Amenazan a defensora del Río Sonora. María Auxiliadora contra el Plan Hidráulico del gobierno

 Escrito por Wendy Rayón Garay

Foto: Estudio de información integrada de la Cuenca Río Sonora y otras. Inegi.- Ciudad de México.- La defensora del Río Sonora, María Auxiliadora Haro Romo, denunció amenazas que recibe tras oponerse al Plan Hídrico de Sonora, el cual tendrá impactos negativos en este cuerpo de agua, así como a las comunidades aledañas, por lo que organizaciones en defensa de la tierra, los ríos y derechos humanos exigen protección ante las advertencias de desaparecerla.

Hay que considerar que este proyecto hídrico que está propuesto por el mismo gobierno sonorense incluye al Río Sonora el cual fluye por casi 27 municipios y es de suma importancia en un entidad con características desérticas. Casi atraviesa todo el estado y su preservación sería necesaria por los ecosistemas que habitan en él.

Mary Haro, nombre por el cual es conocida esta defensora del Río Sonoa, es una de las principales voces de la resistencia que se oponen al proyecto de instalación de tres presas las cuales estarían siendo colocadas en este río, por lo que esta defensora se unió junto con otras en el municipio de Ures para crear vigilias sobre el terreno, ya que anteriormente, maquinaria y equipo de trabajo entraron al espacio donde se planea implementar la primera presa.

El proyecto al que se opone Mary Haro fue impulsado por el actual gobernador Francisco Alfonso Durazo Montaño, quien asegura que con ello, busca garantizar abastecimiento de agua en los próximos 30 años. Como contexto, el estado de Sonora representa el 10.5% del territorio nacional y cuenta con cinco regiones hidráulicas, no obstante, esta escasea y uno de los factores por lo que esto ocurre es por la sequía.

Cabe señalar que este proyecto de presas del gobierno de Sonora atenta contra las nuevas política ambientales. De acuerdo con información del Gobierno de México, estos mega proyectos «han puesto en estado crítico no sólo a las principales cuencas fluviales del mundo donde han degradado la biodiversidad y la calidad del agua, sino también a las microcuencas, con los mismos resultados». Es por eso que ecologistas han exigido que México incursione en una nueva visión del manejo del agua y de defensa de los ríos.

«Hasta años recientes se pensaba en los beneficios de una presa grande, mediana o pequeña para el riego agrícola, el abastecimiento de los centros urbanos e industriales, o la generación de energía, pero nunca se previó el daño irreversible a los ecosistemas y a las comunidades originarias que perdían manantiales y ríos, y veían devastados sus bosques y selvas, perdidos sus territorios con su belleza paisajística y la biodiversidad, lo que al final se revierte contra la sociedad en su conjunto, urbana y rural». Gobierno de México.

El río Sonora a su paso por la localidad de Banamichi, junio de 2013.

Estudio de información integrada de la Cuenca Río Sonora y otras

La amenaza contra esta defensora se enmarca en un contexto de ataques contra mujeres defensoras, México se encuentra entre los países más letales contra las defensoras ambientales, la región de Mesoamérica acumula 35 casos de feminicidio contra ellas. El informe «La tierra, para quienes la trabajan y la defienden» de IM-Defensoras expone que entre 2012 y 2024 se registraron 35 asesinatos y 10 mil agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, donde catalogan a México, Honduras, Nicaragua y El Salvador como los países con el mayor número de asesinatos.

El mismo informe apunta que entre 1990 y 2020, el 80.2% de los conflictos socioambientales estuvieron relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción; mientras que el Mapa Mundial de Justicia Ambiental, una iniciativa financiada por la Unión Europea documentó 211 casos de conflictos ambientales en México; 31 en Guatemala; 24 en Honduras; 12 en Nicaragua y 7 en El Salvador.

Las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente han representado uno de las colectivas con mayor número de agresiones registradas, tal y como se desprende del hecho que 22.3% de las 43 mil 186 agresiones contra defensoras fueron perpetradas contra compañeras que defendían estos derechos:

Gráfica de Iniciativa Mesoamericanas de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)

En México, suman 15 mujeres defensoras y periodistas desaparecidas desde 2016: Espacio OSC – cimacnoticias.com.mx

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) denunció que resulta lamentable que la defensa de los derechos humanos sea castigada con agresiones para buscar callar a las defensoras como Mary Haro. Por ello, exigieron que el gobierno de Sonora cumpla con sus obligaciones de protegerla, particularmente a quienes se dedican a proteger el ambiente. En adherencia, hicieron un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que emita medidas cautelares que eviten cualquier atentado.

«Mary Haro es una mujer que ha dado gran tiempo de su vida a defender su territorio, como lo han hecho otras compañeras que han dejado sus ocupaciones cotidianas, para organizarse en brigadas de vigilia en el espacio donde se pretende instalar en primer término, la presa Puerta del Sol» -Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF)

Por su parte, IM-Defensoras exigieron a las autoridades de los distintos niveles de gobierno que tomen medidas para garantizar la protección de Mary Haro y su derecho a seguir defendiendo derechos de forma libre y segura: «haciéndolas responsables de cualquier acto que pudiera vulnerar la integridad y la vida de la defensora así como de cualquier otra persona integrante de las comunidades en resistencia», advirtieron. 

El Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua indica que en Sonora predomina esta condición con porcentajes de entre 40% al 80% documentados desde 2003. La situación podría agravarse por el cambio climático, en enero de 2025, el Monitor encontró que 72 municipios de la entidad enfrentaban escases de agua con 52.5% de sequía extrema, 36.6% de sequía severa y 8.4% de sequías moderada. Esta situación ha dificultado la captación de agua para el estado.

Sin embargo, el Frente Ciudadano en Defensa del Río Sonora explicó que la propuesta del gobernador excluyó por completo la opinión de la población, el cual implica el estudio cultural y del tejido social para comprender las dinámicas organizativas de la población: «El ejercicio democrático de preguntar y abrir espacios de participación para la población, no solo es característico de sociedades plurales, democráticas y justas, también implica legitimidad y fortaleza de quien pregunta», mencionaron.

El gobierno de Sonora no cuenta con la aprobación de su población para construir este proyecto por lo que el Frente ha comenzado jornadas informativas para evitar que la ciudadanía sea presionada y entregue sus credenciales de elector.

«Debemos estar alertas y vigilantes, cuidando cada movimiento de las brigadas del gobierno y de CONAGUA, que recorren la región tratando de presionar, intimidar o engañar a la población. Cualquier agresión física, psicológica o intento de manipulación será responsabilidad directa del gobernador del estado y del presidente municipal de Ures» -Frente Ciudadano en Defensa del Río Sonora

Consultas frente a los conflictos socioambientales?

Márgara Millán*

El mecanismo de la consulta ciudadana, consulta popular o ejercicio participativo, según el caso y la dificultad de posicionar esta pieza clave de la nueva forma de gobernar, está siendo un dispositivo legitimador de medidas repudiadas por sectores importantes de la población, en su mayoría, comunidades y pueblos que en lugar de ser consultados sobre qué tipo de proyectos de desarrollo quisieran impulsar, son objeto de una idea de desarrollo, bienestar y progreso que se les impone desde el Estado.

La consulta sobre el NAIM trajo al frente una vieja batalla de los pueblos de Atenco y del lago de Texcoco, que habían sido reprimidos y encarcelados por su resistencia al proyecto, que se había ido imponiendo con mecanismos empleados por distintas agencias del Estado: consultas amañadas, división de las comunidades mediante prebendas, represión, cárcel y asesinatos.

