Ciudadana estadounidense es asesinada en redada migratoria. ICE intensifica violencia contra mujeres

 Escrito por Wendy Rayón Garay 

Canva.- Ciudad de México.- El pasado 7 de enero, la ciudadana Renee Nicole Good fue asesinada en Mineápolis, Estados Unidos, por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de una redada migratoria. Ahora, su muerte se suma a otros casos documentados donde mujeres detenidas fueron sometidas al uso de la fuerza excesiva durante los operativos migratorios.

La noche en que Renee Nicole Good fue asesinada, en Estados Unidos se desplegaron diferentes manifestaciones por las ciudades de Mineápolis, Seattle, Nueva York, Chicago, Evanston, Boston, Ventura, Tucson, Phoenix, Columbus, Portland y San Antonio contra los agentes de ICE. La población estadounidense mostró su descontento ante la criminalización de quienes protegen a las personas migrantes y a estos mismos de las redadas migratorias.

De acuerdo con los videos e imágenes difundidos en medio de un altercado con las autoridades migratorias, la mujer conducía su camioneta cuando un agente de ICE trató de bloquear el paso al vehículo y la asesinó con un arma de fuego.

Renee Nicole Good de 37 años no era activista ni defensora, sino una ciudadana estadounidense que protegía a sus vecinos de la redada. Estudio la carrera de escritura creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk en Virginia y también se graduó de la Facultad de Artes y Letras de la misma universidad. Tras su muerte, su hijo de seis años quedo al cuidado de su pareja.

Desde su cuenta de Truth Social, Trump calificó a Renee Nicole Good como una «agitadora social» y también por haber atropellado a un oficial de ICE, aunque dicho acto no se muestra en los videos y fotografías capturados del incidente. De la misma manera, Kristi Noem, secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, la señaló por «terrorismo doméstico».

En el mismo estado en que fue asesinada, también ocurrió la muerte del afro estadounidense George Floyd el 5 de mayo de 2020 cuando el agente Derek Chauvin esposó al hombre reteniéndolo en el suelo y la presión ejercida sobre el pavimento terminó con su vida. Esto ocurrió durante la primera gestión del presidente Donald Trump (2017-2021) y desató una serie de manifestaciones ante casos similares de racismo y xenofobia. La historia se repite en su segunda administración, esta vez contra una mujer.

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Cuando la persona arrestada es una mujer migrante

La violencia a mujeres por parte de autoridades como la CBP, la Patrulla Fronteriza y ICE no es menor y se recrudece cuando son migrantes y el territorio esta militarizado. Diversos informes como el de Human Rights Watch advierten casos de abuso físico durante la detención, abuso sexual, trato discriminatorio y deshumanizante, negación de alimentos y atención médica, así como intimidación de solicitantes de asilo y denegación del debido proceso. 

De acuerdo con Paulina Córdoba Cantú de la Universidad Iberoamericana en su investigación ‘Impacto de la militarización de las políticas migratorias en las mujeres migrantes en el territorio mexicano’, el sistema patriarcal provoca que las mujeres sufran violencia de matera diferenciara debido al factor de género. A esto se suma que, por su situación de movilidad, la búsqueda de mejores oportunidades sea otro elemento determinante para exponerse a dicha violencia durante su trayecto.

Las omisiones e inacciones del Estado mexicano y de sus instituciones permiten la vulnerabilidad de las mujeres migrantes desde la negación a servicios de atención médica, asistencia legal y refugios seguros. «Con frecuencia, las autoridades no solo desatienden los derechos humanos fundamentales de las migrantes, sino que también contribuyen activamente a su victimización a través de detenciones arbitrarias y maltratos», menciona Paulina Córdova.

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Lorena Cano, coordinadora de la clínica Jurídica, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), documentó que entre 2021 y 2022 se contabilizaron 5 mil 382 delitos cometidos contra personas migrantes en Estados Unidos, y el 20 por ciento fueron contra mujeres. Los delitos más frecuentes fueron el abuso sexual, la violencia familiar, el secuestro y el feminicidio.

Del total de delitos, solo 116 resultaron con una sentencia definitiva, aunque no necesariamente condenatoria, es decir, el acceso a la justicia apenas tuvo una efectividad del 2 por ciento. Algunos delitos son cometidos por las propias autoridades, tanto federales como estatales. Por lo que, en casi ningún escenario, la justicia y la reparación del daño se ha hecho efectiva para las migrantes.

Los arrestos de ciudadanas ante redadas de ICE

Las deportaciones masivas han sido una de las estrategias fundamentales de la política migratoria de Donald Trump desde que inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025. Gracias a una serie de ordenes ejecutivas se determinó la suspensión de programas para el reasentamiento de refugiados; la cancelación de las citas en la aplicación CBP One; la catalogación de pandillas y carteles como terroristas; retomar la construcción del muro fronterizo; implementar la política pública “Quédate en México”; la detención de vuelos migratorios; el cierre de la frontera junto a su militarización; y el uso de redadas simultaneas, para expulsar a las personas migrantes del país.

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De acuerdo con un informe del medio independiente ProPublica, ante la ausencia de datos y registros por parte del gobierno, el medio logró mapear al menos 170 casos de detenciones durante una redada o protesta ocurrida durante los primeros nueve meses de la segunda gestión de Trump. De estos, al menos 20 personas permanecieron más de un día sin poder llamar a sus familiares o pedir defensa legal.

La información señala que, la violencia se intensificó cuando en septiembre de 2025 la Corte Suprema de los Estados Unidos accedió a que los agentes de inmigración consideraran la raza, etnia e idioma como factores de sospecha sobre la situación migratoria de una persona. Con ese permiso, no solo llevaron a cabo a cabo las detenciones sino una serie de violaciones a derechos humanos que implicó casos extremos de violencia física.

Las detenciones no solo se llevaron a cabo contra quienes posiblemente se encontraban habitando el territorio estadounidense de forma indocumentada, sino a aquellos señalados por interferir o agredir a los oficiales de ICE. De los 170 arrestos, 130 fueron en contra de personas funcionarias y aquellas acusadas de agredir u obstaculizar a las autoridades migratorias.

A Sabrina Medina de 28 años la arrestaron en Huntington Park, Los Ángeles, mientras los agentes de ICE buscaban a su marido quien es indocumentado. En el caso de Cary López Alvarado de 28 años fue detenida en un aparcamiento privado en la ciudad de Hawthorne, California. De la tercera mujer que completa la lista no se sabe su nombre, pero los medios locales reportaron que la sacaron de un auto estacionado frente a un restaurante mexicano.

Todas ellas se encontraban embarazadas en el momento del arresto, una de ellas ya la habían enterregado en su hogar con la presencia de la propia Kristi Noem, secretaría del Departamento de Seguridad Nacional. ProPublica también detectó 10 niñas y niños arrestados, dos de ellos con padecimientos de cáncer y cuatro retenidos con sus madres indocumentadas sin poder acceder a la asistencia legal.

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Otro caso particular expuesto en el informe es el de Andrea Vélez, acusada de agredir a un agente mientras llegó a su trabajo, en el cual se estaba llevando una redada contra vendedores ambulantes en el centro de Los Ángeles. Los agentes de ICE dieron por sentado que no hablaba inglés y le quitaron su teléfono acusándola de colaborar con otro ciudadano detenido ese día acusado por agresión.

