John M. Ackerman
En los próximos días
los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) tomarán una de las decisiones más importantes en la
historia de este órgano al resolver con respecto al partido político
México Libre, del ex presidente Felipe Calderón. Los integrantes del
tribunal serán recordados durante décadas por su decisión en este caso
clave que implica un punto de quiebre para la democracia mexicana.
Calderón representa todo lo peor del viejo régimen. Llegó a la
Presidencia por medio de un escandaloso fraude electoral en 2006 y su
gobierno se dedicó a incendiar al país y robar a manos llenas. Al final
de su sexenio, Calderón pactó con Enrique Peña Nieto su llegada a Los
Pinos en 2012, a cambio de impunidad para el panista y apoyo para la
candidatura de Margarita Zavala en 2018.
Pero la revolución ciudadana del 1º de julio de 2018 echó a perder la
continuidad de este pacto mafioso. Si bien las trampas de Zavala
permitieron que apareciera en la boleta electoral, el estrepitoso
fracaso de su campaña le obligó a renunciar a su candidatura unas
semanas antes de los comicios. Y la estruendosa victoria de Andrés
Manuel López Obrador marcó un antes y un después en la historia
electoral del país, ya que por primera vez en décadas fue reconocida la
victoria del candidato elegido por la ciudadanía en lugar de por los
poderes fácticos y los funcionarios electorales.
Hoy la dupla Calderón-Zavala pretende seguir agrediendo la
institucionalidad democrática a partir de la creación de un partido que
les dotaría de recursos cuantiosos, acceso garantizado a los medios de
comunicación y un posible fuero parlamentario.
La mayoría de los consejeros del INE votaron en contra de otorgar
registro a México Libre. Sin embargo, los argumentos ofrecidos al vapor y
de último momento fueron sumamente débiles desde un punto de vista
jurídico. Todo parece indicar que los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro
Murayama, Adriana Favela y Jaime Rivera quisieron lucirse frente a la
opinión pública, pero en realidad buscan que esta decisión sea revertida
por el tribunal electoral.
Ahora bien, la integración del TEPJF sigue igual que en 2018. Son
exactamente los mismos magistrados que aceptaron la candidatura de
Zavala y también votaron en favor de regalarle su registro como
candidato presidencial a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a pesar de que a todas luces no cumplía con los requisitos legales (véase: https://bit.ly/33iqpzZ).
El entonces ponente del caso, el magistrado Felipe Fuentes, hoy incluso
funge como el presidente de la sala superior del TEPJF.
Dos de los magistrados que avalaron la candidatura de El Bronco,
José Luis Vargas e Indalfer Infante, ya tendrían que estar fuera del
tribunal. En octubre de 2016 fueron electos por un periodo de únicamente
tres años, hasta octubre de 2019. Ello de acuerdo con el artículo
transitorio de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación con el fin de asegurar el escalonamiento en la renovación del
TEPJF.
Sin embargo, de manera totalmente ilegal, la mayoría prianista del
Senado realizó una modificación extemporánea del artículo transitorio
después de que ya había sido aplicada y extendió cuatro años más los
periodos de nombramiento de estos dos magistrados, hasta octubre de
2023. Esta modificación ilegítima también amplió dos años los mandatos
de los magistrados Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez. Fue una acción
similar al fraude a la ley cometido por el Congreso de Baja California
para extender el mandato del gobernador Jaime Bonilla.
Ahora bien, a pesar de la debilidad de la resolución del INE, hay más
que suficiente materia para sostener el rechazo al registro del partido
de Calderón. Quizás la evidencia más patente es la falta de
movilización ciudadana de parte de los supuestos afiliados a raíz de la
decisión del INE. Los únicos que hoy protestan son Calderón, Zavala y un
par de sus empleados y amigos.
¿Dónde están los más de 300 mil supuestos afiliados exigiendo al TEPJF el reconocimiento de sus derechos políticos?
Hay un extraño silencio que indica que en realidad este partido no
existe materialmente, sino simplemente en la imaginación del ex
presidente. Además, existen acusaciones graves con respecto a la
utilización de recursos de procedencia ilícita, la concentración masiva
de afiliaciones, el uso de recursos públicos y la participación de
organizaciones ajenas en la formación del partido.
Los magistrados no deben limitarse a sólo revisar la estricta
legalidad de la resolución del INE, sino recurrir a su plenitud de
jurisdicción para realizar directamente las diligencias necesarias para
verificar si este partido en verdad cuenta con el respaldo popular que
dice tener. Es evidente que si los magistrados hacen este trabajo con
responsabilidad, una labor que el INE de manera extraña se negó a hacer,
quedará bien claro que México Libre simplemente no cumple con los
requisitos legales.
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