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5/16/2020

Furia Feminista: Acción global contra las empresas transnacionales

                 

Furia Feminista - Episodio 06: 24 horas de Solidaridad Feminista contra las Transnacionales

Furia Feminista podcast Radio Mundo Real Marcha Mundial de Mujeres Furia Feminista: podcast de RMR y Marcha Mundial das Mulheres-Brasil


El 24 de abril es el Día de Acción Global contra las Empresas Transnacionales, convocado por la Marcha Mundial de las Mujeres para exigir justicia por las víctimas del derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh y, en el millar de trabajadoras textiles muertas y heridas, evidenciar en qué condiciones se hace la ropa de las grandes marcas. Pero más aún: en qué condiciones se producen los alimentos en grandes terrenos manejados por el agronegocio, que explotan a trabajadoras y trabajadores migrantes; en qué condiciones llega la comida pedida por aplicaciones móviles y deliverys de plataformas; cómo siguen trabajando las y los obreros en minas, hidroeléctricas y empresas forestales para generar energía y papel.

¿En qué condiciones y a qué costo humano? Ya dijimos que el lucro no vale la vida.

La pandemia por COVID-19 ha exacerbado el teletrabajo como propuesta para «no parar» la economía, para no parar de producir, ahora desde nuestras casas (asumiendo que tenemos las condiciones para). El teletrabajo es una de las grandes apuestas en los denominados trabajos del futuro, pero todavía no hay regulaciones ni derechos laborales que lo abarquen. Y teletrabajo no es igual a trabajar desde casa -que es mayormente lo que pasa ahora-.

Sobre esto, el «derecho a la desconexión» y la necesidad de proteger los datos personales de las y los trabajadores ante la vigilancia de las empresas empleadoras, hablamos con Sofía Scasserra, economista argentina, experto en comercio electrónico y acuerdos comerciales internacionales.

El teletrabajo en contexto de pandemia visibiliza todavía más cómo las mujeres nos hacemos cargo de la economía del cuidado, ahora sobrecargadas por el trabajo -productivo y reproductivo en casa- junto a la enseñanza de los niños -amenazando paralelamente a las maestras y docentes con pasar a la educación digital sin recursos ni garantía alguna-,

En la segunda parte del programa hacemos un recorrido por las decenas de acciones virtuales que se han llevado adelante las organizaciones que conforman la Marcha Mundial de las Mujeres este 24 de abril, a la que se ha sumado la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional (ATI).

Leticia Paranhos, del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de ATI, nos habla de la participación de la federación en la actividad de Solidaridad Feminista y cómo se articulan las luchas entre el movimiento feminista y el ambientalista para exigir que las empresas transnacionales rindan cuentas por sus violaciones a los derechos humanos.

Además, Cony Carranza Castro, salvadoreña, educadora popular feminista que forma parte de los colectivo Mujeres del Mundo Babel, Garaipen y de la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria, describe las principales problemáticas que tienen las mujeres del País Vasco y qué respuestas están dando a ellas.
(CC) 2020 Radio Mundo Real

El virus del capitalismo y la hipocresía corporativa

Por Tica Moreno, militante de la Marcha Mundial de las Mujeres e integrante del equipo de SOF-Sempreviva Organización Feminista.
Marcha das Margaridas 2019 | Foto: Sue Cassimiro


En estos meses de pandemia, la situación de aislamiento social revela muchas cosas que, desde hace tiempo, son parte de nuestra critica feminista al capitalismo racista y patriarcal. Se hacen más evidentes los trabajos esenciales para la vida, los cuidados (remunerados o no), la producción de alimentos y todos los trabajos cotidianos, muchas veces invisibilizados, que garantizan que la vida siga. Todo ese trabajo es hecho de diferentes formas: en su mayoría por mujeres con baja renta y muchas veces sin derechos, en el ámbito comunitario, con relaciones de cooperación y solidaridad (como las ollas populares, cocinas y comedores comunitarios en varios países) y en la producción campesina y agroecológica que es fundamental para alimentar a la mayoría de la población.
Mas, ante la ganancia de los grandes empresarios que ponen en riesgo la vida del pueblo, vemos que identificar lo que es esencial depende mucho de la perspectiva. Para el capital (y por lo tanto para las empresas trasnacionales) lo esencial es el lucro. Y para los movimientos sociales, el desafío es colocar la economía al servicio de la vida, o sea, colocar la vida por encima del capital.
Las disputas en relación con los ejes del conflicto del capital contra la vida son estratégicas en la apuesta por las luchas emancipadoras, que tienen el desafío de enfrentar la coyuntura sin perder el horizonte de transformación estructural que orienta nuestro feminismo anticapitalista. Por eso, en este contexto, la Marcha Mundial de las Mujeres realiza una vez más, el día 24 de abril, una acción (en esta ocasión virtual) de solidaridad feminista contra el poder de las empresas trasnacionales. Este día recordamos la muerte de mas de mil mujeres en el derrumbe del edificio de Rana Plaza, ocurrido en 2013, quienes trabajaban en talleres de confección para grandes marcas textiles trasnacionales.
Estas empresas se organizan cada vez más en cadenas globales de producción, con subcontratación, tercerización y desplazándose por varios países. En esas dinámicas están interrelacionadas la división internacional social, sexual y racista del trabajo. El objetivo es uno solo: reducir los costos de trabajo para ampliar los lucros de las empresas. Las transnacionales acumulan hoy más recursos que muchos de los países.
Grandes grupos económicos, generalmente con sede en los países del Norte, controlan desde la extracción de materia prima hasta la producción y distribución de bienes y servicios. Como parte de su actuación, destruyen la naturaleza, violentan y expulsan a las personas de los lugares donde siempre vivieron. Impulsando instrumentos como los tratados de libre comercio y de inversión, colocan a los Estados a su servicio, en un proceso de captura corporativa en el ámbito nacional e internacional.
Durante la pandemia de la COVID-19, las empresas trasnacionales se mueven en la misma lógica de siempre para ganar dinero y profundizar la acumulación, aún en este momento de crisis. La pandemia también pone en evidencia la tentativa de las grandes empresas de legitimarse como sujetos centrales de la organización de la vida, de las salidas de esta crisis e inclusive como referencia para una ciudadanía global.
Esto fue evidente en una trasmisión de shows con grandes nombres de la música internacional, en inglés y la participación de artistas del Sur global, articulada por la organización no gubernamental (ONG) internacional Global Citizen, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el apoyo de muchas trasnacionales y sus fundaciones filantrópicas como Procter & Gamble, Johnson & Johnson, PepsiCo, Microsoft y la Fundación Bill y Melinda Gates. Este ejemplo no inaugura ninguna práctica nueva, pero ilustra muy bien como las empresas trasnacionales se articulan para capitalizar en todas las situaciones.
Otro ejemplo del oportunismo de esas empresas es cómo, considerando el crecimiento del feminismo en varias partes del mundo, muchas trasnacionales han incorporado el discurso del “empoderamiento” individual y de la “diversidad” en sus eslóganes. Se trata de un “maquillaje lila” que intenta ocultar la violencia y la explotación de la acumulación capitalista. Esa estrategia queda evidenciada en propagandas y productos de muchas empresas que tienen a las mujeres como público objetivo principal, como las líneas de jabones de Dove, de champú Pantene o de las toallas sanitarias Always. Esas marcas, que han hecho esas propagandas basadas en el empoderamiento, son de las mismas trasnacionales (Unilever y Protecr & Gamble) que, en otras “submarcas” focalizadas a los consumidores masculinos, continúan haciendo propagandas con mensajes de sumisión de las mujeres (como el desodorante Axe). Esto sin mencionar la explotación de las trabajadoras de esas empresas, que, ciertamente, no están nada empoderadas en sus trabajados precarios.
Hace tiempo que estamos denunciando a las empresas de cosméticos y farmacéuticas, que lucran con el malestar de las mujeres en sus cuerpos. Juntos, la biomédica, las trasnacionales, el machismo y el poder médico venden ilusiones de bienestar y felicidad, mientras invaden el cuerpo de las mujeres y niegan su autonomía. El discurso de empoderamiento no impide que las empresas vendan sus productos de siempre. En verdad, son un nuevo elemento para el marketing de aquellos viejos productos.
Además de las propagandas, vemos a las grandes empresas (como la propia Unilever) financiando proyectos locales que movilizan mujeres en comunidades con poco acceso a la salud, incentivando el emprendedurismo y la concientización sobre prácticas de higiene personal – usando productos fabricados por la propia empresa, ampliando así el mercado. En el mismo sentido, las empresas a través de sus institutos (como Avon, Coca -Cola y C&A), se presentan como promotoras de la concientización y de los derechos de las mujeres, directamente, o por el financiamiento de investigaciones y de iniciativas locales de grupos de mujeres.
Aún cuando esas estrategias corporativas pautan temas como el enfrentamiento a la violencia o incentivan el empoderamiento de las mujeres, el abordaje se limita a los comportamientos individuales: incentivan la idea de que las mujeres puedan hacer todo lo que quieran (siempre que mantengan intactas las estructuras del capitalismo en general y los lucros de esas empresas en particular). Esas mismas empresas se enriquecen con base en la explotación del trabajo femenino sin derechos (en la tercerización y en el trabajo por cuenta propia o a domicilio), en el control de los territorios y del agua, en la creación de nuevas necesidades e imposiciones sobre el cuerpo y la belleza de las mujeres (siempre y cuando los nuevos patrones “se abran” para las diferentes identidades y las diversidades).
Todo esto despolitiza el acumulado del feminismo, transforma el feminismo en un discurso ajeno a los cambios reales, restringe el feminismo a un comportamiento. No es casualidad. Esto se da en un momento de creciente negación de la política como práctica colectiva, de criminalización de las luchas sociales, de descalificación y persecución a los movimientos sociales.
Todas estas estrategias aparecen en los informes de sustentabilidad de las empresas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. La Organización de Naciones Unidas (ONU) no sólo legitima, sino que construye instrumentos para que las empresas tengan este tipo de actuación. No es casualidad que empresas como las nombradas anteriormente también financian a la ONU; un proceso denominado “captura corporativa” por los movimientos sociales.
Por eso necesitamos mantener siempre la desconfianza y los ojos bien abiertos ante la actuación de las empresas trasnacionales, no caer en sus trampas y estar atentas, organizadas, para denunciar su actuación e impedir sus crímenes contra la vida.
En estos momentos de crisis, la economía feminista tiene mucho para orientarnos: para colocar la sustentabilidad de la vida al centro de nuestras prácticas de resistencia y de nuestras propuestas de transformación. Enfrentamos la pandemia del coronavirus y el autoritarismo de muchos gobiernos, y hemos colocado el desafío de organizarnos aun manteniendo las distancias necesarias para la prevención.
En la práctica, esto significa: fortalecer las iniciativas de solidaridad que reconstruyen y refuerzan los lazos de las comunidades y la autogestión de la vida común; visibilizar, denunciar y proteger a las mujeres que viven en situación de violencia; fortalecer y apoyar las movilizaciones de trabajadoras y trabajadores por derechos y por mejores condiciones de trabajo; conectar la reivindicación de políticas públicas de combate a la pandemia con la lucha por transformaciones urgentes en nuestras sociedades. Eso incluye la reivindicación de sistemas públicos y universales de salud; el descongestionamiento de las cárceles; el derecho a vivienda en condiciones dignas; con saneamiento básico; la reorganización de las prioridades de los recursos públicos y de los trabajos esenciales; el fin del poder de las empresas del agronegocio y de los supermercados sobre nuestra alimentación, con reforma agraria y soberanía alimentaria.
En esta agenda, el internacionalismo es fundamental. Por eso reivindicamos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del los bloqueos y sanciones a países como Cuba y repudiamos las amenazas y operaciones militares de los Estados Unidos contra Venezuela.
Estos elementos se expresarán el día 24 de abril en la Acción de Solidaridad Feminista contra el Poder de las Trasnacionales, impulsada por la Marcha Mundial de las Mujeres. Son elementos para una agenda feminista anticapitalista.
(CC) 2020 Radio Mundo Real

