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9/06/2020

Pre-Covid-19: CDMX y profesionales de la salud



La precariedad laboral en sistemas de salud no es nueva. Hace años afecta a profesionales y población usuaria en centros y hospitales. La falta de personal impacta a la salud poblacional, la calidad de la atención y puede facilitar riesgos de morir (Informe OPS-OMS: Salud Universal (2019).
El extinto Seguro Popular generó que los profesionales no basificados en Sedesa se convirtieran en trabajadores irregulares/precarios. Se integraron a los equipos de salud con contratos temporales de corta duración, alto riesgo de despido, contexto laboral flexible, bajas remuneraciones, carencia de organización colectiva y sin prestaciones de seguridad social: apenas una derechohabiencia –tipo Seguro Popular– al Issste. Esa precariedad fue promovida por Armando Ahued argumentando que las contrataciones por honorariosno tienen derechos. Inexacto: todo trabajador federal dispone derechos/obligaciones y protección por Ley-Issste.
Los profesionales eran tratados casi comoesclavosyde segunda. Sus superiores comunicaban: “por tu tipo de contrato: ‘estabilidad laboral’, careces de derechos”. Desconocemos su número exacto: pudieran ser 10 mil: 7 mil 500 de estabilidad laboral en hospitales y 2 mil 500 regularizados en centros de salud. Son más de la mitad de la plantilla en centros y hospitales. Aunque hay extremos graves: en los hospitales de Tláhuac y Ajusco Medio superan 90 por ciento. Se les comisiona para tareas no contempladas en su contratación, modificando sus actividades, siguiendo instrucciones superiores porque responden anecesidades del servicio. Con Ahued hubo represión para los inconformes: los ubicaron en listas negras parasobresupervisarlos, presionarlos, acosarlos y despedirlos.
Comparados con los de base, carecen de pensiones, fondo de ahorro, vivienda, licencia médica y pensión para el retiro, aunque realicen las mismas funciones y enfrenten mismos riesgos y responsabilidades. ¿Qué recibieron los familiares de los trabajadores deestabilidad laboralfallecidos en el hospital Cuajimalpa? ¡un bono y un pago bancario de nómina. No las prestaciones de ley. Hay deestabilidadcon 14 años de antigüedad, contratos anticonstitucionales, sin nómina formal y seguridad social.
Durante nueve años no se actualizó el salario. En 2018 se otorgó ligero aumento, insuficiente. Los precarios devengan 80 por ciento menos que las bases (camilleros/administrativos). Para médicos, enfermeras, técnicos, químicos, dentistas y sicólogos es 40 por ciento menor. Ello los obliga a buscar otras opciones mejor pagadas con prestaciones. Los médicos ocupan el primer lugar en deserción laboral, seguidos de enfermeras.
Usuarios y pacientes padecen la falta de personal: largos tiempos de espera, carencia de insumos/materiales/fármacos que pagan de su bolsillo. La deserción impacta en el abandono de pacientes, pérdida de continuidad en tratamientos, posibilidad de ser atendidos, cirugías detenidas, procesos de atención pendientes, incremento de la carga laboral para los que se quedan a cargo del área y especialidades cerradas. Además, los profesionales suelen confrontarse por el exceso de trabajo. Existen, también, casos de acoso laboral y sexual documentados. Todo termina en quejas, demandas e inconformidades.
Debe agregarse la venta de plazas e intervención del sindicato. Con el respaldo de Ahued, atacó y buscó disminuir sus derechos para organizarse y defenderse. Al intentarlo, aparecía la amenaza del despido. ¿Argumento? la Ciudad no contrataba personal que la hubiera demandado.
Los profesionales de Sedesa laboran en incertidumbre. Carecen de comunicación directa con la doctora Scheinbaum, aunque la titular de Sedesa, doctora López Arellano, reconoce quefaltan mil 500 trabajadores. El sistema se compone de 30 mil. Todavía no tenemos las plantillas completas, los turnos. De esas mil 500 plazas, 500 son consideradas críticas: médicos especialistas, enfermeras y 500 más, intermedios, sumando 32 mil trabajadores del sistema ambulatorio/hospitalario. La estrategia es, progresivamente, incorporar, recuperar licencias sindicales, permisos( Reforma, 10/10/19).
La basificación en la CDMX, por comunicación del titular del Insabi, Juan Ferrer, apenas cubre 500 profesionales: 150 médicos y el resto para enfermeras/ químicos/camilleros. La incertidumbre se refuerza porque esas contrataciones no son bases, sino cuasi-bases, toda vez que Pedro Flores, responsable de la Unidad de Administración y Finanzas (Ssa), indica que seríantrabajadores regularizados.
La 4T en la CDMX se encuentra ante un gran desafío. Los grandes costos laborales que sobre los profesionales de la salud impuso el modelo neoliberal (Julio Frenk), así como lo complejo que resulta escapar a su pesada herencia, se aprecia claramente en la propuesta de Claudia Scheinbaum –elaborada por su subsecretario de Capital Humano, Sergio López Montesinos– y Sedesa para enfrentarlo: el Programa Galenos de la Salud.
*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

8/23/2020

Pensiones y vivienda en la 4T

Gustavo Leal F.*

Para Carlos Martínez, director general del Infonavit, en la 4T ese instituto debe ser más cercano a la gente replanteando su misión en beneficio de los trabajadores, cumpliendo estrictamente con Ley-Infonavit, los artículos 17, 25 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –y su Protocolo– en materia de vivienda. Sin embargo, no todos sus funcionarios parecen seguirlo.
Siendo secretario de Hacienda José Antonio Mead (con el FMI al lado), el entonces responsable de la Unidad de Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de esa secretaría, Óscar Vela Treviño, defendió a capa y espada el fallido diseño de los 23 años del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Para ello, proponía fortalecer las pensiones autofinanciadas enla Afore amputando el derecho a la vivienda de los jóvenes.
En 2016 Mead, consideró como una opción fortalecer la integración de las contribuciones obligatorias al Infonavit con el sistema de pensiones. Y, en 2017, Vela estimó que integrar el ahorro para vivienda al fondo para retiro, elevaría las aportaciones para pensión de inmediato. Esa integración añadiría, cinco puntos de aportaciones que suman 6.5 por ciento entre patrón, trabajador y gobierno, llevándolas a 11.5 por ciento. Y todavía agregó una segunda ola de reformas en que México tiene que estar preparado para diseñar, proponer y luego implementar cambios que van a afectar a las próximas generaciones.
Su dictado afectaría a los jóvenes con la integración del ahorro para vivienda al fondo de retiro, y a los jubilados y pensionados con la hipoteca inversa. Con esta nueva figura, sostuvo entonces Vela, un pensionado podrá vender su casa a una institución financiera y vivir en ella, recibir el pago mes a mes –de por vida– y entregarla cuando fallezca. Esa hipoteca ya se emplea en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y España”, remató.
Con ese diseño de Vela la siguiente generación, los jóvenes, perderían por partida doble: tanto su derecho a una vivienda digna, además de que, por la hipoteca inversa, nada heredarían. Mientras, jubilados y pensionados verían escurrírseles entre los dedos un patrimonio –ganado a pulso– gracias a una leonina hipoteca inversa.
Sorprendentemente, como ocurre también con el conflicto de interés del ex presidente de la Amafore, Noriega Curtis, hoy al frente de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP-4T y de Juan Lozano Tovar ,quien se desempeña –con anuencia de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Óscar Vela, hoy engrosa la lista de tecnócratas neoliberales reconvertidos en funcionarios de la 4T como subdirector de Planeación y Financiera y Fiscalización del Infonavit.
Durante unos cuantos meses guardó prudente silencio. Pero al calor del Acuerdo para el fortalecimiento de la pensiones, firmado por AMLO el 22 de julio pasado con empresarios y trabajadores (gobierno de México, Secretaría de Hacienda, Comunicado Nº 061) que sepulta el anhelo del sistema pensionario deseable para México, Vela se sumó al coro de aplaudidores contribuyendo con una declaración pública que sólo simula cumplir con el artículo tercero de la Ley del Infonavit para seguir defendiendo el fracasado SAR.
En esa declaración Vela sostiene –nuevamente, como en 2017– que con el “Acuerdo“ se trata de buscar que los cambios propuestos logren un sistema amplio y diversificado de ahorro para el retiro que fortalezca todo el patrimonio de los trabajadores; compuesto éste del ahorro para el retiro y vivienda. Y subraya: si con el acuerdo el ahorro en Afore alcanzará 15 por ciento del salario, entonces el conjunto completo del ahorro mensual patrimonial será de 20 por ciento, porque el ahorro para vivienda, de acuerdo con la ley, se invierte en el Infonavit y también capitaliza para el largo plazo ( Excélsior, 27/7/20). A marzo 2020, el Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores del Infonavit reúne casi 161 mil millones de pesos de recursos de los trabajadores ( El Economista, 21/8/20).
En suma: Vela agrega –como en el periodo neoliberal– a 15 por ciento que contempla el acuerdo, 5 por ciento del ahorro para vivienda de los trabajadores. En plena 4T la misma recomendación del FMI de 2017! Pero el artículo tercero de la Ley-Infonavit establece que esos recursos son para vivienda y no para ampliar patrimonio alguno.
Como Noriega en la SHCP-4T y Lozano en la Secretaría de Economía, Óscar Vela Treviño sigue siendo fiel operador del FMI y muy lejano a la 4T y sus 30 millones de electores. Y, por supuesto, del director general del Infonavit, Carlos Martínez.
Todo para no tocar la médula del SAR que, lamentablemente, preserva el Acuerdo para el fortalecimiento de la pensiones impulsado por el propio presidente López Obrador.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

