Somos Ayotzinapa vs. gobierno peñanietista
Situación después de 4 meses de los normalistas muertos y desaparecidos
Después de cumplidos cuatro trastocadores meses desde que en la
madrugada del 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados 4 jóvenes y
secuestrados/desaparecidos 43 estudiantes normalistas de Ayotizinapa,
se hicieron sentir nuevamente en las calles de la ciudad de México y de
todas las ciudades importantes de México y del mundo las
manifestaciones populares por la presentación con vida de los 43:
¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!, que conformaron parte
medular de la 8ª Jornada nacional/mundial por Ayotzinapa (La Jornada 27
de enero de 2015). Dichas manifestaciones fueron combativas e
insistentes, vale decir de resistencia y esperanza. Lo cual anuncia y
presagia que no pararán y que por tanto pueden mejorar-potencializar
dichas resistencias y esperanzas.
Mientras, por el lado de
los representantes de la burguesía y el capital nacional e
internacional, tanto el titular de la presidencia, Enrique Peña Nieto,
como uno de sus secundadores, el rector de la UNAM José Narro, se
afanaron por insistir en que no se debe quedar atrapado en el episodio
trágico de Iguala y que hay que seguir la “normalidad” democrática de
México. Igualmente para machacar la versión oficial fabricada ex
profeso por sus asesores, el procurador Jesús Murillo Karam, insistió
en que los 43 estudiantes desaparecidos fueron secuestrados por la
policía municipal por órdenes de los Abarca y llevados a los sicarios
de “Guerreros Unidos” para ser masacrados y quemados en el tiradero de
Cocula. Dicha versión se quiere imponer como supuesta “verdad
histórica” (La Jornada, 28 de enero, p. 1).
Por el lado
del proletariado y los sectores oprimidos, empobrecidos, marginados y
precarizados, los familiares y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
(y todo el movimiento social que los acompaña) no han aceptado el
garlito de la PGR de la muerte y calcinamiento de sus hijos y
compañeros y han mantenido su exigencia por la presentación con vida de
los jóvenes. Pero no sólo eso, sino que han sabido, a lo largo de todos
estos meses, especialmente en el último mes en el cual el gobierno
apostaba por el desvanecimiento de las protestas, cuestionar esa pseudo
verdad con datos, evidencias y planteos alternos que han sostenido con
pruebas y con acciones. Manifestándose sobre el terreno (en uno de los
lugares claves de los hechos, la sede del 27avo batallón en Iguala
donde se enfrentaron contra soldados y policías federales cuando les
impidieron entrar para que revisaran esa sede) y señalando líneas de
investigación que van directamente contra los verdaderos responsables
mayores (y no sólo los menores y secundarios como son los 99 detenidos
y en proceso de juicio y el matrimonio de los Abarca): oficiales del
ejército, el ex-gobernador Ángel Aguirre y el propio Murillo Karam por
encubridor y desviador.
Y obviamente con ello los familiares
y normalistas, por un lado, impiden los intentos jurídicos, judiciales
y discursivos constantes y ahora reiterados por dar carpetazo al
asunto; y, por otro, ponen en evidencia el carácter sesgado, mañoso y
burlesco de la tesis de la cremación de los 43 en el basurero de
Cocula. Que, como señalamos, así como la presenta la Procuraduría
Federal y mediante su titular es un montaje y en la que se han
abarricado el gobierno peñanietista y a la que apuestan y “rezan” todas
las fuerzas reaccionarias, conservadoras y neoliberales nacionales y
trasnacionales. Ello porque creen que esa dizque “verdad histórica” les
garantiza salvar el descrédito nacional e internacional del ejecutivo y
su gobierno, y con ello mantener cierta legitimidad a las acciones
gubernamentales en curso (como resucitar una secretaría de la función
pública a cargo de un colaborador del ejecutivo para que investigue al
ejecutivo mismo, a su esposa y su secretario de Hacienda) y las
próximas (como las elecciones intermedias de julio). En efecto, tenemos
el ejemplo perfecto con el espaldarazo dado el 28 de enero, el mismo
día de las declaraciones de Peña Nieto, Narro y de Murillo, por parte
del Consejo Coordinador Empresarial al presidente de México (es decir a
su políticas); sin embargo, se trata de un respaldo condicionado a
cambio que el ejecutivo “de facilidades y seguridad para las
inversiones”. Empero lo más ilustrador fueron las palabras emitidas por
el empresario de 95 años y co-fundador de la empresa Bimbo, Lorenzo
Servitje, que llamó a “cerrar filas, pues Peña Nieto está en su peor
momento” y eso “es muy peligroso, no podemos aceptar esto” (La Jornada,
28 de enero, p. 25). En fin, se trata de liberar de toda
responsabilidad al Estado y concretamente a las instituciones como el
ejército, la policía federal y los gobiernos estatales.
