En 16 años, México
pagó 242.9 millones de dólares a nueve empresas trasnacionales, como
compensación por demandas que apelan al arbitraje supranacional en
tribunales a puerta cerrada, revela el informe Casino del extractivismo,
elaborado por el Instituto de Estudios de Políticos, el Centro de
Derecho Ambiental Internacional y la Alerta Minera de Canadá.
Se trata de las estadunidenses Cargill, Metalclad, Feldman, ADM y Corn Products; las españolas Abengoa y Tecmed; la francesa Gemplus; y la argentina Talsud.
El análisis refiriere que los grupos empresariales se valen del arbitraje supranacional cuando las cortes de los países –en su mayoría latinoamericanos– instrumentan políticas públicas que “afectan sus inversiones” en respuesta a las exigencias de comunicadas afectadas. “El acudir al arbitraje representa una amenaza a la determinación de los pueblos”.
Según Manuel Pérez Rocha, coautor del informe, esta supuesta “justicia” es unidireccional: “sólo las empresas pueden demandar a los gobiernos en las cortes [de arbitraje internacional]”. Durante la presentación del reporte, el investigador advirió que las empresas se respaldan en las cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y Estado, incluidas en los tratados de libre comercio y en tratados bilaterales de inversión.
Tales cláusulas son: la expropiación indirecta, en donde se busca compensación esperada cuando no se otorgan concesiones; la provisión de controles de capital que permite sacar de manera rápida su dinero del país; recibir trato nacional; la completa protección y seguridad, es decir proteger las inversiones extranjeras a costa de las afectaciones ambientales, lo cual obliga a los gobiernos a reprimir a su población en el caso de resistencia, explicó Perez Rocha.
Por su parte, Jen Moore –coautora del informe– detalló que los procesos llevados en tribunales privados son a puertas cerradas donde tres jueces no permiten la estadía de testigos, por lo tanto “las comunidades afectadas no tienen acceso”.
De acuerdo con el análisis, este sistema ha sido catalogado como “una caricatura del sistema legal”. Son dos los principales tribunales donde se llevan los casos: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
La primera fue en 2010, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la trasnacional canadiense Blackfire Exploration. Ésta amenazó con presentar una demanda por 800 millones de dólares luego del cierre de una de sus minas en Chiapas –la de La Revancha– a pocos días del asesinato del dirigente comunitario y opositor a la minería Mariano Abarca. La demanda no continúo y se “disolvió” en 2017.
Un año antes, en 2016, en el marco de la firma de la cumbre de los “Tres Amigos” [México, Estados Unidos y Canadá], la empresa canadiense Primero Mining interpuso una notificación de intención de demanda porque el gobierno federal quiso incrementar el monto a sus impuestos, con base en sus ventas de plata. El proceso arbitral fue suspendido en 2018 como consecuencia de negociaciones con el gobierno mexicano, señala el informe Casino del extractivismo.
El tercer caso se presentó en septiembre de 2018, cuando la empresa estadunidense Legacy Vulcan, LLC, notificó su intencipon de demanda como consecuencia de un conflicto ambiental sobre el extractivismo de piedra caliza en Quintana Roo. Al no solucionar el conflicto, este 2019 formalizó el proceso por un monto de 500 millones de dolares.
La empresa Odyssey Mineral Exploration también notificó su intención de demandar al país por 3 mil 540 millones de dólares a causa de no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato.
Aunque las cláusulas que permiten estas controversias fueron desechadas para el gobierno canadiense, se mantienen vigentes para México bajo el Tratado Transpacífico, por lo que las mineras canadienses seguirán demandando al país, destacaron Moore y Pérez Rocha.
Jordana González
Se trata de las estadunidenses Cargill, Metalclad, Feldman, ADM y Corn Products; las españolas Abengoa y Tecmed; la francesa Gemplus; y la argentina Talsud.
El análisis refiriere que los grupos empresariales se valen del arbitraje supranacional cuando las cortes de los países –en su mayoría latinoamericanos– instrumentan políticas públicas que “afectan sus inversiones” en respuesta a las exigencias de comunicadas afectadas. “El acudir al arbitraje representa una amenaza a la determinación de los pueblos”.
Según Manuel Pérez Rocha, coautor del informe, esta supuesta “justicia” es unidireccional: “sólo las empresas pueden demandar a los gobiernos en las cortes [de arbitraje internacional]”. Durante la presentación del reporte, el investigador advirió que las empresas se respaldan en las cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y Estado, incluidas en los tratados de libre comercio y en tratados bilaterales de inversión.
Tales cláusulas son: la expropiación indirecta, en donde se busca compensación esperada cuando no se otorgan concesiones; la provisión de controles de capital que permite sacar de manera rápida su dinero del país; recibir trato nacional; la completa protección y seguridad, es decir proteger las inversiones extranjeras a costa de las afectaciones ambientales, lo cual obliga a los gobiernos a reprimir a su población en el caso de resistencia, explicó Perez Rocha.
Por su parte, Jen Moore –coautora del informe– detalló que los procesos llevados en tribunales privados son a puertas cerradas donde tres jueces no permiten la estadía de testigos, por lo tanto “las comunidades afectadas no tienen acceso”.
De acuerdo con el análisis, este sistema ha sido catalogado como “una caricatura del sistema legal”. Son dos los principales tribunales donde se llevan los casos: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
Cuatro amenazas de mineras para México
Además de que el país recibiera demandas de los sectores de desechos y agricultura, México ha sido amenazado en cuatro ocasiones por empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.La primera fue en 2010, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la trasnacional canadiense Blackfire Exploration. Ésta amenazó con presentar una demanda por 800 millones de dólares luego del cierre de una de sus minas en Chiapas –la de La Revancha– a pocos días del asesinato del dirigente comunitario y opositor a la minería Mariano Abarca. La demanda no continúo y se “disolvió” en 2017.
Un año antes, en 2016, en el marco de la firma de la cumbre de los “Tres Amigos” [México, Estados Unidos y Canadá], la empresa canadiense Primero Mining interpuso una notificación de intención de demanda porque el gobierno federal quiso incrementar el monto a sus impuestos, con base en sus ventas de plata. El proceso arbitral fue suspendido en 2018 como consecuencia de negociaciones con el gobierno mexicano, señala el informe Casino del extractivismo.
El tercer caso se presentó en septiembre de 2018, cuando la empresa estadunidense Legacy Vulcan, LLC, notificó su intencipon de demanda como consecuencia de un conflicto ambiental sobre el extractivismo de piedra caliza en Quintana Roo. Al no solucionar el conflicto, este 2019 formalizó el proceso por un monto de 500 millones de dolares.
La empresa Odyssey Mineral Exploration también notificó su intención de demandar al país por 3 mil 540 millones de dólares a causa de no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato.
Aunque las cláusulas que permiten estas controversias fueron desechadas para el gobierno canadiense, se mantienen vigentes para México bajo el Tratado Transpacífico, por lo que las mineras canadienses seguirán demandando al país, destacaron Moore y Pérez Rocha.
Jordana González
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