Detienen a otro implicado en caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola;

Denuncian nula atención del Fiscal General

   

A casi nueve años del asesinato de Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, defensores de Derechos Humanos, fue detenido Daniel Martínez López.

Ello se dio en cumplimiento a la orden de aprehensión 257/2012 que libró el juez de Garantías de Huajuapan de León, confirmó la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

La detención de Martínez López se realizó este martes 22 de enero en el municipio de Juxtlahuaca, como presunto responsable de los asesinatos cometidos el 27 de abril de 2010, según la causa penal 257/2012, por los delitos de homicidio calificado con las tres agravantes premeditación, alevosía y ventaja.

Por lo pronto, el originario de Tilapa y vecino de San Juan Copala quedó a disposición del juez de Control para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.

Omar Esparza, esposo de Bety Cariño, dijo desconocer si el detenido es o no implicado en el asesinato de los dos defensores porque desde que llegó el Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez “no nos ha atendido, es nula la atención y lo que sabemos es lo que trasciende en los medios de comunicación”.

Es por ello que “desconocemos si realmente es uno de los responsables. No hay ninguna información del gobierno del estado y menos del Fiscal. Ya no sabemos cuántos detenidos hay, cuántas órdenes de aprehensión quedan pendientes y a cuántos se liberaron”.

Por esta razón, ya solicitaron una mesa con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, para la próxima semana y tener una interlocución con el gobierno de Oaxaca para conocer los avances sobre este caso.

Cabe recordar que el 27 de abril del 2010 una caravana que se dirigía a la comunidad triqui de San Juan Copala, en la región Mixteca, fue atacada por un grupo armado donde fueron asesinados Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

Con la detención de Daniel, faltarían cuatro por ser detenidos, ya uno fue asesinado en Copala, mientras que al ex dirigente de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez fue absuelto recientemente.

Imagen retomada del Centro de Derechos Humanos de mujeres

Por: Pedro Matías

Cimacnoticias/Pagina3.mx | Oaxaca, Oax.

Reclaman “falta de voluntad” de autoridades en caso Bety Cariño

Parlamentarias europeas ven pocos avances

Las parlamentarias europeas Satu Hassi y Ska Keller, quienes han seguido el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakola, ambos defensores de Derechos Humanos, asesinados el 27 de abril 2010 mientras iban en una caravana de ayuda humanitaria hacia San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, ven “poca voluntad” por parte de las autoridades de llevar los presuntos  homicidas a un juicio.
En entrevista con Cimacnoticias, la integrante del parlamento finlandés Satu Hassi y la diputada del parlamento europeo Ska Keller, señalaron que es el octavo año que las dos visitan México para ver los avances en el caso, pero “hay muy pocos”.
“Extraña que casi todos los años, justo antes de nuestra llegada, pasa algo”, afirmaron. Este año, se anunció la detención de otro acusado. Esto quiere decir que el número de detenidos aumenta a seis, mientras que hay órdenes de detención para siete personas más, pero no se están efectuando desde hace cinco años”, advirtieron.
Hasta ahora, sólo hubo una sentencia, en enero 2017, en contra de un sospechoso, quien por ser menor de edad al cometer el crimen, fue condenado a tres años de prisión.
Según las informaciones de las parlamentarias, otros detenidos tienen fecha de proceso, pero preocupa el sitio donde va a tener lugar, porque “no se garantiza la seguridad de las y los testigos”, afirmaron.
Las y los integrantes de la comunidad San Juan Copala, Oaxaca, han recibido amenazas, vinculadas con el grupo paramilitar que en 2010 atacó a la caravana humanitaria y mató a Cariño y Jaakola.
Cada año, Hassi y Keller se reúnen con organizaciones sociales también, para informarse de la situación de personas defensoras de Derechos Humanos. Mediante esto, las integrantes del Partido Verde esperan atraer la atención, por ejemplo, a la situación de quienes defienden los recursos naturales, y los derechos de las mujeres.
“Las dificultades burocráticas que nos han explicado las autoridades, en mi opinión sirven más bien como excusa,” dijo Satu Hassi. “Si hay voluntad, hay un camino”. La ex ministra finlandesa concluyó que el sistema judicial mexicano, pese a su reforma, no funciona bien.
Muestra de eso son las altas tasas de impunidad. “En este país (México), no se resuelve 90 por ciento de los homicidios. En mí país, es el contrario: más del 90 por ciento de crímenes graves se resuelven”, manifestó Hassu, y Keller agregó que la impunidad genera un problema para la sociedad en general porque manda una señal a las personas que perpetran violaciones de derechos de las y los indígenas, o mujeres, que los crímenes no se sancionan.
Las dos hicieron énfasis en el hecho de que la cláusula sobre Derechos Humanos en el renovado tratado de libre comercio que firmarán el Estado de México y la Unión Europea este mes no está muy amplia. Mientras que empresas que sienten infligidos sus derechos pueden apelar ante una Corte, estas medidas no existen en los casos de violaciones a Derechos Humanos.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Sonia Gerth

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Siete años después, asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola sigue impune

   Jornada de Movilización en Oaxaca

El asesinato de los defensores de Derechos Humanos, Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, ocurrido hace siete años, expone la nula voluntad política de esclarecer los hechos, llevar a prisión a los culpables y la incapacidad de las instancias encargadas de la justicia en México.

