Mario Patrón
Nos encontramos a unos días de
que se cumpla un año de las históricas elecciones federales en las que
se decantaron los anhelos de una transformación profunda en la vida
pública de México y a seis meses de que se haya concretado formalmente
el cambio de administración. Los actos y discursos que desde entonces se
han emprendido nos permiten comenzar los balances desde los ángulos que
han sido de mayor peso para la ciudadanía.
En ese sentido, es clave poner atención al modo en el que se han
tratado episodios de la vida nacional que se volvieron icónicos de un
régimen transexenal impregnado por la corrupción y la vulneración de los
derechos y la dignidad de las personas.
En esta oportunidad me referiré a algunos de los episodios que
retrataron de cuerpo entero las dinámicas que nos llevaron a la grave
crisis de violencia y violaciones a derechos humanos. Esa que, en gran
parte, precipitó el resultado electoral. Estos casos son Ayotzinapa,
Pasta de Conchos, mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco y
guardería ABC, además de algunos otros vinculados a la corrupción.
En todos estos casos y en distintos momentos, el propio Presidente de
la República ha insistido en que mantendrá la palabra empeñada y que no
habrá impunidad. Ha ordenado la creación de instancias pertinentes para
esclarecer la desaparición forzada y otros crímenes contra los 43
normalistas; han iniciado las mesas de cumplimiento de la sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco; se
anunció el rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos en la mina
carbonífera hace 13 años bajo la dirección del Estado y comenzaron los
contactos con familiares de las niñas y los niños fallecidos en la
guardería ABC, además de la interposición de una nueva denuncia para
fincar responsabilidades.
En cuanto al combate a la corrupción –que fue la principal bandera de
las sucesivas campañas de quien hoy gobierna–, ha sido positivo el
avance en casos que son parte del mismo engranaje que ha debilitado el
estado de derecho: las acusaciones judicializadas contra Emilio Lozoya
por corrupción en Pemex a altos niveles, las órdenes de aprehensión
contra el ex gobernador Mario Marín por la tortura a la periodista Lydia
Cacho e incluso el freno a la apropiación de cuotas sindicales de los
trabajadores ferrocarrileros por parte de la directiva sindical
encabezada por Víctor Flores. A esto se suma la reciente decisión de la
SCJN, que aprobó que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua pueda
investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete por
delitos del fuero local.
El cambio de narrativa y las acciones emprendidas no son poca cosa
tras años de contubernio para desviar la verdad en casos que parecerían
de ámbitos muy distintos pero que, insistimos, muestran plenamente
distintos aspectos de la crisis que hoy vivimos. Es decir, tras sexenios
en lo que el tufo de la impunidad encubrió responsabilidades y alentó a
que se multiplicaran, en extensión y crueldad, este tipo de crímenes
contra sectores cada vez más amplios de la sociedad y se hicieran la
norma.
Por eso es clave que haya un punto de quiebre y se envíen mensajes
contundentes de rendición de cuentas y responsabilidades, de búsqueda de
la verdad y de procesos de justicia. La ruptura de los pactos de
impunidad es indispensable si se quiere avanzar en este sentido.
Al mismo tiempo, estos casos ejemplares siguen siendo los retos y
representando las oportunidades que debe encarar el actual gobierno para
avanzar hacia las transformaciones estructurales e institucionales que
de verdad den un vuelco al régimen anterior, que ha permeado en
prácticas e inclusive ha mantenido a algunos de sus personajes clave en
puestos de responsabilidad.
¿Será capaz esta administración de dar con el paradero de los
normalistas y esclarecer lo sucedido, incluyendo la obstrucción a la
justicia? En el caso Atenco, ¿se atenderán los reclamos de fincar
responsabilidades penales a los más altos niveles, incluyendo a quienes
ordenaron o permitieron la comisión de los graves abusos? ¿Las familias
de los mineros de Pasta de Conchos recuperarán los restos de sus
fallecidos y tendrán acceso a la verdad sin intromisiones indebidas de
otros actores en el caso? Quienes han obtenido millonarias e indebidas
ganancias a costa del bienestar general ¿rendirán cuentas completas ante
la justicia sin que se activen los viejos mecanismos de protección y
negociación? ¿Pagará su condena quien mandó a torturar a una periodista
para proteger a personas que cometieron crímenes? ¿Habrá respuestas para
todas las víctimas? El respeto a las obligaciones internacionales de
México –establecidas, por ejemplo, en los casos Atenco y Alvarado
¿permearán hacia el funcionamiento de la Guardia Nacional?
No debemos despreciar el valor transformador que puede tener que los
casos mencionados lleguen a buen puerto, para estas víctimas y para las
miles más que podrán reclamar para sí el mismo desenlace positivo. De lo
contrario, la pervivencia de la impunidad, el persistir de viejas
prácticas corruptas y una institucionalidad precaria darán lugar, sin
duda, a nuevas y graves violaciones a derechos humanos.
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