8/09/2020

AMIS y Covid-19


Con el aval del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la conferencia matutina del pasado 14 de mayo, ante AMLO, Sofia Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), comunicó que las 87 compañías que la integran, asociadas el Consejo Coordinador Empresarial, queremos reconocer a 1.6 millones del personal sanitario, para lo cual hemos integrado una cobertura solidaria que les otorga protección financiera de manera gratuita con un segurode vida ante el fallecimiento.
La cobertura contempla médicos, enfermeras, pasantes y auxiliares de enfermería, residentes, personal profesional y técnico, intendentes y afanadores. La indem-nización, agregó Belmar, será de “50 mil pesos y los beneficios serán para el cónyuge, hijos y, de no haberlos, los padres. La vigencia será retroactiva del primero de abril al 31 de agosto próximo. Y los beneficiarios deberán presentar la constancia de la entidad pública de salud que establezca que el fallecimiento derive de la atención de casos de Covid-19, con el resutado positivo de la prueba y el acta de defunción correspondiente.
Belmar comunicó también que las compañias de seguros generamos 40 mil empleos directos y realizamos inversiones por 1.8 billones de pesos: 5.27 por ciento del PIB. Somos el tercer inversionista institucional más importante del país”.
Hasta el pasado 27 de julio, Recaredo Arias, director general de la AMIS, estableció que se habían registrado 292 familias de personal de salud que perdió la vida a cau-sa del Covid-19, indemnizadas por un total de 14.6 millones de pesos –MP– ( El Economista, 30/7/20): 46 por ciento de los casos correspondieron a la Ciudad de México. Han fallecido médicos y enfermeras, afanadores, auxiliares de almacén, de enfermería, camilleros, coordinadores de salud, paramédicos, personal profesional y técnicos, sicólogos, radiólogos y trabajadores sociales ( El Economista, 16/7/20).
Por su parte, los usuarios con cobertura por casos de Covid-19 de seguros de gastos médicos mayores habían reclamado 2 mil 427 MP y se liquidó a 60 por ciento del total; 5 mil 545 pacientes solicitaron indemnización y se habían sumado 319 fallecimientos. El promedio de indemnización suma 437 mil pesos ( El Economista, 30/7/20).
Los costos más bajos son para pacientes ambulatorios: entre mil y 12 mil pesos, frente a la hospitalaria, que alcanza casi 340 mil pesos. En cuidados intensivos, la suma se eleva hasta 900 mil pesos y en pacientes intubados puede llegar al millón 300 mil pesos. Por lo que toca al seguro de vida, AMIS informó que por 4 mil 592 defunciones por Covid-19 pagaron mil 37 MP. El monto promedio de la indemnización a familiares alcanza los 225 mil 923 pesos ( El Economista, 16/7/20).
Simultáneamente y resultado de la presión sobre los ingresos que porta la epidemia de Covid-19, una buena cantidad de empresas procedieron a realizar ajustes en los gastos que realizan para los seguros corporativos de gastos médicos mayores y de vida otorgados a sus trabajadores en calidad de prestaciones laborales.
La consultora Interesse indicó que las empresas cuidan, como nunca, las inversiones en estas prestaciones buscando contención de costos y sostenibilidad de largo plazos: estamos identificando una necesidad fuerte de consultoría para rediseñar los programas y coberturas con un enfoque en la contención de costos y sostenibilidad a largo plazo teniendo como prioridad el no cancelar estos beneficios. Alguno de los ajustes que se está buscando realizar radica en el número de hospitales. Por ejemplo, ilustraron, cuando hay una libertad amplia de elegir el nosocomio al que puede acudir un empleado los costos son más elevados. Entonces se puede sugerir que la atención sea en hospitales de costo medio o medio bajo y ya no en nosocomios de lujo.
Si antes un empleado tenía la posibilidad de atenderse en el Hospital ABC de Observatorio –uno de los que cuenta con mayor tecnología y costo– posiblemente podamos conservar la cobertura, pero dirigida a hospitales de costo medio. Podría ser, talvez, el Hospital Español, la Clínica Londres, el Hospital de México, el Metropolitano, Grupo San Ángel Inn, que son muy buenos, pero no tienen la hotelería que tienen los “triple A“, de mayor costo. Además, por el Covid-19 las compañías valoran extender la cobertura a todos los dependientes de la póliza con alguna contribución ( Reforma, 21/7/20).
Para Recaredo Arias, hasta el momento no “han tenido inconvenientes en ubicar a los aseguradados que requieran hospitalización por Covid-19: no tenemos una saturación de hospitales. Algunos que tenían unidades o pisos dedicados al Covid-19 ahora han decidido supender ese servicio y esa especialización por todo lo que implica. Hasta ahora, hemos encontrado la posibilidad de que los asegurados se puedan atender, algunas veces, en hospitales distintos a su primera opción. A escala estatal es donde hemos tenido un poco más de problema ( El Economista, 30/7/20).
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

7/26/2020

Patentes y simuladores en la 4T




Como el conflicto de interés del ex presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Carlos Noriega Curtis, hoy al frente de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-4T y de Vela Treviño, responsable con Peña Nieto de la Unidad que ocupa Noriega Curtis, y hoy subdirector de Planeación/Finanzas del Infonavit, otra pieza neoliberal: Juan Lozano Tovar, se desempeña, con anuencia de la secretaria de Economía, Graciela Márquez en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Lozano gusta presentarse como abogado egresado de la Universidad Iberoamericana, becario Fulbright (Universidad de Maryland, Estados Unidos) con una carrera de más de 25 años en diversas dependencias del gobierno federal: Dirección General de Pemex-Fertilizantes; titular de la Unidad de Vinculación y luego Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (José Antonio González Anaya); coordinador de asesores de la Subsecretaría de Población y Servicios Migratorios (Secretaría de Gobernación); vocero del Instituto Nacional de Migración y secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Ha sido también alto ejecutivo en empresas globales.
La semblanza omite su camaleónica capacidad para ser priísta con Labastida; panista con Fox/Calderón, priísta nuevamente con Peña Nieto y, ahora, funcionario de la 4T! ¿Cómo llegó ahí? Gracias a su ex jefe en Petróleos Mexicanos (Pemex): Ernesto Acevedo –otro subsecretario de Graciela Márquez– quién, según 24 Horas El Diario Sin Límites (21/6/19), como director del Grupo Fertinal compró a sobreprecio una planta de fertilizantes al empresario Fabio Massimo Covarrubias y, además, participó como consejero principal de ProAgroindustria, subsidiaria de Pemex, que adquirió la planta chatarra Agronitrogenados a Altos Hornos de México (Alonso Ancira) con fuertes pérdidas para Petróleos Mexicanos.
Gracias a José Antonio González Anaya, entonces director del IMSS, Lozano pasó por la Secretaría de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social que evoca un opaco manejo de millones de dólares de cuotas obrero patronalesIMSS. De ese tiempo se recuerda, también, su aventura para completar la devastación neoliberal de los regímenes que garantizan derechos a sus trabajadores (Semana Nacional de Seguridad Social, Cámara de Diputados, LXII Legislatura, 2014). Y, con el mismo González Anaya, como director de Pemex, Lozano activó todavía un último intento para hundir el régimen de jubilaciones y pensiones del Contrato Colectivo de Trabajo de los petroleros.
Pero la semblanza también omite sus cargos en la Big Pharma como director de relaciones públicas de la firma Wyath, teniendo como jefe al director general, Carlos Abelleyra, también presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 2006-2008 (Canifarma) y asociado a presuntos actos de corrupción en licitaciones públicas del IMSS-Karam ( La Jornada, 11/11/10).
Pues esa pieza: Juan Lozano, resultó el responsable directo de que, a pesar de la 4T, los mexicanos sigan pagando patentes a la Big Pharma en el contexto del T-MEC. Como titular del IMPI y aliado con el senador Gustavo Madero (PAN), maniobró a favor de sus ex patrones de la Big Pharma, cuando la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial fue discutida al vapor en el Senado –antes de la visita AMLO a Washington. Pero perdió el primer round.
Los legisladores eliminaron la cláusula Bolar que otorgaba una garantía extraordinaria a los derechos individuales para los titulares de patentes farmacéuticas e instauraron a cambio un sistema multiclase para la protección de marcas ante registros excesivamente costosos. Aunque quedó abierto el segundo round: el reglamento de la nueva ley que deberá resolver el espinoso tema de la vinculación. Ahora el asunto está en manos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (Julio Scherer).
Con un reglamento ambiguo se puede seguir retrasando el otorgamiento de registros a los medicamentos genéricos. En Estados Unidos esto se aplica sólo para las patentes de medicamentos innovadores: ingredientes activos. Lamentablemente, el artículo 162 de la nueva ley, no es explícito en la materia y deja en manos del IMPI-Lozano la interpretación. Pudiera entonces suceder que Lozano no otorgara registros sanitarios, amparado en su interpretación de un reglamento que lo blindara ante la mínima posibilidad de que se invada una patente. Algo similar ocurre con los segundos usos en patentes que amparan los artículos 45 y 47 de esa nueva ley.
Si AMLO y la 4T quieren fármacos para todos, más vale que Graciela Márquez averigüe antes de contratar. Y aunque parte del daño, lamentablemente, ya está hecho, Julio Scherer puede aún velar por las grandes mayoría nacionales evitando que Juan Lozano, desde el IMPI, imponga nuevamente límites artificiales a los medicamentos que requiere México y cuyas patentes la Big Pharma desea seguir prolongando.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

7/23/2020

Pensiones: lo deseable murió para la 4T

Gustavo Leal F.*

Lejos de su principal oferta, la iniciativa de reforma pensionaria anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 22 de julio no pagará mejores pensiones, pero sí conllevará mayores subsidios fiscales. No resuelve el desafío estructural del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el sistema de capitalización individual, ni tampoco atiende a los trabajadores al servicio del Estado (apartado B), a los de las entidades federativas, universidades y municipios. Como iniciativa, al igual que la reforma neoliberal de Ernesto Zedillo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 1995/7, sólo proyecta nuevamente el problema hacia el futuro: patea el bote.
Es claro, también, que sobre la urgencia de presentarla ha pesado decisivamente el impacto económico del Covid-19 y las expectativas de las firmas calificadoras sobre el horizonte macroeconómico de México.
Durante su largo trotar en campañas electorales, efectivamente, AMLO evitó ocuparse explícitamente del asunto público. Nunca se refirió a él. Pero cuando, como gobierno, finalmente decidió ocuparse, otorgó su confianza al Eje del mal pensionario gubernamental: secretario Arturo Herrera-Carlos Noriega Curtis (Secretaría de Hacienda y Crédito Público-4T) o Abraham Vela Dib (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro), Zoé Robledo (IMSS) y Dolores Padierna (Morena), a los intereses que hegemonizan la arena de la política pública y al sindicalismo corporativo en ruinas.
Efectivamente: su iniciativa se ocupa, pero no se preocupa del largo plazo del asunto. No se preocupa por mejorar estructuralmente el horizonte pensionario de los trabajadores.
¿Por qué? Toda la iniciativa opera dentro del SAR. Como comunica el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), principal actor de esa iniciativa junto con la Asociación Mexicana de Afores: construye sobre la política pública vigente y las instituciones que hoy participan en el sistema de pensiones para los trabajadores del sector privado (CCE, febrero 2020, Propuesta de reforma al sistema de pensiones. Versión simplificada). De ahí también sus límites.
Pagará más Pensiones Garantizadas con cargo al gasto corriente del gobierno subsidiando al SAR. Pero ese mismo SAR no pagará mejores pensiones. Una baja en las comisiones no tendrá mayor impacto al cobrarse sobre una masa o saldo mayor de ahorro. Y la modificación del régimen de inversión –con su apuesta por una mayor tasa de rendimiento– vivirá acosada por la crisis pandémica y pospandémica. Nada de esto pagará mejores pensiones. Nada de esto mueve la aguja de las pensiones para el grueso de quienes han contribuido.
Y sin embargo, los subsidios fiscales se incrementan para preservar el sistema de capitalización que no pagará mejores pensiones. En primer lugar, se crea la falsa ilusión de una mayor pensión IMSS al sólo sumarla automáticamente a la mal llamada pensión universal para adultos mayores: que sólo es, en rigor, un apoyo a ayuda. Por cierto, muy bienvenida. Pero nunca comparable a una pensión ganada a pulso por años de servicio con un contrato obrero patronal reglado.
Y, en segundo lugar, con la disminución de las semanas de cotización de mil 250 a 750, ciertamente se benefician algunos, pero no se resuelve el fondo del problema pensionario; el gobierno federal asumirá el pago de la Pensión Mínima Garantizada a muchos más trabajadores a quienes el SAR apenas garantiza un exiguo ahorro financiero. Se trata de un claro subsidio explícito con el que se pretende apuntalar un sistema que no garantiza pensiones.
Así, la iniciativa conlleva una propuesta de reforma que saluda con sombrero ajeno: más trabajadores y más pronto, tendrán derecho a la Pensión Mínima Garantizada, pero pagada con el dinero de todos los contribuyentes. Más subsidios para un sistema de ahorro forzoso que no cumple con su objetivo principal: pagar el retiro. Un sistema donde la ecuación está invertida.
Así que el debate sobre el desafío pensionario mexicano queda completamente abierto. El triunfo de corto plazo del Eje del mal pensionario gubernamental es apenas un espejismo. El problema estructural prevalece y la tarea reposa ahora en seguir documentando sus fallas de origen que no disponen de salidas de emergencia, si de lo que se trata es de cumplirles a los mexicanos con pensiones verdaderamente dignas.
Lo deseable murió para la 4T. Sin embargo, la agenda está viva y las propuestas seguirán siendo debatidas para construir un sistema de pensiones basado en un seguro social, con un régimen de previsión complementaria para el retiro (véase propuesta GEPPSS-2020).
En estrictos términos técnicos: el debate está en curso. El sistema que pague pensiones dignas puede ser modelado ya! La innovación ha tocado maduramente a la puerta asumiendo –con toda seriedad actuarial– otra naturaleza social del inevitable costo fiscal que tendrá que pagar cualquier gobierno.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

7/12/2020

Covid-19: sector privado de la salud



En abril 2020, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, observó que la 4T no tiene prejuicio hacia la colaboración con el sector privado, pero que desde hace más de 15 años, desde el Seguro Popular, la política era activamente privatizadora. El Sistema Nacional de Salud, agregó, está en manos de especuladores tóxicos y muy corruptos que tenían aliados en el gobierno. Esa colaboración, indicó, debe ser con “orden, transparencia, claridad y límites, y remató: no me arrepiento de señalar a los intermediarios de la distribución de medicamentos. Siete compañías acaparadoras, extorsionadoras. Sigue el proceso de descontaminación de corrupción del sistema y de poner límites a los especuladores ( La Jornada, 24/4/20).
Ese mismo mes Andrés Manuel López Obrador atestiguó el Convenio marco para la prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios entre SSA-Sedena-Semar-Insabi-IMSS-Issste-Pemex y el sector privado que establece una alianza para que el sector público use 50 por ciento de la capacidad privada durante la contingencia. Los costos serán asumidos por el gobierno, liquidando a privados con una tarifa igual al pago recíproco entre IMSS-Issste-Ssa.
Los privados cubrirán –sin cobro– servicios de segundo nivel a pacientes públicos para atención del parto, embarazo, puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y algunas urgencias abdominales.
En conferencia matutina del 28/4/20 Zoé Robledo, director general del IMSS, comunicó que después de 72 mil 915 llamadas telefónicas al call center IMSS, 189 hospitales privados han aplicado al programa, de los cuales 139 están ya certificados por el Consejo de Salubridad General, que equivalen a 2 mil 942 camas totales. Eso representa 159 pacientes transferidos, resultado de 82 por ciento de llamadas al IMSS; 11 por ciento al Issste; 4 por ciento al Insabi y uno por ciento a Sedena, Semar y Pemex. Los 159 servicios atendidos suman 127 partos, embarazos y puerperios; 22 cesáreas, un apéndice, seis hernias y tres cirugías endoscópicas urológicas. Para Robledo “no hay intención de lucro, los hospitales no están cobrando una utilidad: son los precios que están firmados en un convenio desde 2017 y que son los que tenemos los servicios de salud pública para nuestro intercambio de servicios en tiempos regulares”.
La claúsula segunda del Convenio marco para la prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios, signado el pasado 13 de abril, establece que las tarifas (en pesos) serán las señaladas en el anexo sin que proceda variación alguna durante su vigencia. Con la siguiente tarifa para las intervenciones mencionadas por Zoé Robledo: atención del parto y puerperio fisiológico 8 mil 909 pesos; atención de cesárea y puerperio quirúrgico 17 mil 356 pesos; apendicectomía 44 mil 389 pesos. Las hernias se costearán así: cural 20 mil 159 pesos; inguinal 24 mil 777 pesos; umblical 23 mil 850 pesos, y ventral 24 mil 777 pesos.
Por lo que hace a las úlceras gástricas y duodenal complicadas, las tarifas del convenio indican: diagnóstico y tratamiento de hemorrágea digestiva, 52 mil 290 pesos. Para las endoscopías y algunas urgencias abdominales: colecistectomía abierta, 60 mil 321 pesos.
Respecto al Covid-19, las tarifas del convenio asientan que la estancia día paciente suma 14 mil 900 pesos, mientras que la estancia día en terapia intensiva alcanza los 22 mil 590 pesos. Además de que el día de cama en terapia intensiva neonatal es de 8 mil 619 pesos y el de cama en terapia intensiva dispone 8 mil 464 pesos.
En tanto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que, aunque la tasa de letalidad del Covid-19 alcanza 9.78 por ciento en la población general, baja a 5 por ciento entre sus asegurados que se tratan en hospitales privados ( La Jornada, 7/5/20).
Por su parte, Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, comunicó que la instrumentación del convenio suma 60 mil profesionales de la salud entre médicos, enfermeras, técnicos y camilleros ( Reforma, 30/4/20).
En conferencia matutina del 23/6/20, Héctor Valle, de Funsalud, sostuvo: hicimos un primer compromiso con el Presidente para tener disponibles 3 mil 175 camas, se han logrado adherir a lo largo de estos dos meses de trabajo conjunto 3 mil 400 camas y han sido ya asignados 7 mil 400 pacientes, en trabajo estrecho con el IMSS, con el maestro Robledo, el usuario mayor de esta relación público-privada.
Después de pronosticar que México sigue la misma ruta de Italia y España ( Reforma, 8/4/20), Guillermo Torre, director de TecSalud, consideró ahora que el sector privado es generador de riqueza para millones de mexicanos, genera empleos, contribuye a la salud a través de pagos al IMSS y promueve el ahorro. Hoy nuestra crisis es de salud. Y para salvarnos de la crisis económica necesitamos mantener un robsuto sector privado que trabaje en armonía con el sector público, todo esto por el bien de México ( Reforma, 8/4/20).