A siete años de los hechos, el esposo de Alberta Cariño, Omar Esparza, y sus abogados, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, emitieron un pronunciamiento donde señalaron que durante el atentado donde ocurrió el asesinato, ni el gobierno federal ni el estatal, garantizaron la seguridad de la caravana.

Este 27 de abril se cumplen siete años del crimen contra Alberta, conocida como Bety y quien fuera directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y contra el observador internacional de origen finlandés, quienes fueron asesinados mientras viajaban en una caravana con ayuda humanitaria para la población triqui de San Copala, en Oaxaca.

Aquel día, un grupo armado realizó varios disparos y emboscó la caravana –en la que viajaban otras 20 personas, entre activistas, maestros y periodistas– en la comunidad de la Sabana, región controlada por la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

El saldo de los disparos fue el asesinato de dos defensores, la desaparición, durante 60 horas, de dos periodistas de la revista Contralínea, quienes finalmente fueron encontrados con vida, y más de una docena de personas heridas que lograron escapar al internarse en la sierra.

De acuerdo con los abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del ataque y de los asesinatos de Bety y Jyri, no realizaron las acciones necesarias para rescatar a los heridos y encontrar a los desaparecidos, y tampoco intervinieron para detener a los atacantes.

Además señalaron que un día después de los hechos, con autorización del líder de Ubisort y autor material e intelectual del ataque, las autoridades ministeriales entraron al lugar de los hechos, solamente para rescatar los cuerpos de Bety y Jyri.

El caso permanece impune, toda vez que durante el proceso de investigación se obtuvieron 14 órdenes de detención pero uno de los presuntos culpables ya murió, cinco están en prisión sin sentencia y ocho se encuentran libres.

“Hasta el día de hoy el grupo paramilitar que atacó la caravana sigue operando en la región y la mayoría de los autores materiales siguen libres”, acusaron los abogados y la familia de Bety Cariño.

En el aniversario del crimen, la familia expresó que este caso muestra la incapacidad de las instancias encargadas de la justicia en México y evidencia la fragilidad y la inseguridad con el que realizan su trabajo las y los defensores de Derechos Humanos.

LLAMADO INTERNACIONAL

Desde el 2010, señala el texto, los Relatores de la ONU en temas de Libertad de Expresión, Protección a Defensores de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Ejecuciones Extrajudiciales condenaron enérgicamente los asesinatos de Bety Cariño y de Jyri Jaakkola y exhortaron al Gobierno mexicano a iniciar una investigación pronta e imparcial.

El Parlamento Europeo, la embajada de Finlandia en México y la Unión Europea han dado un seguimiento constante de los hechos y han apoyado a las familias de las víctimas.

A pesar de la preocupación internacional, este 27 de abril se cumplen 7 años del ataque sin que haya castigo para los culpables, sin protección para las víctimas, familias, sobrevivientes y testigos, es por ello que hoy se organizó una Jornada de Movilización en la capital de Oaxaca.

La caminata en memoria de la defensora y el defensor de los Derechos Humanos se realizó esta mañana frente a la Fuente de la Siete Regiones y llegó al Zócalo, frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir justicia para y demandar un alto total a esta política de hostigamiento y persecución en contra de los pueblos en resistencia.
 

CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

 

Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola, “idea muy remota”

Satu Hassi, parlamentaria finlandesa

“Siete años es mucho tiempo para esclarecer un homicidio”, dijo en entrevista la parlamentaria finlandesa Satu Hassi a propósito del aniversario del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010, mientras iban en una caravana de ayuda humanitaria hacia San Juan Copala, en el estado de Oaxaca.

En abril se cumplirán siete años del crimen pero, a la fecha, de 13 presuntos responsables, uno ya murió, ocho están en libertad y cinco están en prisión sin sentencia; dos de las testigos claves que presenciaron los hechos son amenazadas; y como, complemento de las irregularidades, el abogado de los acusados es también el intérprete de las familias de las víctimas.

“Esto hace que crezca la desconfianza en la voluntad de las autoridades. Luego de tantos años la resolución del caso es una idea muy remota”, expuso la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Finlandia y ex integrante del Parlamento Europeo, quien desde 2011 participa en la misión de trabajo que cada año viene a México a conocer los avances del caso.

Satu Hassi, quien visitará Oaxaca junto con sus compatriotas, los parlamentarios Ska Keller y Josep-María Terricabras, señaló que en Finlandia –país de donde era originario el activista Jyri Jaakkola– hay una preocupación porque han pasado muchos años y todavía no hay un juicio y el hecho de que cada año se postergue la investigación hace más difícil tener justicia.

¿AUTORIDADES BUSCAN SOLUCIÓN?

“Nuestro mensaje a las autoridades federales y de Oaxaca es la misma demanda: que el caso sea llevado a la justicia”, dijo la finlandesa, antes de reunirse con funcionarios de la Procuraduría de Justicia estatal; además se prevé que tenga una audiencia con el gobernador Alejandro Murat, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2016. 

Ante los funcionarios explicará su postura sobre la investigación, por ejemplo que cada detenido esté en un proceso penal por separado, a pesar de que se trata del mismo delito y de las mismas evidencias, y testigos para cada sospechoso. Sobre esto dijo que la pregunta es si realmente quieren resolver el caso, porque esta situación hace mucho más difícil y lento esclarecer el crimen.

“¿Por qué obligar a los testigos a venir cinco veces a decir lo mismo, o trece veces si se detiene a los trece?, uno sólo puede preguntarse cuál sería la motivación de actuar de esa manera”, señaló.

