El
gobierno del estado de Morelos no se reunió con la Comisión
Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) –solicitante de la
Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad–, para informar
sobre el cumplimiento de 15 recomendaciones que debe llevar a cabo para
detener la violencia contra las mujeres.
El pasado viernes 6 de febrero, el gobierno morelense, encabezado por Graco Ramírez –emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD)–, debía reunirse con la CIDHM y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para informar sus avances en el cumplimiento de 15 recomendaciones para frenar el feminicidio en la entidad, las cuales debe cumplir antes del próximo 18 de marzo a fin de que no se declare la AVG.
En cambio, Rodrigo Dorantes Salgado, procurador general de Justicia de la entidad, invitó –con apenas 12 horas de anticipación– a un evento el 6 de febrero a organizaciones civiles que defienden los derechos femeninos, la CIDHM, la Conavim y a medios de comunicación para escuchar su informe de los supuestos avances en la materia.
Debido al “cambio de formato” de la reunión –según el cual sólo hablaría el procurador–, la CIDHM se abstuvo de asistir y el personal de la Conavim acudió sólo como invitado para escuchar un discurso de media hora, pero no un informe preciso sobre cada una de las 15 recomendaciones que emitió desde agosto de 2014 el Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida en Morelos.
En entrevista con Cimacnoticias, Julia Quintanilla, coordinadora de la CIDHM, dijo que el gobierno estatal convirtió una mesa de trabajo en un evento político a fin de no responder los cuestionamientos de la organización y “quedar bien”.
“Nos negamos rotundamente a participar en ese ‘juego político’ del gobierno que lo único que quería era que con nuestra presencia avaláramos lo que decía, pero le dejamos claro que este tipo de acciones son las que evidencian que no hay un respeto ni una atención específica al tema de las mujeres, en concreto a la violencia feminicida”, declaró Quintanilla.
La activista lamentó que el gobierno local “continúe con prácticas manipuladoras”, y dijo que este hecho dejó fuera los cuestionamientos de la CIDHM a propósito de las 15 recomendaciones.
En este sentido, precisó, la CIDH quiere saber cuántas carpetas integradas como feminicidio tiene la Fiscalía General de Morelos; por qué razón en el último caso que se documentó de feminicidio en la entidad quedó en libertad el agresor; y por qué no se ha integrado adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres.
Además, Quintanilla señaló que el gobierno de Graco Ramírez suma múltiples señalamientos en materia de salud y procuración de justicia para las mujeres, por lo que no puede afirmar que esté cumpliendo con una sola de las 15 recomendaciones.
La reunión de trabajo que debía llevar a cabo la CIDHM con el gobierno de Morelos este 6 de febrero fue convocada por la Conavim, había sido pactada con dos semanas de anticipación e incluso fue reconfirmada por la organización civil dos días antes.
“COMPLICIDAD” DE CONAVIM
Según la activista, al terminar el evento el personal de Conavim no ofreció alguna explicación a la CIDHM, ni expresó inconformidad alguna porque el procurador del estado haya modificado el formato de la reunión y no les permitiera dar sus observaciones.
“Esto demuestra una vez más la complicidad que hay entre el gobierno estatal con instancias del gobierno federal, lo que impide que el proceso que marca el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se cumpla debidamente”, dijo la coordinadora de la CIDHM.
Ante la queja de las activistas, la subsecretaría de Gobierno de Morelos prometió realizar una reunión con la Conavim y la CIDHM en días próximos, pero la organización civil condicionó su participación a que la dependencia estatal entregue esta semana un informe por escrito de sus avances.
Las 15 recomendaciones que debe cumplir el gobierno morelense son consecuencia de que la CIDHM presentó una solicitud de AVG el 27 de mayo de 2014, ya que entre el año 2000 y junio de 2013 hubo 530 casos de feminicidio en el estado.
El 28 de agosto de 2014 el Grupo de Trabajo que investigó el feminicidio en Morelos propuso adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y resuelvan todos los asesinatos dolosos de mujeres “con la debida diligencia y en un plazo razonable”.
El grupo también pidió al gobierno morelense crear programas de capacitación y profesionalización permanentes dirigidos a las y los servidores públicos encargados de la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.
Igualmente, dijo que es necesario hacer del conocimiento de las autoridades los protocolos de actuación e investigación de delitos cometidos contra las mujeres; institucionalizar los procesos de atención a las víctimas de violencia en todas las instancias del estado, e implementar el Modelo de Atención Único para las Dependencias que Integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos, emitido en 2012
Así también recomendó crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y reeducación de personas generadoras de violencia contra las mujeres; reparar el daño a las víctimas de feminicidio; integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres; dictar de manera adecuada órdenes de protección para víctimas de violencia, y asignar el presupuesto suficiente para combatir la violencia de género.
CIMACFoto
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
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