4/25/2020

24 Horas de Solidaridad Feminista Contra las Empresas Transnacionales


rmr.fm                  

Con Leticia Paranhos, coordinadora de Justicia Económica - Amigos de la Tierra Internacional, recordamos el crimen en Rana Plaza.

 
  Leticia Paranhos. Foto: E. Mattioli/RMR.                
El 24 de abril de 2013, el edificio en Savar (Bangladesh) de la fábrica textil “Rana Plaza” colapsó y se derrumbó. Murieron 1127 personas que trabajaban allí -en su mayoría eran mujeres-, otras 2437 resultaron heridas y con secuelas físicas y psicológicas.
Entre los escombros quedaban al descubierto las condiciones inhumanas en que estas trabajadoras realizaban sus tareas a cambio de un salario miserable, lo que generó un movimiento internacional para exigir la reparación de la víctimas por los daños ocasionados.
El debate se actualiza cada año con trabajos precarios o en la informalidad, como las maquilas en Ciudad Juárez, las actividades mineras en Minas Gerais, la cadena del agronegocio explotando a jornaleras en Huelva e incluso explotándolas sexualmente, los atropellos -literales y en sus derechos laborales- que sufren quienes hacen rodar bicicletas en cualquier capital del mundo cargando una mochila y comida caliente para llevar.
Desde 2015, la Marcha Mundial de Mujeres recuerda el crimen cometido en Rana Plaza y llama a la acción cada 24 de Abril como Día de Solidaridad Feminista Contra las Empresas Transnacionales. Este año serán 24 Horas de Solidaridad a través de diversas actividades y conversatorios virtuales, para reflexionar sobre el trabajo de las mujeres en las dinámicas de la economía mundial, en especial sobre el papel de las transnacionales en la precarización laboral y en los abusos a la clase trabajadora.
La federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional (ATI) se suma a estas horas de solidaridad, como parte de su lucha contra la impunidad con la que actúan las empresas transnacionales en todo el mundo, y para acompañar la agenda de la Quinta Acción Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres.
Con Leticia Paranhos, coordinadora del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de ATI, hablamos sobre cómo se suma la federación a este día de lucha, desde las bases hasta a nivel internacional con una perspectiva antipatriarcal.
«Para Amigos de la Tierra Internacional es muy importante movilizarnos a nivel global y denunciar la perversidad de las transnacionales que causan muertes en su afán de no ‘parar’ la economía”, dijo Paranhos recordando “cuando representantes de este sector, o incluso a jefes de Estado capturados por este sector, dicen que algunas vidas son ‘desechables’, que lo que importa es la economía capitalista, que la acción del capital no puede parar… eso demuestra mucho la perversidad de este sistema y de sus actores centrales”.
Paranhos también recordó la participación de ATI en las negociaciones para garantizar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas: “Las empresas tienen mecanismos para juzgar a los Estados [si entienden que perjudican sus proyectos]. Por eso necesitamos un cambio radical del sistema, que regule a las empresas transnacionales y blindar los derechos de personas afectadas por los proyectos y acciones de las ETN en diversos países del mundo. Hoy las empresas no se responsabilizan por nada de lo que hacen y actúan con impunidad”.
(CC) 2020 Radio Mundo Real


6/17/2019

México pagó 242 millones de dólares a 9 trasnacionales por “afectar sus intereses”

En 16 años, México pagó 242.9 millones de dólares a nueve empresas trasnacionales, como compensación por demandas que apelan al arbitraje supranacional en tribunales a puerta cerrada, revela el informe Casino del extractivismo, elaborado por el Instituto de Estudios de Políticos, el Centro de Derecho Ambiental Internacional y la Alerta Minera de Canadá.


Se trata de las estadunidenses Cargill, Metalclad, Feldman, ADM y Corn Products; las españolas Abengoa y Tecmed; la francesa Gemplus; y la argentina Talsud.
El análisis refiriere que los grupos empresariales se valen del arbitraje supranacional cuando las cortes de los países –en su mayoría latinoamericanos– instrumentan políticas públicas que “afectan sus inversiones” en respuesta a las exigencias de comunicadas afectadas. “El acudir al arbitraje representa una amenaza a la determinación de los pueblos”.
Según Manuel Pérez Rocha, coautor del informe, esta supuesta “justicia” es unidireccional: “sólo las empresas pueden demandar a los gobiernos en las cortes [de arbitraje internacional]”. Durante la presentación del reporte, el investigador advirió que las empresas se respaldan en las cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y Estado, incluidas en los tratados de libre comercio y en tratados bilaterales de inversión.
Tales cláusulas son: la expropiación indirecta, en donde se busca compensación esperada cuando no se otorgan concesiones; la provisión de controles de capital que permite sacar de manera rápida su dinero del país;  recibir trato nacional; la completa protección y seguridad, es decir proteger las inversiones extranjeras a costa de las afectaciones ambientales, lo cual obliga a los gobiernos a reprimir a su población en el caso de resistencia, explicó Perez Rocha.
Por su parte, Jen Moore –coautora del informe– detalló que los procesos llevados en tribunales privados son a puertas cerradas donde tres jueces no permiten la estadía de testigos, por lo tanto “las comunidades afectadas no tienen acceso”.
De acuerdo con el análisis, este sistema ha sido catalogado como “una caricatura del sistema legal”. Son dos los principales tribunales donde se llevan los casos: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

