Zedillo: crímenes y cinismo

EDITORIAL LA JORNADA 

Tras un tiempo de abstinencia declarativa en torno a la vida política mexicana, el ex presidente Ernesto Zedillo decidió romper el silencio para expresar su preocupación ante la reforma constitucional que busca sanear al Poder Judicial, sacudir el entramado de tráfico de influencias que lo corroe y entregar a los ciudadanos la facultad de elegir a los juzgadores. En línea con el pensamiento reaccionario y tecnocrático que lo ha distinguido en toda su carrera, Zedillo pretende que la soberanía popular significa la muerte de la democracia y la instauración de una tiranía.

No es extraño que la democratización de la Judicatura sea el único tema capaz de terminar con el mutismo zedillista, puesto que la configuración actual del Poder Judicial fue dictada por él, a dedo, en sólo 26 días de diciembre de 1994: en ese lapso, promulgó reformas a 20 artículos constitucionales a fin de remodelar todo el sistema de impartición de justicia a su antojo. Removió a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mantuvo el tribunal supremo cerrado durante un mes y lo reabrió con nuevos ministros seleccionados por su lealtad a los grandes capitales y al proyecto neoliberal de desmantelamiento del país. Para llevar a cabo este golpe de Estado sin oposición política ni social, recurrió al manual del neoliberalismo pinochetista: en un ejemplo clásico de la doctrina del shock, suprimió al Poder Judicial después de haber sumido a México en una crisis económica de tales proporciones que los ciudadanos no pudieron prestar atención a sus maniobras al estar asfixiados por el desempleo, la bancarrota y un endeudamiento tan súbito como brutal.

Aunque las decisiones financieras tomadas por Zedillo tan pronto llegó a Los Pinos se han denominado errores de diciembre, la historia ha dejado claro que no se trató de un error, sino de una bien orquestada operación de transferencia de recursos sociales y públicos a la oligarquía. Antes de precipitar la devaluación catastrófica de la moneda, el equipo del ex mandatario informó a los dueños de grandes capitales, dándoles tiempo para fugar todas las divisas y dejando caer todo el peso de la devaluación sobre trabajadores y pequeños empresarios. De un plumazo creó 17 millones de pobres y luego, con la complicidad de los legisladores del PRI y el PAN, echó sobre esos ciudadanos empobrecidos toda la deuda adquirida por empresarios y banqueros en la gran orgía de saqueo que fue la privatización de la banca perpetrada por su antecesor, Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces, Zedillo y la intelligentsia neoliberal afirman que la estatización de la deuda privada mediante el rescate de la banca se realizó para evitar un colapso del sistema financiero que habría afectado de manera más grave a todos los habitantes, pero los rescates efectuados en otras latitudes han mostrado que se puede estabilizar a la banca sin recompensar a empresarios ineptos y fraudulentos y, sobre todo, sin lastrar a la nación con un débito virtualmente impagable, que a tres décadas es más grande que el monto original y que hasta hoy sigue sustrayendo a la población mexicana recursos indispensables para el desarrollo económico y la vigencia de los derechos básicos y universales.

Pese a los esfuerzos de Zedillo y sus cómplices para mantener en completa opacidad los nombres de los beneficiarios, los montos que siguen recibiendo del erario y el origen de las deudas nacionalizadas, la información que ha salido a la luz muestra que toda la saga del Fobaproa es una gigantesca operación mafiosa de defraudación fiscal, tráfico de influencias, conflicto de intereses, fraude corporativo y uso de información privilegiada en perjuicio de la nación. Muchos ciudadanos que vivieron ese trance, incluso siendo niños, lo recuerdan bien porque de la noche a la mañana lo perdieron todo: millones de personas se quedaron sin empleo, les fueron embargadas sus casas, vieron crecer exponencialmente sus deudas y sufrieron la quiebra de sus negocios. Miles enfermaron, se suicidaron y padecieron el desmoronamiento de sus vidas personales y familiares porque Ernesto Zedillo Ponce de León tomó la decisión de enriquecer a un puñado de oligarcas a expensas de los mexicanos, asfixiando a las mayorías con tasas de interés desorbitadas mientras los causantes de la crisis se embolsaban las ganancias a perpetuidad.

A ello debe añadirse que Zedillo revivió lo peor de la contrainsurgencia y la guerra sucia del periodo de la historia nacional que él mismo califica de tiranía, con financiamiento de grupos paramilitares y algunas de las peores masacres de la historia reciente. Por todo lo anterior, carece de la mínima autoridad moral para señalar un supuesto déficit democrático en la actual administración.