| Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 548: Fiscalidad y género en América Latina 16/04/2020 |
La
política fiscal tiene tres instrumentos muy importantes: los recursos
destinados a financiar las políticas públicas, las acciones tendientes a
recaudar estos recursos o política de ingresos y el financiamiento del
déficit cuando los ingresos no cubren el gasto o dicho de otra manera,
el endeudamiento.
Ninguno de ellos es neutral a las
desigualdades de género. Dependiendo de cómo se diseñen e implementen
pueden contribuir a la garantía de los derechos de las mujeres y a la
reducción de las brechas, a mantenerlas igual o a profundizarlas.
Más esfuerzo, mejores resultados, muchos desafíos pendientes
América
Latina ha avanzado en los últimos años, por una acción combinada de
buen desempeño económico y mejores políticas sociales a ampliar las
coberturas de las políticas laborales, agropecuarias, educativas, de
salud y protección social.
Los avances en los indicadores
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) dan cuenta que en el
periodo comprendido entre 2000 y 2015 mejoraron las condiciones de vida
en la región, lo cual benefició también a las mujeres.
No
obstante, quedan muchas deudas pendientes. La mortalidad materna, el
acceso a salud sexual y reproductiva, las oportunidades económicas
desiguales, la participación social y política continúan con pocos
cambios. La violencia en todas sus formas se hace cada vez más visible.
Todos
estos problemas se relacionan con la ausencia de políticas de amplio
alcance y calidad, en la mayoría de los casos bajo el argumento de la
falta de recursos públicos para lograr su universalidad e integralidad.
Una
de las principales explicaciones de los escasos avances citados es la
rígida división sexual del trabajo que ubica a las mujeres en una
situación de subordinación y exclusión. La atribución social de la
responsabilidad casi exclusiva a las mujeres del trabajo de reproducción
social obstaculiza su autonomía física, económica y política.
Los
indicadores de actividad económica, desempleo, informalidad e ingresos
muestran la persistente condición desventajosa de las mujeres: mayores
tasas de inactividad y mala calidad del empleo, gran número de mujeres
sin acceso a seguridad social ni ingresos propios y feminización de la
pobreza son solo algunas de las formas en que se manifiestan sus
desventajas económicas.
La persistencia de un “techo de
cristal” en las empresas, en la administración pública y en la economía,
así como en cargos de decisión social o política no es el reflejo del
desinterés o de la falta de capacidades de las mujeres, sino más bien de
la existencia de obstáculos que limitan a las mujeres y no a los
hombres. El principal obstáculo es la sobrecarga de trabajo no
remunerado de las mujeres.
Todos estos problemas y
desafíos requieren políticas con objetivos específicos y explícitos
dirigidos a garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de
género, tal como se comprometieron la mayoría de los estados
latinoamericanos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)[1].
Faltan recursos y justicia tributaria
El
pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres y la
reducción de las brechas que las separan de los hombres ponen al Estado
en el centro del debate sobre los mecanismos para lograr estos
objetivos.
Para hacer efectivos esos derechos, se
requieren políticas públicas, lo cual conlleva su financiamiento. La
política fiscal como encargada de administrar los recursos públicos de
un país es uno de los instrumentos principales. El financiamiento del
gasto tiene como contrapartida la recaudación de impuestos como
mecanismo genuino de obtención de ingresos, aunque, si bien esta es una
importante función del sistema tributario, no es la única, tal como se
verá más adelante.
El sistema tributario no es neutral al
género. Una baja carga tributaria y la inexistencia de mecanismos
eficientes para reducir la evasión y elusión disminuyen las
recaudaciones y provocan la escasez de recursos públicos. América
Latina tiene grandes deudas sociales y déficits en la garantía de los
derechos económicos, sociales y culturales. Las desigualdades de género
son persistentes y en algunos países no se han registrado reducciones
notables, pese a los avances sociales y económicos recientes. Es en ese
ámbito que se vuelve relevante la fiscalidad desde un enfoque de
género.
Sin recaudaciones, el Estado no puede ofrecer
servicios para mejorar el bienestar y reducir las brechas existentes,
entre ellas las de género. Por lo general, las áreas de educación y
salud son las que reciben mayores inversiones sociales y ha sido un
logro positivo el haber reducido la brecha de género en el acceso a
estos servicios. No obstante, perduran brechas en cuanto a autonomía
económica, calidad del empleo y protección social y cuidado, cuyas
políticas públicas cuentan con menores recursos y son ámbitos
particularmente relevantes para las mujeres.
La
desproporcionada carga de trabajo doméstico y de cuidado, sumada a las
condiciones de precariedad laboral, discriminación salarial, segregación
ocupacional y menores dotaciones de activos que las mujeres deben
soportar, exigen mayor inversión en todas las políticas, atendiendo
objetivos explícitos de reducción de brechas de género.