 Cuatro amenazas de mineras para México

Además de que el país recibiera demandas de los sectores de desechos y agricultura, México ha sido amenazado en cuatro ocasiones por empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.
La primera fue en 2010, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la trasnacional canadiense Blackfire Exploration. Ésta amenazó con presentar una demanda por 800 millones de dólares luego del cierre de una de sus minas en Chiapas –la de La Revancha– a pocos días del asesinato del dirigente comunitario y opositor a la minería Mariano Abarca. La demanda no continúo y se “disolvió” en 2017.
Un año antes, en 2016, en el marco de la firma de la cumbre de los “Tres Amigos” [México, Estados Unidos y Canadá], la empresa canadiense Primero Mining  interpuso una notificación de intención de demanda porque el gobierno federal quiso incrementar el monto a sus impuestos, con base en sus ventas de plata. El proceso arbitral fue suspendido en 2018 como consecuencia de negociaciones con el gobierno mexicano, señala el informe Casino del extractivismo.
El tercer caso se presentó en septiembre de 2018, cuando la empresa estadunidense Legacy Vulcan, LLC, notificó su intencipon de demanda como consecuencia de un conflicto ambiental sobre el extractivismo de piedra caliza en Quintana Roo. Al no solucionar el conflicto, este 2019 formalizó el proceso por un monto de 500 millones de dolares.
La empresa Odyssey Mineral Exploration también notificó su intención de demandar al país por 3 mil 540 millones de dólares a causa de no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato.
Aunque las cláusulas que permiten estas controversias fueron desechadas para el gobierno canadiense, se mantienen vigentes para México bajo el Tratado Transpacífico, por lo que las mineras canadienses seguirán demandando al país, destacaron Moore y Pérez Rocha.
Jordana González

3/17/2019

Nestlé instalaría planta de café en Veracruz con engaños: Vanderhoff

Organización Uciri
Su producto será de segunda, seguramente comprado en Brasil o Vietnam, señala
Falsas promesas de empleo y sólo busca sacar ventajas

▲ Francisco Vanderhoff Boersma, sacerdote de origen holandés e impulsor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (Uciri).

Ixtepec, Oax., El impulsor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (Uciri), Francisco Vanderhoff Boersma, señaló que Nestlé pretende instalar su planta de café en el estado de Veracruz con engaños y promesas de empleo.

Además, el producto que pretende vender la trasnacional, explicó la figura central en la construcción del mercado justo y en el boom de la producción de café orgánico en México, será de segunda calidad porque sembrará café robusta, variedad importada que se cultiva en un clima cálido y requiere de abundante sol, lo cual originará devastación de árboles y espacios naturales para su cosecha.
El que Nestlé coseche con café robusta afectará la calidad de cafés suaves y típicos de México, sobre todo (para) el café soluble, (porque) ellos mezclan el molido con el robusta, ellos nunca van a entrar en el tema de la plantación; no tienen fincas, no son productores y todo lo adquieren con revendedores, nunca acorde con los intereses reales de los pequeños productores, eso no sucede aquí, señaló.
El sacerdote de origen holandés, nacionalizado mexicano, mencionó que cuando escucharon que Nestlé construiría una planta en Veracruz, pensaron que cómo es posible que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo permita, porque no se abrirán grandes fuentes de empleo como lo presume la trasnacional.
Destacó que la intención de Nestlé “es vender café de segunda, ‘el robusta’, que seguramente compraron en Brasil o Vietnam, que importaron pues, y dijimos, eso no puede ser, no entendemos por qué el Presidente actual apoyó este proyecto y pensaron que probablemente fue por el gancho de que ‘creará fuentes de empleo’; pero les decimos que como es una tostadora sólo requerirá de unas dos personas, porque todo es automático”.
Añadió que la empresa sólo podría emplear como máximo a 18 personas, en su etapa operativa, porque en la etapa de construcción requerirá de un mayor número de trabajadores de otro tipo a quienes les pagará un salario injusto.
No entendemos por qué (el presidente Andrés Manuel) López Obrador cayó en la trampa de Nestlé, porque esta empresa es totalmente neoliberal y sólo busca sacar ventajas, insistió.
Relató que la situación de los productores de café de la Uciri no ha sido nada fácil. Hace dos años lucharon contra la plaga de la roya, la cual afectó mucho cultivo y por ende, se obtuvo una baja producción, que apenas el año pasado y en este 2019 han comenzado a reactivarse.
Uciri es una cooperativa conformada en el año de 1983 por campesinos que cultivan y cosechan café orgánico en la sierra mixe zapoteca del Istmo de Tehuantepec.
Desde entonces exporta café de grano y soluble a escala nacional e internacional, no cuenta con subsidio gubernamental sino todo se ha logrado mediante la organización y unión de las comunidades que la conforman, se ha hecho por tres décadas un trabajo en equipo gracias al ímpetu del sacerdote holandés.
Con Uciri eliminamos la pobreza y hemos fortalecido la organización, son más de 30 años de esfuerzo, elaboramos un café 100 por ciento de calidad y por eso rechazamos la planta de Nestlé porque propicia la mano de obra barata, la producción de un café de baja calidad y daño ambiental, concluyó Francisco Vanderhoff Boersma.
Foto Diana Manzo
Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 17 de marzo de 2019, p. 29

1/20/2019

Reformarán Ley Cafetalera en Veracruz para proyecto de Nestlé

Ya se tiene dictamen: SEDARPA




La empresa prevé invertir 154 mdd para instalar planta procesadora


▲ El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Veracruz, Eduardo Cadena Cerón, reveló que el Congreso local ya cuenta con un dictamen para modificar la Ley Cafetalera que permita concretar la instalación de una planta de Nestlé en la entidad.


Xalapa, Ver., El Congreso de Veracruz modificará la legislación local para que el proyecto de Nestlé anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, pueda concretarse, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Eduardo Cadena Cerón.

En la información oficial del proyecto se refiere que la empresa contempla una inversión de 154 millones de dólares en la instalación de una nueva planta solubilizadora, con capacidad para procesar hasta 20 mil toneladas de café robusta.

En entrevista con La Jornada, el funcionario estatal explicó que se deben modificar algunos términos de la Ley Cafetalera; que de hecho ya la analiza la diputada Norma Lagunes (del PAN, a cargo de la comisión especial de cafeticultura), y me comentó que ya tienen un dictamen. Habrá que ver que todo esté en orden para que soporte el proyecto.

Detalló que el plan de Nestlé incluye varias etapas; una de ellas tiene que ver con las adecuaciones legales. Esperamos concluir esa parte en unos tres meses a partir de que se hizo el anuncio (18 de diciembre de 2018). Cuando termine esa etapa empezarán a invertir.

El proyecto de Nestlé en la entidad, dijo, es un faro (porque) el estado les está diciendo a las grandes empresas: Veracruz es un lugar para invertir, confíen en nosotros.

El anuncio de la trasnacional más grande de alimentos, añadió, será una puerta a nuevas inversiones, porque “otras empresas dedicadas a diversas actividades ya están iniciando pláticas sobre planes.

Hay muchas cosas que detona el anuncio de Nestlé, y eso es lo bueno (porque) va haber mucho empleo, va a crear una nueva zona económica en el municipio de Veracruz y eso traerá derrama económica a la familias del puerto y de las zonas cafetaleras, apuntó.

El funcionario estatal expresó que cubiertos los requisitos legales, la Sedarpa emitirá una convocatoria para que los interesados en sembrar café robusta se inscriban ante la dependencia para que se les apoye en la producción de esta variedad.

Cuando Nestlé nos diga que podemos empezar, lo haremos; la producción de café robusta se lleva dos o tres años, entonces necesitamos empezar cuando antes para tener un buen nivel de producción de las plantaciones, expresó.

Aunque los caficultores han manifestado su rechazo a la planta y han pedido al gobierno que no subsidie las plantaciones de café robusta para Nestlé, Cadena Cerón refirió que los interesados en sembrar esa variedad para la trasnacional tendrán apoyo de la Sedarpa respecto de las plantaciones.

No se va a subsidiar la siembra de café robusta, pero se les va a dar apoyo para que siembren las plantas; los interesados vendrán con sus escrituras de parcelas, y se les va a dar cierta cantidad por hectárea. También les vamos a dar su paquete tecnológico: fertilizante, fungicida y la asesoría técnica.

