Las tres grandes reformas políticas pendientes de la mayoría de las democracias representativas son: (1) la del Poder Judicial, donde hay una casta que aplica el lawfare contra la izquierda y que frena a los gobiernos cuando ganan las fuerzas del cambio; (2) la de los medios de comunicación, en manos de oligopolios que ponen esos aparatos, cada vez más mintiendo sin reparo, al servicio de las élites (ahí está el caso meridiano de Twitter en manos de Elon Musk o de Semana en Colombia, donde su periodista estrella, una mujer de extrema derecha, se presenta a las elecciones, o de Proceso en México, uno de los ejemplos más claros de cómo se puede tirar a la basura uno de los capitales simbólicos más relevantes del periodismo); y (3) el sistema electoral, que por lo general está hecho para servir a las fuerzas conservadoras y, en general, a los partidos consolidados.
Decía Romanones: hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos. Era una manera de tener el control. Algo parecido pasa con los sistemas electorales: voten ustedes, que ya veré yo luego qué hago con sus votos.
Las leyes electorales de las democracias representativas pueden llegar a negar la propia esencia democrática. En muchos países la democracia es hurtada por los partidos políticos, y las leyes electorales suelen conceder a los partidos tradicionales un poder que no se corresponde con sus votos.
No olvidemos que no estamos en “democracias” sino en “gobiernos representativos”, es decir, no es el pueblo (el demos) el que ejerce el poder (el Kratos), sino que son los representantes. Los teóricos de la democracia representativa que vienen de la revolución inglesa de Cromwell, de la revolución norteamericana y de la revolución francesa, dicen que los representantes son mejores que los mandatos del pueblo, al que consideran ignorante porque no eran propietarios. Por supuesto, ni las mujeres ni los inmigrantes y mucho menos los esclavos eran ciudadanos. De hecho, la democracia representativa reniega de la participación popular. Se basa en un principio: “vota y no te metas en política”.
Las democracias de partidos, que es donde vivimos, terminan por negar toda la democracia, de manera que se hace cierto esa advertencia de que el partido sustituye a la sociedad, la Ejecutiva sustituye al partido y el Secretario general sustituye a la Ejecutiva. Eso sí, con ayuda de los asesores y directores de gabinete.
Todo esto se agrava más cuando a los partidos los financian las empresas, como ocurre legalmente en EU y, en prácticamente todos los países, a través de la corrupción.
Cada vez que hay algún cambio para democratizar nuestras democracias, la derecha pone el grito en el cielo. Estamos en un mundo donde la derecha llama dictadura a los gobiernos que aumentan la participación popular en las decisiones del país; donde llaman libertad a tomar decisiones que matan de hambre y enfermedad a, por ejemplo los argentinos bajo el mandato de Milei o a los palestinos en Gaza; o atacan a los jueces cuando no permiten la impunidad de la que siempre han disfrutado los poderosos, como ha ocurrido en Colombia con la Jueza Sandra Heredia (que ha condenado al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de cárcel) o se queja Ricardo Salinas cuando le obligan a pagar lo que debe a la hacienda pública.
Después de la Reforma Judicial, el Gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta la Reforma Electoral que los jueces y las cámaras evitaron en el sexenio de López Obrador. Acaba de nombrar a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dirigida por Pablo Gómez, una persona de una probada trayectoria de izquierda durante 60 años. Además estarán la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con José Antonio Peña Merino; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con Ernestina Godoy; la Oficina de la Presidencia de la República con Lázaro Cárdenas Batel; la Coordinación de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República, con Jesús Ramírez Cuevas; y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, con Arturo Zaldívar, si bien podrán delegar en personas de sus instituciones siempre que sean, al menos, directores generales u homólogos.
La Reforma buscará, como apuntó López Obrador, cambiar al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a siete los consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y modificar la forma en que se elige a los legisladores plurinominales. Además de las que pueda proponer el pueblo en la consulta.
¿Son democratizadoras las medidas que propuso López Obrador y que van a orientar estas transformaciones?