La esperanza que surgió al ver que un proyecto de tal magnitud e intereses creados se pudiera detener, parecía ofrecer otra forma de dirimir los conflictos socioambientales, una donde las comunidades serían realmente tomadas en cuenta, donde no resultarían despojadas de sus tierras y sus formas de vida destruidas.

Pensábamos que las consultas estaban ahí para escuchar a los afectados. Pero no ha sido así. Las consultas subsecuentes han sido usadas para avalar proyectos de gran impacto socioambiental, desacreditando opiniones contrarias y alternativas propuestas. Incluso han servido para evitar cumplir con requisitos reglamentarios como estudios de impacto ambiental, de seguridad, de protección civil, derechos humanos y más. En el caso del denominado Tren Maya, ese tren que va porque va, no es claro si habrá una consulta apegada a derecho o si se va a hacer pasar por buena la consulta ya hecha.

Un parteaguas en estos efectos antidemocráticos de la consulta ha sido lo ocurrido en Morelos. Esta vez no hubo revisión de contratos, de permisos otorgados por las entidades responsables, en fin, todo lo que hubiésemos esperado para la reconsideración de proyectos que este gobierno heredó. No. La decisión estaba tomada.

Para ganar la consulta en contra de los pueblos y comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), el Ejecutivo movilizó no sólo el encono y la deslegitimación de una lucha con la que había sido solidario sólo cuatro años atrás, en 2014, cuando se refirió a la termoeléctrica en Huexca, con la frase ya célebre de esto es venir a poner un basural en Jerusalén. Se mostró lo que serán las consultas si permitimos que se sigan haciendo como hasta ahora: un operativo clientelar e intimidatorio del Estado. En sólo un segundo los antes interlocutores pasaron a ser estigmatizados como grupos opositores de izquierda radical conservadora y más aún, el no rencoroso Presidente, los acusó de ser los que no habían votado por la Cuarta Transformación, los que no creían en las elecciones o si acaso habían votado lo había hecho por el PRI o el PAN.

El Ejecutivo debe reflexionar sobre los efectos de su actitud y palabras en un escenario contencioso donde el mismo gobierno operaba e intervenía en la consulta, organizándola y a la vez promoviendo el voto por el sí de múltiples maneras. Su discurso deslegitimó una lucha y desprotegió a sus actores. El crimen de Samir Flores Soberanes acaecido el 20 de febrero, tres días antes de la consulta, forma parte del clima confrontacional que desató la actuación del gobierno, y hasta que no se muestre lo contrario, seguirá formando parte del proceso intransigente y autoritario de esta consulta.

Uno de los peores discursos del Ejecutivo fue el del 10 de febrero en el Almeal, Cuautla, caracterizado por un comunero del Apatlaco: llegó comprando voluntades, dividiendo conciencias. Tras la sentencia de “el pueblo decide, pero si decide por el no, seguiremos comprando energía eléctrica al extranjero”, siguió lo que siguió.

El diseño de la consulta estaba ya puesto para que ganara el sí, al incorporar ciudades como Cuernavaca y Yautepec y más comunidades de Morelos lejanas a las afectadas. Garantizaban la preponderancia de la aceptación de lo inevitable –pues si ya está construida, ¿qué tanto son 100 metros más de tubería para conectarla? Un razonamiento utilitario y divisionista.

Con prisa y plagada de irregularidades: la votación fue sobre papeletas no foliadas, con propaganda por el sí en el reverso, sin supervisión ciudadana, con fuerte presencia policial sobre todo el segundo día, y con algo que el superdelegado Flores ha balbuceado un par de veces: viejas prácticas de acarreo. En todo caso eso opera en su contra, personas de la tercera edad, tras firmar su registro para la beca pasaban a votar, así como servidores públicos, concentrados en el homenaje del Día de la Bandera, aprovecharon para votar la orientación presidencial. Esto junto con muchos usuarios de la CFE buscando una reducción en su recibo de luz. Se desató una maquinaria de conveniencias contra los derechos de comunidades que ven sus tierras, su agua, su paisaje radicalmente amenazado. Hay que decir también que aunque la supuesta consulta era sobre la termoeléctrica, el ciudadano al votar aceptaba el PIM (dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto), proyecto del cual nunca se informó, no sabemos sus alcances, ni el sustento de su necesidad.

La consulta popular, que en primera instancia debería ser un ejercicio democrático y de involucramiento y politización de la ciudadanía, un ejercicio para dar voz a quienes nunca son escuchados, se convirtió en la práctica rediviva de la vieja cultura política clientelar de la cual queremos salir.

Así las cosas, con todo y consulta, en Morelos el no apenas empieza.

* Socióloga de la UNAM

Mujeres, fundamentales para conservar bosques, pero no son propietarias

 REDD+ trabaja para incluirlas en políticas y proyectos

Directora ejecutiva para México y Norte de Centroamérica de TNC, Isabel Studer Noguez

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la conservación de los bosques, sin embargo, con frecuencia son excluidas de los procesos de toma de decisiones por no ser propietarias de las tierras rurales: apenas poseen 19.8 por ciento de estos territorios.

Al ser una quinta parte de quienes son personas propietarias, la mayoría de las mujeres que dependen de los recursos de los bosques también son excluidas de los beneficios de programas de equipamiento, infraestructura, créditos, arrendamientos y apoyos económicos por servicios ambientales.

Ante esta realidad un grupo de organizaciones integradas en la Alianza México sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (conocida como REDD+), lleva 4 años trabajando para incluir la perspectiva de género en las políticas y proyectos en la materia.

The Nature Conservancy (TNC) es una de las organizaciones que integran la Alianza México REDD+, estrategia desde la que se busca fomentar el manejo forestal sostenible y generar beneficios para el medio ambiente y para las personas.

La directora ejecutiva para México y Norte de Centroamérica de TNC, Isabel Studer Noguez, explicó en entrevista la importancia de la igualdad de género en las acciones para conservar los bosques, hacer frente al cambio climático y fomentar el desarrollo rural.

El principal obstáculo que enfrentan las mujeres para desarrollar sus capacidades en el sector forestal es que no poseen las tierras | CIMACFoto: César Martínez López

 De acuerdo con la especialista, el principal obstáculo que enfrentan las mujeres para desarrollar sus capacidades en el sector forestal es que no poseen las tierras y es que de 4.2 millones de ejidatarios y comuneros, ellas representan 19.8 por ciento.

 “Si tú no eres dueño  de la tierra difícilmente, aunque seas usuario, vas a poder decidir y tomar decisiones sobre cómo organizar la actividad forestal o agropecuaria. Impone una barrera enorme porque aunque son usuarias no pueden decidir qué hacer con el bosque”, señaló.

YUCATÁN
 
Actualmente, TNC en colaboración con la Oficina Global de Género de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Pronatura Sur, trabajan con las comunidades de la península de Yucatán, en el Caribe mexicano, para promover las capacidades de las mujeres en la conservación del ecosistema.

De acuerdo con Studer Noguez, el hecho de no tener un título de propiedad excluye a las mujeres de beneficios como créditos, programas de equipamiento, apoyos de gobierno o de programas como REDD+, iniciativa que busca la protección de los bosques y las selvas.

La investigadora, quien fue parte del Consejo de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expone que las principales causas de la deforestación son la agricultura y la ganadería, razón por la cual trabajan con las comunidades que viven de estas actividades.