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

6/28/2020

Isssteleón-2020, después de Issemym-2018




Mientras el entero sistema de pensiones se encuentra a debate nacional y frente a la inoportuna iniciativa del gobernador Jaime Rodríguez (8/6/20) publicitada por su secretario de Finanzas y tesorero general de Nuevo León, Carlos Garza, con sencillez y contundencia los trabajadores amparados en Isssteleón comunican al Congreso del estado que –a pesar de la 4T– ella no cumplió con el requisito y garantía de ser consensuada con los trabajadores, como fue el compromiso de los líderes sindicales promoventes.
No se garantizaron, tampoco, las condiciones adecuadas de tiempo, excepción (confinamiento), amplia información, análisis de contenido y posibilidad de levantar propuestas de mejora. La iniciativa exige, enfatizan, que se escuche a todos, dedicando el tiempo necesario. Además de que, reconocen, ella es indispensable para resolver la problemática de las pensiones y el servicio médico. (Por qué cuestionamos la Ley Isssteleón-2020).
La ley creada en 1983 para garantizar seguridad social a los trabajadores al servicio del estado acentuando atender, como aspecto principal el servicio médico (ar-tículo 1), fracasó. La ley 1993 (reformada) creó un sistema certificado de jubilación con cuentas individuales (a partir de 1994) y, como era de esperarse, también fracasó. La iniciativa de Ley Isssteleón-2020 quiere ahora, subrayan, volver a reformar dos problemas de naturaleza diferente que demandan soluciones diferentes.
Siguiendo a Carlos Ramírez Fuentes, ex titular de la Consar-Peña (hoy empleado de la consultora Integralia) y a su sucesor en la 4T, Abraham Vela Dib, en pensiones, la iniciativa ratifica pagarlas por capitalización individual. Pero el propósito principal no es mejorar las pensiones, sino recaudar recursos con el incremento de cuotas a los trabajadores.
Los de la ley 93 reciben apenas pensiones menores a 30 por ciento del último salario devengado. Se afecta principalmente a los 15 mil derechohabientes de cuentas individuales, debiendo también garantizarse respeto a los derechos de los actuales jubilados/pensionados y del personal amparado en la ley 1983. Al modificar los transitorios 15 y 17 de la ley 1993 el estado de Nuevo León evade su responsabilidad adquirida con ella misma. Además de que su esquema financiero, vía cuentas nocionales, deja en la incertidumbre a los trabajadores sobre el futuro de sus recursos y, al final del día, vuelve a pagar con cuentas individuales. Agréguese que la aplicación de un salario regulador ponderado contradice y anula la promesa que se hace a los trabajadores para mejorar el monto de sus pensiones.
Recientemente, Abraham Vela Dib, responsable de la Consar, observó que “el sistema de ahorro en cuentas individuales es lo que conviene al país, así como fortalecer el ahorro voluntario ( La Jornada, 21/1/20).
En materia del servicio médico se afecta a 21 mil 346 derechohabientes y a 13 mil jubilados y sus familias. Pero 63 mil derechohabientes, indican en “rechazo a la reforma Isssteleón”, están en riesgo permanente de perder vida y salud, gastando mucho del magro salario por el pésimo servicio recibido durante los pasados siete años. Esta situación deriva del trato inequitativo –por parte del gobierno del estado– en la aportación del déficit médico que genera la administración del servicio y que privilegia a algunos por exclusión de otros. Y se agrava con el más que opaco suministro de recursos, vía la Tesorería del estado, al Consejo Directivo de Isssteleón quien administra servicios de cobertura directa, en ocasiones, sin cobrar contraprestación. Debe añadirse la rampante corrupción con que se administran los recursos de los servicios, casi sin control y con nula fiscalización. Hoy se ignora el monto exacto de los pavorosos pasivos.
La gravedad de la situación se aprecia en la pérdida de vidas por atención inadecuada e inoportuna; sufrimiento de los pacientes, falta de equipo y aparatos médicos para la atención médica de calidad; retraso criminal en operaciones quirúrgicas de urgencia, desabasto constante y pago del bolsillo de los trabajadores. La iniciativa del gobernador Jaime Rodríguez es omisa y no se ocupa en ésta delicada materia.
Un penoso episodio similar al de Isssteleón ocurrió con la, también inoportuna, iniciativa del gobernador Alfredo del Mazo para reformar al Issemym de septiembre 2018. Una vez impuesta, el Congreso del estado de México la abrogó sólo unos meses después.
Los nuevos tiempos de la 4T no pueden admitir semejantes imposiciones. ¿Cómo podría atender AMLO la reiteradamente ofrecida acción –de la 4T– para enfrentar el profundo desafío pensionario nacional cuando los gobernadores Del Mazo y Rodríguez (con fuerte presencia de la Afore-XXI-Banorte en sus sistemas estatales) militan activamente justo en sentido contario de aquello que reclama urgente solución defendiendo modelos donde todo ya fracasó?
*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

