Joaquín Coldwell se deslinda de la compra de Fertinal

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía en el sexenio pasado, aseguró que en la compra de la fábrica de fertilizantes Fertinal, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió a partir de avalúos y dictámenes presentados por la dirección de la empresa productiva del Estado.

Tales informes fueron elaborados por firmas internacionales establecidas en el país, de reconocido prestigio, que acreditaban el valor de los activos, la viabilidad y la conveniencia de la compraventa de dicha empresa, subrayó en un comunicado.

Ayer por la mañana, tras difundirse la existencia de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) presentada por la actual administración de Pemex por la compra de Fertinal en un sobreprecio de más de 200 millones de dólares, el ex secretario Joaquín Coldwell se dirigió a los medios de comunicación para deslindarse.

Además, por segunda vez en este mes, el ex titular de Energía pide directamente a la FGR le cite a comparecer y conocer las acusaciones formuladas y contribuir al esclarecimiento de los hechos que el país reclama. En la primera ocasión pidió ser llamado en relación con la compra de la fábrica de fertilizantes Agronitrogenados.

Quien ha sido presidente nacional del PRI subrayó el derecho de la sociedad a estar informada de asuntos de interés nacional, como el de la adquisición de Fertinal, pero defendió la prerrogativa de toda persona a que sea la propia autoridad la que informe de manera directa, puntual y detallada, el contenido de las indagaciones con que se nos relaciona.

Insistió en la legalidad del proceder del Consejo de Administración de Pemex (del cual formaba parte en su condición de titular de Energía) en la adquisición de Fertinal. Somos personas honorables, con distintas especialidades y orígenes, pero con el común denominador de haber trabajado siempre bajo el principio de buena fe, por el bien de Pemex y del país, a partir de la información que se puso a nuestra disposición.

Consideró que se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia cuando se dan por verdad dichos no acreditados con pruebas o se distorsionan hechos que propician condenas sumarias no sustentadas en el debido proceso legal.

Rosa Elvira Vargas y Dora Villanueva

Periódico La Jornada