“Nos abocamos con este programa a trabajar, en primer lugar, para introducir prácticas de sostenibilidad en el sector agrícola y en la ganadería, para introducir sistemas silvopastoriles (ubicar árboles, pasturas y animales en una misma zona)”.

Con esta práctica, dijo, se busca que la ganadería no se haga en grandes territorios, lo que implica talar selva, sino que las personas tomen nuevas acciones para aumentar su productividad y la rentabilidad de la ganadería o de los cultivos al tiempo que evitan la deforestación.

En el caso de la conservación de la selva maya, Studer Noguez señaló que se han tomado acciones para coordinar las políticas de los municipios, desarrollar las capacidades de las y los ejidatarios, promover técnicas para que las tierras de trabajo sean más productivas y restaurar tierras que ya están erosionadas.

Es decir, señaló Studer, quien formó parte del Consejo Asesor del Centro para el Estudio del Desarrollo Sostenible del Sector Privado en México, con REDD+, también se rescatan las prácticas tradicionales y se evita la sobre explotación de la tierra por cultivos o pastoreo.

Otro aliado de REDD+ es el sector privado, con quien se pueden operar mecanismos de mercado y esquemas sostenibles a largo plazo, en particular cuando se trata de “pagos por servicios ambientales”, es decir de incentivos económicos para quienes realizan actividades de conservación.

MUJERES, GRAN POTENCIAL PARA CONSERVAR

Según datos de la Comisión Nacional Forestal México pierde 155 mil hectáreas de bosques y selvas al año, de las cuales 9 mil corresponden a bosques templados y 146 mil a selvas.

Esta deforestación y degradación forestal tienen consecuencias como la pérdida de oportunidades económicas para las y los ejidatarios, de funcionamiento de los ecosistemas y de biodiversidad y además generan gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

En este contexto TNC destaca que las mujeres dependen de los recursos que proveen los bosques como leña, productos no maderables, suelo, protección del agua, regulación del clima y biodiversidad, pero además señala que ellas tienen un gran potencial para mejorar la productividad y la conservación de los ecosistemas.

Para promover la participación femenina el primer reto es que sean propietarias de la tierra

CIMACFoto: César Martínez López

Studer Noguez mencionó que para promover la participación femenina el primer reto es que sean propietarias de la tierra y para ello es necesario introducir la perspectiva de género en las políticas públicas de conservación de los bienes comunes, del sector rural y de cambio climático.

“Históricamente no se ha puesto atención al tema de equidad de género en nuestro país, si tu revisas la legislación, en general o particular, la legislación ambiental, no hay una referencia explícita al tema de equidad de género”, señaló.

Un primer paso, destacó, es que en este sexenio el Plan Nacional de Desarrollo introdujo la perspectiva de género y eso dio pie a que muchos programas y políticas, sobre todo del nivel federal, introdujeran esta visión, como ya lo hizo REDD+.

Además el 4 de noviembre de 2016 entró en vigor el Acuerdo de París, pacto de los países de Naciones Unidas para hacer frente al cambio climático y mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2º C, mismo que consideró la perspectiva de género.

La especialista destacó que un acuerdo global como este es relevante porque indica que el cambio climático nos afecta a todos y es un reto pero también porque considera el género. “Por primera vez un acuerdo de esta naturaleza reconoce la equidad de género como un tema tan importante como el derecho al medio ambiente o como un Derecho Humano”.

Gana relevancia, agrega, en un contexto de alta migración rural que provoca que las mujeres se queden como las líderes encargadas de las tierras y cuando los estudios indican que las mujeres son vulnerables, de forma distinta a los hombres, al cambio climático.

| CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.

México, segundo lugar en agresiones a defensoras de DH; Violencia Continúa Al Alza

By Redacción Revolución

 Ante la ausencia de estadística oficial sobre las agresiones que viven las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en México como consecuencia de nuestra labor, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), conjuntamente con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), documentaron estas violencias.

“Desde 2010, contamos con el Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos, una de las herramientas de nuestro modelo de protección integral feminista, en el cual plasmamos las cifras verificadas y sistematizadas de dichas agresiones.

El objetivo primordial de Agresiones contra defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico Nacional es presentar los datos que derivan de la labor de documentación para el periodo 2012-2014, así como los hallazgos que resultan del cruce de éstos.

El Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos ha permitido identificar que en México, donde semanalmente ocurren al menos cuatro agresiones contra defensoras, es uno de los más peligros de la región mesoamericana para ejercer la labor de defensa, denunciaron.

Para el periodo 2012-2014, México ocupó el segundo lugar de la región, después de Guatemala, por la cantidad de agresiones perpetradas contra las defensoras, en total 615.

“Nuestro instrumento revela que la violencia contra mujeres defensoras y periodistas se incrementa. En tan sólo tres años, los ataques crecieron en 261%, al pasar de 118 en 2012 a 308 en 2014.

La evidencia apunta a la continuidad y el recrudecimiento de esta violencia. De acuerdo con nuestro monitoreo de medios, tan sólo en enero de 2017, mes en el que Michel Forst, Relator especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos realizó una visita oficial a México, se perpetraron al menos 15 ataques contra defensoras, lo que representa el doble de casos registrados en enero de 2016”, denunciaron.

Además, señalaron el hecho que quienes más agreden a las defensoras y periodistas son servidores públicos, “prioritariamente policías, que, al ser parte de la estructura estatal, están obligados a garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en condiciones de seguridad e igualdad, pero resulta que son los principales verdugos de las defensoras”.

“En este sentido, nuestro registro señala que de 2012 a 2014, 299 servidores públicos estuvieron involucrados en agresiones contra defensoras, de los cuales 127 son policías.

Resulta igualmente preocupante comprobar que dentro de los agresores de las defensoras se encuentran integrantes de organizaciones o del movimiento social, así como miembros de la comunidad”.

Hecho que, aseguran, el relator Michel Forst pudo constatar durante su reciente visita oficial a México. “Debido a que desafían el patriarcado y la misoginia, las mujeres defensoras también pueden enfrentarse a la violencia y la discriminación dentro de sus propias familias y comunidades, ya que su defensa se considera frecuentemente como menos importante o en discrepancia con el papel que se les asignó social y culturalmente”, asentó el experto en su Informe del Final de la Misión.

La organización comenta que “aunque la intimidación y el hostigamiento psicológico, seguidos de calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio, destacan entre las agresiones más recurrentes contra las defensoras, los asesinatos son una constante. Nuestro registro revela que, de 2010 a la fecha, 41 defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas, crímenes que permanecen en la impunidad”.

Respecto de las defensoras más agredidas, identificaron que se trata de quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; los derechos de información y libertad de expresión; y las defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Colombia: Manual para prevenir la criminalización de las personas defensoras del derecho a la tierra y el territorio

amecopress.net

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Colombia, 16 mar. 17. AmecoPress.- Históricamente la tierra ha estado en el centro de conflictos sociales y armados a nivel mundial; la disputa por su tenencia, control y uso ha desencadenado luchas sistemáticas y generalmente violentas. En Colombia, por ejemplo, la alta concentración de la tierra en pocas manos, los altos niveles de pobreza y vulnerabilidad rural, así como la imposición de modelos económicos que desconocen las comunidades locales, constituyen unas de las causas directas y estructurales del conflicto social y armado, y del consecuente desplazamiento y despojo de tierras de millones de personas.

