Viola AMLO derecho al libre tránsito al pedir identificaciones en autobuses
Una
nueva medida restrictiva en la política migratoria del gobierno
mexicano podría poner en peligro la integridad de las mujeres migrantes,
advirtió el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) luego
del oficio girado por la Secretaría de Gobernación (Segob) donde
solicita a las compañías de autotransporte que controlen los documentos
de identidad y estatus migratorios de las y los pasajeros.
De acuerdo con el oficio No. INM/DGJDHT/213/2019, las compañías deben
“apoyar el cumplimiento de la Ley de Migración”, bajo el argumento de
que muchos traficantes ocupan “los servicios de transportación terrestre
de pasaje y turismo”.
Pese a que el documento existe desde abril de este año, la presión
sobre las líneas de autobuses incrementó desde que se firmó el “acuerdo
migratorio” con Estados Unidos para contener el flujo migratorio, el
pasado 7 de junio.
En esta semana, las empresas Flecha Amarilla, ADO, y ETN anunciaron a
sus clientes que el requisito para abordar el autobús sería presentar
un documento de identificación. Esta medida, explicó la coordinadora de
políticas públicas del Imumi, Berenice Valdez Rivera, es
inconstitucional, ya que de acuerdo con el artículo 11 de la
Constitución, todas las personas tienen el derecho a entrar, salir,
viajar y mudarse por el territorio nacional, sin la necesidad de contar
con un pasaporte.
El peligro para las mujeres, tanto para migrantes como para mujeres
mexicanas sin documentación, consiste en que se verán obligadas a buscar
transportes informales, lo que supone más riesgo. Las mujeres
generalmente viajan por la vía terrestre, manifestó Valdez, porque ellas
consideran que conlleva menos riesgos.
Al aplicar las restricciones, va a haber más violaciones a los
derechos de las mujeres y más abusos, explicó la experta, “porque la
estructura en México sigue siendo corrupta, operan grupos del crimen
organizado, a ellas se les va complicar muchísimo más migrar. Entonces,
lamentablemente se van a ver expuestas a más violencia, más coerción.”
Por todo ello, el Imumi revisa medidas judiciales, aparte de que
actualmente ya hay un caso sobre controles en la carretera ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la misma manera, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos en sus recomendaciones 58/2015 y 22/2016
dice que ninguna autoridad mexicana debe preguntar la nacionalidad de
las personas de México para transitar.
Hasta la fecha, el Imumi no ha visto indicios que la medida esté
permeando en las terminales de autobuses. “La gente en México sabemos
que es muy complicado conseguir un documento de identidad”, por
consecuencia, la medida afectaría a una gran parte de la clientela de
los transportistas.
En muchos casos, dijo Valdez, sería justo la población desfavorecida,
como menores de edad o personas jornaleras que no tienen documentos.
“Esta medida es contraria al discurso del presidente Andrés Manuel López
Obrador, que su política va dirigida a los pobres. Afecta a la
población más pobre, a migrantes, y población indígena”, constató.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 89 millones de
personas cuentan con su credencial. Según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, sólo 10 por ciento del total de la población en
México tiene pasaporte; y 1 por ciento de las personas que terminaron
una carrera cuenta con cédula profesional.
Valdéz criticó que la nueva política migratoria, que según los
primeros anuncios del gobierno y los discursos durante la campaña de
AMLO estaría basada en Derechos Humanos “¡duró un mes!”.
El Imumi ha observado que desde febrero, mucho antes de las amenazas
de Donald Trump, se fueron prolongando los procesos de visa humanitaria
para las personas de Centroamérica, y que también se restringió la
otorgación de documentos y visas. Al mismo tiempo, hubo más rechazos en
los aeropuertos y más controles en las carreteras.
Desde inicios de junio, se suma el despliegue de 6 mil elementos de
la Guardia Nacional en la frontera sur, y la criminalización de personas
defensoras de Derechos Humanos migrantes, como en el caso de la
detención de Irineo Mujíca y Cristóbal Sánchez. Pero a pesar de los
aparentes intentos de apaciguar al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, y evitar el aumento de aranceles, “no sabemos qué va pasar
después de los 45 días”, opinó Valdez.
El acuerdo migratorio tiene como plazo para ver si se contuvo o no el
flujo migratorio hacia Estados Unidos el 22 de julio. La idea de un
“tercer país seguro” constituiría el intento de desviar el flujo de
migrantes y obligar a las personas de pedir asilo en México en lugar de
Estados Unidos.
Para Valdéz, esto podría desencadenar una política mucho más amplia
que afecta al país: “Literalmente vamos a ser una extensión, una gran
estación migratoria de Estados Unidos. Ellos lo tienen sobre la mesa, y
el 22 de julio, lo van a presionar. Es ahí donde México tendría que
decir, ‘No’, por ningún motivo”, advirtió.
La defensora dijo que el Imumi ya está buscando el acercamiento con
las empresas de autobuses y de otras organizaciones de la sociedad civil
para generar respuestas, y no permitir que estas medidas sean coerción
del Estado.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México
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