La mujer pasó dos días detenida, siendo este el tiempo máximo que los funcionarios federales pueden retener a una persona sin imponer un cargo en cumplimiento con lo establecido por la Suprema Corte de los Estados Unidos. En ese tiempo, no le permitieron llamar a un familiar o solicitar asistencia legal y más tarde, un juez desestimo las acusaciones en su contra.

El informe también refiere que no hay espectadoras para que agentes de ICE rindan cuentas por su conducta incluso cuando detienen a la ciudadanía estadounidense. Las vías para demandar son limitadas tomando en cuenta que la persona pueda identificar a quien la detuvo: “De hecho, el gobierno desmanteló la oficina que investigaba las denuncias de abusos por parte de los agentes”, señala ProPublica.

Juez de Tlaxcala sentencia con 50 años de prisión a Keren por un delito fabricado

 Escrito por Arantza Díaz 

Foto: Centro Pro.-Ciudad de México.- Keren Ordoñez ha cumplido un total de 9 años privada de su libertad a causa de la fabricación de un delito, ahora tras un largo proceso luchando por la libertad, un juez de Tlaxcala -quien tenía el poder de echar para atrás el proceso penal que ha librado casi, una década-. ha determinado la imputación de 50 años de prisión, encontrando culpable a Keren, mientras que su expareja y cómplices, verdaderos responsables del delito de secuestro, se encuentran en libertad y sin ninguna carpeta investigación abierta.

Keren es sobreviviente de tortura y brutalidad policial, luego de que, a la edad de 19 años, a unas semanas de haber dado a luz a su hija, fue detenida mientras esperaba a su expareja quien había prometido darle dinero para su hija. Cuerpo policial detuvo a Keren junto a su bebé, a su expareja -quien ya fue puesto en libertad hace un par de años- y a otros dos hombres que se encontraban al interior de la casa.

Al interior de la patrulla, Keren fue asfixiada con una bolsa de plástico y amenazada con hacer daño a su hija. Keren y su hija fueron llevadas finalmente a la Fiscalía General de Veracruz, ahí, se levantó un reporte donde se lee: «Niña de un mes de edad. Calidad: Detenida».

Keren y su hija estuvieron incomunicadas durante 12 horas, en ese proceso, ella fue golpeada y asfixiada de manera reiterada, mientras que su hija fue puesta a disposición del DIF con el objetivo de darla en adopción, todo, sin dar aviso a ningún familiar sobre el arrebato de la menor; Keren era amenazada señalando que, como su hija no tenía papeles, sería muy fácil quitársela.

Durante el interrogatorio, se le cuestionó sobre su participación en un secuestro que había acontecido poco tiempo atrás; Keren Ordoñez, declaró que nunca había visto a esa persona y rechazó saber de qué se trataba, al no obtener la declaración que se buscaba, las autoridades tlaxcaltecas comenzaron a torturarla y amenazarla con hacerle algo a su hija. En calidad de detenida, Keren fue forzada a firmar una declaración falsa donde reconocía su participación en el secuestro.

Fuente: Centro Prodh

Ahora, el Juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco , Tlaxcala ha decidido validar las pruebas ilícitas obtenidas mediante este proceso de tortura y condenar a Keren como responsable, todo ello, a pesar de tener documentos que acreditan la tortura y retención prolongada por parte de los elementos de seguridad.

En respuesta, el Centro Prodh, quienes acompañan el caso, denuncian que el juez incumplió con su deber de juzgar con perspectiva de género al utilizar pruebas ilícitas y estereotipos para reprochar a Keren el actuar indebido de su pareja, a pesar de contar con evidencia suficiente para probar que Keren no participó en el delito y que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad al momento de su detención por la reciente cesárea y etapa de puerperio y lactancia en la que se encontraba, así como la presencia de su bebé de 30 días de nacida que durante más de 9 horas estuvo en calidad de detenida siendo utilizada para obtener de Keren una declaración incriminatoria.

Otro punto fundamental -y que fue ignorado por el juez-, es que la sentencia condenatoria en contra de Keren no respondió a las demandas de la víctima de secuestro, pues en estos 9 años, nunca participó en digilencia alguna para reconocerla y tampoco ratificó ninguna denuncia en contra de Keren.

Como parte de esta contra respuesta, la defensa particular de Keren presentará el recurso de apelación para impugnar la sentencia, esperando que, se logre revertir la gravosa condena que pretende que Keren permanezca 50 años más privada de su libertad y alejada de su hija. De ello, resulta urgente que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala intervenga en el caso, dando seguimiento y reconociendo las practicas violatorias que se han cometido en el caso de Keren; Centro Prodh está en busca de entablar conexión con la presidenta magistrada.

Asimismo, el llamado a la gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros y a la titular del Poder Judicial se mantiene abierto, especialmente, si se recuerda que el discurso: «Tiempo de mujeres» se ha mantenido de manera reiterada; el tiempo de mujeres pertenece también a las mujeres que han sido privadas de su libertad y que, con urgencia, requieren de una justicia feminista que abandone la revictimización, la ginopia y el punitivismo.

Un asunto sistémico: Mujeres privadas de su libertad

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, en nuestro país, mientras los hombres son detenidos después de los 30, las mujeres ingresan a centros penitenciarios entre sus 18 y 29 años de edad. Asimismo, 6 de cada 10, son madres de bebés o infancias. La mitad de este universo tiene de dos a tres hijas o hijos.

En materia de fabricación de delitos, aislamiento y violencia, el 64% refirió haber sido agredida al interior del Ministerio Público. Asimismo, al 39.2% se le amenazó con levantarle con un delito falso y el 45.8% fue incomunicada y aislada.

Nashieli Ramírez Hernández de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) recuerda que hasta 2022, había más de 226 mil personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, federales y estatales, de las que 12 mil 156 personas (5.6%) eran mujeres.

Asimismo, a nivel nacional, el 42.2% de los hombres privados de libertad se encuentran en prisión preventiva mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje asciende a 52.6%. La diferencia por estado es aún más grande.

Esto último, secundado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes en su informe Mujeres Privadas de Libertad en las Américas del 2022, señalaron que, a pesar de que las mujeres mayormente están detenidas por delitos no violentos o participación baja -e incluso nula-, tienen más probabilidades de ser detenidas preventivamente que los hombres

La situación de tortura, fabricación de delitos y una nula perspectiva de género en los procesos penales es una realidad que ha preocupado, incluso, a nivel internacional con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que ha instado al Estado mexicano a atender esta emergencia pública.

Y es que, hay que referir que el caso de Keren Ordoñez no es único, sino una tendencia que expone los fallos sistémicos y estructurales en contra de las mujeres, tal como pasó con el caso de Sanjuana Maldonado imputada por un falso delito de secuestro o incluso, el actual caso de Florencia Jovita, mujer indígena mixteca que este año cumplirá una década en prisión.

Jovita dedicaba su tiempo a cuidar de su nieto de 11 años por lo que dejó su trabajo de limpieza doméstica que ejercía en Valle de Chalco. Hasta que, durante la madrugada del 2 de octubre del 2014, un grupo de hombres encapuchados irrumpieron en su hogar; no se identificaron, ni explicaron qué hacían en el domicilio donde dormían Jovita y su nieto.

