La Comunidad de Madrid ha tomado medidas “más estrictas” para limitar al máximo el número de contagios, entre ellas la limitación de las reuniones familiares y públicas, y la distancia en bares y restaurantes.
Sin embargo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha especificado que las nuevas limitaciones no afectan a los prostíbulos porque se trata de una “actividad que no está regulada” y, por tanto, está fuera de la “legalidad normativa”. O sea, la Comunidad de Madrid permite que se lleven a cabo actividades “no reguladas” y fuera de la “legalidad normativa”, como son los prostíbulos, y, en cambio, incumple con aquello que sí está regulado y es norma, como es la adopción de medidas necesarias para evitar el contagio y la expansión de la pandemia. Es decir, permite lo “alegal” y no cumple con lo legal.
Una decisión de este tipo no puede ser casual.
No tiene sentido que la misma Comunidad que entra en la intimidad y
privacidad de las personas para regular las reuniones familiares, no lo
haga en reuniones que se llevan a cabo en actividades públicas que requieren una autorización administrativa, sobre todo cuando otras Comunidades como Baleares, Canarias, Cataluña o Castila-La Mancha sí han actuado, y directamente han prohibido las actividades de los prostíbulos.
De manera que en Madrid, tomarse una cerveza a un metro es un factor de riesgo, pero que los hombres compren un rato de poder a través del sexo con una mujer, sometida a unas condiciones de explotación que ni siquiera tienen en cuenta su salud ante una pandemia, no supone riesgo alguno.
Esta decisión, contribuye de manera directa a la continuidad de la explotación sexual de las mujeres, a perpetuar el ataque a su dignidad cuando ni siquiera se considera el riesgo que viven sobre su salud ante un problema social como la pandemia, y a fortalecer la construcción machista de poder
sobre la figura del hombre todopoderoso y de la mujer sometida y
disponible a sus deseos. Pero, además, la imprudencia política que
conlleva la medida es enorme por contribuir de manera directa al riesgo de contagio, y por hacerlo en circunstancias en las que el rastreo y seguimiento resulta un fracaso.
La misma Comunidad que culpabilizó de la pandemia al 8M y a las mujeres, ahora contribuye a que continúen sometidas y explotadas por hombres, sólo para que estos vean satisfechos su ego y su poder.
¿Qué clase de política es esta que se ejerce sin tener en cuenta la situación de las mujeres? ¿Las culpabilizará también después,
diciendo que son las responsables del desarrollo de los contagios por
continuar trabajando en los prostíbulos donde se las explota, sin que la
administración de la Comunidad de Madrid haga nada para evitarlo?
¿Y qué clase de masculinidad y de hombres
tenemos para que a pesar de las circunstancias acudan a los prostíbulos
para sentirse más hombres, con todo el riesgo que supone para la
sociedad y para sus entornos? Quizás sean de los que piensan como Bolsonaro o Trump, y los atletas y los hombres de verdad no se infectan. Y si lo hacen, como sus anticuerpos son también muy machos, nada de “anticuerpos blandengues” como los de otros, pues se curarán en un par de días.
La irresponsabilidad política de la Comunidad de Madrid
al no prohibir la actividad de los prostíbulos, como sí han hecho otras
comunidades, es manifiesta. Si la presidenta Díaz Ayuso no quiere que
las noticias e informaciones se centren en su Comunidad, lo tiene fácil;
que no tome decisiones que centren el foco de la actualidad en la situación crítica que generan las medidas que adopta.
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