Hernán Gómez Bruera
La discusión sobre la cuestión electoral de los últimos días ha adoptado un tono alarmista y desproporcionado. Para algunos consejeros del INE pareciera que la 4T está buscando deliberadamente desmantelar o destruir el sistema electoral, un discurso que ha sido acompañado por varios intelectuales públicos.
Ciertamente, hay elementos preocupantes en algunas de las iniciativas, e incluso existen aspectos del modelo actual que es necesario preservar. Dudo, por ejemplo, que sea deseable desaparecer el Consejo General del INE, e incluso es entendible que la iniciativa de reducirlo de sus actuales 11 miembros a 7 podría generar una innecesaria confusión. Tampoco es buena idea acabar con la representación proporcional o quitarle al INE la facultad de expedir la credencial de elector.
Sin embargo, las posturas de algunos consejeros, en lugar de verse como una defensa racional, están contaminadas por la desconfianza y la sospecha frente a todo lo que venga de la 4T, e incluso por una visión equivocada que los lleva a entender que su razón de ser es oponerse al gobierno actual casi como si fuesen un partido político.
La verdad es que muchos de sus planteamientos se leen como una lucha inspirada por los intereses de una corporación, por la búsqueda de proteger un coto de poder, e incluso por conservar un conjunto de privilegios.
No parecen capaces de hacerse cargo que mucha gente desconfía del INE, pero sobre todo de que existe un fuerte rechazo social ante los altos sueldos y privilegios de sus funcionarios, así como frente al elevado costo de nuestras instituciones electorales.
Algunas de las iniciativas presentadas, como la del diputado Sergio Gutiérrez Luna —quizás la más completa de todas— pretende simplificar un exceso de estructuras y revisarlas bajo la óptica de la austeridad. Se trata, a fin de cuentas, de cumplir con un mandato de las urnas frente al cual el INE no puede sustraerse con el argumento de que sin una institución de esas dimensiones peligrará la democracia.
Desaparecer los tribunales locales o los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), por ejemplo, son propuestas atendibles, siempre que se tomen recaudos para compensarlo. En cuanto a los tribunales, porque prácticamente todos los casos terminan resolviéndose en el nivel federal. En el de los OPLEs, porque no tiene sentido tener una estructura electoral en dos niveles, como señala Arturo Espinosa, de Strategia Electoral. De hecho, este año costará 4 mil 600 millones de pesos mantener esas estructuras.
Obviamente, reducir 50% el financiamiento a los partidos políticos tampoco es un atentado a la democracia, como lo han querido presentar algunos. Incluso es falso que Morena pretenda beneficiarse en detrimento de los demás, pues se trata del partido que más dinero tendría que perder en términos brutos con esta propuesta que, por cierto, el año pasado también formuló el PRI.
Por sobre todas las cosas, es un gran error que algunos consejeros no sean capaces de dar una batalla por la “democracia” y la “defensa de la autonomía del INE”, sin separarla de una defensa por conservar sus propias canonjías. Mostró poca sensibilidad política esa gran mayoría de consejeros que se amparó para defender su salario personal (con tres honrosas excepciones), y al incentivar incluso a varios funcionarios del INE a seguir el mismo camino.
Según información proporcionada por el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, el INE gasta al año 273 millones de pesos en un seguro de separación individualizada, 89.5 millones en un seguro de gastos médicos mayores, 10 millones 980 mil en arrendamiento de vehículos, casi 3 millones y medio en viajes al extranjero, e incluso ejerció 13 millones en remodelar sus baños. ¿Necesitan tener todo esto los funcionarios del INE para defender mejor la democracia?
Defender los pilares de la institucionalidad electoral es necesario, pero requiere inteligencia, capacidad de discernimiento y sensibilidad política.
@HernanGomezB
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