Aunado a esto, el abogado de los acusados funge como intérprete de las familias de las víctimas para traducir sus declaraciones del triqui al español, lo que indica que no hay imparcialidad y objetividad; hay evidencias que, sin motivo fundado, han sido rechazadas; y el caso se realiza en Huajuapan en la región triqui, un lugar inseguro para los testigos.

“Mi idea es que se ha usado cualquier tipo de complejidades jurídicas y legal, por el estado y por el gobierno federal, para no enjuiciar a los sospechosos”, expuso la parlamentaria.

Satu Hassi declaró que este caso se ha llevado hasta la oficina del Primer Ministro de Finlandia y al Parlamento Europeo pero hasta ahora no hay respuesta del Gobierno mexicano. Sin embargo, consideró que seguirán insistiendo porque creen firmemente que el deber de un Estado es proteger a su ciudadanía y pedir justicia para ella.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

No has muerto camarada Bety Cariño

QUINTO PODER

Por: Argentina Casanova*

El pasado 27 de abril se conmemoró un aniversario, el quinto, del asesinato de Beatriz Cariño. Nada hubo en los medios oficiales.

 

En cambio se le recordó en medios alternativos y en eventos organizados por la sociedad civil, por su familia, por otras activistas y defensoras que continúan con el legado de lucha de una mujer que no fue enterrada, sino sembrada para renacer como las semillas en los ideales de lucha por la defensa de la tierra, por los Derechos Humanos y de todas las mujeres.

 

Su asesinato, al igual que el de otras defensoras y defensores pretende ser acallado, silenciado por el mismo sistema que las asesinó, no nombrarlas constituye aliarnos con quienes pretendieron silenciar su trabajo, su lucha, sus ideales y convicción de defensa de la tierra.

 

Su familia organizó un homenaje a Bety Cariño, en el que participaron los amigos, la familia, la gente que conoció el trabajo de Bety, y algunas organizaciones de la sociedad civil que a pesar de la distancia se sumaron a esta fecha en forma simultánea y a través de distintas formas que las redes sociales, los medios alternativos y los recursos multimedia permiten a las defensoras.

 

En Campeche, el homenaje fue secundado por el Observatorio de Violencia Social y de Género, que realizó un video en el que participaron las integrantes, pero también con la colocación de una placa conmemorativa en la sala de trabajo colectivo con el nombre de Bety Cariño, quien estará así acompañada por otra luchadora, Marisela Escobedo.

 

Ambas mujeres que siguen vivas en la memoria de quienes continúan con la defensa de los Derechos Humanos.

 

Te nombramos compañera Bety, compañera Marisela, porque al nombrarlas, al colocar sus nombres, al publicarlos y difundirlos evitamos que el sistema que las asesinó consiga lo que buscaba, borrar sus luchas, sus aportes, sus sueños de justicia para las mujeres y los hombres de este país que se conduelen en silencio.

 

México es un mapa que se mide por los nombres de sus desaparecidas y desaparecidos, donde las instituciones promueven el olvido con eufemismos y argumentos que justifican la desaparición de más de 25 mil personas.

 

México es el mapa donde se documentan y registran los asesinatos de mujeres que buscaban justicia, de hombres solidarios que acompañaban caravanas de ayuda como ocurrió con Jiry Jaakkola, de defensores de la tierra que son víctimas del crimen organizado, de indígenas que defienden sus derechos, y esa es razón suficiente para ser asesinados.

 

México es el país donde se documenta gráficamente el exterminio de la diferencia, por ser mujeres, por ser indígenas, por ser pobres, por ser defensoras y donde se le apuesta al olvido por parte del Estado para que libremente pueda seguir acumulando cadáveres que entierra para borrarlos.

 

Se olvidan que en este país de luchas la muerte no borra a quien sembraba sueños de libertad, de justicia, de igualdad y respeto para las mujeres y hombres. Se olvidan que Bety era semilla y que ha germinado en las jóvenes mujeres que construyen con sus propias manos, con sus convicciones y resistencias un país mucho mejor, más digno y de integridades que creían apagadas.

 

Cada que una defensora o un defensor, un periodista, es asesinado se apaga una luz pero se encienden mil que saben que son la esperanza de que esas palabras, esos ideales no se borren. México es un país donde las familias pobres han puesto a los muertos desde tiempos de la Colonia, donde los indígenas eran exterminados como parte de limpiezas étnicas que nunca han sido reconocidas.

 

Pero no es casual que los asesinatos de los jóvenes, de las mujeres y de los defensores sean particularmente de mujeres morenas, hombres pobres que resisten como parte de un pueblo que se sabe amenazado por una política de exterminio.

 

Por eso en cada una de las mujeres que abrazamos el recuerdo de Bety Cariño reclamamos justicia para ella y su familia, para cada una de las familias que han sido víctimas de un Estado incapaz, omiso y permisivo con la violencia, con gobiernos tolerantes con grupos paramilitares que han asesinado a mujeres y hombres defensores.

 

No has muerto camarada Bety, tu lucha seguirá en cada mujer, en cada joven que defienda su derecho a la tierra, a la autodeterminación y a la libertad.

 

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

  

CIMACFoto: César Martínez López Cimacnoticias

Eurodiputadas piden proteger a testigos del caso Bety Cariño

De nuevo en México, se topan con la misma negligencia oficial

Una comitiva de parlamentarias europeas aseguró que es responsabilidad del gobierno mexicano proteger a las testigos que estén en riesgo y que participan en la investigación del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, perpetrado el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, estado de Oaxaca.

