Durante décadas los (neo)liberales se apropiaron de manera hipócrita y
engañosa de este término. Bajo la bandera de la “austeridad” saquearon
al erario, endeudaron a la nación, inflaron la burocracia y
empobrecieron al pueblo. Utilizaron este digno concepto para intentar
revestir sus fechorías con un halo de supuesta moralidad.
En el camino lograron transformar el sentido mismo de las palabras.
La austeridad dejó de significar moderación para transformarse en un
concepto identificado con el recorte al gasto social. Bajo la influencia
de la ideología neoliberal muchos hoy entienden la austeridad como
equivalente a la reducción de los apoyos para los más necesitados, en
lugar de su sentido originario de la limitación de los excesos de los
más privilegiados.
La apuesta de Andrés Manuel López Obrador por una verdadera
austeridad entonces no lo acerca al esquema (neo)liberal, sino justo lo
contrario. Su rescate de la definición profunda y originaria de la
palabra es una de las claves de su rompimiento con la ideología del
viejo régimen.
La austeridad de la Cuarta Transformación no es gastar menos sino
más. No es para limitar la acción del Estado, sino para fortalecerlo. No
es para ampliar el ámbito de acción de los poderes privados, sino para
ensanchar cada vez más la esfera de lo público, lo colectivo y lo
comunitario. No es para recortar los apoyos para los pobres, sino
limitar los excesos de los potentados.
No hay una sola palabra de la Ley de Austeridad Republicana ya
aprobada por la Cámara de Diputados, o el Memorándum correspondiente
emitido el pasado 3 de mayo, que hable de reducciones en el gasto
social, educativo o de salud pública. Al contrario, la finalidad de la
ley es precisamente generar ahorros para poder gastar e invertir mucho
más en estos ámbitos.
El artículo cuarto de la Ley señala sin rodeos que el propósito de la
“austeridad republicana” es “combatir la desigualdad social, la
corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos
nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que están destinados”.
El Artículo 7 dice explícitamente que quienes apliquen las medidas de
austeridad deben “abstenerse de afectar negativamente los derechos
sociales de los mexicanos”. Así que los funcionarios públicos que
utilicen la austeridad como pretexto, al estilo de Germán Martínez, para
no desempeñar efectivamente sus labores podrán ser sancionados por la
Secretaría de la Función Pública una vez que entre en vigor la norma.
Es importante insistir en que tanto la Ley como el Memorándum hablan
única y exclusivamente de reducciones en los gastos burocráticos y de
administración. Se eliminan la multitud de nuevas direcciones generales
adjuntas creadas desde el sexenio de Felipe Calderón, se acaba con todos
los asesores y la gran mayoría de los choferes, se prohíbe la
adquisición de nuevos vehículos, se reduce drásticamente el gasto en
papelería, viáticos, viajes, telefonía celular y la subcontratación de
servicios a terceros.
Simplemente mienten y engañan quienes quieren responsabilizar a la
verdadera austeridad, moral y republicana, de López Obrador por las
consecuencias de más de tres décadas de políticas de supuesta
“austeridad” neoliberal que han diezmado las instituciones públicas y
los programas sociales del país.
La falta de medicinas y equipamiento médico, las malas condiciones de
las escuelas públicas, las limitaciones respecto a la inversión en
ciencia y tecnología así como la violencia de la pobreza extrema en que
se encuentran millones de mexicanos, no son resultado de la ausencia de
choferes, asesores, viáticos y viajes internacionales, sino de seis
sexenios al hilo de presidentes más interesados en cumplir con las
exigencias de las calificadoras internacionales que en satisfacer las
necesidades del pueblo mexicano.
www.johnackerman.mx
Este análisis se publicó el 9 de junio de 2019 en la edición 2223 de la revista Proceso
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