Para algunos sectores empresariales, terratenientes, latifundistas, actores armados, y élites políticas, la tierra es simplemente un capital comercial, generador de riqueza, poder y ventaja militar. La necesidad de control territorial, la adquisición ilegal de la tierra y la imposición de intereses económicos y políticos, ha traído consigo un sin número de abusos; desde el ejercicio de violencia física, como homicidios, desapariciones, amenazas y masacres; hasta el uso ilegítimo de figuras jurídicas como compraventas forzadas, desalojos policiales, falsificación de títulos, y recientemente el uso abusivo de la Ley 1448 - de Víctimas y Restitución de Tierras, y la judicialización de líderes y lideresas rurales.

Esta visión de la tierra ha generado un efecto devastador en millones de personas, que dependen históricamente de ella para su supervivencia. Para las comunidades rurales (campesinas, indígenas, afro) el territorio es entendido como un espacio vital, donde se desarrollan sus relacionales sociales, culturales, económicas y espirituales.

Muchas de ellas utilizan productivamente la fuerza de trabajo de toda la familia y la comunidad, así como los recursos naturales y sociales, para garantizar tanto su subsistencia, como el mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones enteras; preservando a su vez el medio ambiente, las fuentes de agua, la flora y la fauna.

Para ellos y ellas el territorio abarca los ríos, las ciénagas, los bosques, los animales, la cultura, la historia, los caminos, sus relaciones y lugares espirituales. “La tierra es todo, pues es allí donde desarrollamos nuestra vida, nuestra identidad, de donde obtenemos los medios de subsistencia y donde podemos vivir con dignidad”.

Este manual, es resultado del acompañamiento que PAS y PI realizan a comunidades campesinas, afro e indígenas en diferentes regiones de Colombia y hace parte del esfuerzo que adelanta PI para caracterizar y prevenir este fenómeno a nivel mundial.

Tiene como objetivo ofrecer elementos prácticos y de reflexión a los defensores rurales y a sus comunidades, sobre cómo la estigmatización, criminalización y judicialización, son utilizadas para desestabilizar y debilitar sus procesos organizativos de defensa de derechos, caracterizándose como una estrategia más para consolidar el despojo de sus tierras.

Esperamos que el manual sirva como una herramienta de fortalecimiento de la labor de los defensores rurales, que en el país continúan resistiendo pacíficamente y luchando por la defensa legítima de sus derechos y su permanencia en el territorio.

(Se adjunta Manual completo)

Foto: Archivo AmecoPress.

ONU y Mecanismo de Protección condenan amenaza o agresión contra activistas

Tras el comunicado, allanan oficina de Álvarez Icaza

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst.

  El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, y la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas condenaron cualquier amenaza o agresión a activistas en nuestro país.

Después de la primera visita oficial que hizo el Relator Especial a México, del 16 al 24 de enero, ambas instancias emitieron un boletín para reconocer ampliamente la importante y legítima labor que realizan las personas defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.

Rechazaron cualquier acto de amenaza o agresión que busque limitar sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la vida, la integridad, de libertad de expresión, asociación o reunión, o que pretenda menoscabar su labor, directa o indirectamente.

Sin embargo, a menos de un mes de la visita, ayer en la Ciudad de México, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, sufrió el  allanamiento de sus oficinas en la colonia San Pedro de los Pinos, lo que calificó como un “acto intimidatorio e inaceptable”.

El también ex Ombudsman de la Ciudad de México, denunció la agresión ante la Procuraduría capitalina (PGJ) y publicó un video en redes sociales en donde explica que quienes allanaron no se robaron nada, hecho que se dio horas antes de que la PGJ informó que la Secretaría de la Función Pública investiga a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, por presuntamente alterar pruebas en el caso Ayotzinapa, que fue atraído por la CIDH, cuando Álvarez Icaza era secretario.  

ACTIVISMO, PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN

La Relatoría y el Mecanismo, que depende de la Secretaría de Gobernación, recordaron en su comunicado que la Constitución Política federal reconoce el derecho a defender DH y la responsabilidad del Estado de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Ante ello hicieron un llamado para que las autoridades, a todos los niveles y órdenes de gobierno, rechacen categóricamente cualquier acto de criminalización, estigmatización o intimidación de las personas defensoras y que atiendan a grupos en situación de riesgo específico.

Entre estas personas están las que defienden los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los migrantes y personas de la comunidad LGBTI, así como las personas defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, la tierra y el medio ambiente y los familiares que buscan verdad y justicia para las víctimas.

Sobre el trabajo del Mecanismo de Protección, señalaron que debe contar con recursos financieros y se debe fortalecer la cooperación entre autoridades federales y estatales para implementar medidas de protección como alertas tempranas y planes de contingencia.

También llamaron a las autoridades de procuración y de administración de justicia a garantizar que los crímenes contra personas defensoras y periodistas sean debidamente investigados y sancionados.
  

 CIMACFoto: César Martínez López.

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

En Ostula, la Marina y el crimen organizado desaparecen a cinco comunitarios

DesInfomémonos

Soldados de la Marina de Michoacán detuvieron arbitrariamente a cinco policías comunitarios de la comunidad indígena de Santa María Ostula y los entregan a grupos del crimen organizado, quienes ahora pretenden extorsionar a la población y les exigen canjear la vida de las personas por armas. Organismos de Derechos Humanos emprenden una acción urgente para exigir que el Estado mexicano garantice la seguridad y la vida de los desaparecidos por las fuerzas armadas.

En un comunicado, integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, en Michoacán, informan que en la madrugada del domingo 5 de febrero, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila y posteriormente los entregaron al crimen organizado.

La población de las comunidades indígenas naguas de la costa de Michoacán desde hace varios años han tenido que organizarse y crear policías comunitarias para protegerse de la extorsión y la violencia desatadas por la alianza de los grupos del crimen organizado y los gobiernos de los tres niveles que los reprimen y saquean.

Ante la desaparición de sus cinco compañeros, las comunidades decidieron bloquear la carretera Federal 200 para exigir su liberación inmediata ya que temen por sus vidas. Las autoridades comunitarias señalan que los grupos criminales están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a las personas secuestradas y que abandonen el filtro que los comunitarios mantienen en el crucero de Tizupan.

Organismos de derechos humanos emprenden una acción urgente.

Acción Urgente | Desaparición Forzada de cinco integrantes del Pueblo Nahua de la región Costa Sierra, Michoacán, perpetrada por la Marina Armada de México y el Crimen Organizado

La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que alrededor de las 3.30 am del día domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreon Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

Ante tales hechos, la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un bloqueo en la carretera federal 200 pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo. Además se denuncia que hay una amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas.

Recordamos que el 15 de noviembre del 2016, se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el Pueblo Nahua de la región, debido a una constante condición de vulnerabilidad y amenaza que mantiene en riesgo la vida e integridad personal de los habitantes.

Frente a señalamientos de esta naturaleza, de los que se advierte la probable comisión de una desaparición forzada con participación de las fuerzas armadas, hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México; haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para localizarlos.

¡Firma en línea!

Fuente: http://desinformemonos.org/ostula-la-marina-crimen-organizado-desaparecen-cinco-comunitarios/

Matan al defensor indígena Juan Ontiveros; es el segundo activista rarámuri asesinado en 2017

animalpolitico.com

Juan Ontiveros Ramos, defensor de territorio de la Sierra Tarahumara, fue asesinado en la comunidad indígena de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, localidad en la que era un reconocido líder.

