Vieron rostros de presuntos asesinos; sufren amenazas
Las
dos testigos que el 27 de abril de 2010 presenciaron el ataque de un
grupo paramilitar a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan
Copala, Oaxaca –en el que fueron asesinados los activistas Bety Cariño y
Jyri Jaakkola–, son víctimas de intimidación y amenazas para que no
denuncien a los agresores.
Los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
(ANAD) Karla Micheel Salas y David Peña, denunciaron que las mujeres en
riesgo no recibieron la protección del gobierno estatal ni federal, a
pesar de que son testigos claves para encarcelar a los responsables del
crimen.
En conferencia de prensa en esta capital, ambos abogados y Omar Esparza,
viudo de Bety Cariño, dijeron que el pasado 20 de enero fue detenido
Elías Cruz Merino, uno de los presuntos responsables, pero dos días
después las testigos fueron amenazadas en su domicilio.
Sujetos integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui
(Ubisort), grupo paramilitar al que se le atribuye el ataque, fueron a
la casa de las testigos a decirles que no podían declarar porque “les
podía pasar algo malo”.
Cruz Merino es el segundo detenido después de Rufino Juárez por los
hechos de San Juan Copala, sin embargo aún hay otras 11 órdenes de
aprehensión contra presuntos responsables, dos de ellos funcionarios
municipales que en la actualidad están en activo.
Karla Micheel Salas explicó que una de las dificultades en el caso es
que a pesar de que la caravana estaba integrada por varias personas que
sobrevivieron, ellas no pueden reconocer a los agresores porque llevaban
pasamontañas.
No obstante, las dos testigos vieron a los agresores cuando, con el
rostro descubierto, se dirigían a interceptar a la caravana, pero ante
el riesgo que corren sus vidas se vieron obligadas a abandonar su
comunidad y refugiarse en lugar seguro, pese a que sus familias siguen
en peligro.
“Una vez que ya estaban fuera de su comunidad, (los supuestos
integrantes de la Ubisort) se comunicaron con la familia y en dos
ocasiones volvieron a buscarlas y decirles que era importante que
aparecieran y si no, algo iba a pasar, si se presentaban a declarar algo
malo iba a pasar”, relató la abogada.
Aunque desde el pasado 25 de enero la ANAD denunció los actos de
intimidación ante la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca y
ante la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, hasta la
fecha ambas mujeres y sus familias no cuentan con medidas de protección.
Incluso se comunicaron con la Procuraduría de Justicia de Oaxaca y
lograron que la Defensoría estatal dictará medidas cautelares que a la
fecha no se han implementado.
Salas denunció que ante la solicitud de garantías de seguridad lo único
que obtuvieron del gobierno estatal fueron unas despensas, por lo que
dijo que harán una solicitud de asilo por razones humanitarias al
gobierno de Finlandia.
La próxima semana una comitiva de eurodiputadas del Parlamento Europeo
llegará a la Ciudad de México con fines diplomáticos y para dar
seguimiento al caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola –quien era
finlandés–, por lo que los abogados aprovecharán para hacer la solicitud
de asilo al país escandinavo.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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