El asesinato de los defensores de Derechos Humanos, Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, ocurrido hace siete años, expone la nula voluntad política de esclarecer los hechos, llevar a prisión a los culpables y la incapacidad de las instancias encargadas de la justicia en México.
A siete años de los hechos, el esposo de Alberta Cariño, Omar Esparza, y sus abogados, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, emitieron un pronunciamiento donde señalaron que durante el atentado donde ocurrió el asesinato, ni el gobierno federal ni el estatal, garantizaron la seguridad de la caravana.
Este 27 de abril se cumplen siete años del crimen contra Alberta, conocida como Bety y quien fuera directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y contra el observador internacional de origen finlandés, quienes fueron asesinados mientras viajaban en una caravana con ayuda humanitaria para la población triqui de San Copala, en Oaxaca.
Aquel día, un grupo armado realizó varios disparos y emboscó la caravana –en la que viajaban otras 20 personas, entre activistas, maestros y periodistas– en la comunidad de la Sabana, región controlada por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
El saldo de los disparos fue el asesinato de dos defensores, la desaparición, durante 60 horas, de dos periodistas de la revista Contralínea, quienes finalmente fueron encontrados con vida, y más de una docena de personas heridas que lograron escapar al internarse en la sierra.
De acuerdo con los abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del ataque y de los asesinatos de Bety y Jyri, no realizaron las acciones necesarias para rescatar a los heridos y encontrar a los desaparecidos, y tampoco intervinieron para detener a los atacantes.
Además señalaron que un día después de los hechos, con autorización del líder de Ubisort y autor material e intelectual del ataque, las autoridades ministeriales entraron al lugar de los hechos, solamente para rescatar los cuerpos de Bety y Jyri.
El caso permanece impune, toda vez que durante el proceso de investigación se obtuvieron 14 órdenes de detención pero uno de los presuntos culpables ya murió, cinco están en prisión sin sentencia y ocho se encuentran libres.
“Hasta el día de hoy el grupo paramilitar que atacó la caravana sigue operando en la región y la mayoría de los autores materiales siguen libres”, acusaron los abogados y la familia de Bety Cariño.
En el aniversario del crimen, la familia expresó que este caso muestra la incapacidad de las instancias encargadas de la justicia en México y evidencia la fragilidad y la inseguridad con el que realizan su trabajo las y los defensores de Derechos Humanos.
LLAMADO INTERNACIONAL
Desde el 2010, señala el texto, los Relatores de la ONU en temas de Libertad de Expresión, Protección a Defensores de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Ejecuciones Extrajudiciales condenaron enérgicamente los asesinatos de Bety Cariño y de Jyri Jaakkola y exhortaron al Gobierno mexicano a iniciar una investigación pronta e imparcial.
El Parlamento Europeo, la embajada de Finlandia en México y la Unión Europea han dado un seguimiento constante de los hechos y han apoyado a las familias de las víctimas.
A pesar de la preocupación internacional, este 27 de abril se cumplen 7 años del ataque sin que haya castigo para los culpables, sin protección para las víctimas, familias, sobrevivientes y testigos, es por ello que hoy se organizó una Jornada de Movilización en la capital de Oaxaca.
La caminata en memoria de la defensora y el defensor de los Derechos Humanos se realizó esta mañana frente a la Fuente de la Siete Regiones y llegó al Zócalo, frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir justicia para y demandar un alto total a esta política de hostigamiento y persecución en contra de los pueblos en resistencia.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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