Aun cuando las empresas Carso Energy, IEnova y
TransCanada no acepten renegociar los contratos de gasoductos con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), en definitiva no va a haber sanciones, no somos leguleyos, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. No
es un asunto legal, que nadie se espante, nadie se ponga nervioso; se
van a respetar los contratos, porque son compromisos que se firmaron.
Al ratificar su desacuerdo con los términos pactados con las empresas
consideró que se trataba de un llamado a la renegociación de los
acuerdos. Emplazó a organismos empresariales, como el Consejo
Coordinador Empresarial o la Confederación Patronal de la República
Mexicana a deslindarse de este tipo de tratos y en vez de defender a ciegas, entiendan que a todos conviene combatir la corrupción e impunidad. No me voy a pelear con las empresas, pues lo que se busca es moralizar al país.
El jefe del Ejecutivo federal insistió en que lo que no queremos
es la corrupción. Necesitamos la participación del sector privado, pero
no del atraco en detrimento de las finanzas públicas, del interés
general. Que sean verdaderos empresarios quienes practican el
influyentismo.
Como secuela de la denuncia pública que hizo la víspera, López Obrador arremetió otra vez contra los chapulines fifís que brincan a trabajar a empresas relacionadas con ellos. Es
una vergüenza. No le hace que se enojen, pero tenemos que acabar con el
cáncer de la corrupción y la simulación; con el hecho de que las leyes
se respetan en la forma y se violan en el fondo.
Al igual que se detectaron estos vínculos en el sector energético,
también existen en Hacienda o con el ex presidente Ernesto Zedillo lo
tuvo en el sector de los ferrocarriles. Hay quienes sostienen que no es
ilegal. Pues no, es inmoral y es una vergüenza.
Recordó que quienes rescataron los bancos con el Fobaproa se
fueron a trabajar a ellos, una vergüenza. Un organismo que fue el
encargado del rescate, el Ipab (Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario), su director se fue a trabajar a Citibank.
Al referirse a los movimientos bursátiles provocados, el Presidente
minimizó su impacto, pues la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un
comportamiento positivo. Sólo las acciones de las empresas referidas
resintieron el impacto, lo que demuestra que estamos ante un sector
financiero bastante responsable e inteligente. Se castiga, si es que fue
así, por lo que considera el mercado una actitud indebida.
López Obrador descartó consecuencias legales de una frustrada
renegociación de los contratos, ratificando el cumplimiento
gubernamental. Consideró que eran injustos aunque sean legales, pero
admitió que es una responsabilidad del gobierno el que se liberen los
tramos que se encuentran bloqueados por inconformidad social, porque así
se estableció el contrato.
Nosotros vamos a cumplir, ni modo. Si sigue parada la obra, vamos a
seguir pagando. Haremos un llamado a los que tienen detenidas estas
obras, decirles que voy a ir allá a hablar con ellos como lo hice en
Cuautla, a ver si se deciden a dejar de impedirla. Va pasando el tiempo y
estamos hablando de miles de millones de pesos.
Las empresas deberían reconsiderarlo desde el punto de vista moral: Estoy
cobrando y me siento mal. Ya no puedo ir a los templos, no puedo ir a
la Iglesia. Tengo problemas de conciencia. Quiero estar bien con mi
conciencia. Demandó que sean empresas con dimensión social, con
dimensión cívica, con moralidad; no es un asunto legal, y dijo y subrayó
que en caso de que no renegocien tampoco habría vetos a participar en
subsecuentes contratos.
Con
motivo del Día del Internet, el presidente se reunió con líderes
digitales, entre ellos Jorge Camil de Enova, empresa que ha recibido
contratos millonarios del gobierno, según una investigación de Animal
Político y Nexos.
El pasado 17 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió en Los
Pinos con líderes digitales del país como parte de la conmemoración del
Día del Internet
Uno de los invitados a esa reunión fue Jorge Camil, cofundador y
coordinador de tecnología y educación de Enova, empresa que ha obtenido
contratos millonarios del gobierno del Estado de México y el gobierno
federal, reveló una investigación realizada por Nexos y Animal Político.
El
mandatario habló en esa reunión sobre los avances alcanzados en el
acceso de los mexicanos a los servicios digitales y también escuchó
propuestas en materia de competencia, inclusión digital y financiera,
mayor acceso a internet, entre otros.
La
empresa Enova ha recibido mil 700 millones de pesos en los últimos seis
años, y está formada por tres socios: Moís Cherem, Raúl Maldonado, y
Jorge Camil Starr.
Los socios de Enova crearon una red de escuelas
privadas de cómputo formada por 70 sucursales, denominada Red de
Innovación y Aprendizaje (RIA), que cobra a sus usuarios pese a haberse
formado con recursos públicos.
Las
autoridades no han auditado el destino de los fondos ni el impacto de
estas escuelas en los resultados educativos de los niños mexicanos.
Otros
de los invitados a la reunión de líderes digitales en Los Pinos fueron
Jimena Pardo, de la empresa Carrot; la youtuber Mariand Castrejón, mejor
conocida como Yuya; Alejandro Cantú de SkyAlert y Alfredo Canales de
Boletia, entre otros.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Juan Armando
Hinojosa no solamente construye casas, sino que también las destruye.
Gracias a la generosidad del compadre de Enrique Peña Nieto, Angélica
Rivera hoy puede pasear tranquilamente por su millonaria “Casa Blanca”
probando vestidos y perfumes extravagantes y de mal gusto. Y debido a la
ambición y la avaricia del mismo empresario con cientos de millones de
dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con los #PanamaPapers, el
dirigente otomí Armando García Salazar ya no tiene dónde pasar la noche.
El pasado lunes 11, la maquinaria pesada de la empresa Autovan,
filial del Grupo Higa, avanzó en contra de los pobladores de
Xochicuautla con el fin de limpiar el camino para construir una nueva
carretera de cuota en beneficio de las cuentas bancarias de Hinojosa.
Los empleados de la constructora violaban así una suspensión judicial
que tiene detenidas las obras en defensa de los derechos de los
pobladores de la zona. Pero la ley importa poco cuando se cuenta con el
respaldo de la fuerza despótica del Estado neoliberal.
Cientos de granaderos del Estado de México armados con la recién
aprobada “Ley Atenco”, que legaliza la violación generalizada de los
derechos humanos de manifestantes y activistas sociales, acompañaron a
los trabajadores de la empresa. La compañía primero aplastó el
campamento de “la digna resistencia” del Frente de Pueblos en Defensa de
los Recursos de la Madre Tierra para después destruir la casa de García
Salazar y otros pobladores de la zona. Mientras, los policías
repelieron con la fuerza a los habitantes que querían ingresar a su
propiedad.
Llama la atención la inversión total de la historia en comparación
con el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. En
aquella ocasión también se buscaba construir una carretera, pero tanto
las circunstancias como las consecuencias fueron radicalmente
diferentes. Hace una década el predio era propiedad de un empresario
poderoso, el camino tenía el objetivo de facilitar el acceso a un
hospital y el jefe de Gobierno no violó amparo alguno porque había
suspendido por completo la obra. Aun así, se utilizó toda la fuerza del
Estado y de los medios de comunicación para descalificar, desaforar y
enjuiciar al popular político tabasqueño con el fin de descarrilar su
eventual candidatura presidencial.
Hoy ocurre todo lo contrario. Si bien Eruviel Ávila, Hinojosa y Peña
Nieto se han visto obligados a suspender temporalmente su obra, no habrá
ninguna consecuencia mediática o jurídica de las graves violaciones ya
cometidas en agravio al pueblo de Xochicuautla. Se ratifica una vez más
el doble estándar autoritario de los poderes mediáticos y judiciales
respecto de la aplicación de la ley.