El titular de la Sedarpa dijo que el café robusta se sembrará en zona de cañales abandonados tras el cierre de ingenios en la entidad, así como en zonas de ganadería, praderas y pastizales que también estaban abandonados por la baja en el precio del ganado. Aunque no han definido los municipios donde se llevaría a cabo la siembra, refirió que el gobierno veracruzano propuso ocupar ejidos o comunidades deforestadas, y en esas áreas plantar todo el robusta que se requiere para la trasnacional.

Para cubrir las necesidades de Nestlé, el titular de la Sagarpa dijo que es posible que sumen a cafetaleros de Oaxaca, “ya hablé con todas las organizaciones del sector del estado y de otras entidades, como Oaxaca, que también quiere sumarse a la siembra de café robusta.

Destacó también que con el programa Sembrando Vida (del gobierno federal) se va apoyar a la gente que quiere sembrar café, y la que quería vivir de ese cultivo lo podrá hacer. O se meten a sembrar bien el grano o que opten por la caña.

El funcionario estatal explicó que con los cambios en los programas de apoyo al sector, vamos a ir depurando al ramo cafeticultor, vamos a tener los que deben estar, cafeticultores reales.

Agregó que en regiones como Coatepec, “el problema es que ya no es cafeticultor. Ahí me dicen: ya no queremos sembrar el grano, no nos interesa, queremos urbanizar.

Mencionó que las zonas cafetaleras reales se encuentran en Xico, Teocelo, Huatusco y Atzalan; ellos sí son cafetaleros y están contentos con el programa”.

Cadena Cerón pidió a quienes tienen incertidumbre por la definición de apoyos al sector, que nos den tiempo para que después del foro cafetalero que realizaremos la segunda semana de febrero, les digamos cuánto dinero se tiene presupuestado para el café, y cómo se va a trabajar.

Foto Sergio Hernández Vega

Eirinet Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 20 de enero de 2019, p. 27

11/20/2018

Cancela firma de Canadá gasoductos en 4 estados

Habitantes se oponían a la obra
La empresa denuncia extorsiones

Puebla, Pue., Por la resistencia de comunidades indígenas y las mermas económicas que han generado las reformas a leyes de ingresos municipales, la empresa TransCanada canceló la instalación de los gasoductos Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, después de tres años de realizar el proyecto, informó su filial en México, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca.
Los gasoductos llevarían el combustible del Golfo de México a la zona centro del país, región con mayor demanda del energético, debido el creciente impulso que ha tenido la industria manufacturera en la región.
TransCanada aseguró que la cancelación del Tuxpan-Tula fue resultado de extorsiones de pobladores del norte de Puebla, zona en la cual se llevaría a cabo la obra, cuyos habitantes demandaban reparaciones a la compañía.
En un comunicado, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca aseguró que las peticiones de grupos sociales opositores al proyecto atentaron contra la viabilidad del proyecto.
Las exigencia de los habitantes se acercaron al punto de ser extorsiones, subrayó la firma canadiense sin ofrecer más detalles. Además, agregó, la empresa tuvo que enfrentar costos elevados para la obtención de permisos, debido a que las autoridades municipales hicieron cambios para exigir más recursos de forma discrecional.
La trasnacional invertiría en ambos proyectos mil millones de dólares, de los cuales 400 millones estaban destinados al gasoducto Tuxpan-Tula, obra de 263 kilómetros de tuberías que atravesaban 479 comunidades de los estados de México, Veracruz, Hidalgo y Puebla.
La obra tenía que empezar en octubre anterior; sin embargo, estaba detenida una tercera parte por la resistencia de los pueblos originarios, los litigios y la existencia de zonas arqueológicas en el trazo.
En un comunicado, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca admitió que cedió a la presión de los pueblos originarios.
La misma empresa subcontrató a Bonatti Spa para llevar a cabo la obra. Además, es la constructora italiana que al participar en el Proyecto Integral Morelos (un gasoducto, dos termoeléctricas y un acueducto) presionó a los gobiernos de Tlaxcala, Puebla y Morelos para reprimir y criminalizar a los opositores a esa obra.
El asesor jurídico del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, Raymundo Espinoza Hernández, dijo que las comunidades indígenas de Pahuatlán, Tlacuilotepec y Honey interpusieron amparos en 2017 para evitar que el gasoducto Tuxpan atravesara sus localidades.
Un año después, explicó, el juez ordenó suspender el gasoducto en las comunidades mencionadas, que iba del puerto de Tuxpan, Veracruz, a Hidalgo.
En Pachuca, Hidalgo, las comunidades de San Nicolás y San Antonio El Grande interpusieron dos amparos más por violaciones de procedimiento en permisos, autorizaciones y licitación de la obra.
El asesor jurídico advirtió que el gasoducto afectaría a más de 260 mil personas de al menos 459 localidades de 34 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo y estado de México.
No obstante, señaló que la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener) únicamente consideró que 15 comunidades indígenas podrían verse perjudicadas por el proyecto y, por tanto, como titulares del derecho a consulta.
Lo anterior, expresó, excluyó a 444 comunidades, que para los criterios de la Sener no son indígenas o no resentirían los impactos de la obra.
Fue en la comunidad de San Pablito, Pahuatlán, donde se llevaron a cabo varias consultas públicas, en las cuales se rechazó que el gasoducto atravesara el cerro sagrado de N’vite.
En los pasados tres años, según información de la Comisión Federal de Electricidad, cuatro gasoductos han sido cancelados en México, además de los de Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes.
También fueron eliminados los de Guaymas-El Oro, en 2017, y Ramal Tula, en 2015.

Reportero y La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada

3/20/2018

Trasnacionales y pueblos indígenas en lucha




Magdalena Gómez


La ciudadanía en nuestro país vive tiempos de campaña, aun sin ser militantes de partido político alguno. La campaña a que refiero no es la de los mensajes o promesas que se expresan en discursos de escasos contrastes, o por conducto de redes sociales y medios masivos de comunicación, o la que simula atender la suspensión de propaganda gubernamental en torno a programas sociales. En suma, no es la que regula el Instituto Nacional Electoral.


Esta campaña no se ostenta como tal y, claro, tiene reglas, las del capital trasnacional, y las aplica ciegamente mediante el Estado dominado y ocupado en que se ha convertido al proyecto emanado de una revolución, la de 1917. Toda una historia de avances y retrocesos, de luchas sociales, que aún no logran desmantelar ese auténtico poder metaconstitucional.

Mantenemos, por supuesto, los tres poderes, y cada periodo, en el Legislativo y el Ejecutivo, se nombran a unos y saltan a otros, en la lógica de garantizar el gatopardismo. La semana anterior tuvimos la perla de las evidencias, que por respeto al zapatismo me resisto a llamar la otra campaña, porque además se trata de la campaña, la real, la que verdaderamente nos afecta, seamos o no conscientes de ello.

Se efectuó el Foro OCDE México 2018 que, casualmente, celebra cada seis años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como una guía, dijeron, de las mejores prácticas internacionales para el desarrollo de políticas de la nueva administración. Qué claridad de lenguaje, no hay lugar a equívocos. Presentaron la tercera edición de la serie Prioridades estratégicas para México (Getting it Right para México), en la que se reivindican en el origen de las iniciativas del gobierno federal validadas en el acuerdo denominado Pacto por México, firmado en 2013 por todos los partidos políticos. Al respecto afirmaron: El reto de la inversión resulta crucial para el éxito de las políticas energéticas de México a mediano plazo. Sin la inversión necesaria, el sector energético no desencadenará su potencial para el crecimiento y la creación de empleos. Pemex ya afronta un desafío hoy, mientras lucha por aumentar las inversiones tan sólo para mantener sus niveles actuales de producción de petróleo. Hoy vinieron a reafirmar que las reformas resultaban prioritarias, y deben mantenerse y profundizarse. Sí lo son, en efecto, para las empresas que han sido favorecidas mediante concesiones para la exploración y explotación del petróleo, la minería a cielo abierto, gasoductos, de apertura y competencia en telecomunicaciones. La OCDE recomendó poner en práctica el sistema anticorrupción, el funcionamiento más expedito y transparente del sistema judicial, así como el combate a la inseguridad.