Según la organización Amnistía Internacional, el pasado 31 de enero hombres armados irrumpieron en el domicilio de Juan Ontiveros, lo golpearon brutalmente junto con otros miembros de su familia y se lo llevaron a la fuerza. El 1 de febrero, el cuerpo del activista fue hallado en otro lugar del mismo municipio.

El pasado 20 de enero, Ontiveros acudió a una reunión con integrantes de diversas organizaciones y representantes del gobierno para discutir la situación de seguridad y el conflicto territorial agrario en Choréachi, según la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

En octubre de 2015, Juan Ontiveros ofreció su testimonio de la problemática en las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara que se entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una reunión de implementación de medidas cautelares.

Segundo activista rarámuri asesinado

Apenas el pasado 15 de enero fue asesinado Isidro Baldenegro, líder indígena y activista ambiental ganador del premio Goldman 2005.

El hecho ocurrió en la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, después de que Baldenegro recibiera diversas amenazas de muerte, debido a la labor que desarrollaba como defensor de los bosques de la Sierra Madre Occidental.

En la comunidad Choréachi, las agresiones contra la comunidad indígena por parte de grupos de delincuencia organizada “son un problema sin resolver de mucho tiempo”, según la Red TDT.

Anteriormente otros líderes comunitarios han sido intimidados o atacados, entre ellos Jaime Zubia Cevallos y Socorro Ayala, quienes fueron asesinados en 2013.

En 2014 la CIDH dictó medidas cautelares en favor de varios habitantes de Choréachi, debido a que han sido atacados por oponerse a la extracción de madera en sus comunidades y la defensa de su territorio.

Riesgos de los defensores rarámuris

El pasado 24 de enero, el Relator Especial de la ONU para la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Frost, dio un informe sobre la visita que hizo a México para encontrarse con activistas mexicanos y hablar sobre las situaciones que enfrentan en su labor de defensa.

Durante este informe, Frost dijo que se familiarizó con la situación que enfrentan las y los defensores que protegen los derechos de la población indígena rarámuri, particularmente con los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades.

Por ello, Frost llamó a las autoridades federales y estatales a asegurarse de la debida investigación de todos los delitos cometidos contra defensores de los derechos de los pueblos de la Sierra Tarahumara.

Reivindica relator de DH labor de defensoras

Dedica apartado especial en su informe

  El relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, llamó a las autoridades mexicanas a tomar acciones para proteger a las mujeres defensoras, quienes enfrentan impunidad y riesgos particulares porque –dijo– los ataques que reciben alcanzan a sus familias.

 

Al dar un mensaje a los medios de comunicación con motivo de la conclusión de su visita oficial por México del 16 al 24 de enero, el experto de Naciones Unidas dijo que “cuando los criminales atacan a las mujeres no sólo atacan a las mujeres, atacan a toda la familia y por tanto necesitan protección”.

 

Luego de reunirse con más de 800 personas defensoras de 24 estados del país (60 por ciento mujeres), de visitar Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y el Estado de México y entrevistarse con funcionarios, Forst dijo que en el país hay un patrón de ataques a las personas activistas, situación a la que se suma la impunidad en las investigaciones.

 

El relator señaló que uno de los grupos prioritarios son las defensoras quienes enfrentan riesgos particulares por ser mujeres, algo que se debe tomar en cuenta. “Cuando reciben una llamada telefónica, un mensaje sms o un correo electrónico donde viene el nombre del hijo o la dirección de la escuela del hijo es algo terrible”, expresó.

 

El relator, quien en mayo de 2015 estuvo en México invitado por organizaciones civiles, dijo que las defensoras son un grupo de alta importancia, por ello en su reporte final dedicó un apartado especial para exponer el patrón de ataques hacia las activistas, muchas de comunidades indígenas, y hacia las periodistas.

 

En los estados que visitó se reunió con mujeres defensoras, incluso señaló que en algunos encuentros pidió espacios para hablar sólo con ellas a fin de escuchar a detalle las agresiones de las que son víctimas, en algunos casos de violencia sexual. “Para mí la situación es preocupante”, sentenció.

 

La situación que viven las activistas que defienden la tierra y el territorio, que denuncian el feminicidio, acompañan casos de violencia de género, de desaparición forzada o de presos políticos es tal que incluso dijo que este 24 de enero, antes de finalizar su gira de trabajo, tendrá una última reunión con mujeres defensoras para después hacer recomendaciones más específicas.

 

Agregó que en la reunión que esta mañana tuvo con servidores públicos, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, Forst comentó la necesidad de tener medidas de protección para las mujeres que se dedican a la defensa de causas sociales.

 

En el informe preliminar que será complementado para presentarse en marzo de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se explica que entre 2010 y 2016 se contabilizaron 38 asesinatos de defensoras mientras que de 2012 a 2016 se registraron 11 periodistas asesinadas.

 

En este capítulo el relator asegura que las activistas son violentadas debido a que “desafían el patriarcado y la misoginia” y porque con frecuencia su trabajo se considera menos importante o que discrepa de su rol social.

 

Entre los casos que cita el informe están las agresiones en contra de la activista de Ciudad Juárez, María Luisa García Andrade; la detención arbitraria de la ex policía comunitaria Nestora Salgado García; las agresiones a la activista Martha Esthela Solórzano en Sonora; y el despido de la periodista Carmen Aristegui de su programa de radio.

 

El experto también llamó la atención por los casos de las personas que se convierten en defensoras a causa de la pérdida de un familiar, o porque son atacadas y hostigadas, así como en la formación de brigadas de búsqueda para localizar a personas desaparecidas a lo largo del país.  

 

En la conferencia de prensa el relator explicó que tuvo información de ataques perpetrados por autoridades, fuerzas policiales, miembros del Ejército y la Marina, por lo que dijo esperar que las autoridades mexicanas tomen en serio sus recomendaciones para proteger a las personas activistas.

 

En las 39 recomendaciones dirigidas al Gobierno mexicano, las agencias de Naciones Unidas, las universidades y sociedad civil, Michel Forst recomendó, entre otras acciones, dotar de presupuesto al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que la Procuraduría General de la Republica abra un área especial para investigar ataques a activistas e incluir la perspectiva de género en las políticas públicas relacionadas.

Imagen retomada de twitter Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Exigen garantizar integridad de defensora hondureña Miriam Miranda

La activista fue retenida y amenazada 

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) hizo un llamado para garantizar la integridad física de la defensora de Derechos Humanos, Miriam Miranda Chamorro, detenida ilegalmente durante un retén en Honduras el pasado 11 de enero.

 

En un comunicado, el Observatorio instó a las autoridades hondureñas correspondientes a iniciar una investigación para identificar a los responsables y sancionarlos de acuerdo a la ley ya que, aseguró, la violencia con la que se realizó el retén está relacionada con la labor de defensa de los Derechos Humanos realizada por la también presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.

 

La activista hondureña se ha pronunciado por los derechos políticos, económicos y sociales de la comunidad Garífuna Afro-Caribeña. Miranda Chamorro es beneficiaria de las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2011, debido a que ha enfrentado diversas agresiones relacionadas con su labor como defensora, como la ocurrida en marzo de ese año cuando fue detenida 10 horas y media por autoridades del municipio de Tela, Honduras, mientras participaba en una protesta pacífica en solidaridad con maestros que estaban en huelga.