Como ha señalado Jenaro Villamil en estas mismas páginas, llama la
atención que en el mismo momento en que ocurría el desalojo ilegal de
los indígenas otomís de sus tierras en el Estado de México, Peña Nieto
paseaba con el presidente de Alemania, Joachim Gauck, presumiendo las
piezas olmecas exhibidas en Berlín como parte del Año Dual
México-Alemania. La simultaneidad de estas dos acciones captura con gran
elocuencia la profunda hipocresía que caracteriza al gobierno actual.
Al día siguiente, el martes 12, ocurrió otra coincidencia
esclarecedora. En el mismo momento en que el presidente mexicano
presumía con los gobiernos europeos su supuesto respeto por los derechos
humanos, uniformados procedían a desalojar violentamente a los
normalistas de Michoacán que protestaban por la falta de pago de becas y
de gastos operativos para las ocho escuelas normales de la entidad. Con
gran valentía, los normalistas reclaman el pago de un monto, 8 millones
de pesos, que equivale a menos de una docena de spots gubernamentales
en Televisa y a una pequeña fracción del costo del nuevo avión
presidencial.
Pero los normalistas de Michoacán no son compadres del presidente.
Así que en lugar de acceder a sus demandas, el gobernador michoacano,
Silvano Aureoles, recibió la orden de reprimir a los activistas sin
piedad alguna. Recordemos cómo apenas hace unos meses, en diciembre de
2015, Aureoles envió docenas de normalistas a la cárcel como presos
políticos en castigo por su dignidad rebelde.
El miércoles 13 un grupo de indígenas tarahumaras clausuró el
aeropuerto Barrancas del Cobre en la ciudad de Creel, Chihuahua, en
protesta por el incumplimiento de una sentencia judicial que demanda una
reparación de daño a la comunidad por las afectaciones ambientales y
sociales generadas por la construcción del aeropuerto. Los indígenas
reclaman acceso a agua potable, el saneamiento de dos ojos de agua,
reforestación y la liberación de veredas naturales que les permiten
acceso a escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Denuncian que
lo único que han recibido de parte de las autoridades han sido pretextos
y tácticas dilatorias.
Cada día el pueblo tolera menos los abusos del poder gubernamental y
de una economía controlada por una mafia de compadres. La tasa de
aprobación para el presidente de la República hoy se encuentra en su
punto más bajo en las últimas décadas y cada vez menos personas creen
que el país “va por buen camino” (sólo 13%, de acuerdo con el último
sondeo del periódico Reforma).
Los mexicanos están despiertos y se encuentran en pie de lucha a lo
largo y ancho del territorio nacional. Ya se inició el proceso de relevo
político tan necesario para salvar a la patria. l
La Auditoría Superior descubrió modificación de cláusulas con desventajas para Pemex
Disminución del monto y demora en el pago de penalizaciones por incumplimiento
Plataformas petroleras en Cantarrell, en la Sonda de CampecheFoto Notimex
Periódico La Jornada
Falta de transparencia en contratos de
arrendamiento de plataformas petroleras y modificaciones de cláusulas
que representan desventajas para Petróleos Mexicanos (Pemex), así como
disminución en el monto de las penalizaciones por incumplimiento y
demora en el pago de los mismos por parte de las empresas contratadas y
la falta de registro de personal, son las principales irregularidades
que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la renta
de tres equipos que la empresa productiva del Estado hizo durante 2014
para tareas de exploración y explotación de yacimientos de petróleo y
gas natural en aguas profundas y ultraprofundas. Falta transparencia en el proceso de negociación de los contratos, concluyó el órgano fiscalizador.
En ese año, Pemex Exploración y Producción (PEP) contaba con 63
plataformas (54 autoelevables y nueve sumergibles), contratadas a
particulares para incrementar las reservas y niveles de producción de
hidrocarburos. El 69.8 por ciento de las plataformas, es decir 44, las
consiguió por adjudicación directa y las restantes 19 mediante
licitación pública internacional, destacó la ASF.
Refirió que el predominio de la contratación directa obedece a la
estrategia que adoptó Pemex para garantizar su contratación y
conseguirlas con oportunidad en el mercado exterior, ya que son equipos
que tienen poca disponibilidad y alta demanda a nivel global.
Sobre el tema, la ASF auditó una muestra de 3 mil 251 millones 805.9
mil pesos, lo que representa 37 por ciento respecto del pago que hace
dos años Pemex hizo por tres contratos adjudicados directamente a igual
número de arrendadores: los más representativos en las operaciones
vinculadas a 13 contratos de arrendamiento de plataformas en aguas
someras (profundidades menores a 500 metros) y ultraprofundas
(profundidades mayores a mil 500 metros).
El mayor monto, 2 mil 331 millones 915.6 mil pesos, que concentra
71.2 por ciento de toda la erogación auditada, fue para la plataforma La Muralla IV,
cuyo periodo de arrendamiento se inició en 2012 y concluye en marzo de
2018. Otros 507 millones 460 mil 900 pesos se ejercieron para la
plataforma West Intrepid y los restantes 412 millones 429 mil 400 pesos para la plataforma West Obero, ambas contratadas desde febrero 2014 y hasta 2020.
La ASF puntualizó que Pemex Exploración y Producción
realizó modificaciones al clausulado de los contratos para el
arrendamiento de plataformas que representan desventajas, como la
disminución en el cobro de penalizaciones de 10 a 1.9 por ciento, sin
penalizaciones y plazos para las correcciones de anomalías no
impeditivas y sin contar con evidencia de los acuerdos en la dirección
general.
Además de la reducción de penalizaciones, hubo un desfase de dos a
250 días en la atención de anomalías de riesgo, PEP demoró hasta 421
días para realizar el cobro de la penalización por 198 días de atraso en
el arrendamiento de una de las plataformas y las empresas no informaron
a las autoridades competentes ni registraron en sus libretas de mar e
identidad marítima a 46 personas que subcontrataron, añadió.
La auditoría terminó el 18 de noviembre de 2015 y la ASF emitió seis
observaciones a Pemex, las cuales a su vez generaron siete
recomendaciones, una promoción de responsabilidad administrativa
sancionatoria y tres pliegos de observaciones.
Si bien la ASF señaló que en términos generales, Pemex Exploración
y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son
aplicables en la materia, enlistó cuatro excepciones que involucran
en conjunto la aplicación de penalizaciones por 25 millones 250 mil 200
pesos, que consideró recuperables.
“No se proporcionaron los acuerdos de la dirección general de PEP
para realizar las modificaciones de los contratos de arrendamiento de
las plataformas West Intrepid y West Obero, lo que
denota falta de transparencia en el proceso de negociación de los
contratos”, aseveró. La subsidiaria de Pemex tampoco cuenta con registro
de 46 personas subcontratadas y no aplicó las penas convencionales por
23 millones 90 mil 700 pesos, ni de otros 2 millones 159 mil 500 pesos
por la falta de aplicación de penalizaciones por retrasos de las
empresas para el arrendamiento de las plataformas y por la recuperación
de pernoctas que les fueron pagadas en exceso.
(27 de marzo, 2016).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
detectó falta de transparencia en contratos de arrendamiento de
plataformas petroleras y modificaciones de cláusulas que representan
desventajas para Petróleos Mexicanos (Pemex), así como disminución en el
monto de las penalizaciones por incumplimiento y demora en el pago de
los mismos por parte de las empresas contratadas y la falta de registro
de personal, entre las principales irregularidades.
