Hablar de derecho a la salud y de la obligación del Estado a
garantizarlo no implica eximir a la sociedad o a las personas de la
parte que les incumbe en cuanto a protección a la salud. No es el Estado
quien decide si fumamos o nos alimentamos de azúcar. No estaríamos
dispuestas a que el Estado interfiriera directamente en nuestras
decisiones personales acerca de nuestra salud física o mental. Sin
embargo, el Estado está obligado a garantizar el derecho a la salud, y
tiene la facultad de regular factores que inciden en prácticas y
conductas que afectan ésta, como lo ha hecho con medidas como el
impuesto a refrescos y cigarros o el etiquetado a los productos
alimenticios, impulsadas por grupos de la sociedad civil.
En un país tan desigual como el nuestro es además crucial una
política de salud pública que, como han escrito especialistas (González
Vélez, Guerra de Mercado), responda a las necesidades de la población,
con sus desigualdades, tome en cuenta condicionantes externos e incluya a
sectores que influyen en las opiniones y decisiones que afectan la
salud (empresas, publicidad, escuelas), de modo que la sociedad pueda
tomar mejores decisiones.
Como plantea también el médico y antropólogo francés Didier Fassin,
la salud pública, como bien común, conlleva ofrecer a las personas las
condiciones necesarias para hacerse responsables de su salud, mejorarla y
satisfacer sus necesidades. En este sentido, el Estado mexicano tiene
una tradición de políticas de salud pública exitosas (con matices), como
el combate a la tuberculosis o al dengue o las campañas de vacunación o
de prevención del embarazo.
Ha quedado a deber, sin embargo, en cuanto al acceso universal a
servicios de salud de calidad y con frecuencia ha sido omiso en la
regulación de factores dañinos a la salud.
Partiendo de un sentido amplio de la salud pública, el Estado no es
el único que determina qué es un problema de salud pública, e incluso
puede resistirse a reconocerlo. La violencia contra las mujeres o el
aborto inseguro, por ejemplo, se reconocieron a nivel internacional y
nacional como problemas de salud pública gracias a las luchas de grupos
feministas, defensores de derechos, personal médico y organismos
diversos. No obstante, pese a la contundencia de estos problemas, tanto
gobiernos anteriores como el actual han tendido a minimizarlos en los
hechos o, ahora, a negarlos. Otros problemas contundentes, como la
obesidad o la diabetes, sí han recibido más atención gubernamental pero
las medidas para remediarlos, más allá de lemas, han sido deficientes
ante la pobreza, las desigualdades en el acceso al agua potable y a la
alimentación de calidad, la resistencia de grupos de interés o la
negligencia de funcionarios (como en el caso del nuevo etiquetado de
productos alimenticios, apenas aprobado en marzo y al que aún se
resisten grupos empresariales).
Como han mostrado los terribles estragos de la pandemia que
atravesamos, el compromiso con la salud pública no se mide sólo en
número de hospitales y “beneficiarios”. Ha de incluir el acceso a
servicios suficientes y de calidad para todos, un presupuesto adecuado y
buenas condiciones de trabajo para el sector salud, y la protección de
su personal. También requiere la prevención efectiva de condiciones que
agravan los efectos del nuevo virus: desde la obesidad y la hipertensión
(que afectan a millones de personas) hasta los daños inmediatos y
mediatos causados por la contaminación del aire, el agua y la tierra,
factores que no dependen sólo de las personas sino del equilibrio
ecológico y la calidad del medioambiente y de las condiciones
habitacionales y laborales de familias y comunidades.
Para hacernos cargo de nuestra salud, como recomienda ahora el
gobierno, habremos de valorar, demandar y promover, entre otros, el
acceso universal a agua y drenaje, un desarrollo sustentable con respeto
al medioambiente y disminución de fuentes de contaminación (minas,
refinerías); el respeto a condiciones laborales dignas, transporte
público eficiente, aumento de recursos al sector salud e información
transparente y accesible acerca de la pandemia y de las medidas que,
como personas y sociedad, podemos tomar para mejorar nuestra calidad de
vida.
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