Ciudad de México. Las mujeres representan 5.2 por
ciento de la población penitenciaria en México y aunque son minoría no
deben ser invisibles ante los riesgos de vivir en reclusión durante la
pandemia.
Hasta junio de 2019 en el país había 10 mil 696 mujeres en prisión,
56.5 por ciento en centros mixtos, donde no hay una debida separación
entre ambos sexos, y entre procesadas y sentenciadas. En general, sin
condiciones de higiene, con sobrepoblación y hacinamiento.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha
evidenciado los riesgos para la población penitenciaria, lo que generó
llamados de organismos internacionales y agrupaciones nacionales,
quienes lograron que este el lunes 20 de abril el Senado sesione para
aprobar una Ley de Amnistía.
La Ley, avalada en diciembre por la Cámara de Diputados, abre la
puerta para la liberación de personas acusadas de delitos menores contra
la salud, presos políticos, integrantes de los pueblos indígenas o
mujeres acusadas por el delito de aborto u homicidio en razón de
parentesco, tipo penal que se usa para encarcelar a mujeres que tuvieron
partos prematuros.
En opinión de la coordinadora de Incidencia de la organización
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Verónica Garzón
Bonetti, si bien se espera que la Ley de Amnistía sea un ejercicio de
acceso a la justicia para las mujeres, no es el mecanismo ideal para
liberarlas durante la pandemia.
El problema, explicó, es que se trata de una norma que beneficiará a
quienes fueron procesadas y sentenciadas por delitos del fuero federal,
además, según estimaciones de esta organización, los procesos de
liberación podrían tardar hasta 2 años.
Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo federal deberá crear una
comisión especial para que las personas interesadas o sus representantes
legales soliciten este beneficio; o bien, los jueces revisarán los
casos y ordenarán a la Fiscalía General de la República el desistimiento
de la acción penal, pero, dijo la experta, se pueden aplicar otros
mecanismos existentes.
Para Asilegal, la
amnistía reconoce la discriminación sistemática en contra de ciertos de grupo
de la población y sus circunstancias de exclusión, marginación y
vulnerabilidad. En el caso de las mujeres, además evidencia que son
criminalizadas por decidir sobre su cuerpo o que son víctimas de emergencias
obstétricas.
Garzón Bonetti consideró que una amnistía puede beneficiar a quienes
fueron investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la
salud, que de acuerdo con la organización EquisJusticia para las
Mujeres, son 3 mil 018 mujeres.
No obstante, para la defensora es importante señalar que en el país
ya existen mecanismos de preliberación y que atienden escenarios de
emergencia, como la crisis sanitaria, para que las personas queden en
libertad de manera anticipada, por ejemplo, la Ley Nacional de Ejecución
Penal establece requisitos para otorgar la libertad anticipada o
condicionada, o la suspensión de las penas.
Estas preliberaciones serán para evitar más contagios por
coronavirus. La semana pasada se dio a conocer que en un penal de
Cuautitlán, en el Estado de México, se reportaron cinco casos de
COVID-19 y en Mérida, en Yucatán, se documentó uno más.
El jueves pasado el subsecretario del Sistema Penitenciario de la
Ciudad de México, Hazael Ruíz Ortega, informó que hasta ahora no se ha
registrado casos de COVID-19 en los centros penitenciarios de la
capital, pero señaló que se habilitaron carpas en siete reclusorios, que
contarán con hasta 150 camas y servicios básicos para atender de ser
necesario.
Ese mismo día, el Poder Judicial de la Ciudad de México informó que a
partir de esa semana se revisarían casos de personas vulnerables en
reclusión para determinar si son beneficiarias del programa de
Libertades por Razones Humanitarias. En un primer momento 78 personas
serían liberadas.
El viernes 17 de abril la Secretaría de Seguridad del Estado de
México informó que en coordinación con el Poder Judicial del estado, se
fortalecerían los mecanismos de beneficios de preliberación y que 59
personas ya fueron liberadas, aunque tampoco se especificó cuántas eran
mujeres.
Ante el riesgo de más brotes de COVID-19 entre la población
penitenciaria, familias de mujeres internas y organizaciones civiles
tramitan amparos para que las mujeres en reclusión y sus hijas e hijos
puedan obtener el beneficio de la preliberación.
20/AGM/LGL
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