También destacó la renta de tres equipos que la empresa productiva
del Estado hizo durante 2014 para tareas de exploración y explotación de
yacimientos de petróleo y gas natural en aguas profundas y
ultraprofundas. “Falta transparencia en el proceso de negociación de los
contratos”, concluyó el órgano.
En ese año, Pemex Exploración y Producción (PEP) contaba con 63
plataformas (54 autoelevables y nueve sumergibles), contratadas a
particulares para incrementar las reservas y niveles de producción de
hidrocarburos. El 69.8% de las plataformas, es decir 44, las consiguió
por adjudicación directa y las restantes 19 mediante licitación pública
internacional, destacó la ASF.
Hizo mención que, el predominio de la contratación directa “obedece a
la estrategia que adoptó Pemex para garantizar su contratación y
conseguirlas con oportunidad en el mercado exterior, ya que son equipos
que tienen poca disponibilidad y alta demanda a nivel global”.
La ASF auditó una muestra de 3 mil 251 millones 805.9 mil pesos, lo
que representa 37% respecto del pago que hace dos años Pemex hizo por
tres contratos adjudicados directamente a igual número de arrendadores:
“los más representativos en las operaciones vinculadas a 13 contratos de
arrendamiento de plataformas en aguas someras (profundidades menores a
500 metros) y ultraprofundas (profundidades mayores a mil 500 metros)”.
El mayor monto, 2 mil 331 millones 915.6 mil pesos, que concentra 71.2% de toda la erogación auditada, y fue para la plataforma La Muralla IV,
cuyo periodo de arrendamiento se inició en 2012 y concluye en marzo de
2018. Otros 507 millones 460 mil 900 pesos se ejercieron para la
plataforma West Intrepid y los restantes 412 millones 429 mil 400 pesos para la plataforma West Obero, ambas contratadas desde febrero 2014 y hasta 2020.
La ASF señaló que “Pemex Exploración y Producción realizó
modificaciones al clausulado de los contratos para el arrendamiento de
plataformas que representan desventajas, como la disminución en el cobro
de penalizaciones de 10 a 1.9 por ciento, sin penalizaciones y plazos
para las correcciones de anomalías no impeditivas y sin contar con
evidencia de los acuerdos en la dirección general”.
Además de la reducción de penalizaciones, “hubo un desfase de dos a
250 días en la atención de anomalías de riesgo, PEP demoró hasta 421
días para realizar el cobro de la penalización por 198 días de atraso en
el arrendamiento de una de las plataformas y las empresas no informaron
a las autoridades competentes ni registraron en sus libretas de mar e
identidad marítima a 46 personas que subcontrataron”.
ASF emitió seis observaciones a Pemex, las cuales a su vez generaron
siete recomendaciones, una promoción de responsabilidad administrativa
sancionatoria y tres pliegos de observaciones. “En términos generales,
Pemex Exploración y Producción cumplió con las disposiciones legales y
normativas que son aplicables en la materia”, pero dio a conocer cuatro
excepciones que involucran en conjunto la aplicación de penalizaciones
por 25 millones 250 mil 200 pesos, que consideró recuperables.
“No se proporcionaron los acuerdos de la dirección general de PEP
para realizar las modificaciones de los contratos de arrendamiento de
las plataformas West Intrepid y West Obero, lo que denota
falta de transparencia en el proceso de negociación de los contratos”, a
su vez, “Pemex tampoco cuenta con registro de 46 personas
subcontratadas y no aplicó las penas convencionales por 23 millones 90
mil 700 pesos, ni de otros 2 millones 159 mil 500 pesos por la falta de
aplicación de penalizaciones por retrasos de las empresas para el
arrendamiento de las plataformas y por la recuperación de pernoctas que
les fueron pagadas en exceso”.
De los más de 72 mil
millones de pesos que reporta de inversión en 8 concesiones, más de la
mitad fueron destinados a proyectos impulsados y desarrollados en
gobiernos priistas, en el Estado de México y a nivel federal.
En
la imagen, José Andrés Oteyza Fernández, presidente de OHL, en la
inauguración del Viaducto Bicentenario, en 2010.
(Foto: Saúl López/
Archivo Cuartoscuro)
Gustavo Sánchez B
En una reunión con Enrique Peña Nieto el año pasado, Juan Miguel Villar, presidente internacional de OHL, y José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México, se comprometieron a seguir invirtiendo en la infraestructura del país, de acuerdo con Sergio Hidalgo, director general de la constructora.
La inversión de esta constructora no es poca y menos cuando se trata de gobiernos de extracción priista.
Son más de 72 mil millones de pesos lo que la
española ha desembolsado desde 2003 o planea invertir durante este y los
próximos años. Más de la mitad de esos recursos los ha invertido o
invertirá en obras desarrolladas durante los gobiernos de Arturo Montiel
y Enrique Peña Nieto, cuando ambos fueron gobernadores del Estado de
México, y en el presente sexenio, cuando este último ya cumple poco más
de tres años como presidente de la República.
OHL México tiene actualmente ocho concesiones:
1-El Circuito Exterior Mexiquense (concesión otorgada por el gobierno de Arturo Montiel en el Estado de México)
2-El Viaducto Bicentenario (concesión otorgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México)
3-La Autopista Urbana Norte (concesión otorgada por el gobierno de Marcelo Ebrard)
4-La Supervía Poetas (concesión otorgada por el gobierno de Marcelo Ebrard)
5-La carretera Amozoc – Perote (concesión otorgada por el gobierno de Vicente Fox, a través de la SCT)
6-La Autopista Atizapán–Atlacomulco, aún pendiente (concesión otorgada por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, a través de la SCT )
7-El Libramiento Elevado de Puebla, aún pendiente (concesión otorgada por el gobierno de Rafael Moreno Valle)
8-Y el Aeropuerto de Toluca (concesión otorgada por el gobierno de Vicente Fox, a través de la SCT)
Es decir, OHL ha obtenido 3 concesiones con gobiernos del PRI, 3 con el PAN y 2 con el PRD. Pero los montos de inversión resultan muy diferentes.
Si se suman las 3 concesiones obtenidas en gobiernos priistas, OHL reportó una inversión de 44 mil 492 millones de pesos, lo cual se traducirá en una ganancia superior a ese monto, para la constructora española.
En tanto, en las 3 concesiones que ganó con el PAN reportó una inversión de entre 15 mil 600 millones de pesos
y 16 mil 800 millones de pesos; se da un estimado pues, en uno de los
proyectos, OHL estableció 2 cifras diferentes y calculadas en Euros: ver
documento 1 y documento 2.
Y las dos concesiones obtenidas con el PRD (el gobierno de Ebrard), suman una inversión de 12 mil 129 millones de pesos, menos de una tercera parte de lo que invirtió con los gobiernos priistas.
Ni sumadas las inversiones con gobiernos del PAN y del PRD
alcanzarían el monto de la inversión reportada con los gobiernos de
Montiel y Peña.
La mayor inversión de la constructora la realizó en el Circuito Exterior Mexiquense, por un monto de 24 mil 921 millones de pesos. Grupo
OHL se consolidó en México en 1998 y sólo 5 años después logró este
proyecto multimillonario que aún no termina de pagar el gobierno del
Estado de México y tiene concesionado hasta el 2051.
En segundo lugar, su mayor inversión fue en el Viaducto Bicentenario, con 10 mil 071 millones de pesos de inversión, durante el gobierno de Peña en el Estado de México.