6/14/2020

Covid-19: pero Consar sólo patea el bote




Según la Comisión de Ahorro para el Retiro (Consar), en unas semanas, la pandemia de Covid-19 borró 156 mil millones de pesos del ahorro pensionario, mientras los retiros por desempleo alcanzan cifras récord.
Inmediatamente después de la turbulenta aprobación (en la Cámara de Diputados) de la iniciativa Vela Dib-Dolores Padierna para reformar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en evidente conflicto de interés, el ex responsable de la Amafore, Carlos Noriega Curtis, ahora increíblemente titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda de la 4T, se precipitó a declarar que ella da mejores opciones a las Afore para invertir en el mercado nacional e internacional”. Es decir, todo para las Afore, poco para las pensiones y los dueños de los recursos.
Y luego, muy seguro, agregó que esa reforma abre posibilidades nuevas de inversión: emisiones directas y préstamos de valores. Todo ello con el fin de darle liquidez al mercado, asegurando que las Afore no se sientan restringidas y sean líquidas ( El Economista, 2/5/19). ¿Y las pensiones de los dueños de los fondos? Noriega estimó que también se mejora la operación y desarrollo del portafolio de inversión de las Afore: Certificados de Capital de Desarrollo y Certificados de Proyectos de Inversión, así como los fideicomisos en bienes y servicios.
Preservando el uso neoliberal de los recursos pensionarios, Noriega enfatizó que la reforma busca potenciar el rol de las Afore en el desarrollo del sistema con mejores rendimientos, además de fortalecer la inversión en infraestructura, como los proyectos prioritarios de la 4T. Sólo al final –y muy de pasada– alude al centro del asunto público: las pensiones. En su opinión, pasar de Siefore a Fiefore mejorará los rendimientos de los trabajadores que ahorran para obtener una pensión.
Lo siguió –a pie juntillas– el presidente de la Consar de la 4T, Abraham Vela Dib, para quien –con la reforma– las comisiones sobre el saldo seguirán bajando y, junto con la nueva comisión que se cobre sobre rendimientos, no deberá ser mayor a 0.70 por ciento. La suma de ambas comisiones no debe superar ese porcentaje para 2024. Esas comisiones se empezarán a cobrar en 2020. Por ejemplo, si la comisión sobre saldo de una Afore es 0.65 por ciento, y es de las Afore que brindan los mejores rendimientos, entonces podrá cobrar una comisión adicional de 0.05 por ciento: es un dulcecito que les daremos a las Afore, un incentivo ( El Economista, 7/5/19).
Después de que Hacienda y Banxico anunciaran las Ocho acciones para impulsar el sector financiero (8/1/19) –en la que destaca otorgar mayor flexibilidad al régimen de inversión de las Afore para alinear sus incentivos con el fortalecimiento de las pensiones de los trabajadores, promover el ahorro voluntario por parte de ellos y, al mismo tiempo, fortalecer el mercado financiero del país–, así como de la oferta que realizara a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) el ex secretario Carlos Urzúa –durante la 29 Convención de Aseguradores (14/5/19)– para fortalecer la política de riesgos en el sector de pensiones y salud, específicamente mejorando la oferta de seguros de rentas vitalicias, con la finalidad de mejorar las condiciones de los pensionados y asegurados que provengan tanto de la seguridad social como de la población en general, la conflictiva reforma Vela Dib-Padierna es todo lo que la 4T ofrece al masivo electorado que votó por el cambio en la jornada electoral de 2018.
Los diputados que la aprobaron devolvieron a los intereses neoliberales pensionarios aquello que habían perdido en esa elección. Lo que, por cierto, confirma el silencio orgánico del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en la materia y que nunca se ocupa del SAR, sino sólo del sistema de pensiones.
Como ofreciera interesadamente el ex presidente de la Amafore, Carlos Noriega Curtis, ahora desde la neutral Unidad de Pensiones de la Secretaría de Hacienda: seguramente en el verano se presentará un paquete de medidas para impulsar al sector asegurador y si es el caso –en el periodo legislativo de septiembre 2019– con reformas regulatorias y/o legales. Lo que queremos, enfatizó, es impulsar el crecimiento del sector ( El Economista, 16/5/19).
Además, desde la Consar, Vela Dib asumió que la primera generación Afore se registrará hasta 2025 y no en 2021, creyendo que la 4T puede sortear la gran explosión del sistema de ahorro para el retiro (SAR), derivada de las previas y fallidas reformas neoliberales. Con la última “reforma Vela Dib-Dolores Padierna y todo para las Afore, el nuevo gobierno quemó el último cartucho, antes de esa gran explosión que provendrá de las reformas previas. La bomba pensionaria les explotará en las manos: quemaron su último cartucho. El debate nacional está abierto antes de que se amplifique esta explosión.
* Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

5/31/2020

IMSS: responsables y porristas de la devastación sanitaria




Contra toda evidencia, en 2005 el Consejo Técnico a modo del entonces director financiero del IMSS, Santiago Levy concluyó que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de sus trabajadores era el problema más grave de la institución. No lo es! Pero sirvió al foxismo para ocultar el error esférico de la reforma-Zedillo-1995 que, desde entonces, presiona sobre sus finanzas.
La febrícula tecnocrática de Levy –permitida por Fox– condujo a que ese Consejo Técnico a modo autorizara (enero 2002) establecer la meta de acumular reservas restándolas de las urgentes mejoras que reclamaba la cabal operación de los servicios. Pagaron de inmediato los derechohabientes y los trabajadores-IMSS con automáticas sobrecargas laborales. Levy canceló contrataciones y apertura de nuevas unidades por el resto del sexenio foxista. Los servicios se hundieron.
La primera observación que haría, subrayó, es que el presupuesto de gasto 2002 es uno por ciento inferior respecto a 2001. Para la Atención a Derechohabientes, Materiales, Suministros, Servicios Generales e Inversión Física, va a caer 4.2 por ciento en términos reales respecto a lo que ya habíamos recortado. Este recorte de 4.2 por ciento es respecto a lo que ya habíamos recortado en 2001. Comparado con lo que fue el presupuesto inicial de 2001, el recorte sería aún mayor.
Y puntualizó: vamos a recortar en Servicios Generales 22 por ciento real; en Conservación 9 por ciento real, con lo cual desafortunadamente el deterioro de las instalaciones va a continuar. Insisto, esto es sobre lo que ya habíamos recortado en 2001 y un recorte en el presupuesto de inversión física de 23 por ciento real sobre lo que ya habíamos recortado en 2001.
Dado que su meta era acumular reservas, Levy confesó: con toda franqueza, no son buenas noticias, porque todos estos recortes son encima de los hechos en 2001. Esto implica que operaremos con márgenes extremadamente estrechos y, de hecho, con problemas graves de operación, al mismo tiempo que estamos acumulando reservas. Cuando nos suban otros rubros y metamos a las reservas, podemos gastar más. Porque, ahora. la ley responsabiliza a todo el Consejo Técnico de que se cumpla con la meta de acumulación de reservas.
Poco después desde las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) se emitió el siguiente comunicado: debido a que el abasto de insumos y algunos medicamentos se ha visto retrasado por causa de la adjudicación y licitación que se regularizarán en un lapso de alrededor de cuatro a seis semanas, se solicita de ustedes el disminuir las cirugías electivas e ingresos hospitalarios con la finalidad de no tener problemas en la atención a los derechohabientes.
Y, sin embargo, Enrique Krauze escribió que el IMSS debe dejar de ser patrimonio privado de sus trabajadores. México no puede darse el lujo de mantener injertos de economía soviética, nomenclaturas que viven en socialismo, mientras que el resto del país las financia. Y Sergio Sarmiento estimó irritante que un sistema de pensiones se convirtió en el esquema para otorgar a cierto grupo de trabajadores unas vacaciones prolongadas de 30 años después de trabajar 28 años. Los manifestantes del SNTSS están defendiendo una causa profundamente reaccionaria. Buscan mantener privilegios especiales a costa de deteriorar los servicios sociales de millones de trabajadores. Ciertamente, el IMSS necesita salvación. Un grupo de líderes y trabajadores insiste en hundirlo.
Después del ajuste estructural de Miguel de la Madrid (1982-88), la Solidaridad del salinismo (1988-94) y la profunda reforma neoliberal de Zedillo (1994-2000), con el foxismo, Levy y sus porristas (2000-2005) preservaron la devastación orgánica del sector salud.
En noviembre de 2010, Gerardo Esquivel –hoy subgobernador del Banco de México– escribió empecemos por el principio: Santiago Levy es, por mucho, el economista mexicano más completo de su generación ( Nexos 390).
Al calor de la pandemia de Covid-19, en marzo 2020, Santiago Levy escribió en Nexos: es dificil vislumbrar que el país supere esta crisis sin sumar la voluntad y contribución de todos; estos no son momentos para la discordia. Y propuso que si dentro de cuatro meses los indicadores económicos apuntan a que la segunda etapa será más larga, se prolonguen por cuatro meses más las medidas de apoyo a los trabajadores con una variante para los adscritos al IMSS: además de la supensión de contribuciones a Afore e Infonavit y la sustitución del pago del resto de las contribuciones al IMSS, el gobierno federal subsidaría también un cierto porcentaje de la nómina de la empresa.
En La nueva política económica en los tiempos del coronavirus (mayo, 2020) AMLO observó que es evidente que la epidemia no es la causa de la recesión económica. Sólo precipitó el derrumbe del modelo neoliberal. Sería absurdo insistir en aplicar ese mismo paradigma.
*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