Al intentar mediar palabra, los elementos la tiraron al suelo, la golpearon. Al niño, los elementos lo levantaron sosteniéndolo del cabello, lo insultaban y golpeaban con fuerza en el cuerpo.

Tras varios minutos de golpes, Jovita fue sacada del domicilio. Afuera, había movimiento y bullicio de personas; no entendía qué sucedía, ni quiénes eran esas personas.

Fue encerrada en un cuarto vecino y ahí, estos hombres, pertenecientes a la policía municipal y regional de Valle de Chalco, reanudaron la tortura física y psicológica. Estas lesiones fueron verificadas por peritas oficiales de la procuraduría de medicina forense, asimismo, peritos de fotografía forense realizaron impresiones del cuerpo de Jovita para corroborar su versión.

A pesar de la brutalidad policíaca y de un proceso de revictimización constante por parte de las autoridades del estado de México, el proceso de Jovita no se detuvo, por el contrario, se aceleró. De forma consecuente, se le imputaron los delitos de secuestro y delincuencia organizada bajo el índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México.

Ahora, Jovita, al igual que Keren, llevan un proceso penal de prácticamente una década; Keren con una sentencia desfavorable y Jovita, en la incertidumbre de un proceso congelado y privada de su libertad.

Como Keren y Florencia Jovita, hay 90 mil personas bajo «proceso», es decir, no han recibido sentencia y el 50% de estas personas están sujetas a la detención preventiva, la mayoría prolongada, es decir, que por más de 5 años su caso permanece «en pausa»; sin sentencia y sin posibilidad de hacer algo al respecto, mientras, están detenidas y atravesadas por los estragos del punitivismo mexicano, de acuerdo con el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Justicia para Sonya Massey: debemos continuar pronunciando su nombre

Amy Goodman y Denis Moynihan

Se fue julio, un mes que ha conmocionado el panorama político estadounidense. El mes se destacó, también, por eventos que suponen importantes progresos para las mujeres negras en Estados Unidos, pero también los constantes peligros que estas continúan enfrentando. Un indicio de progreso es la posibilidad de que Kamala Harris se convierta en la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia sudasiática en ser candidata presidencial de un partido mayoritario en Estados Unidos. Otra señal de progreso ocurrió el 31 de julio, día en que tres periodistas negras interpelaron al expresidente Donald Trump en una acalorada entrevista que tuvo lugar durante la convención anual de la Asociación Nacional de Periodistas Negros que se desarrolló en la ciudad de Chicago. Pero ser mujer negra en Estados Unidos sigue siendo peligroso, como lo demuestra la reciente muerte de Sonya Massey a manos de la policía.

Massey, una mujer negra de 36 años, madre de dos hijos, murió a manos de un agente de policía dentro de su propia casa, situada en la ciudad de Springfield, estado de Illinois. Alrededor de la una de la madrugada del 6 de julio, Massey hizo una llamada al teléfono de emergencias en la que denunciaba la posible presencia de un intruso cerca de su casa. La muerte de Sonya Massey a manos de la policía fue totalmente absurda, pero no siguió la trayectoria que suelen seguir las muertes de persona de color a manos de la policía, ya que el oficial blanco que mató a Massey fue posteriormente destituido y acusado de asesinato en primer grado.

El momento en el que el oficial de policía del condado de Sangamon Sean Grayson le dispara a Massey fue capturado en video por la cámara corporal de su compañero, presuntamente un agente llamado Dawson D. Farley, aunque el departamento del sheriff aún no ha confirmado su identidad. Grayson solo encendió su cámara corporal después de haber disparado. La Policía Estatal de Illinois inició una investigación sobre el incidente, pero recién el 22 de julio hizo públicas las imágenes registradas por la cámara corporal del compañero de Grayson.

El video muestra cómo los dos agentes ingresan a la casa de Massey y, después de pedirle sus documentos de identidad, le ordenan que retire del fuego una olla con agua hirviendo, cosa que ella se apresura a hacer de inmediato. En las imágenes se puede ver que Massey, una mujer menuda que vestía camisón y bata, sostiene con dos almohadillas la pequeña olla de agua y la sitúa cerca del fregadero de la cocina. Sean Grayson, un hombre corpulento de 30 años, estaba a tres metros de distancia, en la sala de estar, separado de Massey por una barra divisora.

Este dato es importante, ya que la razón que Grayson dio para lo que ocurrió después fue, tal como quedó registrado: “No voy a dejar que me tiren agua hirviendo en mi p…ta cabeza”. Sin embargo, el video de la cámara corporal de Farley no muestra en ningún momento que Sonya Massey tuviera la intención de arrojar agua caliente a ninguno de los dos agentes.

La familia de Sonya Massey está siendo representada por el reconocido abogado de derechos civiles Benjamin Crump. En una entrevista que mantuvo con Democracy Now!, Crump describió su reacción al ver las imágenes de video:

“Nunca he visto un video de una muerte por disparos policiales más terrible que este. Es totalmente absurdo. Lo que muestra el video es perturbador, al igual que lo que se escucha. Cuando uno mira el video y observa cómo se mueve alrededor de la barra [el agente Sean Grayson], a pesar de que luego alegó que disparó porque temía que Sonya le arrojara la olla de agua caliente en la cara, la misma que él le había ordenado retirar [de la hornalla de la cocina], desde una perspectiva objetiva, parece que está tratando de obtener una mejor posición para disparar. […] Cuando su compañero le dice 'voy a ir a buscar mi equipo de reanimación cardiopulmonar', él responde: 'No, es un disparo en la cabeza. No te preocupes [por eso]. No servirá de nada. Ella ya se ha ido'. Luego, en un momento del video, [Grayson] expresa 'Déjala que…', y no completa la frase, pero una persona podría deducir razonablemente que quiso decir 'Déjala que se muera'. El hecho es preocupante en todos los niveles. [Massey] necesitaba ayuda, no un tiro en la cara”.

El video registra también el momento en el que Grayson interactúa con los oficiales que llegan después de los disparos, a los que les dice: “Esta maldita perra está loca”.

Las comunicaciones de la radio de la policía revelan que la herida mortal de bala fue reportada inicialmente como “autoinfligida”. Los impactantes detalles del asesinato de Massey permanecieron confusos hasta que se hizo público el video de la cámara corporal, casi dos semanas después. La familia de Sonya no tenía idea de que la policía la había matado hasta que se informó de ello en los medios.

Una página de GoFundMe para recaudar dinero para la familia de Sonya Massey dice en un fragmento:

“Sonya era una madre atenta y cariñosa con sus dos hijos: un hijo de 17 años y una hija de 15. A Sonya le encantaba cocinar, hacer peinados, criar a sus hijos y pasar tiempo con su familia. Era también un miembro devoto de la iglesia”.

Tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris emitieron declaraciones de apoyo a la familia Massey. Harris hizo un llamamiento al Congreso estadounidense: “[Es momento de] aprobar la Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial, […] en honor a la memoria de Sonya y de muchas otras personas cuyos nombres tal vez nunca lleguemos a conocer”.

Sonya Massey pasa ahora a integrar una lista demasiado larga de mujeres negras que han muerto a manos de la policía, como Breonna Taylor, Sandra Bland, Atatiana Jefferson… En los tres meses que quedan hasta las elecciones de noviembre, la sociedad estadounidense debe continuar pronunciando sus nombres.