Y en tercer lugar en el Libramiento Elevado de Puebla, en el gobierno de Rafael Moreno Valle, que estará listo en 2018, con una inversión de entre 473.3 y 530.5 millones de euros, aproximadamente 10 mil millones de pesos.
Si contamos los kilómetros construidos o por construir -ya sin contar
las obras en el Aeropuerto de Toluca- en gobiernos del PRI son 206 km; con gobiernos del PAN, 135.8 km; y con el gobierno de Ebrard, sólo 16.8 kilómetros. ¿Corrupción o campaña contra OHL?
Contra OHL pesan acusaciones de corrupción y contubernio con funcionarios priistas.
Los señalamientos los ha hecho la empresa Infraiber, quien se iba a encargar de instalar y operar un Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio(“SIVA”) en el Circuito Exterior Mexiquense.
El costo de dicho circuito, sumando la inversión y la “rentabilidad garantizada” que calcula la empresa, asciende actualmente a más de 34 mil millones de pesos. OHL tendrá la concesión hasta que se pruebe que recuperó ese monto.
Sin embargo, el contrato de Infraiber para verificar los aforos e
ingresos en el circuito fue revocado en mayo 2015 por el gobierno de
Eruviel Ávila, tras una reunión de los presidentes de OHL con Peña
Nieto.
La empresa constructora ha tomado las acusaciones en su contra como
una “campaña de extorsión y chantaje” por parte de Infraiber, quien
supuestamente “a principios de 2015, pidió verbalmente a OHL en España
que interviniera con las autoridades mexiquenses para que ordenaran
reinstalar el SIVA en la autopista, con la advertencia de que si no lo
hacíamos, ellos presionaríamos. Posteriormente, Infraiber habló a las
oficinas de OHL en Madrid para insistir a sus funcionarios que si no se
arreglaba el asunto del SIVA se crearía un gran escándalo que perjudicaría a la empresa”, dijo esta semana el director general de OHL México, Sergio Hidalgo.
OHL ha presentado hasta ahora 6 denuncias por extorsión, espionaje y daño moral contra
Infraiber, pero ésta última no ha cesado en sus acusaciones contra OHL.
La noche del miércoles, el abogado de Infraiber, Paulo Díez, aseguró en
un comunicado que existe “una extensa red de corrupción y
encubrimiento” que involucra a la constructora, lo que ha causado
“graves daños” al patrimonio de los mexicanos.
El representante en México de la empresa española OHL, José Andrés de Oteyza. Foto: Especial Jenaro Villamil
MÉXICO,
DF (apro).- El director general de OHL-México, Sergio Hidalgo, confirmó
que sí se realizó una reunión entre el presidente de la constructora
española Juan Miguel Villar Mir, y el presidente de la filial en nuestro
país José Andrés de Oteyza con el primer mandatario Enrique Peña Nieto,
en abril pasado, en medio del escándalo de grabaciones que fueron
filtradas a YouTube y en las que se ventilaron prácticas de presunta
corrupción y sobornos de los directivos de la compañía que construyó el
Circuito Exterior Mexiquense.
En la primera rueda de prensa del
año que ofrecen directivos de OHL y a pregunta expresa de la
corresponsal del periódico británico The Financial Times,
Hidalgo afirmó que la reunión entre Peña Nieto, Villar Mir y De Oteyza
“me parece de lo más natural”, ya que “cuando viene el presidente de un
grupo como OHL, que participa en 31 países y que tiene invertidos 75 mil
millones de pesos, busque reunirse con el presidente”.
Hidalgo
aclaró que no estuvo en esa reunión, pero la misma se realizó en el
marco de la venta de Conmex, operadora del Circuito Exterior Mexiquense,
“y lo que se comprometió con el señor presidente (Peña Nieto) es que el
grupo continuará invirtiendo recursos en el crecimiento de
infraestructura”.
Sobre las grabaciones que comenzaron a filtrarse
desde mayo de 2015, Hidalgo también confirmó que se trataban de
llamadas auténticas entre directivos de la empresa y funcionarios
públicos, donde se ventilaron presuntos actos de corrupción.
“Las
voces sí se reconocen… Inclusive, yo salgo en uno de los últimos
audios”, afirmó Hidalgo y argumentó que por la violación al Código de
Ética de la empresa salió el director de Relaciones Institucionales de
OHL-México, Pablo Wallentin, quien invitó al titular de Comunicaciones
del Estado de México, Apolinar Mena Vega, a unas vacaciones en el
complejo hotelero Mayakoba, propiedad de OHL en la Rivera Maya de
Quintana Roo.
Sin embargo, Hidalgo negó que se hubieran confirmado
más invitaciones pagadas por OHL-México a otros funcionarios públicos,
incluyendo al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, cuya voz también
aparece en uno de los últimos audios filtrados, quejándose de Paulo
Diez, abogado de la empresa Infraiber, que documentó a través de un
sitio web y de distintas entrevistas las irregularidades cometidas por
OHL en el cobro del peaje del Circuito Exterior Mexiquense y en la
quinta renovación del título de concesión de esta obra, considerada la
que mayores ingresos le representan a la constructora española.
Las
declaraciones de Sergio Hidalgo se realizan en vísperas de que la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) termine su investigación
sobre las presuntas irregularidades cometidas por OHL-México con los
accionistas y con su dudosa contabilidad, al tiempo que en España se
realiza una investigación paralela realizada por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV). Esta institución requirió el pasado 15 de
enero a OHL para que le enviara más información.
Para el abogado
Paulo Diez, de Infraiber, Sergio Hidalgo tendrá que admitir en su
próxima conferencia que en la reunión entre Villar Mir, De Oteyza y Peña
Nieto “pactaron mi detención ilegal y el cateo de las oficinas de
Infraiber”, realizadas en septiembre del año pasado.
Diez afirmó a Apro que
si el director general de OHL-México ya admitió la autenticidad de las
voces en los audios, “¿qué espera entonces la PGR para iniciar las
averiguaciones previas correspondientes?”.
En la misma rueda de
prensa, Hidalgo negó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) les hubiera pedido modificar su criterio contable. Sin embargo,
el documento del organismo regulador le advirtió, en las páginas 12 y 13
de su reporte, a OHL que no tiene un derecho “incondicional” de cobro
frente al Estado de México y que “no podía realizar el registro de los
otros ingresos de operación”.
“Falsa”, la información de OHL ante autoridades españolas
El
abogado Paulo Diez Gargari le envió a Ángel Benito Benito, titular de
la CNMV española un análisis detallado de la respuesta de OHL-México y
consideró que la empresa constructora le aportó “información falsa” a la
autoridad reguladora bursátil de España.
En especial, el abogado
de Infraiber subraya que no existe una “rentabilidad garantizada
pendiente de recuperar devengada en el mes corriente y que pasa a formar
parte de la base de cálculo para el mes siguiente”, según la respuesta
de OHL a la CNMV.
“Si ha leído usted, don Ángel, el título de
concesión del Circuito Exterior Mexiquense y sus modificaciones, se
habrá dado cuenta de que esta ocurrencia de OHL España no tiene
fundamento en el referido título de concesión y sus modificaciones… Lo
que no está tan claro es la razón por la cual la CNMV permite que OHL
España presente al público información falsa sobre el activo más
importante de OHL España: el Circuito Exterior Mexiquense”, advierte
Diez a Benito Benito en su comunicación.