En entrevista con Cimacnoticias, las europarlamentarias Ska Keller, Satu Hassi y Heidi Anneli Hautala dijeron que sería un “fracaso” del gobierno mexicano si ambas testigos se ven obligadas a abandonar el país, a la vez que lamentaron que después de cinco años de los hechos aún no se detenga ni sentencie a los culpables.

La comitiva de diputadas del Parlamento Europeo (PE), que cada año realiza una visita a México para averiguar los avances del caso, toda vez que Jyri Jaakkola era ciudadano finlandés, dijo que recibieron información sobre el riesgo de dos personas testigos del asesinato, aunque –aclararon las europarlamentarias– aún no conocen sobre alguna petición de asilo.

La semana pasada la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) denunció que dos de las principales testigos están en peligro porque fueron intimidadas por integrantes del grupo paramilitar Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), presunto responsable del asesinato de los activistas.

Los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, que llevan el caso, informaron que el pasado 20 de enero fue detenido Elías Cruz Merino, uno de los presuntos responsables, pero dos días después las testigos fueron amenazadas en su domicilio.

También dijeron que Cruz Merino es el segundo detenido después de Rufino Juárez, que sigue un proceso jurídico, pero quedan pendientes 11 órdenes de aprehensión contra presuntos  responsables, que según la ANAD, son servidores públicos en funciones.

Los abogados informaron que solicitaron a las autoridades federales y estatales medidas de protección, sin embargo dijeron que sólo obtuvieron despensas, por lo que pedirían asilo por razones humanitarias al gobierno de Finlandia.

GOBIERNO INCUMPLE SU RESPONSABILIDAD

Al respecto, la europarlamentaria Ska Keller dijo que si bien ambas mujeres tienen razones para solicitar protección, lo importante no es que las testigos pidan asilo político, sino que el gobierno mexicano se asegure de garantizar su seguridad.

Sobre el proceso penal contra los presuntos culpables, criticó que las investigaciones de la emboscada a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, que dejó dos muertos, van “muy lentas” a pesar de que han pasado cinco años.

Por su parte, la europarlamentaria Heidi Anneli Hautala explicó que sería un “fracaso total” si esas dos testigos estuvieran obligadas a pedir asilo en Finlandia o en otro país. “Estoy convencida de que la responsabilidad es a nivel federal y a nivel estatal, del estado de Oaxaca”, subrayó.

Asimismo, lamentó que uno de los argumentos que dilatan las diligencias es que las autoridades federales y estatales siempre se echan la culpa mutuamente.

La diputada del PE aseguró que para las legisladoras no es relevante quién se encarga de hacer las diligencias, sino cuáles son los resultados. “Es importante que haya un avance y hasta ahora no hay una resolución del caso”, explicó.

La comitiva también precisó que este fin de semana se reunió con autoridades de Oaxaca y con el gobernador de la entidad, Gabino Cué, quien les aseguró que se están haciendo los esfuerzos necesarios para resolver el caso, por lo que esperan que en su próxima visita ya exista una resolución.

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- 
  CIMACFoto: César Martínez López

En riesgo, mujeres testigos del caso Bety Cariño

Vieron rostros de presuntos asesinos; sufren amenazas

Las dos testigos que el 27 de abril de 2010 presenciaron el ataque de un grupo paramilitar a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca –en el que fueron asesinados los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola–, son víctimas de intimidación y amenazas para que no denuncien a los agresores. 

 

Los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) Karla Micheel Salas y David Peña, denunciaron que las mujeres en riesgo no recibieron la protección del gobierno estatal ni federal, a pesar de que son testigos claves para encarcelar a los responsables del crimen.

 

En conferencia de prensa en esta capital, ambos abogados y Omar Esparza, viudo de Bety Cariño, dijeron que el pasado 20 de enero fue detenido Elías Cruz Merino, uno de los presuntos responsables, pero dos días después las testigos fueron amenazadas en su domicilio.

 

Sujetos integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), grupo paramilitar al que se le atribuye el ataque, fueron a la casa de las testigos a decirles que no podían declarar porque “les podía pasar algo malo”.

 

Cruz Merino es el segundo detenido después de Rufino Juárez por los hechos de San Juan Copala, sin embargo aún hay otras 11 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, dos de ellos funcionarios municipales que en la actualidad están en activo.

 

Karla Micheel Salas explicó que una de las dificultades en el caso es que a pesar de que la caravana estaba integrada por varias personas que sobrevivieron, ellas no pueden reconocer a los agresores porque llevaban pasamontañas.

 

No obstante, las dos testigos vieron a los agresores cuando, con el rostro descubierto, se dirigían a interceptar a la caravana, pero ante el riesgo que corren sus vidas se vieron obligadas a abandonar su comunidad y refugiarse en lugar seguro, pese a que sus familias siguen en peligro. 

 

“Una vez que ya estaban fuera de su comunidad, (los supuestos integrantes de la Ubisort) se comunicaron con la familia y en dos ocasiones volvieron a buscarlas y decirles que era importante que aparecieran y si no, algo iba a pasar, si se presentaban a declarar algo malo iba a pasar”, relató la abogada.

 

Aunque desde el pasado 25 de enero la ANAD denunció los actos de intimidación ante la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca y ante la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, hasta la fecha ambas mujeres y sus familias no cuentan con medidas de protección.