5/17/2020

Pliegos y demandas de los profesionales de la salud

Gustavo Leal F.*


De cara a la capacidad real de respuesta de la red de atención médica nacional reconvertida frente a la incrementada demanda que impuso la epidemia, los profesionales de la salud comunican que en el centro del debate está la patente devastación neoliberal de la red durante largos 36 años, así como la información sobre su progreso vía la estrategia federal diseñada para combatirla. Pero también está el que ellos debieran salir desde su trinchera de operación a protestar por la falta de personal, capacitación e insumos.
La devastación neoliberal cubre desde De la Madrid (doctor Soberón) hasta Peña Nieto (doctor Narro). Pero deben agregarse los impactos de la Austeridad Republicana y la propia epidemia. Todo ello ubica la realidad laboral de estos profesionales en una situación extraordinariamente crítica.
Ante este cuadro laboral es indispensable que el Estado cumpla a cabalidad con el derecho a disponer de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo y las medidas preventivas frente al riesgo de contraer Covid-19.
¿Cómo? “Jubiladas-os en lucha“ (mayo 2020), demanda el apoyo sicológico que, ante contiagios y trabajo estresante, establece la Claúsula 73 del CCT-IMSS: fomento a la salud y mejoramiento de la calidad de vida. Además que, por su parte, los patrones cumplan con las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo que garanticen salud y vida de los trabajadores previniendo los riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades a los que están laboralmente expuestos.
Claro que es obligación de los profesionales de la salud observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y normas oficiales. Pero, enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo y provocadas por virus, según establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) en sus artículos 473, 475 bis y 513.
Por tanto, los centros de trabajo deben cumplir con las condiciones acordes para las actividades dispuestas: baños, vestidores, guarda de útiles, ropa, mobiliario, uniformes, calzado cubrebocas, equipo de protección, desinfectantes, gel antibacteriano y jabón.
El cumplimiento de estos mínimos corresponde a las respectivas comisiones de Seguridad e Higiene. Aunque los riesgos de trabajo son obligaciones del patrón: la atención médica, indemnizaciones y el salario íntegro. Ellos también tienen la obligación de proporcionar capacitación y adiestramiento siguiendo la LFT artículo 153 A y C.
Respecto a la capacitación y el adiestramiento, los patrones deben facilitar el conocimiento sobre los riesgos/peligros a que están laboralmente expuestos.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Los derechos humanos laborales (2017), promueve la cultura de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en el marco del artículo 123 constitucional (fracción XV); artículos 132, 473, 475 bis y 513 de la LFT; Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; Convenio 155-OIT, así como las respectivas Condiciones Generales de Trabajo y Contratos Colectivos.
En el mismo sentido, el Pliego de profesionales de la salud del Movimiento 22 de junio y la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México, entre otros, demanda que, derivado del Acuerdo que establece criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del Covid-19 en dependencias y entidades de la administración pública ( DOF 23/3/20) se instale una mesa de diálogo para que ellos dispongan de: recursos materiales en cantidades suficientes; entrega inmediata de medicamentos para satisfacer al 100 por ciento los tratamientos; plazas de nueva creación de pie de rama; códigos inmediatos superiores con nombramiento de base definitiva con fundamento en los artículos 6 y 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; aumento del número de plazas para médicos residentes; derechos adicionales para laborar en áreas nocivo-peligrosas incorporando a trabajadores precarios y médicos internos de pregrado, así como pasantes; revisión de tabuladores de puestos y salarios del Sistema Nacional en su conjunto (público, privado y social) garantizando el derecho al escalafón.
También demandan acordar mecanismos para la regulación de consultorios adyacentes a las farmacias y dignificación salarial de los médicos que los atienden; consolidar nombramientos definitivos para los profesionales regularizados y formalizados desde 2007 (Seguro Popular), además de los trabajadores que firman contratos por tiempo determinado, los de estabilidad laboral y Galenos Salud de la CDMX.
Todo este pliego se acompañará de una movilizacion silenciosa el próximo primero de septiembre. Sin duda: la precariedad laboral representa un riesgo oculto sobre la trinchera; sobre el frente de operación que atiende la pandemia.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

5/03/2020

Covid-19: sector privado de la salud



El 13 de abril 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador atestiguó el Convenio marco para la prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios entre Ssa-Sedena-Semar-Insabi-IMSS-Issste-Pemex y el sector privado de la salud que establece una alianza –coyuntural y exclusiva con vistas a enfrentar Todos Juntos contra el Covid-19– para que el sector público haga uso de 50 por ciento de la capacidad instalada de los privados en un marco no lucrativo, con costos mínimos, durante el periodo de la contingencia (23 abril-23 mayo). Esos costos serán asumidos por el gobierno federal liquidando a los privados con una tarifa idéntica al monto que respresenta el pago recíproco que se realiza –vía intercambio de servicios– entre el IMSS-Issste-Ssa.
Los privados, en 146 hospitales distribuidos en 27 entidades federativas, cubrirán –sin cobro– los servicios médico/hospitalarios de segundo nivel a pacientes del sector público con procedimientos para atención del parto, embarazo, puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenales complicadas, endoscopías y algunas urgencias abdominales.
Meses antes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell había establecido que, después de 15 años de operación del Seguro Popular, en el ámbito privado proliferaron los servicios integrales, como el de hemodiálisis, donde el gobierno paga a pequeños grupos empresariales que usando maniobras se enriquecieron con servicios que no resolvieron la capacidad del sistema, ni llegaron a las poblaciones más desfavorecidas ( conferencia Matutina, 18/2/20). Posteriormente, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, documentó que México enfrenta un déficit de 200 mil médicos de los cuales 123 mil son generales y 77 mil son especialistas. En muchos lugares, precisó, los generales han sido desplazados por los especialistas. La formación médica está dividida en 76 áreas de especialización ( conferencia Matutina, 7/4/20).
Por su parte, los privados habían anticipado que el gobierno se ahorraría casi mil millones de pesos por dejar en manos de particulares con seguro de gastos médicos mayores la atención de 2 mil 460 pacientes que requirieran hospitalización general y mil 54 que necesitarían ser atendidos en terapia intensiva ( Excélsior, 2/4/20). Según esa fuente, la Asociación Mexicana de Hospitales Privados dispone de 2 mil 863 hospitales con 34 mil camas. De ellos, 6 por ciento tiene entre 25 y 49 camas y sólo 3 por ciento cuenta con más de 50. Y son, justamente, esos hospitales con más de 50 camas los que pueden –con la infrastructura y personal necesario– atender mejor a los pacientes de Covid-19. Este universo suma 97 hospitales, 8 mil 311 camas de hospitalización general y 657 para terapia intensiva. Pero sólo 50 por ciento de esta oferta está disponible. La otra mitad atiende a pacientes con otros padecimientos.
Mientras, en foro del Consejo Coordinador Empresarial, Guillermo Torre, rector del Tec-Salud, comunicó que la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) está a cargo del análisis económico para evitar que se malinterprete la intención de los privados. Y preguntó: ¿qué es lo que nos falta para establecer la Alianza? Definir el mecanismo para prestar los servicios y la contrapropuesta económica para poder operar. Porque, detalló, datos del IMSS establecen que un paciente en terapia intensiva en un hospital de tercer nivel cuesta alrededor de 49 mil pesos diarios. En uno privado sería hasta 50 porciento más ( Reforma, 11/4/20). Y, Mario González, responsable de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, reconoció: hemos hecho algunos análisis. Nosotros queremos trabajar a costo, sin ganar absolutamente nada. Sólo se quiere salir con los gastos.
Como responsable del Consejo de Salubridad General, el doctor Santos Preciado destacó el gran esfuerzo de la medicina privada y lo que está haciendo para apoyar al Estado. Todos ellos están certificados y cuentan con un Comité de Ética ( Excélsior, 8/4/20).
Hay que agregar que, a decir de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el estimado de la población cubierta con seguro de gastos médicos mayores apenas sumaría 10.6 millones de asegurados. Y, en el caso de un sólo paciente, tuvo un costo para el sector asegurador de 9.8 millones de pesos. Al 15 de abril 2020 se registraban 229 casos que sumaban 79.5 millones de pesos y los clientes habían reclamado un monto total de 10 millones de pesos. Según AMIS, el costo promedio por caso alcanza 347 mil pesos para aquellos beneficiarios que disponen de un seguro de gastos médicos mayores ( El Universal, 16/4/20).
¿Anunciará la firma de este “convenio“ innovaciones posneoliberales en la política de salud de la Cuarta Transformación para establecer líneas permanentes capaces de complementar estratégicamente la oferta pública con la del sector privado de la salud?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