De acuerdo con Diez, OHL
España ha registrado como “falso activo” un derecho incondicional de
cobro de dinero frente al gobierno del Estado de México “que el
regulador mexicano ha afirmado que no existe” y también ha registrado un
“falso ingreso”, con la denominación de “otros ingresos de operación”,
que también la autoridad bursátil mexicana ha afirmado que no debió
registrarse.
El Cisen investiga las relaciones de Oceanografía y su principal
accionista, Amado Yáñez, con el exsecretario de Energía Jordy Herrera;
con los exdirectores generales de Pemex Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez
Corzo y Juan José Suárez Coppel, y con el actual diputado Juan Bueno
Torio.
La indagatoria –cuya copia tiene Contralínea– detalla,
además, los nombres de 14 funcionarios y seis exfuncionarios de la
paraestatal contra quienes se procederá penalmente por beneficiar a la
naviera con contratos por más de 8 mil millones de pesos; entre éstos,
destacan el exdirector de PEP Carlos Morales Gil y el exabogado general
Néstor García Reza.
El documento, clasificado como confidencial,
también revela que el gobierno de Calderón declinó proceder contra los
hijos de Marta Sahagún por el tráfico de influencias en el que
incurrieron por este caso de corrupción
Primera de tres partes
El Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) indaga las relaciones de Oceanografía, SA de CV, con
el exsecretario de Energía Jordy Herrera Flores; los exdirectores
generales de Petróleos Mexicanos (Pemex) Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez
Corzo y Juan José Suárez Coppel, y el diputado federal Juan Bueno
Torio, exdirector de Pemex Refinación.
El dossier de la investigación que realiza el órgano de inteligencia –del que Contralínea
obtuvo una copia– refiere que el seguimiento es “por las probables
irregularidades” en beneficio de la naviera, cuyo principal accionista,
Amado Yáñez Osuna
, ya fue arraigado por la Procuraduría General de la República (PGR).
La pormenorizada pesquisa en torno a los cinco exservidores públicos
incluye un rastreo de sus cuentas bancarias y sus bienes.
En forma textual, el documento
clasificado como confidencial y fechado en 2014 señala: “Se están
siguiendo líneas de investigación sobre probables irregularidades en
que habrían incurrido tres exdirectores generales de Pemex para
beneficiar a Oceanografía, SA de CV; siendo éstos Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel.
“También se investiga por igual motivo a Jordy Herrera Flores,
quien fungió como director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica y
quien el 9 de septiembre de 2011 fue designado como secretario de
Energía por el [entonces] presidente Felipe Calderón [...quien ejerció
el cargo hasta el 30 de noviembre de 2012].
“Por otra parte, aunque ya antes se ha
investigado acerca de los vínculos del actual diputado federal Juan
Bueno Torio con los hermanos [Manuel y Jorge] Bribiesca Sahagún
, como facilitador para la adjudicación de diversos contratos a
Oceanografía, SA de CV, nuevamente se ha solicitado una revisión
minuciosa de su actuación al frente de Pemex Refinación y sobre todo si
existen datos que lo pudieran vincular con esta red de corrupción en
torno de Oceanografía.”
Según se desprende del documento, las indagatorias sobre los cinco exfuncionarios de primer nivel
se insertan en la búsqueda de probables responsables por los perjuicios
que sufrió el patrimonio público de Pemex, que podría superar los 8 mil
millones de pesos referentes a los montos de los contratos anómalos.
En la mira, 20 funcionarios
En su segundo apartado, el documento
del Cisen se refiere a los “funcionarios y exfuncionarios de Pemex
contra quienes se procederá legalmente en breve”. Se trata de una lista
integrada por 14 servidores públicos en activo y seis que ya no laboran
en la paraestatal más importante de México.
Por el nivel jerárquico que
desempeñaron, sobresalen dos: el exdirector de la subsidiaria Pemex
Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil –quien ejerció el
cargo del 1 de noviembre de 2004 al 7 de febrero de 2014, y salió por
las presiones del caso Oceanografía
–, y el exabogado general de la petrolera José Néstor García Reza, a
quien el propio Cisen ya había señalado como supuesto integrante de una
red de robo y tráfico de combustibles (Contralínea 333).
Al respecto, el Cisen detalla en su nuevo documento que “además de la investigación en curso por sus vínculos con Oceanografía
, a este exfuncionario se le investigaba previamente y por separado por
enriquecimiento ilícito”. García Reza ejerció como abogado general de
Pemex de 2005 a noviembre de 2010.
En la lista también se encuentra Mario
Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de
PEP. De éste, el informe confidencial señala que es hasta el momento
uno de los exfuncionarios contra quien se tienen las pruebas más
sólidas. Ávila Lizárraga fue candidato del Partido Acción Nacional al
gobierno de Campeche en la elección de 2009 y formó parte del grupo
político de Juan Camilo Mouriño , indica el órgano civil especializado en espionaje.
Aunado a ello, el documento del Cisen
apunta que ya se tienen elementos sólidos que podrían acreditar la
responsabilidad de las otras 19 personas en la comisión de diversas
irregularidades e ilícitos. “La mayoría de estos funcionarios y
exfuncionarios son investigados por participar en una red de corrupción
al interior de Pemex, principalmente en PEP, para beneficiar a
Oceanografía con al menos 21 contratos millonarios por un monto
superior a los 8 mil 744 millones de pesos, asignados a esa empresa
entre julio de 2010 y junio de 2012”.
Los funcionarios en activo, todos de
PEP, son: José Luis Fong Aguilar, actual subdirector de Producción de
la Región Sur; José Guadalupe de la Garza Saldívar, quien funge
actualmente como subdirector de Mantenimiento y Logística; Baudelio
Ernesto Prieto de la Rocha, titular de la Unidad de Perforación;
Francisco Jacobo Gordillo, gerente de Administración de Mantenimiento y
Logística; Víctor Hugo Ceballos Chávez, quien se desempeña como gerente
de Logística Marina; Miguel Ángel Alpuche Delgado, gerente de
Mantenimiento Integral Marítimo; Juan Sánchez Rivera, gerente de
Programación y Evaluación; Mireya Juanita Miranda Moyar, titular de la
Coordinación Integral de Control y Servicios; Martha Alicia Contreras
Arrieta, coordinadora de Proyectos de Inversión; José Refugio Serrano
Lozano, actual subdirector de Servicios a Proyectos; Benito Ricardo
Maranto Barrera, quien funge como gerente de Mantenimiento y Logística
de la Región Sur; Luis Primo Velasco Paz, quien es actualmente
subdirector de Distribución y Comercialización; Juan Alfredo Ríos
Jiménez, gerente de Perforación y Reparación de Pozos; Rubén Luján
Salazar, gerente de Análisis y Dictamen Técnico de Proyectos.
Los otros exfuncionarios, también de
PEP, son: Sergio Aceves Borbolla, exsubdirector de Servicios a
Proyectos; Carlos Enrique Becerra Schulz, exgerente de Suministros y
Servicios Administrativos; Alejandro Peña Calderón, exgerente de
Transporte y Distribución de Hidrocarburos de la Región Suroeste.
A decir del Cisen, que depende de la
Secretaría de Gobernación, “de la revisión que se ha realizado hasta la
fecha se han detectado diversas irregularidades en la asignación y en
la operación de múltiples contratos otorgados a Oceanografía,
por lo cual se tienen líneas de investigación contra diversos
funcionarios y exfuncionarios de Pemex, en contra de quienes en breve
se presentarán diversas denuncias penales”.
