Aurelio Fernández F.*
En la mañanera del 10
de septiembre, el gobierno federal echó por delante la caballería para
establecer que van con todo para poner a funcionar la gasoeléctrica de
Huexca, en Morelos. No sé si las cuentas que hacen la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) y los expertos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) están bien
hechas y el agua que saldrá de dicha planta generadora de energía hará
más abundante que ahora el caudal del río Cuautla, como aseguran. No
discutiré eso en este momento, pero sí el hecho de que una vez más se
aprecia que a la administración de Andrés Manuel López Obrador no se le
pasa por la cabeza en lo más mínimo el problema de la generación de
procesos de desastre, de construcción de riesgos a calamidades de esas
que equivocadamente siguen denominando
naturales.
Conozco el proyecto del ahora llamado Plan Integral Morelos desde que
lo promovía una empresa privada llamada Transportadora de Gas Zapata, a
partir de 1997. Siempre se les dijo que la obra era un despropósito
monumental por el simple hecho de que la pretendían construir en las
faldas de un volcán en actividad, considerado el que mayor riesgo
produce a conglomerados humanos en el mundo entero.
Los análisis y discusiones hechos con los expertos de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) y otros centros de educación superior llevan a una
conclusión inequívoca: el problema principal de la obra es que se trata
de un ramal de distribución de gas a lo largo de un trayecto de 180
kilómetros que pasa por los estados de Tlaxcala, Puebla y, en menor
medida, Morelos, negocio que llevaría adelante una filial de las
empresas españolas Elecnor y Enagas. Estas firmas, tan criticadas por el
presidente López Obrador, cuentan con la autorización otorgada por la
Comisión Nacional de Energía (CRE) en el año 2012 (permiso G/292/TRA)
para distribuir por su cuenta el hidrocarburo en los ramales que ya
están construidos en el trayecto del ducto.
El desarrollo está diseñado para abastecer de gas natural a futuros
parques industriales, como el que se encuentra trazado ya en las
proximidades de Huexca, y con ello el desarrollo urbano sería inevitable
del lado sur y del oriente del Popocatépetl, pero también a casas
habitación. Imaginemos asentamientos humanos, industriales,
habitacionales y de servicios localizados en los puntos de avalancha de
escombros, lahares o proyectiles balísticos arrojados por don Gregorio
cuando buenamente disponga. En lugar de organizar una evacuación de 200
mil personas hay que hacerlo para dos millones; digamos. La parte del
proyecto manejada por los españoles es justo eso: el establecimiento de
las bases para una expansión poblacional que servirá como diana a una
inexorable erupción. Como gustan repetir los vulcanólogos de la UNAM que
saben de la historia y el potencial destructivo del coloso: el problema
no es el tubo, son las instalaciones humanas que este va a propiciar.
Si la protesta morelense no tiene ya razón de ser, como aseguró el
gobierno, hay forma de evitar la tragedia: que la CRE revoque el permiso
de distribución de gas en los ramales y lo haga exclusivo para la
termoeléctrica. Pero no todos los argumentos dados en aquella mañanera
son adecuados: los amparos sobreseídos son tres, se dijo, pero al menos
hay más de una decena que no lo han sido, en al menos dos de las tres
entidades afectadas. Además, insinuar causas oscuras en el asesinato de
Samir Flores es un regreso a los argumentos más rancios; mejor aplíquese
el gobierno federal en decirnos quién lo mató y por qué, en lugar de
apoyarse en el capo del flamante partido Encuentro Solidario,
abogado defensor de paramilitares en Chiapas, Erick Flores, el
impresentable superdelegado federal que tanto daño haß hecho a un
posible proceso de entendimiento entre los actores del conflicto.
*Fundador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) y director de La Jornada de Oriente
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