Pero
esa tesis salvavidas a la que se aferran ha sido no sólo fuertemente
cuestionada, sino en los hechos reales ha sido ya des-construida por
los Somos Ayotzinapa (padres, madres, normalistas, estudiantes,
sectores sociales y populares, intelectuales, etc.). Y no se trata de
una des-construcción al estilo posmodernista, que genera confusión y
descentramiento, sino que a semejanza de lo que se ha sabido del caso
Tlatlaya (reconstrucción del escenario y tendido de cerco por los
militares implicados tras la matanza para camuflagearla), aprovechando
sus debilidades, insuficiencias, desaseos e inverosimilitudes. Se ha
ido construyendo firmemente una verdad alterna con fundamentos
aportados colectivamente.
Científicos, abogados, familiares,
peritos, intelectuales, periodistas y hasta el propio presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) comprometidos con su
oficio y con la verdad han aportado y han alzado sus voces para
protestar por el intento de cerrar el caso Iguala-Ayotzinapa. No bastan
los 85 tomos de la averiguación previa de la PGR, los 487 dictámenes
periciales y las declaraciones de los casi cien detenidos si esa
información es parcial, sesgada y contiene verdades prefabricadas; es
decir, pseudo-verdades y en el total se quiere presentar como supuesta
verdad histórica y por tanto una presunta verdad política, pero en
realidad ambas son falaces: debido a que las indagatorias y las
presentaciones (por ejemplo videos musicalizados y editados a manera de
shows) son intervenidas desde los Pinos, desde los poderes fácticos,
desde la PGR, desde el estado necropolítico; una verdad
histórico-política distorsionada e incompleta, “oficial”, o sea falaz.
Por tanto es falso lo que fue a declarar el enviado del gobierno, el
subsecretario de la Secretaria de Relaciones Exteriores, al Comité
Contra Desapariciones Forzadas dependiente de la ONU en Ginebra el
pasado 2 de febrero (La Jornada, 3 de febrero); de que ha habido
por parte del Estado mexicano “determinación y contundencia para
satisfacer el derecho a la verdad y la justicia”. No hay tales, lo que
ha predominado es la negligencia y la manipulación y como resultado de
ello las dudas, las sospechas, la incredulidad, no sólo en los
familiares de los jóvenes o de una buena parte de la llamada opinión
pública nacional e internacional sino de la propia Comisión de la ONU
que planteó con claridad que se agoten «todas las líneas de
investigación» necesarias “para llegar a la verdad” (La Jornada, 4 de febrero, p. 7).
La disputa por la verdad histórica y política
Y continúa vivamente la disputa por la verdad histórica y política, la
verdad objetiva, digamos crítico-científica y no sólo científica al
estilo sólo de Thomas Kuhn que la delega al final de cuentas al
consenso de la “comunidad científica académica”. En efecto, creemos con
Imanol Ordorika y Adolfo Gilly (“Ayotzinapa: una comisión de la
verdad”, en La Jornada, 29 de enero, p. 18) que esa verdad
tiene que ser establecida “en los tiempos de la historia y con sus
métodos”. Y esos tiempos y métodos no son abstractos, no sólo están en
el futuro sino están en la historicidad presente-futuro-pasado, y por
ende no es excluyente que también participen las acciones, las
voluntades y los dichos de los protagonistas; pues éstos, precisamente,
la disputan y la tejen en el presente-futuro con esas “armas”, cada
bando de protagonistas la disputa con sus propios métodos y aliados.
