Si su apuesta fue que al votar por el favorito del lopezobradorismo para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) estaría protegido de su propia historia, quedó claro que calculó mal y ahora está sometido a una investigación gubernamental por sus millonarias cuentas bancarias.
El pleno de ministros sabe que, en general, no es bien visto por el presidente López Obrador y seguramente más de uno ya habrá puesto sus barbas a remojar. El próximo podría ser el ministro Luis María Aguilar Morales, cuya gestión como presidente de la Corte y del CJF, ese poderoso y oscuro órgano de gobierno judicial, está bajo escrutinio. Aguilar Morales, no sería el único.
La duda es si se trata de ejercicios de transparencia propios de un régimen democrático o una manera de ablandar a quienes desde el máximo tribunal del país y de los juzgados y tribunales federales tendrán que resolver juicios en asuntos que son vitales para el régimen.Los inmediatos, pero no los únicos, son los proyectos de infraestructura: el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México; el tren maya, en cinco estados del sur y sureste del país, y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
El presidente y sus controvertidas propuestas acabarán en tribunales. Hay una estrategia legal en marcha para oponerse y, en última instancia, detener esos proyectos. Ya por intereses políticos o económicos y de franca oposición, el colectivo #NoMasDerroches ha emprendido un largo camino que, por lo menos, dilatará los deseos presidenciales.
Al margen de lo que su gobierno haga o pueda hacer para actuar en contra de quienes promovieron los juicios de amparo, López Obrador ya anticipó en el caso Medina Mora que está dispuesto a apretar a los jueces, a cuya estigmatización de corruptos y privilegiados ha contribuido de manera decisiva, con más y menores razones.
El presidente tiene ahora la mayoría legislativa para reformar al Poder Judicial, como amagó desde un inicio el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.
Cualquier reforma al PJF tendría que ser con la consideración de jueces, magistrados y sociedad, no al gusto del régimen, como la extraviada idea de crear una sala anticorrupción en la Corte, como lo propuso Monreal.
El presidente de la Corte salió al paso al rechazar, esa propuesta. Cierto que no se trata de entrar en una confrontación de poderes, pero tampoco de la simulación para terminar siendo obsequiosos.
La manera en que el máximo tribunal resolvió los juicios constitucionales por la Ley de Remuneraciones, para que nadie gane más que el presidente, fue en el tradicional estilo salomónico de la Corte: un poco para las dos partes. Y en ese caso, el ministro Zaldívar abogó claramente y, desde el inicio, a favor del oficialismo y evitar lo que habría sido una derrota política, la primera, del lopezobradorismo.
En la llamada Cuarta Transformación, el Poder Judicial se enfrenta al reto de consolidarse como tercer poder o regresar a lo que fue durante el régimen del PRI: un poder de tercera al gusto del Ejecutivo.