De acuerdo con datos de las direcciones del FPR y el PCM (m-l), Gustavo se trasladó a una reunión a El Chivatero Emiliano Zapata de Ciudad Ayala, Morelos, donde permaneció hasta las 18:00 horas, siendo acompañado por los compañeros a la combi que lo transportaría a la carretera para tomar el camión urbano que lo traería de regreso a Ciudad Ayala.
Al percatarse que no llegaba a su siguiente cita en el campamento del
municipio de Ayala, los compañeros decidieron emprender su búsqueda,
por lo que recorrieron los cuarteles municipales y estatales, y el
Ministerio Público de la localidad, pero ninguna de estas instancias
quiso recibir la denuncia.
Gustavo participó activamente en la
defensa de la tierra y la vivienda en el municipio de Ayala para
jornaleros migrantes de la Montaña de Guerrero y Oaxaca. Los caciques
locales y el gobierno, con objeto de enfrentar la lucha, mantuvieron
constante vigilancia y hostigamiento hacia el compañero como lo
corrobora su detención el 20 de marzo de 2014, en Cuernavaca, Morelos,
al participar en una marcha convocada por el Frente Ciudadano contra la
Ley de Ingresos.
Gustavo era un cuadro disciplinado y dedicado
al trabajo de construcción del FPR, por lo cual fue promovido a la
dirigencia estatal en Morelos y a la Comisión Ejecutiva del Comité
Central del Frente Popular Revolucionario.
En un desplegado publicado el 10 de febrero en La Jornada,
se señala: “El pasado 4 de febrero se confirmó el asesinato del
compañero y entrañable amigo Gustavo Salgado, dirigente del Frente
Popular Revolucionario (FPR Morelos). Incansable luchador social,
comprometido siempre con la defensa de la tierra, promotor de la
vivienda y en favor de trabajadores migrantes de la Montaña de Guerrero
y Oaxaca. Su lucha constante lo llevó a enfrentarse a caciques del
estado de Morelos, quienes lo mantenían vigilado y era objeto de
constante hostigamiento. En varias ocasiones recibió amenazas de
muerte, sin embargo nunca claudicó en sus luchas y sus compromisos con
las clases trabajadoras de Morelos”.
El documento anterior fue
suscrito, entre otros, por la sección estatal del Sindicato de
Telefonistas de la República Mexicana, Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero, Organización Campesina de la
Sierra del Sur, Coordinadora Estatal de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria, Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa la Parota, Sindicato Único de Trabajadores de
Colegios de Bachilleres, Organización Popular de Productores de la
Costa Grande, Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de
Guerrero, secciones estatales del STRM, Sindicato de Trabajadores de
Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, Partido del
Trabajo y otras organizaciones de Morelos y Guerrero.
Por su
parte, la UAEM expresó: “Ante el artero, despiadado e inhumano crimen
del que fue víctima el luchador social Gustavo Salgado Delgado, la
comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
manifiesta su más alta indignación, así como su profunda solidaridad
con sus familiares y compañeros, al mismo tiempo que exige a las
autoridades competentes el cabal esclarecimiento de los hechos y la
aplicación de la ley con apego al debido proceso en contra de quien o
quienes resulten responsables de este atroz acto, el cual, lejos de ser
un hecho aislado, se suma al clima de violencia e inseguridad que
persiste en la entidad.
“También exigimos que se tome en cuenta
en toda su amplitud e implicación la muy posible relación de este
execrable asesinato con la labor que desempeñaba Gustavo Salgado
Delgado como activista social y defensor de los derechos humanos, más
aún cuando de acuerdo con información difundida por los medios de
comunicación, el Comité Central del Frente Popular Revolucionario (FPR)
había denunciado su desaparición, y fue visto por última ocasión el
martes pasado cuando regresaba de una reunión realizada en El
Chivatero, en el municipio de Ayala, en el que se trataron temas
vinculados a desplazados del estado de Guerrero.
“Cabe destacar
que Gustavo Salgado Delgado, como integrante del FPR y la Asamblea
Estatal de Resistencia de Morelos, participaba en procesos de
organización social en el estado, formando parte de la lucha del
movimiento ciudadano en contra de las altas tarifas eléctricas, los
mega proyectos y en defensa de la educación”.
Con el asesinato
de Gustavo Salgado Delgado continúa su marcha la eliminación física de
líderes y militantes comunistas en México. Durante el gobierno de
Enrique Peña Nieto, el país ha visto caer camaradas como Raymundo
Velázquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Solano Barrera, de la
Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata y el PC de México,
en agosto de 2013, siendo localizados sus cadáveres a orillas del río
de Coyuca de Benítez, y Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica
Rómulo, de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande y
el PC de México, el 10 de noviembre de 2013 en la colonia Fuerte
Emiliano Zapata, de la misma ciudad. Asimismo, el ex militante del
Partido Comunista Mexicano Óscar Samuel Malpica Uribe, quien fuera
rector de la Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Partido
Socialista Unificado de México y el Partido de la Revolución
Socialista, cayó el 2 de julio de 2013 en la capital poblana, y Antonio
Esteban Cruz, ex militante del PCM y cuadro del Frente Indígena
Campesino Contra las Hidroeléctricas y la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala Movimiento Nacional, fue asesinado el 4 de junio de 2014 en
Cuatapanaloyan, Cuetzalan, Puebla.
Además de los militantes comunistas, han sido ejecutados Andrés Rosales Aguirre El Bigotes,
organizador de Morena en el estado de Guerrero, el 12 de enero de 2013;
Ignacio García Maldonado, de Comuna Oaxaca, el 29 de marzo de 2013;
Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas, de la
Unión Popular de Iguala, en junio de 2013; Arturo Pimentel Salas,
dirigente del Frente Nacional Indígena y Campesino, el 21 de agosto de
2013, en Oaxaca; Rocío Mesino Mesino, lideresa de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur, el 19 de octubre de 2013 en el
municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero; Ygnacio López Mendoza,
alcalde del Partido del Trabajo en Santa Ana Anaya, Michoacán, el 6 de
noviembre de 2013; Juan Francisco Kuykendall Leal, actor zapatista, el
25 de enero de 2014, como consecuencia de las heridas recibidas el 1 de
diciembre de 2012 durante la toma de posesión del comprador priista de
la Presidencia de la República; Juan Carlos Gómez Silvano, zapatista,
en San Sebastián Bachajón, Chiapas, el 21 de marzo de 2014; José Luis
Solís López (Galeano), profesor zapatista, en La Realidad, Chiapas, el
3 de mayo de 2014; Ramón Corrales Vega, líder campesino sinaloense
opositor a la mina Paradox, el 24 de mayo de 2014 en la comunidad Cajón
de Cancio, municipio de Choix, Sinaloa, y José Luis Alberto Tehuatlie
Tamayo, el 19 de julio de 2014 en un hospital de la capital poblana, a
resultas de la represión policíaca contra los pobladores de San
Bernardino Chalchihuapan, Puebla, el 9 de julio de ese año.
La violencia caciquil y gubernamental no debe subsistir en medio de la
impunidad. Es indispensable esclarecer los crímenes y localizar,
enjuiciar y sentenciar de acuerdo con la ley a los responsables
intelectuales y materiales de los mismos. La salud pública así lo
requiere.
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