4/19/2020

IMSS-Bienestar: Covid-19



En conferencia matutina (10/3/20) la doctora Gisela Lara, titular del Programa IMSS-B, exhibió un cuadro con su cobertura: 12.3 millones de beneficiarios (4.5 en comunidades indígenas), atendidos con 20 mil 335 médicos, enfermeras y paramédicos, así como 318 mil 747 voluntarios de las comunidades. También afirmó que cuenta con 15 mil 775 voluntarios rurales.
El programa activa un ejército de recursos humanos en 17 mil localidades. De ellas, casi 3 mil 500 disponen de una Unidad Médico Rural de primer nivel o alguno de sus 80 hospitales de segundo nivel. Las localidades restantes atienden sus necesidades con el auxilio de los voluntarios rurales de salud. Son, como consignó la doctora Lara, casi 16 mil, que en los pasados 18 años apenas recibieron capacitación. Ellos atienden intervenciones sanitarias de baja complejidad. Pero carecen de las facultades, entrenamiento y equipo mínimo para hacer frente a una pandemia.
Los trabajadores de varias entidades del programa externan serias inquietudes sobre algunas decisiones que sus autoridades podrían estar evaluando para enfrentar el Covid-19. Ellos mencionan una videoconferencia para activar el Plan de Intervención Covid-19 (celebrada el 30 de marzo 2020) en la que esas autoridades ordenan que los voluntarios rurales de salud hagan búsquedas intencionadas de sospechosos o enfermos, casa por casa, dentro de las localidades bajo su responsabilidad. Según ese plan, cada uno de los 80 promotores (presentes en los 80 hospitales rurales) deberían gestionar –con sus respectivas presidencias municipales– una carpa para improvisar, con ella, una sala de espera en la calle y, desde ahí, contener los posibles casos detectados por los voluntarios rurales de salud, para posteriormente, ser revisados en urgencias hospitalarias.
Ocurre, también, que la canti-dad de 15 mil 775 voluntarios rurales de salud no es estática. Porque al movilizarse en cada localidad, ellos activarán un determinado número de promotoras de salud y amas de casa que, consuetudinariamente, participan en sus callesy barrios controlando –cada una– al menos 13 familias.
Además, quienes operan desde abajo el programa indican que él debe su éxito mucho más a la dinámica que despliegan las comunidades que por el estilo decisorio de sus autoridades y responsables sexenales. Y que las presuntas órdenes recibidas podrían contradecir la Jornada Nacional de Sana Distancia, recomendada por las autoridades sanitarias federales. A decir de los operadores, se podría estar ordenando a los voluntarios rurales de salud salir a identificar posibles casos. Pero, lógicamente, se preguntan: y, si alguno de ellos se contagia ¿quién resulta responsable? ¿Dónde quedarían las garantías de su derecho a la salud? Y concluyen: “con esas acciones no se estaría aplicando una epidemiología simplificada. En suma: se podría estar enviando un valioso recurso humano a posibles contagios directos.
El problema de fondo consiste en que, con esas presuntas órdenes, las autoridades del programa podrían estar transmitiendo un mensaje que desborda las tareas cotidianas de promoción de la salud, y que además no corresponden a la estrategia federal para enfrentar el Covid-19.
Lamentablemente, respecto a esta singular manera de tomar decisiones, el PIB cuenta con un antecedente no precisamente ejemplar. Se trata de aquella estrategia –implementada durante el calderonismo– para obligar a las comunidades a hacerse cargo –ellas mismas– de embarazos y partos. Así, las y los voluntarios rurales de salud recorrían –casa por casa– levantando censo de embarazos, para, luego conducir a las mujeres hasta donde recibirían atención de sus partos, lo cual ciertamente, distaría mucho de tener las características deseables tal y como lo constató el Informe sobre Violencia Obstétrica (Inegi, 2017).
Hoy, de confirmarse las ya referidas órdenes, no se buscarían embarazadas, sino eventualmente personas sospechosas o enfermos, para evitar la propagación del Covid-19, a pesar de que la estrategia federal es precisa: quédese en casa.
En el contexto del modelo de atención Insabi (SSA, 2019 “APS-I Mx: la propuesta metodológica y operativa“), la 4T debe urgentemente transparentar el PIB, caracterizado, durante el entero periodo neoliberal (1982-2018), por una singular estructura de mandos decisorios que no siempre obró en favor de fortalecer el concepto de salud que le dio origen: Salud para Todos: la icónica declaración de Alma Ata, de la Organización Mundial de la Salud (1978). Consúltese al respecto: Sánchez, Leal, Escobar y León (2020). IMSS-Bienestar. 40 Años. Visiones operativas: ¿más salud o más medicalización?, por aparecer.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 

4/05/2020

CDMX: Covid-19




El director general de la Organización Mundial de la Salud reconoció, a finales de marzo que la falta de protección para el personal sanitario representa una amenaza inminente en la lucha contra el Covid-19. Y agregó: la carencia crónica mundial de equipos de protección individual es ahora una de las amenazas para nuestra capacidad colectiva de salvar vidas. Cuando el personal sanitario está expuesto al riesgo, todos nosotros estamos expuestos.
Ese también es el caso de los profesionales de la salud de la Secretaría de Salud (Sedesa)-CDMX. En distintos medios, sus trabajadores exhiben amplias preocupaciones: advierten la falta de claridad en las autoridades locales para atender el Covid-19. Entre los mandos de todos niveles de la red hospitalaria Sedesa, se observa falta de comunicación y deficiencias en la estructura de administración. Los equipos de salud sienten no estar preparados para esta emergencia porque no reciben de manera regular capacitación para cualquier contingencia, ni equipo para laborar con seguridad.
De la misma manera, los pacientes y sus familiares reiteran que en todos los hospitales falta personal, insumos e infraestructura adecuada, así como ordenamientos rigurosos para comunicar sobre los diagnósticos, procedimientos, y, en general, sobre sus padecimientos.
Conforme avanza el número de pacientes por el Covid-19, comienzan a surgir los desacuerdos sobre cómo atenderlos, mientras las indicaciones para la atención y protección ante la epidemia varían de un hospital a otro. Frente a la improvisación por lo novedoso del virus, lo que salva la situación son los conocimientos de médicos y enfermeras con su vasta experiencia en la atención de pacientes críticos, pero, ciertamente, en otras patologías.
Las instrucciones en el sector salud de la CDMX no están siendo precisas. Algunos hospitales restringen la consulta externa, otros la conservan. algunos dan permisos a sus trabajadores para no asistir a laborar y otros los presionan para que no falten. Todo ello, a pesar del decreto signado por el secretario de Salud federal el 24 de marzo 2020 que establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica el Covid-19.
En el frente de operación ya se advierte el principio de una división entre los trabajadores por el miedo al contagio, pero acentuada por sus formas de contratación. Hay que recordar que hoy en día, están clasificados como trabajadores de base, estabilidad laboral y Galenos Salud (nuevo régimen de contratación propuesto por Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno, elaborado por su subsecretario de Capital Humano, Sergio López Montesinos y Sedesa).
Mientras las autoridades indican que los trabajadores de base deben atender la epidemia, dado que a diferencia de los demás, gozan de los derechos adicionales por laborar en áreas nocivo-peligrosas consideradas de riesgo, los trabajadores de base estiman que su situación contractual nada tiene que ver con los riesgos a los que estarían sometidos y amenazan con amparos. Entonces las autoridades recurren al personal de estabilidad laboral y Galenos Salud.
El resultado es un clima laboral de inconformidad, que no abona a la emergencia sanitaria. Y es que nadie, independientemente de su forma de contratación, quiere ser víctima de un contagio.
La precariedad laboral en sistemas de salud no es nueva. Desde hace años afecta a profesionales y población usuaria en centros y hospitales. La falta de personal impacta a la salud poblacional, la calidad de la atención y puede facilitar riesgos de morir según el Informe OPS-OMS: Salud Universal (2019).
El extinto Seguro Popular generó que los profesionales no basificados en Sedesa se convirtieran en trabajadores irregulares o precarios. Se integraron a los equipos de salud con contratos temporales de corta duración, alto riesgo de despido, marco laboral flexible, bajas remuneraciones, carencia de organización colectiva y sin prestaciones de seguridad social completas. Esta precariedad, bautizada como trabajadores de estabilidad laboral, fue promovida por el secretario de Salud capitalino con Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, Armando Ahued, argumentando que las contrataciones por honorarios no tienen derechos. La propuesta Galenos Salud, con otro marco de contrato, difícilmente puede resolver los grandes costos laborales que sobre los profesionales de la salud impuso el modelo neoliberal (Julio Frenk) que heredó la 4T, junto con la presencia de dirigencias sindicales corporativas, rígidas y autorreferenciales.
En el cuadro de la epidemia en curso, los desafíos son muy claros y obligan a resolver de manera urgente los rezagos que comparten Sedesa y los Servicios de Salud Pública de la CDMXs para asegurar atención médica suficiente y oportuna para todos.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