Pero la verdad objetiva crítico-científica es sólo una, compleja sí,
pero es un todo, íntegra y completa. No hay, pues, verdades a medias y
tampoco dicha verdad es “sin adjetivos” ni es mera aspiración, ni es
excesiva, ni es una utopía como cree Javier Flores (“Demostraciones
científicas”, en La Jornada, 3 de febrero, p. 3a). Más bien,
insistimos, el camino que conduce a ella está lleno de apariencias y
pseudoconcreciones, de obstáculos y de trampas. Es un campo de batalla
que tiene sus modos que suelen ser sinuosos y sus tiempos que pueden
ser más o menos largos, pero que para el caso Iguala-Ayotzinapa es
crucial que sean definitorios en lo inmediato y mediato. Las
demostraciones científicas y políticas actuales que se han acumulado
apuntan hacia el tinglado de la verdad “oficial” del gobierno-Estado
(que ni el parlamento europeo cree, vgr. La Jornada, 6 de febrero, p. 3) y hacia verdadera verdad histórico-política del “somos Ayotzinapa”.
Veamos las demostraciones científicas que contradicen la versión
oficial: a) datos satelitales no registran evidencias de incendios
mayores en la zona de Cocula en la madrugada del 26 de septiembre de
2014, sino que hay registros de incendio significativo en la zona de
Chilapa a más de 100 kilómetros de distancia, además de que en la zona
de Iguala-Cocula esa noche hubo lluvia intensa; b) peritos argentinos
han rechazado avalar la versión de la PGR de que los restos mandados a
la Universidad de Inssbruck estaban en el río de aguas negras San Juan
en Cocula; c) a pesar que en esos laboratorios hayan identificado el
perfil genético (ADN) de uno de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa
a partir de un molar y de un hueso de la mano no es prueba científica
suficiente para afirmar que dicho joven este muerto y menos para
afirmar que los 42 estudiantes restantes hayan sido calcinados; d)
científicos de la UNAM (que han sido amenazados de muerte) han
desmentido la versión del jefe de la PGR Murillo Karam de que los 43
normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, debido
principalmente a la inverosimilitud de que en ese sitio pudieran
utilizarse la inmensa cantidad de combustibles necesaria para hacer
cenizas los cuerpos (leña, llantas, etc.), además de que los residuos
de los huesos y cenizas pesarían más de 300 kilos, igualmente han
observado los científicos (principalmente Jorge Montemayor del
Instituto de Física) que el procedimiento de la incineración no es
usual en los cárteles, que “prefieren” el descuartizamiento (p.e.
descabezamiento) o el ahorcamiento (previa tortura) de sus “enemigos”;
d) los datos que demuestran que se alcanzaron altas temperaturas en
algún punto del basurero son insuficientes para afirmar que éstas
fueron homogéneas y que redujeron a cenizas los 43 cuerpos en el sitio
señalado; e) los datos biológicos sobre el crecimiento de algunas
plantas o entomológicos sobre el desarrollo de algunas especies en el
sitio aludido revela incendio y crecimiento biológico pero no dice nada
acerca del sacrificio de los 43; f) la acumulación multidisciplinaria
de pruebas no logran dar un sustento científico a las conclusiones de
la PGR, pues la certeza no depende del número de disciplinas
involucradas (los 3 últimos incisos son planteados por el científico
Javier Flores, ídem); g) los estudiantes sobrevivientes y los
padres de los normalistas desaparecidos han insistido que los GPS de
celulares de algunos éstos marcaban que estuvieron en el cuartel del 27
batallón de infantería de Iguala entre el 26 y 27 de septiembre y eso
no se ha querido para nada investigar.
En la lucha por la
verdad objetiva (no por verdades relativizadas como meras
interpretaciones) de ese episodio clave se juega y se posibilita la
lucha y el triunfo de la credibilidad. Y la credibilidad conlleva e
implica la conciencia y la politización en crescendo, en el imaginario y en la creencia subjetiva de la población mexicana.
Las iniciativas políticas y la confrontación de fuerzas
Ese triunfo dialéctico y complementario a favor de la verdad objetiva y
la credibilidad subjetiva significaría más fuerza no sólo a las
protestas y resistencias sino a todas las iniciativas políticas
nodales. Tenemos dos importantes ejemplos recientísimos de ellas.