En la llamada 4T, la derecha se ha escondido en las instituciones para torpedear la tarea del Gobierno. No es verdad que el INE haya sido neutral: se ha pretendido una suerte de pequeño Gobierno dentro del Estado. El nuevo Instituto Nacional de Elecciones asumiría las funciones de los 32 institutos electorales estatales en las entidades federativas. Esto reduciría en casi 30 mil millones de pesos el financiamiento de los 32 institutos electorales de los estados, y rompería con los cacicazgos propios del INE en los territorios.
Si bien van a ser los mexicanos y mexicanas quienes decidan qué reformas van adelante, una de las que están sobre la mesa es la de los diputados y senadores llamados “plurinominales”, que, seguramente, es la parte más problemática de la reforma. El sistema electoral mexicano es mixto: combina mayoría relativa (candidatos uninominales elegidos directamente por voto en distritos) con representación proporcional: los plurinominales, que se llaman así porque los partidos presentan listas con varios nombres de candidatos, y según el porcentaje de votos que obtengan en todo el país, se asignan curules a esos nombres en orden de lista.
En la Cámara de Diputados se eligen 300 diputados por mayoría relativa (distritos uninominales). Es decir, en 300 distritos, el que más votos saca, gana. Luego hay 200 diputados que se eligen por representación proporcional en cinco circunscripciones regionales (40 diputados por cada una), a través de listas que hacen los partidos.
En el Senado ocurre algo parecido. De los 128 senadores, 32 son electos por representación proporcional nacional, también por listas, y el resto los elige el pueblo directamente en los distritos.
Este sistema es mixto y bienintencionado, porque busca equilibrar la representación política para que partidos con menor votación tengan presencia parlamentaria. Pero la realidad es que se aleja de una verdadera democracia.
Las listas plurinominales tienen sus ventajas:
- Representación más equitativa, ya que permite que partidos pequeños con votos significativos pero dispersos territorialmente tengan representación legislativa.
- Diversidad ideológica y pluralismo, ya que fomenta un Congreso más plural y evita la sobrerrepresentación de partidos grandes.
- Corrige distorsiones del sistema de mayoría relativa, pues un partido puede ganar muchos distritos con pocos votos si el voto de los demás está muy dividido. Los votos plurinominales, al ser elegidos de manera proporcional, equilibran esto.
- Fomenta la profesionalización legislativa, que también hace falta en la política, pues permite incluir perfiles técnicos o especializados que no tienen base territorial pero sí capacidades parlamentarias.
- En ausencia de una ley que garantice la paridad, también ayuda a la equidad de género, pues en las listas plurinominales es más fácil para los partidos, aplicar paridad de género y alternancia. Aunque, como digo, una ley que lo obligue lo haría válido en cualquier sistema.
Pero es verdad igualmente que las listas plurinominales tienen problemas y están vinculadas al alejamiento de la política de la ciudadanía. Lo principal es que generan la percepción de falta de legitimidad democrática. Como insistía López Obrador, los plurinominales no son electos directamente por la ciudadanía, sino que entran por “dedazo” en listas elaboradas por las cúpulas partidistas. Es curioso que el pueblo no tenga mandato imperativo y, sin embargo, las cúpulas de los partidos sí las tengan. Esto daba a los legisladores un poder al margen del pueblo ya que argumentaban que no debían su curul al voto directo sino a acuerdos internos de partido. La gente de colmillo retorcido siempre quiere ir en listas plurinominales porque no tiene que ganarse al pueblo.
¿Supone un ahorro reducir al aparato político? Aquí hay que ser cuidadosos, porque lo que te ahorres en diputados y senadores quizá te lo tengas que gastar en asesores y delegados. Los representantes deben estar en los territorios, y cuanto menos sean, más difícil llegar. La “austeridad republicana”, si se mal entiende, va en contra de la ciudadanía. Es verdad que los políticos que no viajan en los medios de transporte en los que viaja el pueblo se olvidan de esas incomodidades, pero también es cierto que una hora de representante es cara y, por tanto, debiera ser más eficiente. Con los asuntos de la austeridad no hay que caer en populismos.