Agrega que esas 20 personas “no son los
únicos contra quienes se pretende proceder legalmente, ya que se sigue
ahondando en la extensa red de corrupción instrumentada en torno de
Oceanografía, por lo que se espera que otros funcionarios y
exfuncionarios, sobre todo de Pemex, sean también procesados en el
transcurso de las próximas semanas”.
Y aunque la línea principal de investigación en contra de estos funcionarios se centra en 21 contratos adjudicados a Oceanografía,
el Cisen señala que la investigación se extenderá no sólo para revisar
otros contratos asignados a esa empresa, sino para indagar la actuación
de otros funcionarios y exfuncionarios de Pemex que están implicados en
esta red de corrupción y tráfico de influencias.
Y es que del dossier del Cisen destacan
las ausencias de quien fuera secretario de Energía y presidente de
México, Felipe Calderón Hinojosa; del exdirector general de Pemex Jesús
Reyes Heroles, y del exabogado general de la paraestatal José César
Nava Vázquez.
Los 21 contratos irregulares
Por su relevancia en el caso de corrupción, tráfico de influencias y cohecho de la empresa Oceanografía –que ha tocado al primer círculo
en la Presidencia de la República en los sexenios de Vicente Fox y
Felipe Calderón–, el expediente confidencial del Cisen subraya algunos
contratos que están siendo investigados para proceder contra los
funcionarios y exfuncionarios enlistados. Todos fueron adjudicados en
el gobierno calderonista.
Se trata de los contratos 428221806 y
428221805, por un importe de 15 millones 98 mil 469.1 dólares (181
millones 909 mil 375.41 pesos, al tipo de cambio de la firma del
convenio, refiere el documento), por concepto de transporte de
personal, materiales y equipos ligeros con apoyo de lanchas rápidas,
con vigencia hasta el 31 de octubre de 2014.
También, el contrato 428221853 por un
monto de 7 millones 65 mil 79.84 dólares (84 millones 901 mil 770.94
pesos al tipo de cambio de la fecha de la firma del convenio), por
concepto de transporte de personal, materiales y equipos ligeros con
apoyo de una lancha rápida, con vigencia hasta agosto de 2014.
Además, el contrato 421002805, por un
monto de 198 millones 52 mil pesos; los contratos multianuales
421002810, 421002811, 421002812, 421002813 y 421002814, por concepto de
transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos con el apoyo de
barcos procesadores, firmados el 13 de marzo de 2012 por un monto total
de 343 millones 186 mil 680 dólares (2 mil 230 millones 714 mil 200
pesos al tipo de cambio de la fecha de la firma del convenio), con
vigencia hasta diciembre de 2015, adjudicados directamente.
Asimismo, el contrato 428232814, por un
monto de 286 millones de pesos. También la licitación 18575108-514-12,
por concepto de mantenimiento y apoyo de las actividades de perforación
en plantas marinas ubicadas en el Golfo de México, adjudicada a
Oceanografía por un monto de 563 millones 920 mil pesos, con vigencia
hasta diciembre de 2014.
El último caso al que hace referencia
el documento es la licitación 18575108-516-12, por concepto de
rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones marinas, con apoyo
de una embarcación, adjudicada en 2012, por un monto de 296 millones y
con vigencia hasta el 22 de noviembre de 2014.
“Autorización superior” benefició a naviera: Centro de Investigación y Seguridad Nacional
El análisis elaborado por el principal
órgano de inteligencia civil en México acerca de los beneficios que
recibió la empresa Oceanografía revela que el gobierno de Felipe
Calderón protegió de manera deliberada a los hijos de Marta Sahagún,
esposa del expresidente Vicente Fox. También, que fue por una
“autorización superior” que se le siguieron dando contratos millonarios
a la naviera de Amado Yáñez.
Al exponer los antecedentes del caso en
su primer apartado, refiere que “a principios del gobierno de Felipe
Calderón esta empresa fue objeto de una investigación exhaustiva no
sólo por sus irregularidades, sino también por el vínculo de su socio
principal [Amado Yáñez Osuna] con los hermanos [Manuel y Jorge]
Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, quienes habrían cabildeado decenas de contratos a favor de Oceanografía, SA de CV, a cambio de millonarias comisiones”.
Sin embargo, añade el documento, “a
pesar de que al realizar esas investigaciones se obtuvieron datos
sólidos que revelaban la existencia de múltiples anomalías, actos de
corrupción y tráfico de influencias tanto por parte de la empresa, como
de funcionarios de Pemex y de los hermanos Bribiesca Sahagún, se
determinó no proceder en su contra y, por el contrario, con
autorización superior se adjudicaron nuevos contratos a Oceanografía,
SA de CV”.
El caso de Juan Bueno Torio
El expediente confidencial al que tuvo acceso Contralínea
da cuenta de un nuevo seguimiento del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional al ahora diputado federal Juan Bueno Torio, quien
fuera director de Pemex Refinación.
Según el documento, se investigan sus
vínculos con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, “como
facilitador para la adjudicación de diversos contratos a Oceanografía,
SA de CV.
“Además se ha solicitado otra vez [sic]
la revisión de contratos adjudicados por Juan Bueno Torio durante su
desempeño al frente de Pemex Refinación a empresas propias, de
familiares y amigos, requiriéndose de manera especial información sobre
los siguientes contratos:
“Contratos GTT-039-01/03,
GTT/039/01/PP/03 y GTT/039/01/2PP/03, adjudicados a la empresa
Transportadora y Distribuidora Isabel, propiedad de Emilio Bueno
Lázaro, tío de Juan Bueno, por un monto total de 4.5 millones de pesos.
“Contrato GTT-0039-02/2004, otorgado en
2004 por Pemex Refinación a la empresa Transportadora y Distribuidora
Isabel, propiedad de Emilio Bueno Lázaro, por un monto de 1 millón 800
mil pesos.
“Contrato GTT-039-01-M04, por un monto de 334 mil pesos, adjudicado a Transportadora y Distribuidora Isabel.
“Contrato GTT-039-CM/2005-2008,
adjudicado en 2005 a Transportadora y Distribuidora Isabel, por un
monto de 7 millones 171 mil 977 pesos.
“Contrato GTT-039-01/2005, adjudicado a Transportadora y Distribuidora Isabel, por un monto de 1 millón 860 mil pesos.
“Contratos adjudicados en 2004 y 2005
a la empresa Combor Transportes, propiedad de Rosa Bueno Torio, hermana
de Juan Bueno, siendo éstos los siguientes: GTT-0333-01/2004, por un
monto de 600 mil pesos; GTT-0333-CM/2005-2008, por 150 mil 212 pesos;
GTT-0333-01/2005, por un monto de 720 mil pesos.
“Diversos contratos adjudicados a Fletera Continental de Líquidos, propiedad de Luis Ortiz Ríos, cuñado de Juan Bueno Torio.”
Antes de fin de año la IP entrará al sector energético
Peña debe dar resultados previo a comicios de 2108
La paraestatal buscará socios de riesgo compartido, dice la consultoría Mackenzie
Los próximos seis meses serán críticos para determinar el éxito de los cambios
Pemex se quedó corto en sus peticiones en la ronda cero, consideran especialistas
Foto José Carlo González
Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 30 de marzo de 2014, p. 2
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene
que entregar resultados tangibles antes de la elección presidencial de
2018 y se espera que siga comprometido con la reforma energética. Por
ello, podremos ver las primeras oportunidades de entrada (de empresas
privadas al sector energético) para el cuarto trimestre de 2014.