 

El Observatorio solicitó intervenir de manera urgente en Honduras luego de que la defensora fue amenazada y  hostigada por policías de ese país mientras viajaba a la ciudad de la Ceiba, Honduras, junto con los también defensores Luís Gutiérrez, Oscar Gaboa y Luís Miranda.

 

En la agresión ejercida el 11 de enero Miranda Chamorro y los tres defensores mencionados viajaban en automóvil cuando fueron detenidos por policías que cuestionaron de manera agresiva su procedencia y el lugar al que se dirigían. La defensora denunció que fue acosada, amenazada sexualmente y tratada de manera racista por policías.

 

De acuerdo con el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la agresión hacia la defensora feminista tuvo lugar en un contexto en el que las personas defensoras de Derechos Humanos de Honduras son atacadas sistemáticamente. De acuerdo al informe “Situación de los Derechos Humanos en Honduras, 2015”, realizado por la CIDH, desde 2010 se han registrado en ese país,  22 asesinatos, 2 desapariciones, 15 secuestros, 88 casos de robos de información y 53 sabotajes a los vehículos donde se transportaban las personas defensoras.

 

El Observatorio también pidió enviar cartas al presidente del país, Juan Orlando Hernández; al Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla, así como a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en todos los países, para urgirlas en la implementación de políticas que reconozcan públicamente la importancia de la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos.

 

CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Grave patrón de violencia contra defensores de DH

La Jornada 

Tras una visita de nueve días a México, durante los cuales se reunió con más de 800 defensores de derechos humanos de 24 estados, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, advirtió que en nuestro país existe un grave patrón de violencia contra esos activistas, quienes enfrentan una tendencia de muerte procedente de cuerpos policiales de todos los niveles, las fuerzas armadas, empresas y particulares.

Posteriormente, en un encuentro con los subsecretarios de Gobernación Roberto Campa Cifrián y de Relaciones Exteriores Miguel Ruiz Cabañas, así como con la subprocuradora Sara Irene Herrerías, el funcionario internacional señaló que, pese a los avances logrados en materia de legislación, el nivel de violencia permanece alarmantemente alto y afecta a la población en general, y recalcó lo preocupante que resultan el continuo uso de militares en funciones de seguridad pública y la ausencia de un plan para devolver las fuerzas armadas a los cuarteles y asumir esa seguridad como tarea puramente civil.

Campa Cifrián se comprometió a atender las recomendaciones preliminares dirigidas por Forst al gobierno federal, las cuales son extensivas a las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, organismos y agencias de la ONU, universidades, empresas, la sociedad civil y la comunidad internacional.

Debe tomarse en cuenta que el posicionamiento del relator de la ONU es sólo el más reciente de una serie de duros señalamientos periódicos y regulares que el organismo internacional ha venido emitiendo en términos semejantes desde inicios del sexenio pasado, en los que se ha referido a la gravedad de la crisis de derechos humanos en que se encuentra el país. En algunas ocasiones las autoridades nacionales han recibido tales señalamientos con promesas de mejoría y en otras los han rechazado y se han negado a aceptar una realidad evidente a los ojos de todos, menos del gobierno. Pero independientemente de las cambiantes actitudes oficiales, la situación de violaciones masivas y brutales a los derechos humanos no ha cambiado. Ello debería llevar a reconocer la imposibilidad casi estructural de la institucionalidad mexicana para asegurar la plena vigencia de las garantías individuales de los ciudadanos, y la necesidad urgente de emprender una reforma y, sobre todo, una operación de saneamiento de los mecanismos enquistados en el poder público que hacen posible la altísima prevalencia de la impunidad en las violaciones a los derechos humanos.

En ello están en juego no sólo el estado de derecho, sino también la gobernabilidad. Porque, además de la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la carestía, los atropellos graves a ciudadanos por empleados y servidores públicos son un factor de exasperación social que puede resultar sumamente explosivo.

Isidro Baldenegro y la impunidad contra los rarámuris

Magdalena Gómez

La Jornada 

No conozco otro caso de un rarámuri defensor de sus bosques, perseguido, criminalizado, premiado con el emblemático Premio Ambiental Goldman en 2005 y después de ello, asesinado tras más de una década de trabajo de bajo perfil y virtualmente desplazado. Isidro Baldenegro tuvo un final igual que el de su padre, Julio Baldenegro, en 1986, también defensor del bosque, durante una visita familiar a su comunidad el pasado 15 de enero. Con este crimen pareciera aumentar el riesgo para la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

Pionero de formas de lucha que no son comunes entre los rarámuris, en junio de 1999 fue nombrado secretario de bienes comunales y lo fue hasta 2001, año en que llegó Procede a su comunidad. Isidro se puso al frente de sus hombres y organizó una marcha de 70 comuneros y ejidatarios a la ciudad de Chihuahua, para exigir la suspensión definitiva del aprovechamiento forestal de Coloradas, en tanto que existe disputa sobre esos territorios. El 23 de septiembre de 2002, Isidro Baldenegro, al frente del grupo, tomó las oficinas de la delegación estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales por más de 24 horas. Participó en el bloqueo de una carretera en la sierra Tarahumara, que utilizaban los camiones madereros para transportar árboles talados. Su encarcelamiento en 2003 tuvo ese trasfondo. También su Premio Goldman. Al recibirlo expresó: En esta ocasión los invito a que se sumen a nuestra lucha. Para nosotros el medio ambiente es lo más importante, las montañas cubiertas de lo poco que queda del bosque, las plantas medicinales, manantiales de agua, el aire puro; para nosotros todos los cerros son sagrados porque en ellos los owuirames realizan sus ceremonias para curar enfermedades; todo el bosque, el cielo, el sol, las estrellas, la luna, los vemos como seres con vida y alma igual que nosotros, decía mi difunto padre Julio, de quien heredé el ser luchador y el saber apoyar a nuestra gente. En México hay más de 60 etnias indígenas y una gran parte tiene los mismos problemas; no se reconocen nuestros derechos territoriales, los empresarios madereros involucrados en actividades ilegales controlan nuestras vidas.

Este crimen ha sido condenado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como muchas otras voces internacionales, como la de la ONU y Amnistía Internacional (AI), que han pedido una investigación inmediata de los hechos. El relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, quien aún se encuentra en visita oficial en nuestro país y cubrió en su agenda el estado de Chihuahua, señaló: Estoy profundamente conmocionado por el asesinato a sangre fría de Isidro, quien sólo deseaba para su comunidad la preservación de los bosques tradicionales en la sierra Tarahumara.

En el país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sumaron a las manifestaciones en repudio al asesinato del rarámuri ambientalista. Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado, afirmó que este asesinato es una alerta más sobre la situación de extrema vulnerabilidad que viven las defensoras y los defensores de derechos humanos que en la sierra Tarahumara buscan preservar la tierra y el territorio en zonas remotas con alta presencia de crimen organizado.