 

Incluso se comunicaron con la Procuraduría de Justicia de Oaxaca y lograron que la Defensoría estatal dictará medidas cautelares que a la fecha no se han implementado. 

 

Salas denunció que ante la solicitud de garantías de seguridad lo único que obtuvieron del gobierno estatal fueron unas despensas, por lo que dijo que harán una solicitud de asilo por razones humanitarias al gobierno de Finlandia.

  

La próxima semana una comitiva de eurodiputadas del Parlamento Europeo llegará a la Ciudad de México con fines diplomáticos y para dar seguimiento al caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola –quien era finlandés–, por lo que los abogados aprovecharán para hacer la solicitud de asilo al país escandinavo.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.-

  

Ningún avance para dar justicia por el asesinato de Bety Cariño

Segob incumple acuerdos y siguen libres presuntos homicidas

Pese al acuerdo que hizo el gobierno federal el pasado mes de mayo con familiares y abogados, persiste la impunidad por el asesinato de la defensora mexicana de Derechos Humanos Bety Cariño y del activista finlandés Jyri Jaakkola, mientras participaban en 2010 en una caravana humanitaria hacia San Juan Copala, en Oaxaca.

En conferencia de prensa con motivo de la quinta visita a México de Eve Jaakkola y Raimo Jaakkola, padres del activista Jyri Jaakkola, familiares y abogados  informaron que a cuatro años de la tragedia y a seis meses de firmados nuevos acuerdos, siguen sin cumplirse las órdenes de aprehensión contra los responsables del crimen.

El pasado 14 de mayo, Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño, emprendió una huelga de hambre de 16 días frente a la Procuraduría General de la República (PGR), para que esta instancia firmara una lista de acuerdos para garantizar justicia.

A fin de que concluyera el ayuno, autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) acordaron, en presencia de representantes de la embajada de Finlandia, que los 12 presuntos responsables señalados por la defensa de las víctimas serían detenidos; que sería juzgado Rufino Juárez, líder de la Unidad y Bienestar Social de la Región Triqui (organización a la que pertenecen los presuntos homicidas) y único aprehendido hasta ahora, y que los testigos del ataque a la caravana humanitaria gozarían de protección.

En el acuerdo, el gobierno federal se comprometió a que en el segundo semestre de este año Rufino Juárez sería juzgado, mientras que los presuntos responsables –que siguen libres– serían consignados durante los meses siguientes.

Hoy, a escasos días de concluir este mes de noviembre, Karla Micheel Salas, abogada de la familia Cariño y presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), dijo que a seis meses de haber firmado el acuerdo, ni las autoridades federales o locales han cumplimentado tales órdenes de aprehensión.

El único argumento que señalan las autoridades, según dijo la abogada, es que los responsables viven en San Juan Copala y en poblaciones aledañas, donde el grupo paramilitar Unidad y Bienestar Social de la Región Triqui mantiene el control, “tiene armas y es peligroso”, apuntó.

“Con esto las autoridades federales aceptan que hay una región donde el Estado no puede intervenir y donde grupos fuera de la ley aterrorizan a la población”, observó Salas.

La abogada también explicó que el supuesto mecanismo que se prometió para la protección de las y los testigos del ataque a la caravana, y que pudieran estar en riesgo, tampoco se ha cumplido pese a la insistencia de la Unión Europea.

Lo único relevante que informó David Garay, director de la Unidad de Gobierno de la Segob, es que ya se logró corroborar que tres de los probables responsables con órdenes de aprehensión, que señaló la y el abogado de las familias Cariño y Jaakkola, eran servidores públicos del municipio de Ixtlahuaca.

La abogada advirtió que luego de la huelga de hambre en mayo, las reuniones que acordaron celebrar cada mes también dejaron de efectuarse tres meses después, y fue hasta que los abogados hicieron nuevamente una solicitud a la Segob para que recibiera a la familia de Jaakkola que tuvieron nueva noticias.

A propósito de su quinta visita a México y de las reuniones con las autoridades federales, la madre de Jyri dijo que no logra entender como extranjera por qué las autoridades, pese a tener identificados a los responsables y seguir sus movimientos, siguen sin detenerlos.

Debido al incumplimiento de los acuerdos firmados en mayo, las familias, junto a su representación legal, exigieron reiniciar las reuniones con las autoridades y, por ahora, ya se suscribieron nuevos compromisos para detener a los responsables.

También están impulsando una audiencia en el subcomité del Parlamento Europeo para que éste pida un informe a México sobre los avances y acciones desarrolladas a partir de las órdenes de aprehensión de los presuntos responsables del asesinato.

Micheel Salas recordó que hace cuatro años por primera vez hubo un pronunciamiento conjunto de las y los relatores de la ONU para los Pueblos Indígenas, Libertad de Expresión, Ejecuciones Extrajudiciales, y de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos, quienes también solicitaron un informe a México para que declarara los riesgos de los testigos; pero el gobierno tardó mucho en informar que no hay cambios en la situación jurídica del caso.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.-

México sigue sin responder por asesinato de activistas en Copala

   En su tercera visita al país, eurodiputadas sólo reciben promesas

Tras su tercera visita a México por el asesinato en 2010 de la defensora Betty Cariño y el activista finlandés Jyri Jaakkola, las diputadas del Parlamento Europeo (PE) Satu Hassi y Ska Keller demandaron a las autoridades mexicanas que cumplan las órdenes de aprehensión contra los responsables del asesinato, y que otorguen medidas efectivas de protección a las familias de las víctimas.