El pronóstico lo hace la consultoría Wood Mackenzie, considerada líder mundial en inteligencia comercial para las industrias de la energía, los metales y la minería,
en un análisis fechado este mes sobre la ronda cero, como se conoce al
proceso mediante el cual Petróleos Mexicanos (Pemex) quedó obligado por
la reforma constitucional a solicitar a la Secretaría de Energía
(Sener) las áreas de exploración y explotación que quiere conservar,
pero que le serán concedidas si comprueba sus capacidades técnica,
financiera y de ejecución.
Con esta revisión interna de su cartera a la que fue sometido Pemex, indica, se creará un nuevo panorama comercial del sector energético mexicano, porque abrirá sus activos a la inversión privada a través de contratos de lucro y de producción compartida y licencias.
La firma destaca que la paraestatal buscará socios de riesgo compartido
para explotar ciertas áreas, como Chicontepec, a la que “se le redujo
el presupuesto en 2014 y creemos que esto indica que Pemex está a la
espera de asociarse con el fin de mejorar el rendimiento del campo.
La primera oportunidad de entrada para las empresas será la
llamada ronda de las empresas mixtas, que puede ocurrir en el cuarto
cuatrimestre de 2014...Existen varios proyectos en los que Pemex podría
beneficiarse de la asociación con compañías que tengan experiencia en
acontecimientos difíciles, como los descubrimientos en aguas profundas,
los campos de Chicontepec y el petróleo extrapesado. Si bien
reconoce que Pemex ha aprendido rápidamente cómo explorar las aguas
ultraprofundas, señala que es conciente de los riesgos de desarrollar
tales proyectos solo.
Pemex tiene que transferir toda la información que tiene sobre el
subsuelo y sus datos de calidad a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, indica, pero luego con la concesión de licencias los datos de calidad tienen que ser puestos a disposición de los posibles licitadores con suficiente tiempo.
Agrega
que renunciar a ciertos campos maduros, pero con bajo desarrollo
–alrededor de 50 por ciento del total de sus campos sólo genera uno por
ciento de su producción–, permitirá a Pemex liberar recursos
financieros y técnicos para concentrarse en proyectos con resultados
atractivos.
Si Pemex renuncia a esos campos, se podría crear un mercado como
el colombiano, con campos más pequeños y las oportunidades podrían ser
para numerosas empresas, capaces técnicamente y respaldadas por fondos
de capital privado, indica la consultoría. Sin embargo, acota que como
parte de la reforma energética hubo un acuerdo para no despedir a unos
150 mil empleados de Pemex, por lo que es posible que no abandonará
esos campos a gran escala.
De cualquier manera, Wood Mackenzie insiste que la administración de
Peña Nieto tiene todos los incentivos para obtener resultados de la
reforma energética antes de las elecciones presidenciales de 2018.
Creemos que esto se toma en cuenta en los intentos del gobierno
para ser lo más prágmático posible para atraer inversión a corto y
mediano plazo, precisa la firma en el análisis El portafolio de Pemex después de la ronda cero: entrada de oportunidades a México, elaborado hace dos semanas.
No obstante, alerta sobre los riesgos que quedan por delante, como el
establecimiento de condiciones fiscales adecuadas, la falta de
disponibilidad de información del subsuelo y la posible ambigüedad con
respecto al marco regulatorio. Todos estos temas tienen el potencial de
retrasar el proceso de la reforma.
Los próximos seis meses serán críticos no sólo para que se determine el ritmo de la reforma energética, sino también su éxito en general, puntualiza.
*********
Entrega de hidrocarburos
Van a regalar información de Pemex: OCE
Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 30 de marzo de 2014, p. 2
La solicitud de Pemex sobre las áreas que pretende conservar para la exploración y explotación de hidrocarburos es un guión prestablecido
que reproduce lo que consultorías del sector energético ya preveían y
que coincide con las aspiraciones de empresas trasnacionales, consideró
José Manuel Muñoz, presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía
(OCE).
Con el argumento de que carece de capacidad financiera y técnica,
señaló, Pemex optó por pedir proyectos de bajo y mediano riesgos
geológicos y técnicos, y aunque también solicitó algunos de mayor
dificultad, anuncia que los trabajará en asociación con otras empresas, lo que forzosamente implica compartir la renta petrolera.
Mencionó como ejemplo Chicontepec, ya que aunque Pemex solicitó
conservarlo, se tienen dificultades para su explotación y se requieren
perforaciones horizontales, así que esta dificultad técnica va a ser la justificación para que el gobierno meta compañías externas para que desarrollen esa técnica.
Ya no se habla de contratos sino de asociarse y con eso
prácticamente se tradujeron al español todos los análisis en inglés de
agencias extranjeras sobre la apertura energética en México, dijo el especialista.
Las autoridades, dijo Muñoz, traen prisa por concretar la reforma y consideró que Pemex se quedó corto
en sus peticiones ya que tiene más capacidad de explorar y explotar que
las áreas que solicitó y que representan 31 por ciento de los recursos
prospectivos y 83 por ciento de las reservas probadas y posibles, según
se informó el viernes.
Petróleos Mexicanos podría entregar datos de calidad sobre la producción a los posibles licitadoresFoto José Carlo González
Anticipó que lo más seguro es que Pemex sólo conserve los activos de producción, principalmente pozos terrestres. Pudiera
estar pidiendo un poco más de lo que la Sener y la Comisión Nacional de
Hidrocarburos le van a aprobar. Le van a rechazar desde áreas de alto
potencial, pero también campos en producción, alegando que son de baja
rentabilidad para permitir que entren compañías extranjeras a hacerse
cargo, con el pretexto de que tienen altas dificultades técnicas, insistió.
El presidente del OCE manifestó que se obligará a Pemex a entregar
todos sus estudios, investigaciones y mapas sobre el subsuelo a
empresas privadas que participen en el sector.
Es información valiosísima. Información es poder y además tiene
un valor económico por lo que costó conseguirla o producirla, miles de
horas-hombre, por los recursos materiales involucrados y los millones
de pesos invertidos. Además, la información genera oportunidades, y
todo eso se le va a regalar a empresas privadas porque no se habla de
que ese conocimiento generado por Pemex vaya a someterse a concurso o
se tenga que vender. Es un vil atraco, concluyó.
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Entrega de hidrocarburos
Energía y CNH, con acceso irrestricto a datos técnicos y geológicos
Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 30 de marzo de 2014, p. 3
El
convenio de colaboración que Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría
de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
firmaron sobre toda la información técnica o geológica que la
paraestatal quedó obligada a entregar sobre las áreas de exploración y
explotación que pretende conservar, como parte de la llamada ronda
cero, se limita a señalar que sólo funcionarios autorizados tendrán acceso remoto a dicha información.
El documento tiene únicamente seis cláusulas, fue firmado el 21 de
marzo (el mismo día en Pemex entregó su solicitud) y tendrá vigencia
hasta que concluya la ronda cero, es decir cuando la Sener y la CNH
entreguen su resolución sobre la petición de Pemex, cuyo plazo máximo
fue fijado para el 17 de septiembre.
El convenio sólo tiene por objetivo fijar el mecanismo
por el cual Pemex dará acceso remoto o en sitio a la Sener y la CNH a
los expedientes y al sistema de tecnología sobre la información que
presentó la paraestatal en su solicitud, precisa el documento.
