Bettina Cruz advierte posibles agresiones por defender la tierra
Luego
de casi tres años de juicio, el pasado 1 de diciembre la defensora de
Derechos Humanos (DH) en Oaxaca Bettina Cruz, fue exonerada de los
delitos de “privación ilegal de la libertad” y “contra el consumo y la
riqueza nacional”, que en 2011 le imputó la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
La
cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de
Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio –quien enfrentaba
el proceso en libertad– afirmó hoy que pese a la exoneración, su vida y
la de otros activistas que defienden la tierra y el territorio están en
peligro porque, consideró, aún es muy fácil que algún empresario “pague
para que los asesinen”.
El pasado 1 de diciembre, el Juzgado Sexto de Distrito en Salina Cruz,
Oaxaca, determinó que Bettina Cruz es inocente de los delitos que se le
fincaron por participar en una protesta pacífica de diversas
comunidades indígenas en abril de 2011, contra las altas tarifas de luz
y el despojo de la tierra para la construcción de parques eólicos en la
región del Istmo.
Después de esa movilización, los empleados de la CFE denunciaron que
fueron retenidos contra su voluntad debido a que los manifestantes
cercaron las instalaciones, por lo que Bettina fue acusada de
“privación ilegal de la libertad” y “contra el consumo y la riqueza
nacional”. El 22 de febrero de 2012 fue detenida y trasladada al Centro
de Readaptación Social de Tehuantepec.
Cruz, quien siguió su proceso en libertad tras pagar una caución de 15
mil pesos, aseguró que su acusación fue para intimidarla por el trabajo
que ella y otros indígenas realizan. “Nos están criminalizando porque
estamos defendiendo el territorio, porque decimos que la energía
eléctrica es un derecho”, explicó en conferencia de prensa.
Abundó que los activistas defienden la riqueza natural de los pueblos
indígenas y por ello el gobierno trata de frenar su labor, pues son
quienes denuncian que la CFE apoya a las empresas eólicas para que
entren a las comunidades a instalarse sin respetar el derecho a la
consulta previa, libre e informada.
La defensora destacó que en el Istmo de Tehuantepec la consulta no
existe, porque ya hay 24 parques eólicos instalados, las empresas
tienen permisos comprometidos y porque la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales acepta que se realicen estas obras sin preguntar a
las comunidades sobre las posibles afectaciones.
Asimismo, dijo que las y los activistas se oponen a estos megaproyectos
porque además de no generar empleo y desarrollo en la región, como
aseguran las autoridades federales, en el Istmo se está dando una
transición de la energía fósil (petróleo) a la eólica, que viola los DH
de la mayoría de las comunidades y avala “procesos amañados” que en el
futuro podrían “normalizarse” en todo el país.
En rueda de prensa, Asociadas por lo Justo (Jass), Fundar Centro de
Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez (Centro Prodh), Amnistía Internacional, y Servicios y
Asesoría para la Paz (Serapaz), aseguraron que el caso de Bettina
demuestra el uso del sistema judicial para criminalizar a las y los
defensores.
El
abogado del Centro Prodh, Santiago Aguirre, aseguró que el caso de
Bettina es emblemático porque refleja el uso del sistema penal para
acusar a activistas de cargos injustos, y criticó que mientras en el
estado de Oaxaca hay casos de corrupción política prácticamente
comprobados, los responsables no son procesados.
Asimismo, la abogada de Fundar, Jacqueline Sáenz, coincidió en que en
este caso se hizo un uso desmedido de dos delitos federales, y afirmó
que está es una forma de tratar de resolver conflictos sociales por la
vía penal, de ahí que las acusaciones contra Bettina Cruz estuvieran
vigentes por casi tres años.
De acuerdo con las y los activistas, en Oaxaca hay por lo menos otros
50 casos de procesos penales contra defensores, por lo que Bettina
aseguró que a pesar de ser exonerada, aún está en riesgo y ahora cuenta
con medidas de protección por parte del gobierno federal a través del
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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