Límites
para transparentar información sobre violaciones a derechos humanos,
que instituciones de inteligencia puedan reservar datos o que sea más
sencillo negar información.
Tania L. Montalvo (@tanlmont)
animalpolitico.com
La iniciativa que se construye de la Ley General de Transparencia en el Senado deja atrás los logros
en la materia que el Estado mexicano acumuló a lo largo de una década,
acusan organizaciones civiles tras analizar los cambios que el
Ejecutivo sugirió a la propuesta de ley y que actualmente impulsan los
partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de
México (PVEM).
La discusión de esos cambios es lo que llevó a que los
legisladores no cumplieran con el plazo legal impuesto para la
aprobación de la ley, que era este 7 de febrero. Ello a pesar
de que la redacción de una iniciativa ya acumulaba más de 200 horas de
trabajo entre senadores y sociedad civil que redactaron y presentaron
un documento el pasado 2 de diciembre.
Y aunque en esa iniciativa hubo detalles que el Colectivo por la
Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas
cuestionaron ⎯como que la estabilidad económica fuera una causal para
reservar datos o la sanción a funcionarios de los órganos garantes que
ordenaran publicar información⎯, se mantenían principios elementales
para fortalecer y garantizar el derecho de acceso a información pública.
Sin embargo, el Senado recibió un documento de la Consejería Jurídica de la Presidencia con más de 80 cambios ⎯entre técnicos y de fondo⎯ con los que se deja atrás el trabajo que la sociedad civil realizó con los legisladores.
“Si se aceptan esos cambios perderemos todo lo que se ha avanzado en tema de transparencia.
Estas modificaciones eliminan los criterios jurisdiccionales que
amplían el derecho de acceso a la información. No sólo pervierten la
iniciativa que se presentó el 2 de diciembre pasado si no que
neutralizan por completo los efectos de la reforma constitucional de
2014”, dijo en entrevista Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de
Acceso a la información de Artículo 19.
Los colectivos civiles que integraron las mesas de trabajo con senadores confirman que, con los cambios que envío el Ejecutivo,
ya no ha habido vías institucionales para participar en la redacción
del documento, aunque se acordó que se haría en Parlamento Abierto.
La senadora del PRI, Arely Gómez, dijo que con la sociedad civil se realizó un proceso de consulta que ya concluyó y que ahora es trabajo de los senadores definir el contenido de la Ley General de Transparencia.
Estas son algunas de las modificaciones impulsadas en el Senado por
el PRI y el PVEM y que el Colectivo por la Transparencia, México
Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas califican de regresivas:
Transparentar violaciones a DDHH
El artículo 115 establece que no puede declararse información reservada cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos
o delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la iniciativa de sociedad
civil establecía que la trascendencia social de las violaciones era
suficiente motivo para publicitar los datos.
La propuesta del PRI elimina esa posibilidad y agrega que se
necesita el pronunciamiento de alguna autoridad competente que confirme
las violaciones a derechos humanos para que la información no se
reserve.
Se elimina el sistema de sanciones
En la iniciativa de sociedad civil y senadores se incluyó un
capítulo para sancionar el incumplimiento a las obligaciones de
transparencia, es decir, castigar a los sujetos obligados que declaren inexistencia de información cuando sí la tengan, por ejemplo; o que reserven datos sin justificación.
En la propuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo se elimina
por completo el capítulo y deja sin sanción las violaciones al derecho
de acceso a la información.
Negar información, sin justificación
Actualmente, cuando un sujeto obligado niega información al ciudadano debe comprobar el daño que causa entregar esos datos.
La propuesta del PRI es que ya no tengan que justificar por
qué no están entregando la información a menos que el ciudadano acuda a
un órgano garante (el Instituto Federal de Acceso a Información, IFAI; o el equivalente en los estados).
Según sociedad civil esto abre la puerta a que todos los sujetos
obligados opten por negar información apostando a que, según
estadísticas del IFAI, un porcentaje mínimo de ciudadanos se quejan
ante el órgano garante y sólo en ese caso tendrían que justificar la
negativa o entregar los datos.
Causales de reservas y sin tiempo para abrir la información
Además de que se mantiene como causal de reserva la estabilidad
económica ⎯según Colectivos por la Transparencia es una causal muy
amplia y ambigua; y en los términos de la iniciativa todo podría
considerarse que atenta contra la estabilidad económica como la
corrupción o un caso de violación de derechos⎯ se convierte en un tema
de reserva infinito.
Cuando se reserva información por temas de estabilidad
económica, financiera y monetaria y para las cuestiones que tienen que
ver con infraestructura de servicios públicos, no existe tiempo límite para abrir la información.
Y en los casos que sí tienen periodo de reserva, se incrementan los
tiempo: en lugar de cinco años se propone que sean siete y cuando se
solicita y aprueba un plazo para ampliar la reserva, en lugar de dos,
podrían ser cinco.
Sin prueba de daño
Uno de los mayores logros de sociedad civil en la discusión
de la iniciativa había sido que los senadores aceptaron incluir una
prueba de daño, es decir, los Comités de transparencia de cada
sujeto obligado deberían analizar el impacto que tiene en la sociedad
cierto tipo de información y así determinar si debería ser pública y no
reservarse, privilegiando el derecho a la información.
En los cambios del PRI y Presidencia se elimina la prueba de daño y
en lugar de que los Comités justifiquen la clasificación de información
sólo confirman o revocan la decisión.
Condonaciones fiscales, no sabremos a quién sí
El PRI y el PVEM impulsan que sólo se deban publicar los montos de
las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales, en lugar de los
nombres de los beneficiados, como proponía sociedad civil.
Instituciones de inteligencia, un trato diferenciado
Tras la reforma constitucional en la materia se fortaleció
la figura de los Comités de Transparencia de cada sujeto obligado,
encargados de garantizar mejores prácticas en la entrega o reserva de información.
Sin embargo, el PRI está proponiendo que las instituciones de inteligencia no cuenten con este Comité y que corresponda a los titulares de las instancias de gobierno determinar qué datos son reservados.
Los beneficiados de esta diferenciación serían: El Centro de
Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación,
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro
Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de
Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado
Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado
Mayor General de la Armada.
Más poder al Ejecutivo
Aunque sociedad civil no pudo evitar en las mesas de trabajo con
senadores que el Consejero Jurídico de la Presidencia tuviera la
posibilidad de interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) cuando considere que el fallo del IFAI
al ordenar la apertura de cierta información atenta contra la seguridad
nacional; con la propuesta del Ejecutivo además de mantener esa
facultad se añade que cualquier instancia pueda acudir al Consejero
para pedirle que solicite a la Corte la revisión de una resolución del
IFAI y se mantengan ciertos datos reservados.
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