Debido a que a cuatro años del asesinato de Betty Cariño y Jyri Jaakkola en San Juan Copala, Oaxaca, aún no se detiene ni sanciona a ninguno de los responsables identificados desde hace tres años, la eurodiputada Satu Hassi acusó que el sistema de justicia de nuestro país es “lento, corrupto y propicia impunidad”.

La parlamentaria enfatizó que lo urgente es la detención de las 12 personas que ya fueron señaladas como responsables del asesinato de los activistas, y la no repetición de los hechos a través de medidas adecuadas de protección para personas defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.

También criticó que durante cada visita a nuestro país por motivo de ese crimen, sólo obtienen promesas por parte de las autoridades sin que haya verdaderas acciones al respecto, lo que desvanece cada vez más su confianza, y acusó a los tres niveles de gobierno de no asumir la responsabilidad de los hechos, sino de buscar su  deslinde.

Detalló que durante la visita de este año consiguieron que la Comisión de Derechos Humanos del Senado presentara un punto de acuerdo en el que se compromete a exigir a las instancias de justicia un reporte de avances en el caso; pero observó que es lamentable que diferentes senadoras y senadores reconocieran que la no detención de los asesinos se debe a una “falta de voluntad política”.

Satu Hassi también observó que el actual gobierno mexicano no ha mostrado integralidad ni eficacia para prevenir los riesgos a los que se enfrentan las personas que defienden los recursos naturales y los DH, ya que el actual Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas carece de personal y recursos para una adecuada ejecución.

Además, señaló que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida hace dos años, es una herramienta adecuada para prevenir violaciones a DH, sin embargo –advirtió– mientras el Estado mexicano siga actuando con impunidad y corrupción, estas leyes son sólo letra.

Y añadió que las agresiones contra periodistas son especialmente graves para la sociedad, ya que es una forma de reprimir la libertad de expresión; no obstante, reveló que se va sorprendida por el “ánimo y coraje” que encontró entre las y los comunicadores.

También advirtió de los riesgos a los que están expuestas las personas defensoras del medio ambiente, quienes ante los proyectos invasivos de energía eólica y de minería por parte de empresas extranjeras salieron a defender sus recursos naturales bajo el riesgo de ser asesinados y encarcelados.

Hassi añadió que es lamentable que el asesinato de Cariño y Jaakkola a manos de un grupo paramilitar plenamente identificado siga impune, ya que es un caso simple que en su país se hubiera resuelto en mucho menos tiempo, debido a que en Finlandia sólo 10 por ciento de los delitos queda impune.

La también comisionada del Medio Ambiente en Europa agregó que para el PE ni para la madre de Jyri es más importante el asesinato de su hijo por el hecho de ser extranjero, sino que coinciden en que las agresiones contra personas defensoras de DH no deberían existir porque atentan contra el derecho a expresarse y es responsabilidad del Estado frenarlas.

Añadió que para las familias no se puede reparar la muerte de un integrante, lo más cercano a eso es que se garantice justicia a las víctimas.

Por todo esto, la eurodiputada emitirá, en colaboración con la vicepresidenta del PE, Ska Keller, un informe que entregará a la Comisión Mixta entre la Unión Europea y México y a las autoridades mexicanas, para dar cumplimiento a las acciones que se comprometieron desde 2010 respecto a los asesinatos ocurridos en San Juan Copala.

Cabe recordar que la defensora Betty Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakola fueron asesinados durante una caravana por la paz que se dirigía a Copala, para conocer la situación de las familias que se encontraban en medio de conflictos comunitarios.

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Se compromete gobierno a detener a asesinos de Bety Cariño

NACIONAL

DERECHOS HUMANOS

   Con huelga de hambre, Omar Esparza logra firma de acuerdo

Desplazadas de San Juan Copala en un homenaje a Bety Cariño y Jyri Jaakkola en 2013 | CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Tras 16 días en huelga de hambre, Omar Esparza Zárate, viudo de la activista Bety Cariño, asesinada en Oaxaca en 2010, concluyó su protesta en demanda de justicia y firmó un acuerdo con autoridades federales para que sean detenidos los responsables de la muerte de la activista y del finlandés Jyri Jaakkola.

En conferencia de prensa hoy, en la Comisión de Derechos Humanos del DF, Omar Esparza, quien estuvo en plantón afuera de la Procuraduría General de la República (PGR) desde el pasado 29 de abril, informó de la firma del acuerdo que también involucra a la embajada de Finlandia.

En el documento se acordó que los 12 presuntos responsables señalados por la defensa de las víctimas serán detenidos; que Rufino Juárez, único aprehendido hasta ahora, será juzgado, y que gozarán de protección los testigos del ataque a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, en 2010.

Omar Esparza aseguró que éste es apenas un paso en la justicia que ha venido buscando desde hace cuatro años, por lo que adelantó que estará pendiente de las investigaciones para vigilar que realmente se ejecuten las 12 órdenes de aprehensión pendientes.

El juicio contra Rufino Juárez es otro de los puntos acordados, ya que se trata del líder de la Unidad y Bienestar Social de la Región Triqui, organización a la que pertenecían los presuntos responsables; sin embargo, hasta ahora el juicio de este único detenido sigue pendiente.

Con el acuerdo, la abogada Karla Micheel Salas señaló que esperan que en el segundo semestre de este año Rufino Juárez pueda ser juzgado; mientras que con la coordinación desde el ámbito federal y desde el ámbito local se podrán detener y juzgar a los otros 12 presuntos responsables.

Reconoció que el ayuno de Esparza permitió colocar el caso de Bety y Jyri en la agenda del gobierno y ante instancias internacionales.

En la conferencia participó la embajadora de Finlandia en México Anne Lammila, quien añadió que la sede diplomática estuvo preocupada por la situación de Omar, pero que durante el proceso reconoció el apoyo de los países de la Unión Europea.

El acuerdo fue signado por Juan David Garay Maldonado, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; Joaquín Carrillo Ruíz, procurador de Justicia de Oaxaca; Anu Vouri-Kiikeri, ministra consejera de la embajada de Finlandia; Omar Esparza, viudo de Bety Cariño; Karla Micheel Salas, representante legal de la víctima, y Vidal Díaz Leal, comisario de la Agencia Especializada de Investigación de la PGR.

Visita el video: Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Anuncian jornada internacional por justicia para Bety Cariño

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   Ayuno y otras protestas para que se castigue a sus asesinos

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

A cuatro años del asesinato en Oaxaca de los defensores de Derechos Humanos Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, familiares y grupos civiles denunciaron que los responsables no han sido encarcelados a pesar de tener órdenes de aprehensión y estar plenamente identificados, por lo que anunciaron que iniciarán una huelga de hambre.

Ante la inacción de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca y la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Esparza, pareja de Bety Cariño, junto a otras organizaciones civiles, emprenderá una campaña para exigir a las autoridades federales que se cumplan las 13 órdenes de aprehensión pendientes.

La huelga de hambre que Esparza sostendrá forma parte de la “Jornada Internacional por la Detención de los Asesinos de Bety y Jyri”, que iniciará este domingo 27 de abril como conmemoración de los asesinatos.

Ese día, las organizaciones emprenderán una campaña en redes sociales y se realizarán actos político-culturales en Finlandia (país de origen de Jyri Jaakkola); luego continuará el día 28 con un homenaje a los defensores en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Anunciaron también que el próximo 29 de abril se realizará una concentración en las afueras de la representación del gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México, para luego marchar hacia la PGR y entregar al procurador Jesús Murillo Karam una solicitud de audiencia.

Ese mismo día, último de la jornada, Omar Esparza iniciará la huelga de hambre, la cual durará lo que el gobierno tarde en resolver sus exigencias.

Cabe recordar que el 24 de abril de 2010, Bety y Jyri participaban en una caravana por la paz para intentar romper el cerco de aislamiento en el que se encontraba el pueblo de San Juan Copala; sin embargo, hubo una emboscada de paramilitares que asesinaron a los defensores.

Sobrevivientes del ataque identificaron a los agresores como integrantes de la Unidad de Bienestar y Social de la Región Triqui, la cual se formó como parte de un proyecto social financiado por el gobierno estatal para las comunidades.

Karla Micheel Salas, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, señaló que en el expediente 152/2012 están integrados los nombres, retratos y direcciones de los que fueron señalados responsables, y que las autoridades federales hicieron el compromiso hace más de un año con ellos y la embajada de Finlandia de organizar un operativo para cumplir las órdenes de aprehensión que ya fueron dictadas.

Pero como el compromiso no se ha cumplido, la abogada adelantó que harán públicos los nombres y las fotografías de los presuntos asesinos, ya que las autoridades se resisten a detenerlos bajo el argumento de que se asientan en una comunidad triqui autónoma e inaccesible.

Tal justificación es mentira, señaló Karla Micheel, ya que los presuntos responsables transitan con libertad por el estado, mantienen vínculos con autoridades, trabajan para instituciones gubernamentales como promotores comunitarios, y visitan a menudo instalaciones de gobierno.

Los nombres de los presuntos homicidas, divulgados por Omar Esparza, son Rufino Hernández, Anastacio Hernández, Antonio Solano, Juan Macario Bautista, Antonio Ruiz García, Julio César Martínez, Mauro Ramírez, Sirino Ramírez, Daniel Ramirez, Elinas Cruz, Antonio Cruz, Bernabé Santiago Cruz, y Ramiro García, todos con orden de aprehensión.

En paralelo, se informó que la madre de Jyri Jaakkola sostenía una reunión en Estocolmo, Suecia, con autoridades de Finlandia y del gobierno mexicano para que le dieran una respuesta sobre por qué los responsables aún no están presos.

México, sin voluntad política para aclarar caso Bety Cariño

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   Amaga eurodiputada con llevar crimen al plano internacional
México, sin voluntad política para aclarar caso Bety Cariño

CIMACFoto | César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- 07/05/2013

La eurodiputada Satu Hassi advirtió que en Europa un crimen como el de los activistas Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, asesinados en abril de 2010 en Oaxaca, se hubiera resuelto en tres meses, pero en México van tres años sin ningún resultado.

En entrevista con Cimacnoticias, la parlamentaria del Grupo de los Verdes afirmó que la justicia mexicana es “muy lenta”, y dijo que ahora entiende por qué no es de extrañar que más del 90 por ciento de los crímenes que se cometen en nuestro país quedan impunes.

Hassi, quien estuvo en esta ciudad del 2 al 4 de mayo para participar en la Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, estuvo en Oaxaca el pasado fin de semana para verificar con autoridades locales los avances en la investigación del crimen.

