Ciudad de México. En 18 años, de 2002 a junio de
2020, el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e
Información de la Mujer (CIMAC) registró 898 agresiones contra mujeres
periodistas en México, entre ellas 19 casos de feminicidio.
Ante el creciente número de agresiones y con el objetivo de abonar a
la construcción de la memoria histórica, este jueves CIMAC presentó la “Cartografía de la violencia contra las periodistas”, una página web donde se visualizan los casos por entidad y a través del tiempo.
La periodista y directora de CIMAC, Lucia Lagunes Huerta, explicó en
la presentación que el mapa virtual muestra la evolución de la violencia
y destacó que por medio de esta herramienta se puede visualizar que los
estados con más casos registrados son Ciudad de México (154 casos),
Veracruz (100), Puebla (84), Coahuila (63) y Guerrero (52).
En esta violación al derecho a la libertad de expresión, dijo la
periodista, el Estado tiene una responsabilidad, pues los principales
agresores son autoridades de gobierno y a la par las instituciones
encargadas de garantizar justicia, al permitir la impunidad porque actúa
con una mirada misógina.
Al participar en la presentación virtual de esta cartografía, la
periodista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, Lydia
Cacho Ribeiro, enfatizó que una forma de atacar a las democracias es
atacar a las mensajeras, quienes están investigando, en condiciones
pauperizadas, termas como la pobreza, el ecocidio y nuevas formas de
corrupción y mafiocracia del Estado mexicano.
La violencia contra mujeres que se muestra en este trabajo es la
respuesta al papel que juegan en las transformación del entorno y la
dinámica del periodismo, dijo Lydia Caco, quien desde hace un año vive
en exilio después de que el 21 de julio de 2019 dos sujetos armados
allanaron su casa, envenenaron a sus perras y robaron material
periodístico sensible.
Para la reportera de investigación, las periodistas son quienes han
llevado la perspectiva de género, de Derechos Humanos y de paz al
periodismo latinoamericano, enfoques que han aprendido en lo individual y
lo colectivo y que ha hecho la diferencia. “Hemos cambiado el
periodismo y esa aportación tienen un costo enorme”, expuso.
La autora de 16 libros, entre ellos “Los Demonios del Edén”, que le
valió ser perseguida y torturada en 2005, señaló que las mujeres
periodistas son violentadas por sus técnicas y estrategias de
investigación y documentación, pero también porque son mujeres que se
revelan ante el poder patriarcal.
En el contexto mexicano y de la región, dijo, una de las estrategias
de los gobiernos es la guerra informativa donde los poderosos se
victimizan diciendo que son perseguidos por las y los periodistas, como
si la verdad fuera un ataque; por esa razón tratan de ocultar la
realidad que las comunicadoras documentan.
Cacho Ribeiro criticó que los gobiernos se empeñen en señalar que el
periodismo de investigación tienen algo de “perverso” en contra de los
patriarcas de la política y que por eso utilicen tácticas de
denigración, descalificación y manipulación de la vida privada de las
periodistas,.
En su participación, el relator especial de Libertad de Expresión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza,
explicó que cuando se habla de discriminación estructural contra las
periodistas no sólo significa que la situación de violencia le ocurrió a
una mujer, sino que este hecho se basa en una histórica desigualdad de
poder y de estigmatización estructural.
Lanza, quien ha sido relator de la CIDH por casi 6 años y en octubre
próximo concluirá su mandato, consideró que a las mujeres se les ha
confinado al espacio privado, del hogar y los cuidados, por eso explicó
que quienes se dedican al periodismo son atacadas, porque hay una
intención, manifiesta o inconsciente, de reducirlas a ese papel.
El también abogado, experto en libertad de expresión, agregó que los
Estados de la región deben incorporar esta mirada de género y ver que
existe una discriminación y violencia especifica contra mujeres
periodistas y de alto perfil público.
En el caso de México, señalo que después de la visita oficial que
realizó al país en 2017, junto con el relator especial sobre Libertad de
Expresión de la ONU, David Kaye, constató que todos los gobiernos
mexicanos han tenido problemas con la prensa, y aunque se pensó que el
gobierno que llegó al poder en 2018 iba a ampliar el espacio democrático
y no reducirlo o atacarlo, esto no sucedió.
Las altas autoridades, mencionó, tiene un discurso y estrategia que
reduce la democracia mexicana, por ejemplo cuando se usan frases como
“sicarios de la tinta” (aludiendo a la frase “prensa sicaria” que se ha
popularizado en México), que acuñó el expresidente de Ecuador, Rafael
Correa, para referirse a la prensa.
El relator también destacó que los asesinatos de las periodistas
Miroslava Breach Velducea, en Chihuahua, el 23 de marzo de 2017; y de
Maria Elena Ferral, en Veracruz, el pasado 30 de marzo, así como la
amenaza a Lydia cacho Ribeiro, tienen un hilo conductor: ellas
investigaban el poder patriarcal de las regiones coludido con el crimen
organizado. “No es casual que cada ves las mujeres este tomando el papal
de investigación”, dijo.
Cartografía de la violencia
Las periodistas y el experto en libertad de expresión coincidieron en
que aun faltan más mujeres en puestos de decisión, en la necesidad de
mantener los recursos para las medidas de protección a periodistas en
riesgo y señalaron su preocupación por la persistencia de los ataques
contra la prensa.
La cartografía expone que en 70 por ciento de
los casos de agresiones se trató de reporteras que estaban realizando
investigaciones periodísticas donde se evidenció corrupción, desvío de
fondos y violaciones graves a los Derechos Humanos.
El resgistro de este mapa identifica que la violencia psicológica es
la más recurrente (77 por ciento de los casos la presentan), la cual se
expresa en amenazas, desprestigio de la labor periodística y
hostigamiento. En 37 por ciento de los casos fue violencia física como
detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad y ataques con
arma de fuego.
En 12 por ciento de los casos se trató de violencia patrimonial
relacionada con allanamiento de vivienda, despojo de material de trabajo
y daños a los bienes de las periodistas. En 6 por ciento de los casos
se trató de violencia sexual como acoso sexual en redes sociales o en el
espacio físico o campañas de difamación o amenazas con connotaciones
sexuales.
Los hechos violentos suceden principalmente en espacios
institucionales (46 por ciento), seguido de comunitarios (30 por
ciento), laborales (3 por ciento) y en los últimos años se ha registrado
un aumento en espacios digitales (18 por ciento).
La cartografía, expuso la encargada del área de Libertad de Expresión
y Género, de CIMAC, Adriana Ramírez Vanegas, indica los casos
documentados. Por ejemplo, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador se han documentado 271 casos de violencia contra mujeres
periodistas, es decir, cada dos días una periodista es violentada. Al
primer semestre de 2020, ya se vislumbra como el año más violento, con
127 ataques contra las informadoras.
Las periodistas y el experto señalaron que la impunidad es la
constante, por eso llamaron a tomar las recomendaciones de los
organismos internacionales para fortalecer el trabajo de las
instituciones encargadas de la protección e investigación de estos
crímenes y al gremio a reforzar redes de apoyo.
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