Le dio tarea a los nuevos administradores del Estado, incluso sus voceros expresaron que es comprensible que quieran introducir matices en política energética, pero de ninguna manera cambiar el rumbo ya trazado en la propia Constitución. En la misma línea tenemos las declaraciones cotidianas del gobierno federal en torno a la inevitabilidad de la continuidad, mientras apresuran el otorgamiento de concesiones en materia de hidrocarburos, cuestión no incluida en la veda electoral. Ningún partido ha fijado postura categórica al respecto, pero sus candidatos tranquilizan al capital y los que se esperaban más radicales, ofrecen frágiles respuestas y dejan a sus operadores, las declaraciones en torno a que las concesiones ya fueron revisadas y están en orden.

Pero también la semana pasada se escuchó la voz de la llamada sociedad civil ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la reunión celebrada en Ginebra, Suiza, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Más de un centenar de organizaciones presentaron un informe alternativo al del Estado mexicano sobre el conjunto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México. Por ejemplo, documentaron las violaciones en torno al derecho a la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas, y la delegación oficial señaló que a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a este derecho, se han tomado medidas y construido protocolos y agregaron que las problemáticas suscitadas en torno a estos procesos, se dan por las divisiones de las comunidades y no por omisiones o fallas en la aplicación. Obviamente no reconocen el papel activo de la parte gubernamental en la promoción de las mismas; en fin, recurrieron a la muy vieja coartada de los conflictos intracomunitarios. En la ONU también en estos días se ha abierto otra litis con el peñanietismo, con la presentación del informe Doble injusticia, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que cuestiona las bases de la llamada verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa, Todo ello mientras los pueblos indígenas, desde sus territorios, se resisten al despojo y a la violencia.

12/04/2016

La agroindustria alteró la comunidad en San Isidro


El Llano en Llamas ya no es el mismo
Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada

Por todo el Llano Grande se extienden los blancos invernaderos. En esta región del país la expansión agroindustrial es ilimitada y deja profundas huellas sociales y ambientales. Los testimonios de hombres y mujeres de San Isidro y poblados circundantes como Petacal, Alista o La Croix coinciden en lamentar la disgregación familiar, el cambio de mentalidad en relación a la tierra y el trabajo de los jóvenes, influidos (educados incluso) por las trasnacionales Monsanto y Amway-Nutrilite; o bien su emigración permanente.
Se añade el abandono de prácticas agrícolas sustentables y de las relaciones comunitarias. Los jóvenes enrolados en las plantaciones se encuentran sujetos a jornadas de 12 a 18 horas diarias, sin derechos laborales ni seguridad en el empleo. Pero se muestran orgullosos de la empresa y andan con los uniformes por las calles para diferenciarse de los campesinos. Forman parte de la gran familia mundial de Amway.
Los hijos de las parejas jóvenes que laboran en los campos pasan solos la mayor parte de la semana. Los pueblos hoy son dormitorio para cientos de personas locales, y ya muchas familias pernoctan en los invernaderos. Los niños permanecen en escuelas y guarderías como las que tienen en sus instalaciones Monsanto y Bioparques de Occidente, mientras sus padres y madres desarrollan jornadas extenuantes dentro de invernaderos a 40 grados de temperatura atestados de trabajadores, la mayoría migrantes indígenas de Guerrero, Oaxaca o Sinaloa, en condiciones peores aún. A lo huicholes van a engancharlos en la sierra, apunta un campesino. Lo que están produciendo son esclavos. En 2013 se destapó un caso de esclavitud en Tolimán: 275 jornaleros fueron liberados de la esclavitud a la que los sometía Bioparques, empresa que desde 2010 recibe millones en subsidios, como empresa socialmente responsable, según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Hay gentes que fallecen dentro de los campos, pero sus cuerpos aparecen tirados en los caminos, y nadie investiga, relata una doña mientras corta, descascara y separa con maestría los elotes tiernos. Adentro de los invernaderos les ofrecen droga, cocaína, qué sé yo, hasta los obligan a consumirla. Para que aguanten. En cuanto salen, y los sábados más, están esperándolos mujeres que les venden cerveza y alcohol. O son prostitutas. Todo lo quedan a deber, así que en cuanto cobran tienen que pagar esas cosas. Ella misma tiene hijos trabajando en Nutrilite. Los perdimos, ya nunca los vemos, suspira.
Cómo estarán las cosas en Petacal que Monsanto, establecida allí, acapara el maíz local, lo coyotea, y luego distribuye sus propios granos de marca a los pobladores. Por toda la región, al atravesar los campos, uno ve un desfile colorido e interminable de letreros anunciando las semillas y los agrotóxicos empleados en cada predio.
En el núcleo ejidal de San Isidro, municipio San Gabriel, a escasos kilómetros de donde Juan Rulfo pasó su infancia, se concentran los efectos más crudos de la modernización agrícola impulsada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la imposición de las prácticas de libre mercado a ultranza desde hace más de 30 años. A esto agréguese una fuerte presencia del crimen organizado que controla periódicamente la carretera Ciudad Guzmán-Autlán, que comprende estos municipios y sus caminos. Pero de la coexistencia entre las empresas y cárteles como Jalisco Nueva generación en el mismo territorio, la gente prefiere no hablar. Alguien comenta: “El crimen les da protección. También hacen abigeato: ‘Factúrame tu vaca o te la quito de todos modos’, nos dicen”.
Complicidades interminables
La lucha de San Isidro resulta ejemplar para los demás poblados. Las empresas la ven con esa desconfianza que inspiran en los patrones las personas que fueron despojadas con engaños. La ruta del despojo se inicia en 1942, cuando la propietaria de la hacienda El Petacal, Guadalupe Rojas Manzano, afectada por la expropiación de las 280 hectáreas en el decreto de Lázaro Cárdenas, promovió y obtuvo un certificado de inafectabilidad, alegando que era una pequeña propiedad. Conocida latifundista, dueña de más de 3 mil hectáreas en la región, sólo en El Petacal poseía mil 600. Al demostrarse el engaño en 1985, ¡40 años después!, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) anuló el certificado de inafectabilidad otorgado por el presidente Manuel Ávila Camacho en favor de Rojas Manzano.

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Los campesinos de San Isidro defienden sus cultivos de maíz y el cuidado de la tierra
Foto Graciela Iturbide
No obstante que el certificado 03642 no tiene validez alguna, como subraya Carmen Figueroa González, abogada de los ejidatarios, las tierras en litigio se han fragmentado y vendido repetidamente a lo largo de los años, hasta que Amway-Nutrilite adquirió, entre abril de 1992 (el artículo 27 constitucional se había reformado en enero) y mayo de 1994, la totalidad de los terrenos parcelados ilegalmente desde los años 40.
Es larga la cadena de funcionarios federales y estatales, inversionistas extranjeros camuflados tras empresarios jalicienses, notarios y jueces involucrados. Por ejemplo, Roberto Vargas Maciel, comprador (bajo el nombre de su hermano) de 100 de las hectáreas en disputa y hoy en poder de Nutrilite, ha sido director de la empresa y coordinador de Procampo en el sur de Jalisco. En 1993 la SRA volvió a dictaminar en favor de San Isidro, mas de inmediato se opusieron otras instancias gubernamentales. En 1994, el gobierno estatal ofreció tierras (malas) a los ejidatarios, y éstos las rechazaron. Ya en febrero de 1994, sostiene la defensora de los ejidatarios, se había pactado el despojo con la participación del delegado de la SRA, Alejandro Díaz Guzmán, quien se comprometió por escrito a suspender cualquier intento de ejecución de tierras a favor de San Isidro. En el expediente del caso aparecen 11 participantes en dicho pacto, entre otros el secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, Arturo Gil Elizondo, y un subgerente de la Comisión Federal de Electricidad, Rafael Hidalgo Reyes. Por Nutrilite, David Tuttle y Vargas Maciel. Y ningún representante de los campesinos.
En 1998, el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez promueve la expropiación de las 280 hectáreas en disputa. Desde la alcaldía de Ciudad Guzmán en 1992 ya impulsaba esa iniciativa. Reconoció la propiedad de San Isidro, pero alegando una causa de utilidad pública decidió destinarla a la agroindustria. Prometió 500 empleos a los locales; ni a 200 llegaron. En 2006 ocuparía la estratégica Secretaría de Agricultura federal. Su antecesor en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Mayorga Castañeda, quien volvería al cargo en 2009, es vecino y socio de Nutrilite.
Los ejidatarios ganan amparos (2006, 2013, 2016), pero el tribunal agrario se ha declarado incompetente por consigna, dice la abogada Figueroa González. Queda clara la protección que las empresas reciben del gobierno.
Se estrecha el futuro
Por aquí los niños no conocen la lluvia. Hace años que ahuyentan las nubes, refiere un viejo de San Isidro. El hueco sónico y el yoduro de potasio de los cañonazos son aliados del cultivo tomatero. Los campesinos no reciben riego suficiente, lo acaparan las empresas. Cabe señalar que la mayor parte de los productos de la región se exportan al mercado estadunidense. Nutrilite cuenta con helipuerto y gasolinera. El trasiego de tráilers es continuo.
Han desaparecido las voces de los niños en los pueblo, expresa una abuela que nunca ve a sus nietos, aunque viven cerca. Los jóvenes ven mal que estemos peleando las tierras a Nutrilite, piensan que si ganamos se van a quedar sin trabajo, dice.
Las compañías nos vienen con que sus cultivos son ecológicos, pero no veo que tengan nunca (hormigas) arrieras, y eso aquí, sólo si se usa veneno, comenta un representante ejidal, quien demanda que dejen a los campesinos en paz para que podamos hacer lo que sabemos hacer con la tierra.