En Chihuahua la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara señaló: Isidro, hijo de Julio Baldenegro, fue fiel al legado de su padre, quien corrió con la misma suerte en 1986 y que hasta ahora no se conoce el nombre de sus asesinos ni hubo nunca investigaciones que condujeran a hacer justicia. Nos manifestamos por la urgente resolución del asesinato de Isidro y de otros líderes que han perdido la vida en Coloradas de la Virgen. Desde hace casi tres años, Isidro y su familia habían salido de su comunidad forzados por las amenazas y el hostigamiento de caciques de la región, que no desisten en su intento de explotar los bosques que legítimamente le corresponde a la comunidad indígena. A sus 50 años, Baldenegro seguía empeñado en proteger el territorio, en congruencia con los derechos y la cosmovisión de su comunidad y de los lugares que les representa un espacio único y sagrado, donde realizan sus ceremonias, donde se da la reproducción de su cultura y donde la vocación de la tierra es meramente para la sobrevivencia de las comunidades. Exigimos la acción urgente y efectiva del Estado mexicano para el esclarecimiento del asesinato de este líder indígena. Asimismo, urgimos a que se esclarezcan los hechos alrededor de los tres defensores comunitarios asesinados el año pasado en Coloradas de la Virgen: Víctor Carrillo Carrillo, Elpidio Torres Molina y Valentín Carrillo Palma. Esta realidad exige preguntar al Estado: ustedes, ¿qué harán ya?

Qué tan seguras están las defensoras

 Zona de Reflexión

Por: Lucía Lagunes Huerta*

Esta semana inicia con una visita muy importante para nuestro país en cuanto a Derechos Humanos, ni más ni menos que el Relator sobre la situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michel Forst, empieza hoy su visita oficial a nuestro país, bajo una pregunta ¿Qué tan seguras están las personas que defienden Derechos Humanos en México?

 

Una pregunta nada fácil para responder por parte del gobierno mexicano, pues esta es la segunda visita que hace el relator a México ante la gravedad de atentados, incluyendo los asesinatos, de personas defensoras.

 

Hay que recordar que el señor Forst estuvo en mayo del año pasado, es decir, apenas han transcurrido 8 meses de su primera visita a nuestro país y lo tenemos de regreso en casa. Y no es para darle una medalla al gobierno mexicano por la protección a las personas defensoras.

 

¿Con qué país se encuentra ahora el relator? Diría yo que con mayor impunidad, mayor número de violencia contra personas defensoras de Derechos Humanos, pero también con movilizaciones sociales producto del descontento nacional manifiesto, ante los incrementos en gasolina, gas, luz así como en productos básicos como la tortilla, el huevo, transporte, entre muchos otros que ahondan la desigualdad en la que vivimos.

 

Movilizaciones que han provocado violaciones de Derechos Humanos, tanto a la ciudadanía como a defensoras y defensores.

 

Muchas mexicanas son defensoras de Derechos Humanos en nuestro país, poco se conoce de ellas. Por ejemplo, las mujeres que defienden la tierra y el territorio, sobre todo en comunidades campesinas e indígenas, quienes están enfrentando el despojo de sus tierras para poner una minera a cielo abierto que es extranjera; otras defienden el agua, que muchas veces es contaminada por esas mismas mineras o por fábricas que desaguan los desechos, algunos tóxicos, a ríos, como el de Atoyac, en Puebla. A este río de Atoyac se le conoce como río azul,  porque las maquiladoras de mezclilla, que están colocadas a la orilla del río, desalojan en él el agua pintada de azul de la mezclilla deslavada con químicos, lo cual ha generado cáncer, como leucemia en la niñez de las comunidades indígenas que toman esa agua, porque no tienen otra.

 

Están también las defensoras a una vida libre de violencia para las mujeres, algunas de ellas asesinadas como Marisela Escobedo, quien en 2010 fue ultimada frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua; o Doña Irinea Buendía, quien hasta el día de hoy exige justicia para su hija y para los ciento de mujeres  asesinadas en el Estado de México. Defensoras del trabajo, la cultura, la libertad de expresión, entre muchos otros derechos.

 

¿Qué tan seguras están estas defensoras en México? Poco, muy poco yo digo.

 

De acuerdo con el diagnóstico de la Red Nacional de Defensoras en México, del 2010 al 2016, 41 defensoras fueron asesinadas como consecuencia de su labor. Ellas salvan vidas a un alto costo para su persona y sus familias.

 

De acuerdo con los registros de la Red, cada semana ocurren 4 agresiones o atentados contra defensoras. En los últimos tres años se incrementaron en 261 por ciento las agresiones contra defensoras.

 

Los atentados contra ellas tienen una connotación misógina y sexista. A las defensoras se les amenazas de violación sexual, se les hacen campañas de difamación y desprestigio con lenguaje machista y sexista, se amenaza a sus hijas e hijos y las denostación tienen un carácter sexual.

 

Los principales agresores de estas defensoras son servidores públicos, entre ellos policías. Las principales defensoras agredidas, de acuerdo con la Red, son quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; las que defienden la libertad de expresión y quienes defienden la tierra y territorio.

 

Durante su visita, el Relator de Defensoras y Defensores de Naciones Unidas irá a Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Estado de México.

 

Sin duda, un indicador de la democracia es la seguridad con la ejercen su labor las personas que defienden Derechos Humanos, garantizar esa seguridad es responsabilidad del Estado. ¿Qué noticias nos dará el Relator de la ONU Michel Forst al término de su visita el 22 de enero? Seguramente no serán muy buenas,  pero hay que contarlas.

 

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28

  TwitterCIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Asesinan a otro conocido ambientalista latinoamericano, al mexicano Isidro Baldenegro

20minutos.es

Isidro Baldenegro, el ambientalista asesinado en México (GOLDMAN PRIZE)

El activista ambiental y defensor de los bosques de la Sierra Madre Occidental, en el oeste de México, Isidro Baldenegro fue asesinado el domingo pasado en el domicilio de un familiar. Baldenegro, de 51 años, murió a tiros, igual que su padre treinta años atrás.

Baldenegro se ocultaba en el Estado de Chihuahua precisamente por la cantidad de amenazas de muerte que había recibido por su activismo ecologista. Un hombre, al que la Policía mexicana asegura tener identificado, le descerrajó al menos seis disparos que le causaron la muerte.

Isidro era hijo de Julio Baldenegro, al que unos sicarios asesinaron en 1986. Ambos fueron líderes de los indígenas tarahumaras que se vienen oponiendo a las talas en sus montañas. Cuando murió su padre, Isidro le sustituyó con la fundación del grupo Fuerza Ambiental.

La ONG Greenpeace ya denunció que la defensa de estos bosques era una causa muy peligrosa: "En años recientes, nombres como los de Ildefonso Zamora, Aldo Zamora, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Isidro Baldenegro y Wilfrido Álvarez se han hecho tristemente célebres. Ellos, al lado de comuneros de diversas regiones del país, decidieron defender sus bosques. Esta labor loable tuvo una lamentable respuesta: represión, tortura, encarcelamiento y en algunos casos la muerte, sólo por oponerse a quienes se dedican a cortar árboles por negocio".

El ahora asesinado había organizado sentadas y marchas no violentas en protesa contra la tala. Fue detenido y acusado por presunto tráfico de droga, pero Amnistía Internacional le declaró preso de conciencia.

El asesinato de Baldenegro es el segundo de un ganador de un Premio Goldman a la defensa del Medio Ambiente.  Hace un año fue asesinada la activista Berta Cáceres por intentar paralizar un proyecto hídrico en Honduras, su país.

Documenta Frayba, despojos, megaproyectos y ataques contra defensores de DH; en Chiapas, “ocasionadas por el Estado mexicano”

Redacción Revolución

(20 de diciembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, presentó este lunes su Informe Anual: Los Caminos de la Resistencia, “documento que hace visible a hombres y mujeres, pueblos y comunidades en la construcción de sueños y esperanzas que agrietan el sistema neoliberal; generan vida y dignidad, frente a esta realidad cruel y sanguinaria que vivimos en México”, aseguraron.