A
la baja carga tributaria en los países de América Latina, se agrega el
exagerado peso de los impuestos indirectos. Un sistema tributario
sostenido por impuestos indirectos como el del valor añadido u otros que
gravan el consumo (incluyendo los bienes de primera necesidad) no solo
profundizan las desigualdades económicas sino también las de género,
acentuando su regresividad cuando se trata de las mujeres de menores
ingresos.
Los menores recursos disponibles, dado el peso
de los impuestos indirectos en los bajos ingresos familiares, exigen más
esfuerzo y tiempo para optimizar la asignación intrafamiliar. Esta
situación afecta especialmente a las mujeres de bajos ingresos y a los
hogares con jefatura femenina.
Una estructura tributaria
justa, basada en impuestos directos, tiene gran potencialidad
redistributiva. No obstante, la capacidad redistributiva y su poder
para reducir brechas puede reducirse si la estructura de deducciones y
exenciones tiene determinados sesgos.
En general, las
exoneraciones tributarias privilegian a los sectores de ingresos altos y
a las corporaciones, lugares en los que las mujeres están
subrepresentadas. Los elevados gastos tributarios que muestra la región
no cuentan con evaluaciones que aseguren un saldo neto positivo para
las mujeres. Es decir, no sabemos si las pérdidas de impuestos tienen
como contrapartida beneficios en generación de empleos, transferencia
tecnológica, inclusión de MPYMES en cadenas productivas, entre otros
objetivos esperados de las políticas de incentivos.
Los
flujos financieros ilícitos constituyen otra forma de reducir las
recaudaciones, pero en algunos casos también tienen efectos negativos
directos sobre las mujeres como es el caso del tráfico de personas o la
expansión de la soja o la minería que afecta a sus entornos de vida.
Así,
la política tributaria en lugar de convertirse en un instrumento para
el desarrollo y el bienestar de vida de la población y de las mujeres en
particular, contribuye a la persistencia de las desigualdades, entre
las que se encuentra la de género.
Bajas recaudaciones, retorno de la deuda
Cuando
las recaudaciones no alcanzan para financiar el gasto público, el
endeudamiento constituye la otra fuente de financiamiento. Durante la
última década, América Latina inició un peligroso retorno del
endeudamiento con objetivos relativos al mejoramiento de su
infraestructura, que por lo general no han considerado las obras que
necesitan las mujeres como los servicios de cuidado o los activos para
la agricultura familiar.
Por otro lado, el pago de las
deudas de décadas anteriores generó políticas de ajuste estructural o de
“austeridad” que al no considerar las desigualdades de género han
tenido fuertes repercusiones en la vida de las mujeres[2].
Desde
una mirada de género, constituye una prioridad incorporar estos
aspectos, teniendo en cuenta que los ajustes afectan de manera directa a
las mujeres, limitando aún más sus oportunidades y capacidades.
El
aumento de la deuda, además, está tomando nuevas formas que subestiman
el peso de la misma, tal como ocurre con los pasivos contingentes de las
Alianzas Público Privadas, lo cual hace todavía más complejo el
panorama futuro e invisibiliza los riesgos reales del endeudamiento[3].
La fiscalidad es importante para todos y en particular para las mujeres
La
garantía de los derechos y la reducción de las desigualdades son
funciones indelegables del sector público. La implementación de las
políticas públicas que requieren las mujeres para mejorar su condición y
posición en la sociedad requieren recursos. Ellas enfrentan problemas
cuyas causas tienen raíces profundas tales como la violencia, la
sobrecarga de trabajo doméstico, la discriminación laboral, la baja
participación política.
Casualmente, esas causas son
también las que cuentan con menos recursos y, en algunos países, casi
ninguno. Las políticas contra la violencia de género, más allá del
encarcelamiento, las políticas laborales y de desarrollo agropecuario,
las de apoyo a las MPYMES, las de cuidado o las que buscan aumentar la
presencia de las mujeres en los espacios de decisión son las que menor
alcance tienen.
La política tributaria es fundamental para
recaudar y financiar las intervenciones que necesitan las mujeres, por
lo que, al considerar los objetivos del desarrollo y de la lucha contra
las desigualdades es impostergable incorporarla a la agenda pública.
- Verónica Serafini Geoghegan, Red de Justicia Fiscal y LATINDADD.
[1]
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019), La
autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes
(LC/CRM.14/3), Santiago de Chile.
[2] AWID (2002). The World Bank and Women’s Rights in Development. Women’s Rights and Economic Change No. 5. https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/the_world_bank_and_womens_rights_in_development.pdf
[3] Fresnillo, Iolanda y Verónica Serafini (2020). Una crisis de deuda en desarrollo. http://www.latindadd.org/2020/03/20/una-crisis-de-deuda-en-desarrollo/
https://www.alainet.org/es/articulo/206021
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