Devoran trasnacionales la tierra de Juan Rulfo


El Llano en Llamas ya no es el mismo
Regatean a campesinos; favorecen a empresas

Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada

Aquí las tierras, pródigas pese a todo, están ligadas a fondo con los relatos de Juan Rulfo. Resulta inevitable. Éste y no otro es el llano en llamas que retratara el escritor hace 60 años en una de las obras definitivas de la literatura mexicana. Historias de pasión, crimen, reivindicación y miseria que retratan el país interior del siglo XX en el campo mexicano. Cuando nos han dado la tierra significa nos han engañado, nos han robado, nos siguen robando. Sólo una vez el gobierno ha sido justo con estos campesinos. Hace 78 años. Un decreto presidencial de Lázaro Cárdenas en 1939 dotó a San Isidro de las tierras por las que la gente había luchado desde la Revolución. El ejido se conformó un año antes, y desde entonces mantiene un juicio agrario por la entrega total de su resolución presidencial. Recibieron 258 hectáreas de las más de 500 que les reconocieron, mientras una superficie de 280 hectáreas siempre se les regateó y actualmente se encuentra invadida por la empresa trasnacional Amway (llamada aquí Nutrilite) con el invariable respaldo de las autoridades agrarias federales, los sucesivos gobiernos federales y de Jalisco, grandes empresarios y toda la fuerza de Estados Unidos.
La gente aquí sostiene que el mismísimo George Bush visitó las instalaciones de Amway ubicadas vistosamente al pie del cerro Petacal, como promotor y accionista de la firma. Ya lo era durante su presidencia (1989-1993), cuando negociaba con México en Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde la Casa Blanca, Bush promovía abiertamente los valores de la firma y la alababa como modelo mundial (el espíritu de Amway, predicaba el distribuidor directo de la empresa: https://www.youtube.com/watch?v=V9i0cI46ebA ). Un campesino apunta: San Gabriel cuenta con una pista aérea de lujo para esa clase de visitantes.
Ya en 1992 Amway había hincado aquí el diente, y de hecho sería la primera empresa beneficiada por el tratado, pues se estableció en marzo de 1994, tres meses después de ponerse en vigor. Bill Clinton, también como presidente, promovía la empresa. Los campesinos de la región, ubicados entre los municipios de San Gabriel y Tolimán, enfrentan, pues, a formidables gigantes. Monsanto está aquí, y hay múltiples instalaciones agroindustriales de Bioparques de Occidente, que cuentan con inusitada protección militar dentro de sus campos; la bandera nacional ondea en la posición sobre su piquete de soldados.
Ni las tierras ni lo que producen son cosa cualquiera. En las plantaciones de Nutrilite (como se llama Amway disimulando una larga cadena de prestanombres y cómplices nacionales) se cultiva gran variedad de frutas, hortalizas y semillas; su meta clave es alimentar a las tropas estadunidenses donde hagan la guerra. Con Afganistán e Irak, los productos deshidratados de Amway experimentaron gran demanda. No salen de allí cargamentos de productos agrícolas, sino recipientes llenos de polvo seco, pero alimenticio. Ello genera algunos daños colaterales de tipo ambiental, pues los deshechos orgánicos son abundantes, contaminan y han resultado tóxicos.

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El ejido San Isidro, en el sur de Jalisco,
lleva más de siete décadas reclamando 280 hectáreas,
al pie del cerro PetacalFoto Graciela Iturbide
Pobladores y ambientalistas sospechan que las instalaciones, presuntamente amigables con el ambiente, emplean agrotóxicos; se han extendido enfermedades de la sangre en los niños, cáncer en los peones de las plantaciones. Ello, sin contar los efectos de desintegración familiar y comunitaria que trajo la industrialización del Llano Grande. Daños colaterales. Además, la empresa acapara el agua que baja del volcán de Colima, visible en la distancia. Ahora San Isidro recibe 10 por ciento del suministro al que tiene derecho, pues se lo administra Nutrilite. La empresa presionó directamente para la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional, que le permitió hacerse legalmente de tierras birladas a los campesinos desde 1942, explica María del Carmen Figueroa, abogada de los ejidatarios.
Es momento de señalar que, en toda su grandeza, las historias de Juan Rulfo han hecho un flaco favor propagandístico al llano y sus laderas. Con fines dramáticos y literarios, el narrador carga la tinta en la tragedia, la pobreza, la ignorancia y la supuesta aridez de tierra mala donde se atormentan y confiesan sus personajes. Mas de ser así, ¿cómo explicar la codicia agroindustrial que despiertan estos lares? Las 280 hectáreas sistemáticamente negadas a sus dueños legítimos, al pie del rulfiano cerro Petacal, poseen un microclima excepcional, con 23-24 grados centígrados todo el año; ni siquiera necesitan invernaderos ahí.
Eva Robles, asesora legal de San Isidro, señala: Desde hace 15 años esta región se ha transformado radicalmente. Contra la vocación campesina de sus habitantes, se ha promovido la agroindustria, inaugurada por Amway-Nutrilite, acaparando más de mil hectáreas con invernaderos que exportan casi la totalidad de su producción. Entre las empresas y laboratorios experimentales encontramos a Monsanto, Nature Sweet, Desert Glory-Bioparques de Occidente, Agrícola Don Memo y La Primavera.
Pero los campesinos de San Isidro tienen mucho que decir, sobre todo después de que, a principio de 2016, un juzgado de distrito confirmó la sentencia del tribunal agrario que ordena la restitución de estas tierras al ejido. Claro, aquí no pasa nada. ¿Quién se atreverá a aplicar la ley a los invasores trasnacionales, tan bien apadrinados?

1/05/2014

No se han cumplido las promesas y crecen los daños sociales: ONG


TLCAN, dos décadas

Equivocado calificar al comercio por su volumen, lo importante es a quién beneficia

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Las protestas contra el TLCAN se han realizado en todo México. En enero de 2008 grupos opositores al tratado se manifestaron en la capital de VeracruzFoto Horacio Zamora

David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 3 de enero de 2014, p. 3
Washington, 2 de enero.
Lori Wallach, directora de Global Trade Watch, el proyecto sobre comercio internacional de la poderosa organización de defensa de consumidores y derechos ciudadanos Public Citizen, fundada por el legendario Ralph Nader, caracteriza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como un experimento peligroso de las empresas trasnacionales, que nutrió una desigualdad económica sin precedente en este país, y además destruyó sectores laborales y agrarios tanto en México como en Estados Unidos.

Al marcar su vigésimo aniversario, el TLCAN fue un experimento radical impuesto sobre tres países por el bloque más grande de empresas agroindustriales, petroleras, de gas, mineras, farmacéuticas y otras trasnacionales que en Estados Unidos no cumplieron con una sola de las promesas positivas, y más bien acabó en daños sociales y económicos muy serios, incluyendo vaciar nuestra base industrial, que era el fundamento de nuestro empleo de nivel de clase media, afirmó Wallach en entrevista con La Jornada.
La abogada, egresada de Harvard, fue la coordinadora de la Citizens Trade Campaign, alianza nacional de sindicatos, organizaciones agrarias, ambientalistas y otros que fue la voz de la oposición civil más poderosa durante el debate sobre el tratado, y hoy continúa dedicándose a promover el debate nacional contra lo que llama la agenda empresarial y antidemocrática del libre comercio.

Detallando los efectos que atribuye al tratado y acuerdos parecidos, señaló que en Estados Unidos “tenemos una desigualdad en ingresos que, a 20 años de la firma del pacto, se parece mucho más a la de México… De hecho, el salario medio aquí se desplomó en términos reales, comparado con el que existía antes del TLCAN”.
Mientras los promotores de las políticas de libre comercio festejan el éxito de su tratado en este aniversario, al resaltar el incremento del volumen en el intercambio económico en América del Norte, Wallach argumenta que no se trata de volumen, sino en qué dirección y para beneficio de quién es el comercio. Se puede incrementar el volumen del agua, pero a veces lo llamamos inundación.

Wallach pinta varias imágenes para exhibir los efectos del TLCAN y las políticas detrás del acuerdo en Estados Unidos.

“Primero tomaría una fotografía de una calle quemada, abandonada, con carros oxidados en el Detroit en bancarrota –en su época una de las capitales industriales más vibrantes del mundo–, y ahora se trata de una ciudad en quiebra y con cuadras y cuadras que parecen estar en una zona de guerra”.

Continúa: “Otra imagen serían los grandes campos agroindustriales del medio este norteño, donde ves las cáscaras de lo que eran decenas de pequeñas granjas familiares en medio de esas nuevas granjas gigantescas con su maíz o soya subsidiados por el gobierno. Ves las estructuras que se están cayendo de lo que fue una granja pequeña diversificada que fue propiedad de una familia durante generaciones, rodeada de hectáreas y hectáreas, kilómetros y kilómetros de una operación de monocultivo con semillas genéticamente modificadas, cosechadas para que una empresa agroindustrial gigantesca como Archer Daniels juegue, si lo que cultiva es trigo, contra los canadienses, si es maíz, contra los granjeros de México, Brasil y Argentina, mucho de lo cual acaba siendo parte de un dumping generalmente en países en desarrollo, donde los granjeros no están subsidiados.

“Otra imagen más del TLCAN en mi país serían las crecientes comunidades marginales de inmigrantes, marginales en términos de que no cuentan con servicios básicos comunitarios, negados derechos básicos por no tener papeles, pobladas por gente que dejó su país no por opción, sino por desesperación y que logró llegar aquí evitando morir en el camino del cruce. La inmigración desde México a Estados Unidos se duplicó con el tratado, lo opuesto a lo que fue prometido. Estas comunidades son los refugiados del pacto en Estados Unidos.

Están también los miles de trabajadores industriales altamente capacitados, no pocos de ellos inmigrantes de segunda o tercera generación de Europa, Irlanda, quienes migraron aquí, se sumaron a un sindicato y lograron crear una existencia de clase media para sus familias, y que ahora se encuentran de repente desempleados porque su empleo fue trasladado fuera del país, relata. Aunque no todo esto es directamente por el tratado, Wallach afirma que son las mismas líneas que definen el pacto. “Los hijos de estos ahora serán la primera generación de estadunidenses que bajarán un escalón, o sea, que no tendrán un mejor nivel de vida que sus padres. Algunos llaman esto la brasilerización de Estados Unidos”.

Y finalmente, una imagen de “la gran concentración de tóxicos en la franja fronteriza, algo que se puede registrar visualmente, sobre todo con las colas infinitas de camiones en los cruces fronterizos, la contaminación tanto de su transporte como de su carga y, por supuesto, los índices de enfermedad grave –cáncer y asma– en esas zonas”.

¿Pero no hay nada, ninguna imagen positiva? La verdad es que es bastante terrible. El TLCAN fue un experimento peligroso que es un fracaso para la mayoría de nosotros, pero es justo lo que las empresas que lo promovieron tenían en mente, responde.

La única cosa positiva, creo, fue la respuesta de solidaridad entre gente trabajadora, granjeros, entre agrupaciones de sociedad civil en los tres países, entre otros, todo esto porque al inicio del debate sobre el TLCAN nos dimos cuenta de que a pesar de las diferencias que teníamos entre cada país, mucha gente en las tres naciones estábamos unidos contra la agenda empresarial que se elaboró para imponerse sobre todos nosotros con el tratado, comenta.

Aprendimos mucho de los otros entre los tres países, sobre todo lo que teníamos en común, las aspiraciones y objetivos, y esperanzas. Muchos nos hemos mantenido en comunicación a lo largo de estos 20 años, como testigos de cómo este paradigma del TLCAN se implementó de una forma tan peligrosa y dañina para nuestras vidas, nuestras comunidades y países. Como resultado hay un tipo de solidaridad, un nuevo tipo de internacionalismo en las Américas, forjado después de ser golpeados por el tratado, y no por los grandes beneficios que se nos prometieron, concluye.

La devastación ambiental del TLCAN

Andrés Barrera*

Hoy, gracias a los cambios económicos, políticos y jurídicos suscitados por el TLCAN, la destrucción ambiental ocurre en todas las ramas de la división del trabajo y en casi todos los procesos de distribución y reproducción, dejando lo que vivimos 40 años atrás, cuando nuestros peores problemas ambientales todavía se localizaban en regiones geográficas específicas de México ligadas a sectores económicos singulares.

Aun así, cuando algún activista ambiental no mexicano visita nuestro país y testifica nuestros dolorosos problemas actuales, su primera reacción consiste en llamarnos la atención aconsejándonos con sinceridad no exagerar, pues lo que ocurre acá es lo mismo y posiblemente no peor que lo que sucede en el suyo. El problema estriba en que eso nos ocurre con todos, vengan de donde vengan y traten de cualquier problema que sea.

Como en Brasil y Tailandia, somos de los peores deforestadores y destructores de biodiversidad en el mundo. Al igual que en Brasil y otras naciones de África y del Meditarraneo asiático, también encabezamos procesos de autodestrucción de lenguas y culturas milenarias. De la misma manera que sucede en Argentina y Brasil, nos perfilamos como gran plantador de organismos transgénicos (maíz, soya y algodón). Tal como acontece en Estados Unidos, pende sobre nosotros la amenaza de convertirnos en unos de los primeros plantadores masivos del maiz biorreactor, con la peculiaridad harto repetida de que nosotros somos el principal centro de origen de ese cereal.

Al igual que los países de Europa Central, hemos atraído a las mayores megagranjas de cerdos. Como en India y China, hemos contaminado y saqueado la mayoría de nuestros ríos y acuíferos prometiendo una inminente construcción de megaproyectos hídricos en torno de Guanajuato y Querétaro que permitan escalar las exportaciones de autos y aviones. Peor que en China, hemos permitido la privatización de todas las tierras y reservas urbanas, el acaparamiento de las empresas de construcción y prestación de servicios urbanos, las dinámicas especulativas y el fraude permanente a los consumidores, permitiendo con ello el dislocamiento catastrófico de la vida de la población y de los principales metabolismos de las ciudades.

Más grave aún que en la llamada ruta euroasiática de la seda o en la Sudamérica del IIRSA, México ha puesto una y otra vez la totalidad de su territorio y de sus infraestructuras al servicio no sólo del saqueo de sus recursos naturales, sino también de las necesidades de interconexión fabril just in time entre los capitales de Estados Unidos y Asia del Pacífico, permitiendo criminalmente que la red nacional de las principales carreteras se tornen lugares extremadamente peligrosos e incluso trágicamente mortales.

México concentra niveles muy altos de explosiones y muerte industriales y agrolaborales en las ramas químicas, agroquímicas, de alimentos, petroleras y de agroexportación.

La contaminación generada por las infraestructuras petroleras ha sido desde hace décadas la peor fuente de contaminación del país, pero la reciente entrega de la industria petrolera amenaza con trasladar las peores practicas depredatorias, contaminantes y destructivas que las empresas petroleras trasnacionales ya practican en Nigeria y otras regiones.

Gracias a la desregulación extrema de las actividades mineras, México ya compite con los peores lugares en devastación por la minería a cielo abierto en América Latina y África. Mientras, la libre acumulación de todo tipo de basuras industriales, hospitalarias, radioactivas y municipales en las más diversas regiones de México nos hace competir con países como Ghana o China.

Todo ello sin tener en cuenta que la mano de Dios, por medio del cambio climático, también nos eligió como una de las regiones del mundo en donde las turbulencias climáticas se estarán padeciendo de la peor manera. Aunque la verdad sea dicha, no obstante que el cambio climático está estrechamente ligado a las peores necedades civilizatorias del neoliberalismo, sería un poquitín injusto también atribuirlo al TLCAN.

Suele escapar a observadores perspicaces que en México, hasta cierto punto como en China, pero en un territorio mucho menor, se sintetiza con una fuerza excepcional un proceso complejo y profundo de devastación que hoy está distribuido en todo el mundo. Sin embargo, nuestro principal rasgo distintivo es que acá todo esta intensamente concentrado. De modo que cada nuevo nicho de destrucción compite con los demás en salvajismo e irracionalidad y tupe línea por línea la totalidad del territorio nacional, superponiendo cada tipo de destrucción con muchos otros. De ahí que la contaminación y el dislocamiento en nuestro país son fenómenos totales, extendidos, intensivos y complejos. Ello ha herido profunda y vitalmente la capacidad de regeneración y redefinición de la salud general (resiliencia) del tejido socioambiental nacional.

Aunque se debe dejar para otro lugar la explicación de los porqués, hay que observar que eso hace de México un espejo en el que ya se puede mirar la suerte que correrá el mundo entero si no se detiene con eficacia, investigación, organización y movilización esta pesadilla estadunidense, que con tanto esmero trágico imitan las nuevas potencias y naciones que buscan escapar de su dominio. También se debe recordar que la banalización que los economistas y otros profesionistas de la muerte hacen de cada desgracia en realidad está simplemente encaminada a ocultar, no contabilizar y jamás pagar ni asumir política y culturalmente los costos de toda esta destrucción.

* Profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Coordinador general de Casifop



TLCAN, dos décadas
Cierran cruce fronterizo en protesta por el pacto
Campesinos exigen promover la soberanía alimentaria

Nos prometieron el primer mundo, hoy somos más pobres, denuncian

Crearán frente internacional de ONG 
para luchar contra el tratado

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Miembros de agrupaciones campesinas ocuparon varios carriles del puente internacional Córdoba de las AméricasFoto Felipe García

Rubén Villalpando, Miroslava Breach y Matilde Pérez
Corresponsales y reportera
Periódico La Jornada
Viernes 3 de enero de 2014, p. 2
Ciudad Juárez, 2 de enero.

Unos 200 agricultores cerraron parcialmente el puente internacional Córdoba de las Américas o libre, en protesta por el empobrecimiento del campo mexicano que provocó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los 20 años que tiene de vigencia.

Los manifestantes demandaron una política de Estado que impulse la autosuficiencia y soberanía alimentarias, el fin del acaparamiento de tierras por parte de empresas agroindustriales y precios justos para sus cosechas y seguridad en la comercialización.

A las siete de la mañana los manifestantes cerraron la circulación del carril de El Paso a Ciudad Juárez para denunciar que en 20 años de firmado el TLCAN el campo se empobreció, creció la violencia y gran parte de la tierra quedó bajo control del crimen organizado. La protesta concluyó al mediodía.

Además, varias agrupaciones campesinas, sociales y sindicales de México, Estados Unidos y Latinoamérica acordaron unirse para luchar en contra de este tratado y del Acuerdo de Asociación Transpacífica.
A través de diversos mensajes que enviaron al plantón que realizaron los agricultores en el puente internacional, dichas agrupaciones señalaron que este año será de lucha pacífica contra el modelo depredador del que somos víctimas.

Con grandes mantas que colocaron a los costados del puente internacional, los agricultores denunciaron el empobrecimiento del campo.

Víctor Quintana Silveyra, del Frente Democrático Campesino (FDC), dijo que en 20 años de este acuerdo comercial el campo mexicano quedó destrozado, porque es donde existe más violencia, millones emigraron a las ciudades y de 28 millones de pobres al menos 20 de ellos son campesinos.

En las ciudades, dijo, seis por ciento de la población está en extrema pobreza y en el campo son 21 por ciento, aparte de que los subsidios son acaparados por grandes empresarios, han agotado los mantos freáticos y se pierden 155 mil hectáreas cada año por la explotación”.

En un comunicado leído en medio del puente, los manifestantes dijeron que los campesinos tienen derecho a vivir con dignidad del trabajo en sus tierras y exigen soberanía alimentaria con propiedad social de la tierra y el territorio.

Recordaron que hace 20 años les dijeron, igual que hoy, que con el TLCAN México sería un país del primer mundo, y seguimos siendo del tercero, pero en descomposición, y en pérdida acelerada de independencia y soberanía.

Cuestionan de qué han servido las privatizaciones, la apertura comercial, el crecimiento del comercio y la inversión extranjera, si no ha crecido nuestra economía y en cambio sí han aumentado la pobreza, la desigualdad, la migración, el precio de los alimentos, y el despojo de sus tierras, aguas y recursos.
Desmantelaron la producción de arroz, soya y sorgo

Exigieron renegociar el TLCAN y realizar reforma profundas en esta materia con apoyo de campesinos; los campesinos, dijeron, han dejado sus tierras en busca de mejores oportunidades y, al dispararse el desempleo desde 1992, el narcotráfico empezó a entrar como una actividad fuerte, ya que primero financió actividades agropecuarias y después compró propiedades.

La producción nacional de arroz, soya y sorgo fue desmantelada, además de que se afectó seriamente la de carne de cerdo, de ave y de leche, así como la de maíz y frijol.

En la movilización participaron, además del FDC, la Asociación de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la de Uniones de Crédito del Sector social, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista y el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas.

En sus mensajes de solidaridad con los manifestantes, una treintena de agrupaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y asociaciones civiles de investigación laboral y rural expusieron que 2014 será el año del recuento de daños a 20 años del TLCAN, así como de la denuncia permanente de la pretensión de las élites político-económicas de Norteamérica para que dicho acuerdo comercial se convierta la antesala de la anexión corporativa.



TLCAN, dos décadas
No es libre comercio, sino libre explotación

Juan Carlos Miranda
 Periódico La Jornada
Viernes 3 de enero de 2014, 

Los dos acuerdos paralelos que se firmaron junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia laboral y ambiental no han servido para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos mexicanos, y a dos décadas de la entrada en vigor del acuerdo México sigue siendo un país cuya principal oferta es la mano de obra barata y normas ambientales laxas, sostuvo Bertha Luján Uranga, integrante del Frente Auténtico del Trabajo (FAT) desde l970 y una de las principales dirigentes de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio en los años 90.

La actual secretaria general del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que el TLCAN provocó el rompimiento de las cadenas productivas en el país y con ello la desaparición de ramas productivas que se convirtieron en maquiladoras.

Afirmó que en materia laboral, en los tres países se ha venido acuñando un modelo de precarización de las condiciones laborales de los trabajadores a partir del outsourcing, que permite a las grandes empresas deshacerse de sus responsabilidades como patrones.

Al responder a un cuestionario enviado por este medio con motivo de los 20 años del TLCAN, Luján Uranga recordó que una de las principales preocupaciones durante la negociación del acuerdo eran las asimetrías entre los países que lo negociaban: Estados Unidos, Canadá y México.

Obviamente nuestro país estaba en desventaja en cuanto a niveles de crecimiento y desarrollo económicos, por tanto se planteaba que la negociación debía considerar estas diferencias y dar un trato especial a México, tal cual se hizo en el proceso de construcción de la Unión Europea con países como Portugal o Grecia.

Otra era la inclusión de una agenda social en el tratado, ya que si bien se negociaba el libre paso de capitales y mercancías, también se planteaba que para México era estratégico incluir el tema migratorio, debido a que nuestro país expulsa hacia Estados Unidos y Canadá un número importante de trabajadores que laboran sin documentos migratorios en estos países.

También se habló de las garantías en materia laboral y ambiental para que el tratado aportara mejoría en las condiciones de los trabajadores y los países, y a partir de ello impedir que México arrastrara a la baja estas condiciones en Estados Unidos y Canadá.

Y finalmente, los opositores al acuerdo planteaban que éste debía excluir los granos básicos y la industria energética.

Agregó que una consideración especial que se planteó se refería a las diferencias jurídicas respecto a lo que el tratado implicaba para cada país, ya que para Estados Unidos el pacto era una norma subordinada a leyes nacionales, incluso a normas proteccionistas en los diferentes estados de la unión, mientras para México tuvo rango constitucional y por tanto, estuvo por encima de leyes y reglamentos.

Al preguntarle cuáles de esas preocupaciones se materializaron, la ex funcionaria del Gobierno del Distrito Federal respondió:

Todas se materializaron. No hubo consideraciones en relación a las asimetrías, así que en distintas ramas de la economía México no pudo competir, tomando en cuenta además que no hubo por parte del Estado políticas específicas para apoyar la competitividad de las empresas mexicanas, por tanto, muchas quebraron o tuvieron que asumirse como subordinadas a las trasnacionales de EU o Canadá para poder subsistir.

Sostuvo que además de la pérdida de la soberanía alimentaria por el desmantelamiento del campo, la mayor parte de los sectores económicos estratégicos de México están actualmente en manos de trasnacionales.
Puntualizó que las únicas ganadoras fueron las empresas trasnacionales que se han instalado en México con múltiples ventajas, así como los grandes capitalistas nacionales que se aliaron al capital extranjero o que han aprovechado las ventajas del TLCAN para incrementar sus exportaciones y sus ganancias.