© 2024 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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Almagro investigado: una vía legal para destituirlo en la OEA

celag.org

Giordana García Sojo

31 marzo, 2023

En estos días se conocerá el informe del bufete de abogados Miller & Chevalier Chartered que está investigando al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a pedido del Consejo Permanente de esa institución.

En informes anteriores, destacábamos las posibles vías legales para remover al Secretario General de la OEA, en los siguientes puntos:

I. Remoción vía votación en Asamblea General.

II. Mecanismos de investigación de la actuación del Secretario General.

1) A través del Consejo Permanente que puede actuar conformando una comisión especial de investigación sobre la actuación de la Secretaría General y de la Misión de Observación Electoral.

2) Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

III. Mecanismos de modificación normativa.

1) Desarrollar un mecanismo de regulación de Misiones de Observación Electoral.

2) Desarrollar un mecanismo de investigación del Secretario General.

IV. Renuncia.

En efecto, la actual investigación se ajusta al punto II-1., la apertura de investigación de parte del Consejo Permanente.

Los hechos

El 2 de junio de 2022 la OEA recibió una denuncia anónima por correo electrónico en la que se acusaba a Almagro de haber promocionado de manera indebida a una funcionaria con la que mantenía una relación sentimental. El 3 de junio Almagró envío una nota al Inspector General pidiendo que se abriera una investigación. El 7 de octubre la agencia Associated Press publicó una noticia en la que se refería al caso e incluía detalles.

El 11 de noviembre de 2022 el Consejo Permanente de la OEA aprobó a través de resolución la apertura de una investigación por parte de una empresa externa para determinar si su Secretario General, Luis Almagro, (i) incurrió en una violación del Código de Ética y otras normativas de la OEA en el marco de su relación sentimental con una empleada de la institución; y (ii) despidió inadecuadamente a una exempleada doméstica que trabajaba en la residencia oficial de la OEA y que había sido agredida por la exesposa del SG.

La normativa También está el Código de Ética, Política y Sistema de Resolución de Conflictos para la Prevención y Eliminación de todas las Formas de Acoso Laboral en el que se encuentran:

A) funciones de supervisión conforme al capítulo II, subcapítulo E del Código de Ética y Regla 104.16(d) del Reglamento de Personal[1];

B) aumentos salariales conforme al capítulo II, subcapítulo E del Código de Ética y Regla 104.16(d) del Reglamento de Personal, y

C) intimidación conforme al capítulo II, subcapítulo C del Código de Ética y sección 4.2 de la Política y Sistema de Resolución de Conflictos.[2]

La empresa a cargo de la investigación, Miller & Chevalier Chartered con sede en Washington, deberá presentar su informe a finales de esta semana (31 de marzo de 2023) a la Presidencia del Consejo Permanente.

¿Qué puede pasar una vez que el Consejo Permanente reciba el informe de la investigación?

Considerará lo sucedido, y en función de los hechos comprobados, contrastando con Código de Ética, Reglamento de Personal y otras normas internas de la OEA, evaluará la gravedad de las violaciones normativas. En consecuencia, elevará a la Asamblea General una propuesta de sanción, que puede ir desde pérdida de beneficios, indemnizaciones, correcciones de funcionamiento, hasta la destitución del Secretario General.

[1] La Regla 104.16, (d): “Aquellos funcionarios que adquieran la condición de familiares por matrimonio o de alguna otra forma después de haber empezado a trabajar como funcionarios en la Secretaría General no serán asignados a un cargo superior o subordinado en la línea de autoridad del funcionario con quien estén emparentados y se descalificarán para participar en la toma o revisión de una decisión administrativa que afecte los intereses de ese funcionario.”

[2] Código de Ética (E): “Las consecuencias derivadas de violaciones del Derecho Interno por parte de los Miembros del Personal y Demás Proveedores de Servicios, incluidas violaciones de los principios de conducta ética o de las leyes de un Estado Miembro en el que el Miembro del Personal u otro Proveedor está prestando servicios a la SG/OEA, dependerá de la naturaleza y gravedad de la violación (…). Los Miembros del Personal que contravengan el Código y las demás disposiciones del Derecho Interno podrán estar sujetos a Medidas Disciplinarias. Tales medidas incluyen, entre otras, la destitución y pérdida de indemnizaciones, beneficios y otros ingresos. La SG/OEA también podrá tomar otras medidas para remediar, corregir y prevenir el incumplimiento. Estas incluyen, entre otras, el traslado, la no renovación o terminación del contrato, la suspensión, la restitución obligatoria por medio de deducciones de su remuneración o la terminación de beneficios, y un informe en la evaluación de desempeño o contrato pertinentes. Para los Demás Proveedores de Servicios, las infracciones pueden ocasionar la rescisión de su contrato y exclusión de futuras oportunidades de contratación con la SG/OEA, así como la interposición de un recurso legal para procurar la restitución y otras indemnizaciones por daños.

“En Chimalhuacán no se puede denunciar”: feministas son reprimidas tras protestar por la agresión y desaparición de defensora

 Escrito por Aranza Bustamante 

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta .-Ciudad de México.- Colectivos feministas del Estado de México y madres de víctimas de feminicidio denunciaron que la madrugada del pasado domingo 3 de abril fueron atacadas afuera de la Fiscalía de Chimalhuacán, Estado de México, por presuntos policías que vestían como civiles. El grupo de aproximadamente 20 mujeres protestaban por las lesiones y la desaparición —perpetrada por elementos de tránsito de Chimalhuacán— de la defensora de los Derechos Humanos, Irene Yashika Martínez Cervantes.

De acuerdo a la agrupación Nos Queremos Vivas Neza, en 2019 la hija de Martínez, una menor de 12 años, fue desaparecida por policías, y tres días después fue hallada con signos de drogas, golpes y agresión sexual. Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2009, afirmó en entrevista con Cimacnoticias que el ataque en contra de Irene Martínez y las manifestantes forma parte de una serie de hostigamientos y amenazas en contra de quien se atreve a denunciar las agresiones e irregularidades en los procesos de justicia en el Estado de México.

“En Chimalhuacán no se puede denunciar, aquí se le tiene que dar el perdón inmediatamente a quien sea. En este caso eran policías”, dice Buendía.

Por su parte, el colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos mencionó en un comunicado que “el contexto de esta represión son las acciones legítimas convocadas por las compañeras del movimiento feminista y familiares de víctimas de violencia feminicida, en la exigencia de verdad y justicia debido a la detención arbitraria de una compañera, quien además fue severamente golpeada”.

Inician carpeta de investigación contra algunas de las policías implicadas

Tras lo sucedido, el gobierno de Chimalhuacán aseguró que los elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán —que son quienes detuvieron a Martínez— “actuaron frente a la ley”. También se hizo referencia al plantón realizado a las afueras de la fiscalía local y se mencionó que debido a “los hechos de vandalización cometidos por un grupo de 40 feministas” acudieron al lugar “elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional para resguardar la integridad física de siete detenidos y todo el personal del Ministerio Público de Chimalhuacán”.

El domingo 3 de abril la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una carpeta de investigación en contra de tres policías de tránsito, por “el delito de lesiones en agravio de una mujer”, e indicó que fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl. Sin embargo, Irinea Buendía  y colectivos feministas, denuncian la participación de cinco policías, cuatro mujeres y un hombre al que nombraban como “El Comandante”.

