Editorial La Jornada
El martes, cientos de personas
(10 mil, según los organizadores) participaron en una caravana en
protesta por la extracción de agua de la presa La Boquilla, en el
municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua, que la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) efectúa para cumplir con el Tratado de Aguas
de 1944 entre México y Estados Unidos. Un contingente se desprendió de
la caravana en la que se encontraba Fernando Baeza Meléndez, ex
gobernador priísta de la entidad, e intentó apoderarse de la presa
arrojando piedras y palos a los elementos de la Guardia Nacional (GN)
que la resguardaban, quienes repelieron a los manifestantes con gases
lacrimógenos y balas de goma.
De acuerdo con la versión de la GN, horas después, cuando trasladaban
a tres detenidos para ponerlos a disposición de las autoridades en la
ciudad de Delicias, su convoy fue interceptado por civiles armados que
abrieron fuego contra los uniformados desde varios vehículos. La GN
habría repelido la agresión, y a consecuencia del enfrentamiento
murieron dos personas, una de ellas en el lugar y la otra al ser
conducida al hospital. A través de Twitter, la corporación federal
manifestó su
compromiso de esclarecer estos lamentables hechos y coadyuvar con las investigaciones de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades, mientras la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua anunció la apertura de investigaciones para aclarar los hechos.
Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que detrás del intento de tomar La Boquilla y otra presa se encuentran intereses político-electorales. Señaló la existencia de una práctica de huachicol del
agua, por la que grupos locales se hicieron con el control de los
distritos de riego, pese a que el manejo de este recurso corresponde a
la Federación. Por su parte, la Conagua informó que ya se entregó a los
agricultores 89 por ciento del líquido que La Boquilla debía proveer
para este ciclo agrícola, mientras otras tres presas han cumplido con la
totalidad de su cuota.
Es urgente que se ponga en marcha una investigación exhaustiva e
imparcial a fin de deslindar responsabilidades y, si así lo determinan
las indagatorias, sancionar a quien haya cometido actos ilícitos. Dicho
expediente debe abarcar la actuación de los efectivos de la Guardia
Nacional, así como toda posible injerencia ilegítima de intereses
facciosos en el conflicto.
Finalmente, haya habido o no manipulación de políticos locales detrás
de los actos del martes, está claro que debe atajarse cualquier
tendencia autoritaria o represiva en las filas de una institución
concebida como un esfuerzo para traer la paz al país a través de una
lógica de proximidad con la población y que debe prevenirse el riesgo de
que se generen en la joven corporación patrones de violación a los
derechos humanos.
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