3/22/2020

Patrones y pensiones



En febrero de 2020 el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anticipó estar dispuesto a ampliar la aportación patronal a la cuenta individual de sus trabajadores en Afore durante un periodo de ocho años. Hoy, con base tripartita (Estado, 0.225; trabajadores, 1.125, y patrones, 5.15), la aportación obligatoria suma 6.5 por ciento del salario base de cotización (SBC). El CCE –que presume contar con el consenso de todos sus agremiados– ofrece elevarla hasta 13.65 por ciento, iniciando el primer año con 1.5 por ciento puntos porcentuales y, posteriormente, un punto anual durante siete años. El incremento sería puramente patronal y sumado a las aportaciones del Estado y trabajadores llegaría a 15 por ciento del SBC.
La ruta señalada por la cúpula empresarial contempla presentar la propuesta al presidente López Obrador luego de que el presidente del CCE, Carlos Salazar, la revise con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Ella incorpora también fomentar las aportaciones voluntarias de los trabajadores a su Afore (vía descuentos directos al salario pactados entre trabajadores y patrones); que los empleados independientes dispongan de ahorro para el retiro; reducir de mil 250 a 750 las semanas de cotización; elevar la pensión mínima garantizada de uno a 1.5 salarios mínimos para aquellos que alcancen las semanas de cotización, pero no cuenten con suficiente ahorro en su Afore y, frente a cualquier subida salarial, destinar un punto porcentual al ahorro para el retiro. En cuanto a la equidad de género se considera tomar en cuenta para el ahorro las semanas en las que las trabajadoras se ausenten por motivo de maternidad ( Reforma, 14/2/20).
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Gustavo de Hoyos) declara que una vida de trabajo y esfuerzo no merece ser concluida con una pensión insuficiente, mientras 57 por ciento labora en la economía informal. La novedad para reformar el sistema es colocar al trabajador en el centro. ¿Cómo? En primer lugar, con una reforma para todos. En segundo, garantizar un retiro digno con aportaciones de todos: trabajador, patrón y gobierno; duplicar la aportación obligatoria. En tercero, contar con recursos suficientes para un nuevo modelo. Y, en cuarto, homogeneizar los sistemas. Hay, además, que flexibilizar el número las semanas trabajadas reduciéndolas de las mil 250 actuales en 40 por ciento e impulsar fuertemente el ahorro voluntario (deducible de impuestos). Para los trabajadores informales se deben establecer esquemas de aportaciones obligatorias (plan personal de retiro). Para De Hoyos, se trata de ganar bienestar sin elevar el costo fiscal. ¿Cómo sería eso posible? ( El Financiero, 4/2/20).
Ya la Amafore (Bernardo González) se había pronunciado por una posible reforma al sistema de pensiones en la que los trabajadores puedan acceder a la pensión mínima garantizada con menos semanas de cotización. Es decir, que desde 750 semanas –que son aproximadamente 12 años– ya puedas tener acceso a la pensión mínima garantizada, no a 100 por ciento, pero sí quizás a 80 por ciento. Se puede permitir a los trabajadores retirarse con una pensión mínima garantizada y darles la posibilidad· de comprar semanas de cotización con ahorro voluntario. Ello mediante el mecanismo conocido como Modalidad 40, con el cual se puede dejar de trabajar antes de cumplir 65 años sin haber cotizado las mil 250 y comprar con ahorro voluntario las semanas de cotización que falten ( Reforma, 21/1/20).
Es claro que estas propuestas patronales no tocan –esencialmente– el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Tampoco resuelven su fracaso como capitalización individual. Hasta ahora, no modifican su matríz de fondo: la preservan. Hacen más de lo mismo esperando resultados diferentes. Y hacen también oídos sordos frente a la reiterada observación de que el desafío pensionario no se resuelve dentro de los límites del sistema de capitalización individual. En suma: no mueven un milímetro la aguja de las pensiones.
Es claro que el presidente López Obrador no puede dejar una decisión de tal calado en las exclusivas manos patronales –como ocurrió durante el periodo neoliberal– ni, como señalara en la mañanera del 24 de febrero de 2020: contamos con el apoyo del sector privado. Es más: la propuesta viene de ellos.
Hay que agregar que en su administración opera el Eje del mal pensionario gubernamental: compuesto por el Secretario Arturo Herrera-Carlos Noriega Curtis (SHCP-4T), Abraham Vela Dib (Consar), Zoé Robledo (IMSS) y Dolores Padierna (Morena), para quienes el sistema de ahorro en cuentas individuales es lo que conviene al país, así como fortalecer el ahorro voluntario.
Por el bien de todos, la iniciativa sólo puede ser una presidencial. Es decir, para todos. Sólo puede provenir de Andrés Manuel López Obrador como titular del Poder Ejecutivo para que, efectivamente, no sea sólo en beneficio de algunos. Colocar al trabajador en el centro no resulta tan sencillo. Esa es la responsabilidad del Presidente como cabeza del país.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

2/23/2020

Pensiones o ayudas: cada cosa por su nombre



El presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a recibir pensión por vejez, discapacidad y becas de estudio ( Gaceta Parlamentaria, 26/11/2019). Para los diputados de Morena el objetivo es que se garantice a esa política social, que es universal, los recursos que se requieren ahora como derechos constitucionales.
Esta oportuna iniciativa exige algunas precisiones. Carece de evaluación del impacto presupuestario, podría ser discriminatoria al no ajustarse al artículo primero constitucional que establece igualdad de los derechos humanos y, al ofrecer duplicar la pensión no contributiva a adultos mayores y pensionar discapacitados, identifica como pensión lo que en es apoyo, ayuda o subsidio.
La pensión constituye una cantidad temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razón de jubilación viudedad, orfandad o incapacidad ( Real Academia de la Lengua). O auxilio pecuniario que, bajo ciertas condiciones, se concede ( Diccionario Enciclopédico Espasa). Proviene de pensio, pensionis: renta o canon anual que se concede a una persona. Una pensión concedida exige disponer de la dimensión integral del soporte a la supervivencia: justo lo que establecen, obligatoriamente, las leyes de las instituciones de la seguridad social. Según la Organización Internacional del Trabajo, ellas brindan protección asegurando asistencia médica: enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad, así como seguridad del ingreso: vejez, desempleo, guarderías, vivienda ( Informe sobre el trabajo en el Mundo, 2013). Esto se logra con cuotas, prestaciones y servicios. A la pensión se accede cuando ocurre alguno de los riesgos amparados por ley: viudez, orfandad, cesantía o vejez.
Llamar pensión a cualquier ayuda no es sólo una cuestión de términos que se confunden. La ayuda implica apoyos que brindan un auxilio particular: es una suerte de acción colectiva con moti-vos sociales.
También la ayuda se distingue de una pensión por su temporalidad. Las ayudas son circunstanciales y responden a diferentes factores de asignación. El compromiso puede terminar en cualquier momento. Las pensiones se conceden en lapso sucesivo: el asegurado aporta cuotas para financiar su asignación. El Diccionario Jurídico Mexicano establece, además, que la pensión no debe verse como una concesión gratuita o generosa del Estado o patrono. El derecho se adquiere con aportaciones por determinado número de años de trabajo productivo (UNAM, 1984). En cambio, el apoyo no se asocia a derechos, sino a políticas públicas: frente a riesgos similares, los beneficios son menores para quienes tienen menores ingresos.
En efecto, toda pensión es ayuda, pero no toda ayuda es pensión. Así que esas sendas iniciativas para elevar a rango constitucional el derecho de la población a recibir pensión por vejez y discapacidad, así como becas para estudiar, no aluden a una pensión en sentido estricto. Esos apoyos no son sustitutos del ingreso, tampoco derivan de relación laboral alguna ni se norman por leyes y contratos colectivos. Son ayudas contabilizadas como apoyo a adultos mayores en pobreza. Es decir: un subsidio (SHCP, ramo 20, desarrollo social).
Por tanto, sería deseable que la oportuna iniciativa evitara referirse a esas pensiones no contributivas como pensión porque, en realidad, son ayudas o subsidios. Y podrían, mejor, ser presentadas como un Programa Estratégico de Apoyo e integrantes de un Sistema Estratégico Nacional, junto con las becas y capacitación laboral a jóvenes y las becas para los estudiantes. Sistema Estratégico Nacional, por cierto, sujeto a derecho y sin la amenaza de achicamientos por recortes presupuestales.
Ello honraría a los que se han ganado, por años de servicio, su pensión y otorgaría legitimidad propia al nuevo Programa Estratégico Nacional como progra-ma de derechos.
Además, identificar pensión con apoyo es un error conceptual que puede conducir, posteriormente, a que se pretenda resolver –a la baja– el serio pendiente del fracaso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), incapaz de pagar retiros dignos. Recurriendo a montos crecientes de recursos fiscales públicos –impuestos generales– se pretendería subsidiar una mal llamada pensión universal dentro del SAR: 2 mil 550 pesos bimestrales que constituye –apenas– un apoyo. Además, estimaciones preliminares del costo fiscal –para 2019– de esa transferencia duplicada, alcanza 0.34 por ciento del PIB (De la Fuente/Armenta, Macro Keys, UBS, 15/11/2018). Todo lo cual pospondría tratar y resolver, de fondo, el desafío pensionario del SAR y el sistema Afores, como se aguarda del nuevo gobierno.
En este caso, llamar cada cosa por su nombre es imprescindible. Así, la oportuna iniciativa de Andrés Manuel López Obrador podría sustituir pensión no contributiva por apoyo, subsidio o ayuda, si de lo que se trata es estar a la altura de la ofrecida 4T. Por ejemplo, como bonos, nunca como pensiones.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco