Editorial
El miércoles pasado,
familiares de víctimas de la violencia decidieron permanecer en una
sala de jun-tas de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) con el fin de que las autoridades se comprometieran a
atender sus demandas de justicia. Al día siguiente fueron recibidos por
personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
de la Secretaría de Gobernación (SG) –incluido el propio subsecretario
Alejandro Encinas–, así como de la misma CNDH, y se retiraron de esas
instalaciones ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Algunas de esas personas fueron conducidas a un recinto seguro para
continuar con la atención a sus casos.
Cuando los familiares de las víctimas abandonaron el edificio
integrantes de agrupaciones feministas que habían llegado a darles apoyo
tomaron las instalaciones y llamaron a que agraviados de todo
el país acudieran a reforzar la ocupación, que permanecía hasta ayer, y
cuya duración se postula indefinida.
Durante el fin de semana, Fabiola Alanís Sámano, titular de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres; Nelly Montealegre Díaz, coordinadora general de Investigación
de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, entre otras funcionarias de la referida
subsecretaría de Gobernación, así como de la Secretaría de las Mujeres
capitalina, se apersonaron en el recinto de la calle República de Cuba
con la intención de entablar diálogo con las quejosas; sin embargo,
fueron rechazadas.
Es importante señalar que los reclamos presentados encuentran plena
justificación en la justicia pendiente para las decenas de miles de
víctimas de violaciones a los derechos humanos en general, y de manera
particular por la insoportable situación de violencia de género que
azota al país.
Sin embargo, resulta preocupante que la exigencia de atención a estas
demandas se efectúe inhabilitando el funcionamiento de una institución
clave para cualquier avance en la materia. Al respecto, como señaló la
propia CNDH, es lamentable que se impida el acceso a instalaciones que
no son de índole administrativa, sino centros de recepción y atención de
quejas abiertos a la ciudadanía.
Así, la ocupación del recinto vulnera en primer lugar a quienes buscan hacer valer sus derechos humanos.
Provoca extrañeza que se recurra a este tipo de medidas de presión en
un contexto de absoluta disposición de las autoridades para atender los
reclamos y articular canales de diálogo, apertura que permitiría
encauzar las justas demandas por vías institucionales. En cambio, se
asiste a la inédita situación de que sean las autoridades quienes buscan
el diálogo y los manifestantes quienes rehúsan entablarlo. No queda
sino llamar al grupo que ocupa la sede de la CNDH a transitar hacia los
espacios de diálogo que se encuentran abiertos, vía idónea para procesar
todo conflicto.
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