Primero las impulsadas por la Convención Nacional Popular (CNP) que se
reunió el 5 de febrero en Ayotzinapa, con la participación de delegados
de 244 organizaciones sociales y asistencia de 2 mil personas. La
Convención busca sobre a base de construir una estructura de un
referente nacional y un programa político busca generar aglutinar y
unificar a todas las fuerzas políticas en lucha para crear un gran
frente único para que el movimiento Somos Ayotzinapa no se quede en lo
coyuntural. (La Jornada 6 de febrero, p. 2). Segundo es la
reunión en el mismo día en el Centro Universitario cultural de la
Ciudad de México de la Constituyente Ciudadana-Popular (sin la
presencia de los partidos políticos) que tiene el propósito de dar a
México una nueva Carta Magna surgida del pueblo con el propósito de
Refundar el Estado y la nación (ibidem, p. 22). En ambas iniciativas participan familiares de los normalistas de Ayotzinapa.
Todo ello en vistas en avanzar en la relación de fuerzas y la lucha de
clases. Para ilustrar una de las más importantes está el boicot a las
elecciones de Guerrero, pues recientemente y en este 2015 dichas
elecciones se han convertido en una importantísima pieza clave de la
disputa política de los dos bloques político-históricos que se han
venido conformando a raíz de la coyuntura Iguala-Ayotzinapa. El
Estado-gobierno mexicano (y los partidos registrados) le están
apostando a su adecuada realización como tabla inmediata de
recuperación de su legitimidad para enderezar un poco su estrepitosa
caída en el descrédito.
Por consiguiente el Estado mexicano
está empeñado a como dé lugar a poner orden en Guerrero contra “los
radicales” y ha mandado a miles de soldados, gendarmería y policías a
reforzar la militarización para reprimir y desalentar las acciones de
protesta y de autodefensa de las organizaciones y pueblos de Guerrero.
Más que controlar la inseguridad y enfrentar a los criminales, se ha
dedicado a labores contensivas y disuasivas al grado que ha habido
enfrentamientos cara a cara entre las fuerzas policíaco-militares del
gobierno y las organizaciones populares que han sabido re-agruparse y
responder sin llegar a las armas. La reciente marcha de más de 15 mil
personas en Chilpancingo el 5 de febrero demandaron la presentación con
vida de los 43 jóvenes, el retiro del ejército de la entidad y
rechazaron la realización de las próximas elecciones.
Al
tiempo que desde la Secretaría de gobernación y la PGR se reciclan
versiones como la de que los padres están siendo manipulados por
extremistas o de que en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa
se infiltró un grupo del cártel de “Los Rojos” y por todo ello se está
tratando nuevamente de criminalizar su lucha, quieren detener sus voces
y asfixiar a la Normal misma (y a las demás normales rurales). La
supuesta declaración de uno de los jefes sicarios de los “guerreros
unidos” presuntamente recién detenido por la PGR (al parecer con
montaje mediático de por medio): el “cepillo”, está sirviendo de
coartada para esta ofensiva del gobierno peñanietista y sus aliados.
Repetimos, uno de los objetivos mediatos es la normalidad electoral en
Guerrero.
En suma se trata, pues, de una fuerte lucha por la
verdad y la credibilidad en el marco de un reavivamiento nacional de la
lucha de clases en esta coyuntura crucial del 2015. Y si el movimiento
“somos Ayotzinapa” logra imponer una “Comisión de la verdad”
independiente y autónoma del Estado bienvenida, pero considero que ello
no es crucial, sino lo son las movilizaciones y las acciones, los
acompañamientos políticos e intelectuales. En fin, como dice una muy
puntual consigna: ¡Querían enterrarlos pero están germinando en la
nación! Y para que siga dicha germinación se hace necesaria hoy más que
nunca más solidaridad y resistencia y la unidad frentista de todas las
fuerzas antisistémicas, populares y opositoras al neoliberalismo feroz
que el régimen encabezado por el gobierno de Peña Nieto sigue
implementando a nivel económico y político con sus medidas de
distracción, simulación y de contención
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