La empresa les permitirá el acceso irrestricto a la
información contenida en un portal creado para tal efecto, pero se
advierte que quedarán sujetos a las responsabilidades y sanciones de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
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Entrega de hidrocarburos
Defienden algunos el interés dictado en inglés y en dólares
Moralmente válido, oponerse a la mutilación constitucional: ANAD
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 30 de marzo de 2014, p. 4
La
reforma energética viola la Constitución Política y los tratados
internacionales firmados por México, porque los legisladores, en un
exceso de sus facultades, hicieron cambios esenciales al sentido
ontológico de la Carta Magna, advirtió Porfirio Martínez González,
miembro fundador de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Ante ello, consideró que es jurídica, política y moralmente válido
oponerse a la mutilación constitucional, autorizada, dijo, por quienes
pretenden entregar los recursos energéticos de la nación a las empresas
privadas.
El especialista recordó que el 18 de marzo pasado, 719 ciudadanos
presentaron una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación contra los cambios de fondo a los artículos 25, 27 y 28
efectuados por los congresos federal y locales, a iniciativa del Poder
Ejecutivo.
Martínez
González expuso que la enmienda elimina de la ley suprema el dominio
directo sobre los hidrocarburos y la electricidad, así como la
exclusividad de la nación para explotarlos.
Es decir, agregó, acordaron cambios esenciales lo que deviene en un acto contrario a la propia Carta Magna.
Subrayó que la propiedad de los recursos estratégicos que no simples mercancías hoy más preciados que nunca, es inalienable e imprescriptible, es decir, no pueden perderse por el paso del tiempo.
Hoy, dijo el abogado Martínez González, los conservadores de siempre
pretenden imponer a la propiedad pública las modalidades que les dicta
el interés privado en inglés y en dólares.
Oceanografía
fue la favorita de Pemex en los sexenios panistas. Pero ahora es el PAN
quien cuestiona la preferencia de la paraestatal hacia la filial
mexicana de esta naviera sueca, propiedad del enigmático empresario
regiomontano David Martínez
Por Peniley Ramírez -
David Martínez participó en la restructura de Vitro y ahora Fintech tiene
13 por ciento de las acciones de capital de la empresa regia
La
salida de Oceanografía del panorama de competidores de Pemex abre
espacios de disputa en la batalla por los nuevos contratos que se
adjudicarán en los próximos dos años.
El Partido Acción Nacional, principal afectado político por el caso,
ha puesto su atención en un nuevo competidor de la industria para
cuestionar a Pemex.
La nueva filial mexicana de la naviera sueca Seadrill, fondeada por
David Martínez, un empresario mexicano que resulta un enigma para los
inversionistas de Wall Street, podría ser una de las próximas favoritas.
Las respuestas de Pemex al PAN durante la comparecencia de Emilio
Lozoya ante la Cámara de Diputados sobre la empresa que financia
Martínez, fueron a favor de la legalidad de los contratos adjudicados
de forma directa.
Los cuestionamientos sucedieron cuando Oceanografía fue inhabilitada
y la atención de la opinión pública comenzaba a centrarse en la
compañía de Amado Yáñez. Cuestionan a Lozoya
“¿Con que criterios se adjudicó de forma directa la instalación de
cinco plataformas de perforación en aguas profundas del Golfo de México
a la empresa sueca Seadrill por un valor de mil 800 millones de dólares
(23 mil 856 millones de pesos)? ¿Por qué no hubo licitación pública?”,
abrió el PAN su ronda de preguntas al director de Pemex, Emilio Lozoya
Austin.
El cuestionamiento traía una consigna. Dentro del PAN el interés por
la empresa sueca está alimentado por el anuncio de que crearon una
filial mexicana.
Seadrill ha tenido contratos millonarios con Pemex a través de su empresa Sea Dragon de México.
En junio de 2007 les otorgó un contrato por 10 mil 330 millones de pesos que vence en diciembre de este año.
Ahora Seadrill entra a la nueva ronda contratos para plataformas semisumergibles.
A la pregunta del PAN, Pemex contestó que “la razón por la que se
contrataron mediante adjudicación directa es que en el mercado mundial
no hay plataformas autoelevables disponibles.
“Previamente Pemex realizó procesos de licitación pública
declarándose desiertos 19 requerimientos de plataformas autoelevables”.
Agregaron que ya se habían agotado los equipos ofertados por
empresas mexicanas, los de empresas internacionales con subsidiarias
mexicanas y por ello tuvieron que contratarlas en el mercado
internacional.
El partido que gobernó México hasta 2012 no quedó conforme.
“¿Por qué no se consideraron a las empresas mexicanas que ya tienen
experiencia en este rubro y, al menos, propiciaron una asociación entre
ellas para este contrato? ¿Se consultó a otras empresas para saber si
estaban interesadas?”, continuaron los panistas.
Pemex en voz de Lozoya se justificó alegando que “los equipos
disponibles de empresas mexicanas están todos contratados y no cuentan
con equipos adicionales en las fechas requeridas de acuerdo a programa”.
A pesar de ello, el partido agregó otras 11 preguntas sobre el mismo
tema. Quiso saber qué ofreció Seadrill que las demás no ofrecían, por
qué no se eligieron varias empresas si se pretendía extraer un volumen
mayúsculo de petróleo en el área, qué va a suceder si esta esta empresa
falla y cuáles son las cláusulas de protección para Pemex.
Incluso, sugirieron que la salida del exdirector de PEP, Carlos Morales, tuvo que ver con esta asignación directa.
La paraestatal repitió que siempre busca fomentar el contenido
nacional en los contratos, que las plataformas arrendadas sólo solo 4
de las 56 que se contratarán durante este año, que los contratos tienen
cláusulas de garantías y responsabilidades y que la adjudicación no
tenía nada que ver con la salida de Carlos Morales. Competencia 50% nacional
Los contratos celebrados con la filial de Seadrill durarán seis años
y representarán ingresos de más de mil 800 millones de dólares
La preocupación del PAN no se centraba solo en estas cuatro
plataformas, ya arrendadas, sino en la nueva filial de Seadrill en
México, nombrada SeaMex, Ltd.
El 18 de febrero, la compañía sueca anunció que ya se había
concretado con Pemex la firma de cuatro contratos para la renta de las
plataformas autoelevables jack-up West Oberon, West Intrepid, West
Defender y West Courageous.
Durante el segundo trimestre de este año, adelantó la empresa, se contratará la quinta plataforma, la West Titania.
Los contratos durarán seis años y representarán ingresos por encima de los mil 800 millones de dólares.
Seadrill dio a conocer que ya se había creado una empresa conjunta
llamada Seamex, Ltd., en la cual la compañía sueca tendría el 50 por
ciento de las acciones. Fintech controla acciones
La otra mitad accionaria es controlada por el fondo de inversiones
Fintech, que administra el empresario regiomontano David Martínez
Guzmán.
La pregunta del PAN iba directamente relacionada con este anuncio:
“¿Por qué ayudarle a esta empresa extranjera a crear su subsidiaria si
no se apoya igual a empresas mexicanas?”
Pemex le dio la vuelta al cuestionamiento del partido y detalló los
cuatro contratos firmados con Seadrill por medio de su filial Sea
Dragon de México.
Los contratos fueron por adjudicación directa. El número 421004812
fue por 417.4 millones de dólares, el 421004807 fue por 403.5 millones
de dólares, el 421004815 sumó 369.9 millones de dólares y el 421004814
se adjudicó por 403.9 millones de dólares. Ninguno está publicado en el
portal de transparencia del IFAI.
Según un especialista energético consultado por Reporte Indigo,
antes de estos contratos Seadrill ya le rentaba a Pemex la plataforma
West Pegasus, con la cual se perforó el pozo de Exploratus-1, donde en
enero pasado encontraron crudo ligero a 3 mil 900 metros de profundidad.