En conclusión, las listas plurinominales dan la percepción de poca legitimidad democrática. Como no son elegidos directamente por el pueblo, es difícil no verlos “impuestos” por los partidos, a no ser que fueran elegidos por sorteo, que es otro principio democrático que hay que ir introduciendo porque es radicalmente democrático. Si lo que se quiere es construir un partido-movimiento, es relevante que remita la excesiva influencia de las cúpulas partidistas, lo que puede reforzar prácticas clientelares o cupulares que son utilizadas para intentar controlar el partido. Que las bases financien a los partidos ayudaría en esa dirección. Como en toda democracia representativa, hay un debilitamiento del vínculo con el electorado. Al no representar distritos, no tienen una base territorial clara a la que rendir cuentas.
La eliminación de las listas plurinominales simplificaría el sistema electoral, daría un mayor peso de los votos directos y reduciría el número de legisladores.
Pero también implica riesgos: habría una mayor desproporción en la representación política: ya que los partidos mayoritarios podrían tener mayoría absoluta con menos del 40 por ciento del voto; desaparecerían en la práctica los partidos minoritarios, concentrando el poder en dos o tres fuerzas políticas. Esto a su vez generaría problemas ahora mismo, ya que el Partido Verde y el Partido del Trabajo son parte de la mayoría del Gobierno de Claudia Sheinbaum en las cámaras; podría hablarse de un retroceso democrático, al reducirse la pluralidad y la capacidad de equilibrio entre poderes; y podría potenciar el clientelismo territorial y debilitarse la idea del conjunto de México, al enfocarse los candidatos sólo en ganar distritos.
No olvidemos tampoco que quedan abiertas las propuestas que haga la ciudadanía. Sería bueno que se introdujera el referéndum revocatorio de los cargos públicos, con requisitos que no inviten a que la oposición se invente cada tres años nuevas elecciones. Igualmente que se establecieran normas de austeridad en el gasto parlamentario. Debiera castigarse con dureza la corrupción (y debieran los partidos tener alguna responsabilidad en la corrupción de sus cargos dirigentes). Debiera valorarse la limitación de los mandatos (con ocho años como máximo, generalizables a 12 en circunstancias excepcionales). Debiera castigarse el transfuguismo de quien ha sido elegido en unas listas y traiciona ese mandato. Sería bueno incorporar las formas democráticas de los pueblos originarios y ahondar en la democracia municipal, entregando responsabilidades a las comunidades organizadas. Y también debiera irse incorporando el sorteo en la selección de cargos. Por último, la democracia debe consultar con más frecuencia a la ciudadanía, quien debiera tener participación en el gasto en los presupuestos (lo que se conoce como presupuestos participativos), debieran existir organismos ciudadanos deliberativos y consultivos, la información debe ser crecientemente transparente, especialmente en lo que tiene que ver con la regulación de los lobbies y los grupos de presión. Si la democracia participativa nació con el lema “no pagamos impuestos si no tenemos representación”, es importante la rendición de cuentas y las auditorías ciudadanas del gasto. Insistimos: que a los partidos los financien sus militantes, y no el Estado -una parte suele ser obligatoria- y mucho menos las empresas, es democratizador.
Por último, no olvidemos que casi todas estas medidas tienen como requisito una democracia deliberativa que hace del debate algo tan importante como la decisión.
Cuando aún no se han acabado los ecos de los gritos conservadores por la Reforma Judicial, vamos a ver de nuevo el eco de los grillos que cantan a la luna quejándose de estas reformas -aun antes de que se enuncien- y diciendo, paradójicamente, que lo que trae más democracia, hay que llamarlo dictadura. Y no descarten que vaya a EU a pedir sanciones y aranceles, porque ahondar en la democracia es, para esa gente, dictatorial, eso sí, pasándose antes por Disneylandia a tomar unos helados antes de rendirle pleitesía al Presidente del pelo color naranja.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario