Al final de su sexenio,
Enrique Peña Nieto presumió inversiones multimillonarias del Consejo
Mexicano de Negocios (CMN) y agradeció al club de ricos entre los ricos
ese
decidido apoyoa su gobierno, que se tradujo, según él, en 320 mil millones de dólares y la generación de un millón 400 mil empleos formales.
De Peña nieto, como de los anteriores inquilinos de Los Pinos, los
integrantes del CMN obtuvieron todo (contratos, privatizaciones y
concesiones a manos llenas, sin olvidar la generosa cuan creciente
devolución de impuestos), gracias a sus (versión oficial)
multimillonarias inversiones.
Sin embargo, el monto divulgado por Peña Nieto ni de lejos
corresponde al que el propio CMN anunció en su momento (inversiones
anuales anunciadas por dicho organismo). Lo anterior, porque de los 320
mil millones cacareados por el ex mandatario el club de ricos entre los
ricos sólo reconoce alrededor de 180 mil millones y de cualquier suerte
no hay registro válido de que, en efecto, garantice que tal monto de
inversión se realizó.
Año tras año, desde hace muchos, el CMN se reúne con el Presidente en
turno y, con bombo y platillo, anuncia que invertirá tanto más cuanto
en un periodo determinado, como muestra de apoyo al gobierno en turno y, desde luego, por el bien del país. Y en este merengue siempre aparece Claudio X. González Laporte.
Lo anterior viene a cuento porque ahora tocó al presidente López
Obrador escuchar de los ricos entre los ricos el monto que dicen estar
dispuestos a invertir en este 2019: alrededor de 32 mil millones de
dólares, monto que, de acuerdo con el mandatario, permitirá crecer a
tasa anual de 4 por ciento, pues
si hay inversión, hay empleos, bienestar, paz y tranquilidad social. Es un círculo virtuoso.
Qué bueno, porque con ese monto la economía repuntaría, el país
saldría del hoyo y todos felices, pues la iniciativa privada mexicana
incrementaría su inversión de 17.5 a 20 por ciento del producto interno
bruto entre 2019 y 2020, sin olvidar la inversión pública.
Bien, pero el problema surge cuando se coteja lo dicho con lo hecho, y
para tal efecto el Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento
Económico aporta sus cifras, todas ellas documentadas con base en los
indicadores oficiales: la desaceleración de la inversión productiva en
el país es una de las herencias que recibe la administración de López
Obrador. La baja inversión pública y privada no es algo coyuntural, sino
es un problema sistémico que se generó hace casi cuatro décadas y que
se ha exacerbado en años recientes.
Entre 1980 y 1989 la inversión privada no creció en términos reales,
fruto de la década perdida. Si bien existió una recuperación durante la
década de los 90 (aumento de 10 por ciento en promedio anual), la
primera década del nuevo milenio mostró que ello no era sustentable,
porque fueron flujos extraordinarios generados por la privatización, la
apertura económica y la adopción de un modelo de exportaciones basado
fuertemente en la maquila.
Entre 2000 y 2009 el crecimiento de la inversión privada fue
solamente de 2.6 por ciento como promedio anual. Si bien se recuperó
entre 2010 y 2012, cuando el promedio de incremento de la inversión
privada se elevó a 7 por ciento, también ocurrió al mismo tiempo que la
parte pública disminuía 5.7 por ciento.
La inversión en el país –pública y privada– registró un crecimiento
anual promedio de 2 por ciento en los últimos cuatro sexenios (Zedillo,
Fox, Calderón y Peña Nieto), y el de EPN fue el de peores resultados:
desplome de 5.2 por ciento en inversión pública e incremento de uno por
ciento si se considera la privada. La debilidad estructural es evidente:
el crecimiento promedio en el pasado gobierno fue de uno por ciento,
apenas una tercera parte de la reportada en 1994, cuando nuestro país
ingresó al TLCAN.
Entonces, ¿dónde quedó la catarata de dinero que, año tras año, invertiría el club de ricos entre los ricos?
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