Además señalaron que “Los Caminos de la Resistencia” es una muestra de las constantes violaciones a los derechos humanos ocasionadas por la violencia estructural del Estado mexicano.

Remarcando el despojo y megaproyectos, y cómo impacta a los derechos humanos; en dicho apartado da cuenta del despojo territorial que mediante la implementación de megaproyectos, está impactando a los derechos fundamentales de las comunidades; una invasión destructiva, por parte de las empresas y del gobierno mexicano hacia los pueblos originarios, quienes se encuentran bajo constante amenaza.

Así también se toca el tema del desplazamiento forzado en un contexto de guerra: Situación donde familias están sufriendo múltiples violaciones de derechos humanos y en la que se desestructura la vida comunitaria y regional.

“Una histórica estrategia en Chiapas para neutralizar experiencias de organización autónoma, en un nuevo contexto nacional provocado por la violencia del crimen organizado”.

A dichos apartados se suma uno más, la desacreditación a la represión: “Acciones que ponen en riesgo a defensoras y defensores de derechos humanos. Signos de autoritarismo expresado en la actuación de gobiernos municipales, como el de San Cristóbal de Las Casas, encabezado con Marco Antonio Cancino González, por el Gobierno de Chiapas con Manuel Velasco Coello y el Gobierno Federal con Enrique Peña Nieto.

Que cada vez ahondan más en una crisis humanitaria donde los derechos humanos son un discurso sin sentido, vacío y panfletario; una pantalla para ocultar a la comunidad internacional la actuación de un Estado criminal y profundamente corrompido”, denunciaron.

Así también se menciona el tema del Conflicto Armado Interno a una violencia generalizada: “Continuidad de una guerra aún no resuelta, un estado de excepción permanente donde los derechos son obviados en nombre de la seguridad y el control territorial.

La implementación de la contrainsurgencia en Chiapas, con nuevas tácticas y diferentes etapas en donde las Fuerzas Armadas siguen teniendo un papel relevante, junto a grupos de choque y de corte paramilitar, aunado al crimen organizado”.

Dicho informe relata historias de dolor “que nos ha tocado documentar; pero también la lucha y la esperanza de los pueblos y personas que no permiten que su dignidad sea pisoteada.

En especial, Los Caminos de la Resistencia está dedicado a los hombres y mujeres que conforman las Naciones, Tribus, Colonias y Pueblos del Congreso Nacional Indígena, por su siempre dignidad rebelde que da horizonte a nuestro caminar y luz en este México desolado”, mencionaron los activistas.

Los presentadores de dicho informe fueron Marina Pagés, coordinadora del Servicio Internacional para la Paz; Ana Valadez Ortega, integrante del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano; Rafael Landerreche Morín, integrante del Equipo Pastoral de Chenalhó; Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y coordinador de la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas, y Pedro Faro Navarro, director del Frayba.

Los ponentes manifestaron su preocupación “que ni siquiera la sangre derramada tras el alzamiento armado del EZLN en 1994 ni la masacre de Acteal en 1997.

Quienes no fueron suficientes para que el gobierno mexicano mostrara sensibilidad de lo que pasa en esta región del sur del país; al contrario, acusaron, cada vez más éste muestra su cara dura de represión y despojo”.

Yaquis denuncian amenazas de Segob por gasoducto

 Juárez Cisneros apoya la obra

En un comunicado firmado por las autoridades tradicionales del pueblo de Bácum, la tropa Yoemia y habitantes de Loma de Bácum denunciaron al subsecretario de Gobernación (Segob), René Juárez Cisneros, por amenazar con utilizar la fuerza pública para continuar con la obra del gasoducto en Sonora, en el territorio de los 8 pueblos yaquis.

 

La construcción se reanudó el pasado 8 de diciembre, y en la misiva señalan que las autoridades tradicionales de Bácum sostuvieron una reunión privada el 18 de noviembre del año en curso con el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) en un hotel ubicado en Ciudad Obregón, Sonora.

 

Tras el encuentro, denunciaron que Juárez Cisneros les dijo que “el gasoducto pasará por las buenas o por las malas. Por las buenas ustedes reciben todos los beneficios que pidan, y por las malas mandaremos a la fuerza pública y militares para obligar a que se haga la obra”. 

 

Cinco días después la empresa “Gasoducto Aguaprieta”, filial de la empresa transnacional, se reunió con las autoridades tradicionales de Bácum para hacerles una “oferta económica” de un solo pago, diferido a 30 años, por más de 7 millones de pesos y becas escolares para las niñas y niños de la comunidad. 

 

Mujeres que promueven los derechos indígenas y la seguridad de los habitantes de la Loma de Bácum (cuyos nombres se mantienen en anonimato), informaron a Cimacnoticias que la empresa transnacional IEnova Sempra Energy reanudó la construcción en el territorio de los 8 pueblos Yaquis, a pesar de la orden judicial que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito.

 

El amparo lo interpuso la comunidad de la Loma de Bácum para detener el proceso de construcción del gasoducto, en defensa de su territorio el 4 de abril del año en curso, después de la asesoría jurídica que solicitaron las mujeres indígenas que viven en ese lugar. 

 

El número de expediente del amparo es el 312/2016 y el Juzgado Séptimo de Distrito emitió la orden judicial para la detención de la construcción el 6 de abril pasado. A partir de ese momento, la obra que había iniciado la transnacional se detuvo.

 

IEnova Sempra Energy les entregó ese 23 de noviembre un “convenio” que tenían que firmar, desistimientos del amparo y un contrato de servidumbre sellado por los otros 7 pueblos Yaquis. El condicionamiento de la empresa para hacer válida la oferta era que las autoridades tradicionales de Bácum firmaran los documentos un día después, frente a toda la comunidad. 

 

El día 24 de noviembre la comunidad se congregó en la “guardia tradicional” de la Loma de Bácum y por no estar de acuerdo con algunos puntos del contrato de servidumbre, las autoridades tradicionales de Bácum no lo firmaron. 

 

En el comunicado también denunciaron que los representantes de la empresa dijeron que “ellos no podían volver a discutir con la gente” de su comunidad, que se “comunicarían con la Subsecretaría de Gobernación” y amenazaron con la frase: “aténganse a las consecuencias”.

 

En el documento reiteraron que el Pueblo de Bácum y la Loma de Bácum siempre han estado abiertos al diálogo, a la armonía y la paz para hablar sobre el “desarrollo económico” y bienestar social de los 8 pueblos Yaquis y del municipio de Cajeme. 

 

Indicaron que proponen una nueva ruta para el gasoducto que atraviesa los municipios de San Ignacio Río Muerto, otra zona del municipio de Bácum y Cajeme, llevando el gas natural directamente por el “parque industrial” de Ciudad Obregón, Sonora.

 

En entrevista con las mujeres que promueven los derechos indígenas de la etnia Yaqui, explicaron que el modelo económico de los 3 niveles de gobierno y las políticas públicas que impulsan bajo el enfoque “indigenismo integracionista etnicista”, no respeta las tradiciones y derechos de los pueblos indígenas, ya que los “despoja” de sus tierras, obliga a la comunidad a trabajar para empresas transnacionales que atentan contra su seguridad y a una vida libre de violencia, autonomía, usos y costumbres. 

 

Tomada de IEnova Sempra Energy

Por: Gema Villela Valenzuela

Cimacnoticias | Ciudad de México.-