“Nosotros insistimos en este caso, no sólo porque se trata de un ciudadano europeo, sino porque pensamos que los asesinatos tienen que ser resueltos para demostrar que el sistema funciona”, explicó.

La activista mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola fueron asesinados en una emboscada del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala.

A tres años de lo ocurrido, la integrante del Parlamento Europeo que visitó México en 2010, 2011 y 2012 para dar seguimiento al caso, expresó: “Tengo que decir que estoy muy desilusionada de que no ha habido progreso en los últimos ocho meses”.

“Hemos obtenido compromisos a nivel federal y estatal de que el caso va a ser resuelto, pero si hay una voluntad política real ésta tiene que ser acompañada por hechos y no por palabras”, reclamó.

Satu Hassi recordó que hay más de 10 órdenes de aprehensión y sólo una persona encarcelada, pero el sospechoso fue detenido hace dos años, en mayo de 2011, y desde entonces no hay ningún avance para dar con los responsables del doble homicidio.

La eurodiputada señaló que las autoridades oaxaqueñas le informaron que el primer juicio contra el imputado será en septiembre u octubre próximos, por lo que aseguró que habrá presencia internacional para vigilar el proceso.

Sin embargo, destacó que no será un juicio completo porque se juzgará sólo a un sospechoso de lo ocurrido en la caravana que llevaba víveres a la comunidad tríqui de San Juan Copala, y donde además hubo heridos por el ataque.

Hassi agregó que no hay razón para no resolver el caso: “El círculo de sospechosos es muy limitado; el grupo que estaba en San Juan Copala es perfectamente conocido, los sobrevivientes al ataque han hablado. Es decir en el caso no hay ningún misterio”.

En 2012 la eurodiputada visitó también la zona de tránsito de migrantes en los municipios mexiquenses de Tultitlán y Huehuetoca, donde dijo vivió una situación horrible. En esta ocasión visitó el Istmo de Tehuantepec.

Ahí la legisladora conoció la lucha de las comunidades indígenas contra la instalación de empresas eólicas, lo que ha generado que las compañías las despojen de sus tierras, algo que a decir de la eurodiputada tampoco pasaría en Europa.

Por lo pronto, Satu Hassi adelantó que llevarán la información sobre lo que pasa en Oaxaca al Parlamento Europeo, y respecto al caso Bety Cariño dijo que se buscará que Finlandia intervenga a fin de que México asuma su responsabilidad en este crimen.

Ningún avance en caso Bety Cariño, denuncian eurodiputadas

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DERECHOS HUMANOS
   Desde hace 8 meses siguen sin ejercerse órdenes de aprehensión

Por: Mabeth Aquino, corresponsal

Cimacnoticias | Oaxaca.- 

Diputadas del Parlamento Europeo (PE) criticaron que las autoridades del estado de Oaxaca no hayan ejercido las órdenes de aprehensión contra los presuntos asesinos de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, crimen ocurrido el 27 de abril de 2010.

En su visita por cuarta ocasión a la entidad para dar seguimiento al caso, la parlamentaria europea Satu Hassi denunció que hace ocho meses el gobierno estatal informó que había órdenes de aprehensión y sin embargo hasta ahora no se han ejecutado.

“Es una situación triste porque hace ocho meses estuvimos aquí y nos dijeron que existían órdenes de aprehensión, es difícil comprender porque hoy no hay más avances”, lamentó la diputada del PE.

Satu Hassi y Ska Keller estuvieron este fin de semana en la capital del estado para reunirse con representantes del gobierno local y ver el estado de las investigaciones a tres años del crimen. El gran ausente del encuentro fue el gobernador Gabino Cué.

Hassi criticó que las autoridades no brinden la importancia al hecho, “pues no debe pasar en ningún lugar del mundo. Por haber ocurrido aquí y por la muerte de un europeo venimos y nos preocupa que se resuelva el caso”.

Resumió que no hay un progreso visible, por lo que la confianza que tuvieron en octubre de 2012, durante su anterior visita, hoy no la conservan, a pesar de que el caso es públicamente conocido y existen testigos que señalan a los atacantes.

La eurodiputada recordó que tras los asesinatos, el presidente finlandés, Sauli Niinisto, se reunió con Felipe Calderón y recientemente con Enrique Peña, “para dejar en claro que el gobierno europeo quiere el esclarecimiento del caso”.

Las representantes del PE aclararon que no está en sus manos que las autoridades de Finlandia tomen el caso e inicien un juicio en el país europeo, aunque las leyes internacionales lo permitan y los padres de Jaakkola así lo demanden.

“Llevarlo a un juicio en Finlandia debería ser la excepción y no la regla, además que sólo se juzgaría el asesinato de Jyri y no el de Bety Cariño, por lo que la prioridad es que se juzgue en México”, recalcó Satu Hassi.

“Ninguna persona es más importante que otra. No porque Jyri sea europeo sólo nos preocupe él. Murieron juntos y debe hacerse justicia”, enfatizó.

La defensora de Derechos Humanos Beatriz Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola fueron asesinados durante una caravana que se dirigía a San Juan Copala, para conocer la situación de las familias debido a conflictos comunitarios.

Las legisladoras también visitaron el Istmo de Tehuantepec para informarse sobre la inconformidad ciudadana luego de la llegada de empresas europeas que impulsan proyectos de energía eólica en la región. Dijeron que estos planes deben generar beneficios reales para las comunidades.