte Constitucional de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados".
"En el estudio encontramos que las amenazas no son siempre tomadas seriamente. A las mujeres se les da un aparato de comunicación y en el mejor de los casos dos escoltas. En realidad hay mucha demanda, y el gobierno no tiene forma de proporcionar esquemas de protección para todas las personas amenazadas en Colombia", matizó Ávila.
Los ataques y amenazas a las defensoras de las víctimas del conflicto armado, muchas de ellas ubicadas en Bogotá y con respaldo institucional, deja muy pocas esperanzas para las mujeres víctimas.
"Si no existen garantías para nosotras, mucho menos para las víctimas, porque es cierto, para el Estado y las autoridades este es un delito invisible", señala una de las líderes amenazadas refiriéndose a la violación sexual con fines de control social.
En 2008 la Corte Constitucional promulgó una sentencia que ordena al Estado Colombiano investigar los casos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado y desarrollar una política pública para las desplazadas.
Política, que según ordenó la Corte, debe estar compuesta por programas de prevención de violencia sexual, salud, educación, reparación, tierra, asistencia humanitaria y prevención de violencia intrafamiliar y comunitaria.
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