Cortesía de ZonaDocs
Guadalajara, Jal. El “Colectivo Mujeres Puerto
Vallarta”, a través de la abogada feminista, Sandra Quiñones, anunció
que se abrió una carpeta de investigación y una queja ante la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por abuso de autoridad, en contra
de la Fiscalía Regional y la Policía Municipal de la mencionada ciudad,
por la mala actuación para salvaguardar los derechos de la menor de
edad agredida sexualmente por el funcionario de Puerto Vallarta,
Jalisco.
Anunciaron que esto se realiza de manera paralela a las
investigaciones que se están llevando a cabo para determinar la
responsabilidad del funcionario de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Alonso
“N”, imputado por los delitos de agresión sexual infantil y corrupción
de menores agravado contra una niña de 10 años de edad.
Si bien fueron policías municipales quienes encontraron en flagrancia
al sujeto dentro de su vehículo agrediendo sexualmente a la niña de 10
años, la abogada advirtió que pudo detectarse “una mala actuación en
detrimento de los derechos de la niña y su familia” previo al proceso de
denuncia; tanto de parte de las autoridades municipales, como estatales
a través de la Fiscalía Regional. Con esta acción, señaló, se pretende
dejar un precedente y con ello, evitar que se sigan
violentando los derechos de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en el municipio.
“Estamos llevando a cabo estas dos acciones paralelas porque buscamos que se deje un precedente, sobre todo del primer respondiente y de la Fiscalía para casos subsecuentes. No queremos que ninguna niña ni su familia vivan toda esta serie de acciones tendientes a inhibir, a coaccionar, a seguir violentando los derechosde ellas en la consecución de acciones de justicia”.
También te puede interesar: Menor de edad de Jalisco, víctima de doble violencia: sexual e institucional
En ese sentido, explicó que se ha identificado un patrón de conducta
que busca disuadir y coaccionar a las víctimas de violación y abuso
sexual para que no denuncien, particularmente, de parte de los primeros
que responden al delito, en este caso, de la Policía Municipal:
“Esto sí nos preocupa porque estamos viendo este patrón constante
sobre todo de la policía municipal de inhibir que se presenten
denuncias, de las coacciones que se hacen a las familias de las víctimas
para que no se preste la atención como primeros respondientes. O que el
aparato que utilizan para tratar de meterles
miedo, de generarles incertidumbre para que no hagan la denuncia o no continúen con el proceso de la denuncia”.
Habrá que advertir, que en medio de la exigencia de impartición de
justicia con perspectiva de género y congruente con los principios del
interés superior de la niñez, la abogada junto con las colectivas, ya
habrían denunciado que éste no es un caso aislado de abuso sexual
infantil, ya que en lo que va del año se han interpuesto 67 denuncias
por el mismo delito en Puerto Vallarta, 15 por ciento más que el año
anterior, donde se registraron 58.
Por ello, han manifestado la gravedad y el impacto que tienen estos
actos; por un lado, el hecho de que los funcionarios responsables de
atender a los llamados de auxilio y recibir las denuncias “coaccionen” a
las víctimas y a sus familias, inhibe el acceso a la justicia y la
sanción a los responsables; y por el otro, se invisibiliza los delitos
que atentan contra la seguridad, la integridad y la vida de las mujeres y
las niñas.
“Y esto nos parece grave porque sabemos el número de agresiones sexuales que se dan en Puerto Vallarta y que la autoridad, en este caso el primer respondiente que es la autoridad municipal, siga teniendo estas conductas de inhibir las denuncias no nos permiten conocer por un lado la dimensión de estos delitos en Vallarta; y por otro lado no le permite a las víctimas y a las familias que tengan acceso a la justicia”, dijo la abogada Quiñones.
Finalmente, informó que por ahora tanto la niña como su familia se
encuentran mucho más tranquilas al saber que el imputado no podrá llevar
el proceso en libertad y que permanecerá en prisión preventiva, durante
los 6 meses que marca la ley; esto luego de que un juez decidiera por
fin vincularle por el delito de corrupción de menores agravado.
Las investigaciones continúan para determinar el grado de su
responsabilidad en los hechos, así como en otros delitos y otras
víctimas. Y es que, si bien, el sujeto fue vinculado a proceso el pasado
1 de agosto por el delito de abuso sexual infantil y, posteriormente,
el 21 de agosto por el delito de corrupción de menores agravado, el caso
permanece en la etapa de la investigación complementaria, donde de
manera particular se está indagando sobre el modus operandi que el ahora
exfuncionario utilizó para “seleccionar a su víctima” y advertir que no
se trató de “alguien al azar”.
Asimismo, la abogada argumentó que no descartan la posibilidad de que
esta práctica la utilizara con otras menores de edad, incluso, señaló
que, las pruebas que se están analizando, podrían “de manera tangencial
vincularlo al tema de trata, prostitución, pornografía o cualquier otro
delito”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario