En el dictamen, que será sometido a consideración de esa instancia en la próxima reunión y el cual elaboró la presidencia encabezada por los priistas Carmen Guillén Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, se establece:
“El denunciado no puede ser objeto de juicio político en razón de que el procedimiento de juicio político sólo puede iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después… por lo que nos encontramos fuera del periodo antes señalado, toda vez que es de conocimiento público que el denunciado concluyó su encargo el 8 de febrero de 2016”.
La solicitud de juicio político se presentó el 1 de marzo de ese mismo año por la diputada y coordinadora de Morena, Rocío Nahle, quien hoy denunció que los presidentes de la Subcomisión de Examen Previo dejaron pasar el tiempo –“con toda alevosía”– para luego poder argumentar la imposibilidad legal para analizar la solicitud.
La negativa al juicio político contra Lozoya.
La negativa al juicio político contra Lozoya.
La Subcomisión la integran 14 legisladores, de los que seis son del PRI, uno del PVEM, tres del PAN, dos del PRD, uno de Morena y uno de MC. Por el PRD, el secretario Rafael Hernández Soriano recurrió a los tribunales ante el rechazo de los presidentes de la subcomisión de sesionar.
Finalmente, un juez ordenó a la Cámara de Diputados sesionar, sin embargo, en el caso de Lozoya Austin el plazo ya feneció para que sea juzgado, según lo establece el 14 constitucional y el noveno de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Subcomisión fue integrada hace un año, el 21 de abril de 2016.
En la solicitud de juicio político, la coordinadora de Morena presentó como pruebas las grabaciones del 31 de marzo de 2015, en donde se evidencian arreglos políticos con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y acercamientos con el entonces director de la CFE, el hoy dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, para que la empresa española OHL resultara beneficiada con licitaciones.
Apenas la semana pasada fue detenido uno de sus directivos en España por participar presuntamente en sobornos y obtener licitaciones a su favor.
Nahle también presentó como pruebas las cuentas públicas de 2012, 2013 y 2014 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a Pemex y donde encontró no sólo irregularidades en ciertas licitaciones, sino además responsabilidades administrativas por la muerte de varios trabajadores a causa de diversos accidentes en instalaciones de Pemex desde el arribo de Lozoya Austin a la dirección de la ahora empresa productiva del Estado.
La legisladora no incluyó los resultados de la cuenta pública de 2015 de la ASF, donde se establecen responsabilidades al extitular de Pemex por haber utilizado helicópteros y aviones oficiales para viajes de placer.
Sin embargo, nada de esto podrá ser motivo para juzgar al exdirector de Pemex, debido a que ya feneció el tiempo legal para hacerlo. En el dictamen de la Subcomisión se observa la fecha “abril 2017”, pero no el día.
Así, mientras en Brasil se sigue el juicio por soborno contra Marcelo Odebrecht, propietario de la empresa que lleva su apellido y donde apenas el martes 4 uno de sus funcionarios reveló la entrega de 5 millones de dólares a Lozoya Austin para obtener licitaciones en Pemex, en México se sepulta la posibilidad de someterlo a juicio político.
Según reportes, Odebrech recibió de Lozoya Austin al menos unas cinco licitaciones.