“Según ellos, ‘actuaron conforme a la ley’ y mencionan que había 40 mujeres feministas, cuando no eran ni 20 […]. Así hubieran estado 100 o 200 feministas el gobierno no debe actuar de esa manera cuando se está pidiendo que hagan su trabajo”, dijo en un pronunciamiento Nos Queremos Vivas Neza.

Detención arbitraria y con agresiones

De acuerdo con los colectivos mencionados, el viernes 1 de abril aproximadamente a las 20:30 de la noche, Irene Martínez fue detenida por policías de tránsito que se trasladaban en las patrullas con placas TM915 y TM820. La activista viajaba de regreso a su casa en compañía de su primo cuando fue interceptada por un operativo a la altura de la avenida Peñón.

“(Su primo) la iba a llevar en la moto a comprar cosas para la fiesta de su hija, entonces la detienen con el pretexto de que iba en sentido contrario”, menciona Buendía. Martínez alcanzó a grabar la detención y pudo enviarle su ubicación a su hija, quien dio aviso a otras activistas y familiares de víctimas de feminicidio. Entre ellas estaban Irinea Buendía, Lidia Florencio e integrantes de la organización “Justicia para Diana”, surgida a raíz del feminicidio de Diana Velázquez Florencio el 2 de julio de 2017 en Chimalhuacán. 

Según Buendía, durante varias horas la buscaron en distintos centros de justicia del Estado de México. Al principio los propios elementos municipales negaron la detención y aseguraron que no se encontraba dentro de las comandancias; no obstante, en una entrevista para Milenio, Lidia Florencio comentó que debido a la presión que ejercieron, las autoridades aceptaron que estaba a su disposición.

Desalojo de la protesta

Una vez libre, el 2 de abril por la mañana Irene Martínez se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía de Chimalhuacán para iniciar una denuncia por agresiones y uso excesivo de la fuerza en contra de cuatro policías mujeres y un varón. Cuando por fin la vieron, la mujer estaba herida: sin dos dientes debido a los golpes que recibió, con marcas de estrangulamiento, arañazos en el rostro y una de sus manos muy hinchada. Buendía, quien tuvo la oportunidad de platicar con Martínez, refiere que los policías también la torturaron sexualmente.

Las activistas y mujeres decidieron quedarse protestando a las afueras de las instalaciones para acompañarla en su proceso. Una vez dentro, el personal de la fiscalía “empezó a decirle que tenía que decir todo de modo que cuadrara con lo que los policías dijeran”, de acuerdo con Buendía. Martínez se negó. Finalmente fue valorada por médicos legistas. Mientras tanto, los elementos de tránsito que la detuvieron y agredieron fueron vistos saliendo de la fiscalía con ropa de civil, según feministas que se encontraban en el lugar.

A la 1:30 de la madrugada del domingo llegó Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, luego de que las activistas se pusieron en contacto con ella. Tras conversar un par de minutos sobre las razones por las que se encontraban en el plantón y sobre la liberación de los elementos de tránsito acusados de agredir a Martínez, comenzaron a llegar decenas de policías, algunos vestidos con uniforme y otros vestidos de civil, para desalojarlas.

“Se veía que eran policías por la forma como actúan, por cómo estaban, nada más nos grababan. De la propia fiscalía salía un sujeto y hablaba con los de la izquierda y salía otro y hablaba con los de la derecha”, dice la madre de Mariana Lima Buendía. También afirmó que vio cómo Dilcya García fue retirada por sus escoltas al mismo tiempo que esto sucedía.

En una transmisión que la colectiva “Justicia para Diana” hizo a través de redes sociales, las manifestantes denunciaron que les lanzaron gas lacrimógeno, las golpearon y las despojaron de sus celulares. En imágenes se observa a una de las manifestantes sangrando por un golpe que recibió durante el desalojo.

“Para nosotros fue mucho tiempo, no sabemos cuánto y, finalmente, estaban atrás de mí varias chicas, no conté cuántas. Yo vi que corrían por todos lados. Nosotros no éramos delincuentes, nosotros estábamos en una lucha pacífica pidiendo simplemente ‘El Comandante’ y a la policía que falta para que los detuvieran porque no tenían por qué tener privilegios”.

Por su parte, Lidia Florencio en entrevista para Milenio afirma que el modus operandi que se utilizó en la desaparición y lesiones de Irene Martínez es similar al que se usó en 2019 con la propia hija de Martínez, cuando fue agredida sexualmente: “De hecho esto ya tiene años atrás porque en 2019 municipales le desaparecieron por tres días. Ellos la violaron, la abandonaron en un lugar y la mamá tuvo que rescatar a la niña. Entonces ha sido un constante acoso por parte de estos elementos”.

Actualmente, Chimalhuacán ocupa el lugar número 12 en la lista de los 100 municipios con más presuntos delitos de feminicidio cometidos entre enero y febrero de 2022, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Desde 2015, se convirtió en uno de los primeros municipios de México en tener una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por el alto número de casos de feminicidio; en 2019, esta demarcación también fue elegida para formar parte de los municipios con una segunda AVGM por desaparición de mujeres.  Con 24 mil 367 registros, el Estado de México es la entidad con más mujeres desaparecidas y no localizadas en el país; de ellas, 146 son de Chimalhuacán.

Los demonios del poder

 Lucía Lagunes Huerta 

CIMACFoto: César Martínez López

Finalmente después de 14 años de impunidad, Mario Marín no sólo es detenido, sino que ya cuenta con auto de formal prisión por la tortura a la que sometió a la periodista Lydia Cacho en 2005, después de que ella publicara su libro “Los demonios del Edén”. Con ello la justicia a cachitos sigue su camino.

Mario Marín, Jean Succar Kuri, Kamel Nacif ( prófugo), así como los políticos que son nombrados en la red de trata descubierta por la investigación de Lydia Cacho y los cuales siguen intocados, se sirvieron del poder que tenían para encubrirse y encubrir a sus cómplices.

Los demonios del poder hicieron todo para dañar y amagar no sólo a una periodista, sino a las víctimas y a toda aquella persona que se atreviera a hacer cumplir la ley. Quienes se pusieron del lado de la verdad, fueron castigadas de distintas formas.

Para lograr la impunidad que les ha cobijado durante años se urdió el poder político y económico, se instrumentalizó a las instituciones e incluso a las leyes para dañar y mantenerse intocables.

A las políticas locales que en su momento buscaron el respeto a los Derechos Humanos de Lydia Cacho, por ser lo correcto, se les castigó con el congelamiento político, se les estigmatizó convirtiéndolas en las apestadas del partido tricolor y de la política poblana, por haber “traicionado” la lealtad al político, aunque el político fuera un delincuente.

Pero los demonios no sólo se valieron de las instituciones de justicia y policiales para rodearse de impunidad, también el debate público en la entidad fue secuestrado durante el gobierno del “gober precioso”.

La investigación que realizó CIMAC y SICLA desde la detención de Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005 hasta diciembre de 2007 sobre el tratamiento mediático del caso, dan fe de este secuestro de la libertad de expresión.

El observatorio realizado a lo largo de dos años muestra el cambio del discurso de los medios informativos poblanos, donde se pasa de víctima a victimaria y donde la voz del gobernador Mario Marín acaparó las versiones periodísticas. Por cada nota donde se daba la versión a la periodista ocho más replicaron la versión del gobernador. Además de los empresarios y políticos locales que se sumaron al coro del gobernador local.

