Gustavo Leal F.*
Mientras el entero sistema
de pensiones se encuentra a debate nacional y frente a la inoportuna
iniciativa del gobernador Jaime Rodríguez (8/6/20) publicitada por su
secretario de Finanzas y tesorero general de Nuevo León, Carlos Garza,
con sencillez y contundencia los trabajadores amparados en Isssteleón comunican al Congreso del estado que –a pesar de la 4T– ella no
cumpliócon el requisito y garantía de ser consensuada con los trabajadores, como fue el compromiso de los líderes sindicales promoventes.
No se garantizaron, tampoco, las condiciones adecuadas de tiempo,
excepción (confinamiento), amplia información, análisis de contenido y
posibilidad de levantar propuestas de mejora. La iniciativa exige,
enfatizan, que se escuche a todos, dedicando el tiempo necesario. Además
de que, reconocen, ella es indispensable para resolver la problemática
de las pensiones y el servicio médico. (Por qué cuestionamos la Ley Isssteleón-2020).
La ley creada en 1983 para garantizar seguridad social a los
trabajadores al servicio del estado acentuando atender, como aspecto
principal el servicio médico (ar-tículo 1), fracasó. La ley 1993
(reformada) creó un sistema certificado de jubilación con cuentas
individuales (a partir de 1994) y, como era de esperarse, también
fracasó. La iniciativa de Ley Isssteleón-2020 quiere ahora, subrayan, volver a
reformardos problemas de naturaleza diferente que demandan soluciones diferentes.
Siguiendo a Carlos Ramírez Fuentes, ex titular de la Consar-Peña (hoy
empleado de la consultora Integralia) y a su sucesor en la 4T, Abraham
Vela Dib, en pensiones, la iniciativa ratifica pagarlas por
capitalización individual. Pero el propósito principal no es mejorar las
pensiones, sino recaudar recursos con el incremento de cuotas a los
trabajadores.
Los de la ley 93 reciben apenas pensiones menores a 30 por
ciento del último salario devengado. Se afecta principalmente a los 15
mil derechohabientes de cuentas individuales, debiendo también
garantizarse respeto a los derechos de los actuales
jubilados/pensionados y del personal amparado en la ley 1983. Al modificar los transitorios 15 y 17 de la ley 1993
el estado de Nuevo León evade su responsabilidad adquirida con ella
misma. Además de que su esquema financiero, vía cuentas nocionales, deja
en la incertidumbre a los trabajadores sobre el futuro de sus recursos
y, al final del día, vuelve a pagar con cuentas individuales. Agréguese
que la aplicación de un salario regulador ponderado contradice y anula
la promesa que se hace a los trabajadores para mejorar el monto de sus
pensiones.
Recientemente, Abraham Vela Dib, responsable de la Consar, observó
que “el sistema de ahorro en cuentas individuales es lo que conviene al
país, así como fortalecer el ahorro voluntario ( La Jornada, 21/1/20).
En materia del servicio médico se afecta a 21 mil 346
derechohabientes y a 13 mil jubilados y sus familias. Pero 63 mil
derechohabientes, indican en “rechazo a la reforma Isssteleón”,
están en riesgo permanente de perder vida y salud, gastando mucho del
magro salario por el pésimo servicio recibido durante los pasados siete
años. Esta situación deriva del trato inequitativo –por parte del
gobierno del estado– en la aportación del déficit médico que genera la
administración del servicio y que privilegia a algunos por exclusión de
otros. Y se agrava con el más que opaco suministro de recursos, vía la
Tesorería del estado, al Consejo Directivo de Isssteleón quien
administra servicios de cobertura directa, en ocasiones, sin cobrar
contraprestación. Debe añadirse la rampante corrupción con que se
administran los recursos de los servicios, casi sin control y con nula
fiscalización. Hoy se ignora el monto exacto de los pavorosos pasivos.
La gravedad de la situación se aprecia en la pérdida de vidas por
atención inadecuada e inoportuna; sufrimiento de los pacientes, falta de
equipo y aparatos médicos para la atención médica de calidad; retraso
criminal en operaciones quirúrgicas de urgencia, desabasto constante y
pago del bolsillo de los trabajadores. La iniciativa del gobernador
Jaime Rodríguez es omisa y no se ocupa en ésta delicada materia.
Un penoso episodio similar al de Isssteleón ocurrió con la, también inoportuna, iniciativa del gobernador Alfredo del Mazo para
reformaral Issemym de septiembre 2018. Una vez impuesta, el Congreso del estado de México la abrogó sólo unos meses después.
Los nuevos tiempos de la 4T no pueden admitir semejantes imposiciones. ¿Cómo podría
atenderAMLO la reiteradamente ofrecida acción –de la 4T– para enfrentar el profundo desafío pensionario nacional cuando los gobernadores Del Mazo y Rodríguez (con fuerte presencia de la Afore-XXI-Banorte en sus sistemas estatales) militan activamente justo en sentido contario de aquello que reclama urgente solución defendiendo modelos donde todo ya fracasó?
*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
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