Se quiera reconocer o no, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2007 avaló la violación de los Derechos Humanos de Lydia Cacho, aún cuando se reconoce que un traslado terrestre de 20 horas es una tortura, se soslayó el poder de los agresores, un gobernador, políticos encumbrados y empresarios ligados a la delincuencia eran y son a quienes se les enfrentaba. Por ello pudieron hacer lo que hicieron y crearon “héroes” donde había tiranos.

Pese a todos los escándalos que provocó el conocerse las llamadas de colusión entre el empresario y el “gober precioso” para detenerla y preparar la violación de Lydia Cacho, Marín con 10 meses de gobierno en 2005 concluyó su mandato como si nada en 2011.

Incluso se mantuvo como actor político unos años más. Tan es así que estuvo presente en la precampaña de Enrique Peña Nieto en 2012 cuando éste visitó Puebla. Incluso en 2015 el Comité Estatal del PRI, reconoció a Marín por su liderazgo político.

Todos los políticos que lo mantuvieron vigente, pese a sus corruptelas y abuso de poder, se volvieron cómplices de la impunidad y urdieron el círculo perverso para mantenerla.  

A lo largo de 14 años de impunidad Lydia Cacho ha vivido no sólo la persecución judicial, sino atentados, amenazas y dos exilios.

Porque los demonios del poder se sabían intocados, abrigados por otros poderosos, que con la impunidad enviaron el mensaje de que se vale abusar del poder para beneficio personal, se vale atacar el ejercicio periodístico que te resulte incómodo y se vale violentar a las mujeres, porque si lo haces no tendrás castigo.

Ese círculo perverso ha llevado a este país a estar entre los cinco más letales para el ejercicio periodístico, ha llevado a varias mujeres periodistas al desplazamiento forzado para salvar sus vidas, además de Lydia Cacho, pienso en las reporteras Patricia Mayorga y en Anabel Hernández y otras más cuyos casos prefieren mantenerse en el anonimato.

Ese abuso de poder público ejercido desde el poder masculino ha llevado al asesinato de 11 mexicanas cada día y a una impunidad que sigue siendo del 98 por ciento . Porque las autoridades, de ejercer la justicia, prefirieron colocarse a la sombra del poder.

La impunidad se alimenta con el tiempo.

El exilio al que fue obligada Lydia Cacho no concluye con la detención de Mario Marín, lo ha dicho ella, por el contrario, la aleja, porque no están todos en la cárcel y porque la justicia a pedacitos no es justicia.

Pero además, porque la red que urdió la impunidad durante estos años, no ha sido desmantelada por completo, se sigue moviendo, más subterránea, pero sigue ahí y de vez en vez saca su aguijón para recordar que los demonios siguen sueltos.

21/LLH/LGL

Fiscalía de la CDMX reabre investigación contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI acusado de trata de personas; se encontraron omisiones y acciones deficientes en el caso (+ #Video)

revoluciontrespuntocero.mx

Al registrar  omisiones e investigaciones deficientes en la investigación por trata de personas contra el ex líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reabrió la investigación informó Ernestina Godoy, titular de la dependencia.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, no está cerrado y se ampliarán “las diligencias necesarias para perfeccionar la investigación con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, comentó Godoy.

Asimismo Ernestina Godoy mencionó que hubo irregularidades en la entonces Procuraduría General de Justicia, entre los cuales están:  actos innecesarios e inconducentes que produjeron molestia a todos y cada uno de los declarantes dentro de la Averiguación Previa que no aportaron dato alguno relevante para la investigación. 

“Así como la omisión de actos de investigación de la Averiguación Previa provocando retrasos que resultaron en la difícil recuperación de las pruebas derivadas de los hechos denunciados”. 

De acuerdo con la funcionaria capitalina se registró  una deficiente búsqueda y filtración respecto a la red de vínculos realizada por la policía de investigación. “Limitándose a realizar llamados a números telefónicos sin asentar datos relevantes, pudiendo afectar la localización de las víctimas o testigos de los hechos”.

https://t.co/f3f5t1AoCG

— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 11, 2020

Así cómo ausencia de diligencias periciales, indispensables para valorar pruebas presentadas en las denuncias. Filtraciones de datos confidenciales y personales contenidos en la investigación que pusieron en riesgo a los denunciantes y provocaron daño a las indagatorias.

“En razón de lo anterior y en cumplimiento a nuestro mandato constitucional, a la legislación nacional, a los tratados internacionales de los que México es parte en materia de víctimas y trata de personas, así como a la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, he determinado ampliar las diligencias para perfeccionar la investigación del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre con objetividad, transparencia y exhaustividad”, reiteró la funcionaria.

Cabe recordar que el 9 de julio de 2015, la desaparecida Procuraduría General de Justicia capitalina exoneró a Gutiérrez de la Torre de los delitos de trata de personas y lenocinio, mismo que fueron imputados tras  la publicación de un reportaje, que denucnió el reclutamiento de mujeres a la que se le ofrecía trabajo de edecanes, sin embargo se les obliga a tener relaciones sexuales con el entonces líder del PRI en el Distrito Federal.

Temen por su seguridad feministas detenidas y agredidas por policías en Ciudad Juárez

 Josefina Martínez Jiménez 

Ciudad Juárez, Chih. Integrantes de colectivos feministas de Ciudad Juárez, Chihuahua, que participaron en una manifestación el sábado 5 de septiembre, denunciaron en conferencia de prensa, ser víctimas de abuso sexual, psicológico, y golpes, durante la represión que sufrieron por parte de elementos de la Policía Municipal.

Señalaron que decidieron hacer pública la denuncia debido a que temen por su integridad física ya que los elementos de la Policía Municipal que las agredieron, así como las autoridades que atendieron su caso en barandilla de la Estación de Policía Municipal, se quedaron con sus datos y les tomaron fotos.

“Conocen nuestras direcciones, de hecho después que regresamos a casa, algunas de las compañeras informaron que unidades de Policía Municipal pasaron lentamente frente a sus domicilios”, expresaron durante la conferencia de prensa  de este jueves 10 de septiembre.

Las mujeres relataron los abusos de que fueron víctimas mientras que otras de las integrantes del colectivo permanecieron hincadas con las manos atadas en la espalda para demostrar de manera gráfica lo que vivieron el pasado sábado 5 de septiembre cuando fueron detenidas durante la manifestación que realizaban en el centro histórico de Ciudad Juárez para protestar por la represión policiaca contra grupos feministas ocurrida en León, Guanajuato.

“Las autoridades municipales encabezadas por el alcalde, Armando Cabada, violaron nuestros Derechos Humanos y nos agredieron por lo que hacemos responsable directo al presidente municipal de cualquier cosa que nos ocurra”, aseguraron las denunciantes.

“Hacer pintas en la infraestructura urbana con el propósito de expresar y hacer memoria histórica de la violencia que sufrimos como mujeres no tiene comparación con la violencia ejercida por la Policía en un operativo de decenas de agentes.  En este intento de defender la libertad política y la vida de las mujeres ante un Estado cómplice e indolente ante la justicia pendiente para todas las asesinadas, fuimos reprimidas y se violaron todos nuestros derechos con brutalidad y táctica para esconder los golpes en nuestros cuerpos”, señalaron con el posicionamiento que las mujeres leyeron frente a los medios de comunicación.

Y agregaron: “Repudiamos el operativo policíaco que privó de su libertad a 27 mujeres quienes estratégicamente reivindicaron con el graffiti como forma de expresión y denuncia, los derechos que les han sido arrebatados a la población y particularmente a las mujeres de esta ciudad. Las acciones de denuncia y manifestación política adoptadas, en el contexto del movimiento feminista local y nacional, se justifican por el rechazo al Estado y a sus fuerzas policíacas militarizadas que mantienen una situación de impunidad”.

CIMACFoto: Josefina Martínez Jiménez

“Ya valieron verga”, fue la frase que estas mujeres escucharon constantemente mientras eran trasladadas a la estación de Policía Universidad, ubicada en el Eje Vial Juan Gabriel, además de las amenazas de que las iban a desaparecer, “en todo momento desde que estuvimos arriba de las patrullas tuvimos miedo por nuestra vida”, señalaron.

“Me levantaron la blusa para tocar mi pecho izquierdo”, todas recibieron golpes en el abdomen, la cara, patadas, pellizcos, estrangulamiento, además de abuso sexual y psicológico, relataron las mujeres.

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Las jóvenes expresaron que las fuerzas públicas están obligadas a operar bajo la perspectiva de género en todos sus procesos con base en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y en especial de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Campo Algodonero y el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual ocurridas en Atenco, estado de México, contra el Estado mexicano.

El documento fue firmado por 24 mujeres y el colectivo “Hijas de su Maquilera Madre”, quienes informaron que seguirán realizando actividades de denuncia, ya que no dejarán la lucha hasta eliminar la violencia contra las mujeres y el abuso policíaco.

A la conferencia de prensa acudieron integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, quienes aseguraron, darán seguimiento a las actividades que realicen los colectivos feministas.

“Hemos denunciado durante más de 8 años los delitos y violaciones a los Derechos Humanos que los elementos de Seguridad Pública cometen de manera reiterativa y ante esto la organización ha detectado que éstos incrementan dependiendo de la persona que está al frente de la institución y desde diciembre del año pasado tenemos certeza de que la actual administración ha hecho uso excesivo de estas atrocidades para el desempeño de sus funciones”, expresó una de las abogadas de esta organización, Karla Palacios.

Demandó al alcalde Armando Cabada que deje de emitir discursos de desconocimiento de las violaciones a Derechos Humanos cometidas de manera generalizada por sus activos y se comprometa a investigar de manera imparcial y con enfoque de género las denuncias de tortura y violencia sexual  que están haciendo los colectivos feministas.

Interponen denuncia contra Fiscalía y Policía de Puerto Vallarta por abuso de autoridad en caso de niña agredida por funcionario

Dalia Souza López 

Cortesía de ZonaDocs

Guadalajara, Jal. El “Colectivo Mujeres Puerto Vallarta”, a través de la abogada feminista, Sandra Quiñones, anunció que se abrió una carpeta de investigación y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por abuso de autoridad, en contra de la Fiscalía Regional y la Policía Municipal de la mencionada ciudad, por la mala actuación para salvaguardar los derechos de la menor de edad agredida sexualmente por el funcionario de Puerto Vallarta, Jalisco.

Anunciaron que esto se realiza de manera paralela a las investigaciones que se están llevando a cabo para determinar la responsabilidad del funcionario de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Alonso “N”, imputado por los delitos de agresión sexual infantil y corrupción de menores agravado contra una niña de 10 años de edad.

Si bien fueron policías municipales quienes encontraron en flagrancia al sujeto dentro de su vehículo agrediendo sexualmente a la niña de 10 años, la abogada advirtió que pudo detectarse “una mala actuación en detrimento de los derechos de la niña y su familia” previo al proceso de denuncia; tanto de parte de las autoridades municipales, como estatales a través de la Fiscalía Regional. Con esta acción, señaló, se pretende dejar un precedente y con ello, evitar que se sigan

violentando los derechos de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en el municipio.

“Estamos llevando a cabo estas dos acciones paralelas porque buscamos que se deje un precedente, sobre todo del primer respondiente y de la Fiscalía para casos subsecuentes. No queremos que ninguna niña ni su familia vivan toda esta serie de acciones tendientes a inhibir, a coaccionar, a seguir violentando los derechos

de ellas en la consecución de acciones de justicia”.

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En ese sentido, explicó que se ha identificado un patrón de conducta que busca disuadir y coaccionar a las víctimas de violación y abuso sexual para que no denuncien, particularmente, de parte de los primeros que responden al delito, en este caso, de la Policía Municipal:

“Esto sí nos preocupa porque estamos viendo este patrón constante sobre todo de la policía municipal de inhibir que se presenten denuncias, de las coacciones que se hacen a las familias de las víctimas para que no se preste la atención como primeros respondientes. O que el aparato que utilizan para tratar de meterles

miedo, de generarles incertidumbre para que no hagan la denuncia o no continúen con el proceso de la denuncia”.

Habrá que advertir, que en medio de la exigencia de impartición de justicia con perspectiva de género y congruente con los principios del interés superior de la niñez, la abogada junto con las colectivas, ya habrían denunciado que éste no es un caso aislado de abuso sexual infantil, ya que en lo que va del año se han interpuesto 67 denuncias por el mismo delito en Puerto Vallarta, 15 por ciento más que el año anterior, donde se registraron 58.

Por ello, han manifestado la gravedad y el impacto que tienen estos actos; por un lado, el hecho de que los funcionarios responsables de atender a los llamados de auxilio y recibir las denuncias “coaccionen” a las víctimas y a sus familias, inhibe el acceso a la justicia y la sanción a los responsables; y por el otro, se invisibiliza los delitos que atentan contra la seguridad, la integridad y la vida de las mujeres y las niñas.

“Y esto nos parece grave porque sabemos el número de agresiones sexuales que se dan en Puerto Vallarta y que la autoridad, en este caso el primer respondiente que es la autoridad municipal, siga teniendo estas conductas de inhibir las denuncias no nos permiten conocer por un lado la dimensión de estos delitos en Vallarta; y por otro lado no le permite a las víctimas y a las familias que tengan acceso a la justicia”, dijo la abogada Quiñones.

Finalmente, informó que por ahora tanto la niña como su familia se encuentran mucho más tranquilas al saber que el imputado no podrá llevar el proceso en libertad y que permanecerá en prisión preventiva, durante los 6 meses que marca la ley; esto luego de que un juez decidiera por fin vincularle por el delito de corrupción de menores agravado.

Las investigaciones continúan para determinar el grado de su responsabilidad en los hechos, así como en otros delitos y otras víctimas. Y es que, si bien, el sujeto fue vinculado a proceso el pasado 1 de agosto por el delito de abuso sexual infantil y, posteriormente, el 21 de agosto por el delito de corrupción de menores agravado, el caso permanece en la etapa de la investigación complementaria, donde de manera particular se está indagando sobre el modus operandi que el ahora exfuncionario utilizó para “seleccionar a su víctima” y advertir que no se trató de “alguien al azar”.

Asimismo, la abogada argumentó que no descartan la posibilidad de que esta práctica la utilizara con otras menores de edad, incluso, señaló que, las pruebas que se están analizando, podrían “de manera tangencial vincularlo al tema de trata, prostitución, pornografía o cualquier otro delito”.

Alfaro: represión e irresponsabilidad

Editorial La Jornada 

Jalisco se encuentra sumido en un círculo vicioso de violencia represiva: la brutalidad policial que llevó a la muerte del albañil Giovanni López desató manifestaciones de indignación ciudadana en la capital del estado, y las autoridades pretenden neutralizar el descontento social mediante una represión sistemática de las protestas en la que se hace patente el desmedido uso de la fuerza pública. Durante jueves y viernes, los uniformados han cometido violaciones como arrojar piedras y otros objetos contra los manifestantes, amenazar con matarlos, realizar detenciones arbitrarias, acudir a las concentraciones vestidos de civil para golpear a los asistentes y, en suma, han mostrado una notoria incapacidad para lidiar con las protestas en un marco de respeto a los derechos humanos.

El 4 de mayo policías municipales de Ixtla-huacán de los Membrillos detuvieron a Giovanni López por motivos que hasta ahora no han sido aclarados. Al día siguiente, su cuerpo apareció en el Hospital Civil de Guadalajara, donde una autopsia determinó como causa de la muerte traumatismo craneoencefálico y diversas lesiones, entre las que se cuenta un disparo en la pierna. De acuerdo con los familiares, la detención de Giovanni se produjo debido a que el trabajador no portaba cubrebocas, por lo que el homicidio se inscribiría en la serie de arbitrariedades y abusos de autoridad que ha marcado la aplicación del acuerdo de tolerancia cero, publicado el 19 de abril por el gobernador Enrique Alfaro con la finalidad de hacer obligatorio el uso de las mascarillas de protección en la entidad.

Durante un mes, los gobiernos estatal y municipal apostaron a que el crimen quedase impune y fuese finalmente olvidado. Pero el descontento social, que ya venía fermentándose por los modos autoritarios y violentos con que se pretendió hacer efectivo el decreto del mandatario, estalló después de que se difundiera un video del momento en que los policías de Ixtlahuacán arrestan a Giovanni López y lo obligan a subir a una patrulla, con lo cual el joven se convirtió en símbolo de la represión generalizada que tiene lugar en el estado.

La actuación del gobernador en torno al caso ha sido sintomática de su proceder desde que llegó al palacio de gobierno: en un primer momento eludió su responsabilidad bajo la especie de que los elementos involucrados no pertenecen a corporaciones estatales, sino a la municipal, pese a que fue él quien trasladó a los ayuntamientos la tarea de hacer cumplir la tolerancia cero. Posteriormente, en unas declaraciones que recuerdan los pasajes más oscuros del autoritarismo del siglo pasado, acusó a los manifestantes de ser infiltrados foráneos que responden a intereses construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder.

Está claro que ya no basta con la detención de los presuntos responsables del asesina-to de Giovanni López, sino que también debe investigarse y sancionarse a todos los elementos –incluidos los mandos– involucrados en abusos de fuerza durante las jornadas de represión policiaca que se han sucedido en la capital jalisciense. Asimismo, resulta urgente que el gobernador se haga cargo de lo que ocurre en la entidad y, en primera instancia, de las consecuencias de su decisión de encarar la emergencia sanitaria echando mano de medidas coercitivas.

Adulta mayor indígena es acusada de apropiarse de recurso social que no recibió

En 2010 María, una mujer indígena del estado de Oaxaca, se inscribió en un programa social parar mejor su condición de vida, sin embargo, siete años después, se ha vuelto su principal problema; ahora que es adulta mayor, es acusada de robarse el recurso económico de este programa que nunca obtuvo.

Para tener un mejor ingreso, María, nombre que se le da para su protección, participó en 2010 en el “Programa de opciones productivas”, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Oaxaca, que financió un proyecto de cría y comercialización de cerdos por la cantidad de 175 mil pesos. En el grupo social de este proyecto conformado por mujeres, María fue nombrada como vocal de control y vigilancia.

Sin embargo, en junio de 2012, el jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedesol en Oaxaca presentó una denuncia en el Ministerio Público de la Federación con sede en Tuxtepec, contra María y otras beneficiarias del proyecto. Se les acusó como probables responsables del delito de peculado, por la supuesta falta de comprobación de los recursos otorgados.

En julio de ese mismo año se iniciaron procedimientos únicamente contra la presidenta y vicepresidenta del proyecto social, a quienes se les dictó auto de formal prisión. Fue hasta febrero de 2013 que obtuvieron su libertad. Un Tribunal determinó que no había elementos para procesarlas.

En ese entonces se comprobó con facturas la aplicación de los recursos en la compra de cerdos y su alimento, asimismo; y la presidenta y vicepresidenta del grupo manifestaron en sus declaraciones que María se salió del grupo y no percibió nada de los recursos otorgados por Sedesol, sin embargo, siete años después, en junio de 2019, se cumplió una orden de aprehensión en contra de María por el mismo delito de peculado.  

María permaneció en el Centro de Reclusión Femenil en Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, municipio de Oaxaca, hasta que se le permitió seguir el proceso en libertad, el pasado 13 de agosto, por una apelación que presentó su defensa pública. No obstante, se fijó que pagará 175 mil pesos por concepto de reparación de daño; 5 mil por sanción pecuniaria y mil pesos por obligaciones procesales.

Su defensoría nuevamente tuvo que apelar a la revisión de estas medidas, atendiendo a la precaria situación económica de María, pues se trata de una mujer indígena, adulta mayor, dedicada a las labores del campo para su autoconsumo, que no saber leer ni escribir, ni habla español, aunado a que vive en una comunidad rural.

Aunque la Juez Octavo de Distrito del Estado de Oaxaca resolvió reducir la cantidad a 5 mil pesos, dictó otra serie de medidas cautelares que no toman en consideración la situación de vulnerabilidad de María. Mensualmente debe firmar en el libro de control de procesados, se le negó realizar esta actividad dentro de su comunidad, por lo que tiene que trasladarse a pesar de su condición de precariedad económica y miedo por su seguridad.

La Juez también determinó que la adulta no puede salir del estado sin autorización, ni convivir con los testigos y señalar el domicilio en que residiera.

La Unidad de Litigio Estratégico del Instituto Federal de la Defensoría Pública de Oaxaca ha manifestado diversas faltas por parte de las autoridades en el proceso en contra de María. Por ejemplo, que tuvieron que pasar casi dos meses para que la mujer fuera asistida por una persona interprete y la distancia que tiene que recorrer para firmar cada mes.

Asimismo, que derivado de los casi dos meses que estuvo privada de la libertad, María padeció estrés, se enfermó de las vías respiratorias y tenía alteración intestinal por el cambio de alimento que sufrió, sin que se le proporcionara atención médica.

En el mismo periodo la casa de María fue robada, y ante el temor de que le pasara algo, tuvo que pedir la ayuda de su sobrina, quien vive en una comunidad cercana, para que esté al pendiente de ella y sus pocas pertenencias que aún conserva. 

En suman, en su comunidad la mujer también ha enfrentado el estigma, ya nadie le compra el pan que compra invirtiendo el apoyo que recibe del Programa Bienestar de las Personas Adultas Mayores (2 mil 500 pesos bimestrales).

En las próximas semanas se determinará el rumbo de la denuncia contra María, mientras que su defensa legal denuncia la falta de perspectiva de género y uso de interseccionalidad en el procedimiento del caso. 

Escrito por la Redacción

Ciudad de México.–