Consultas frente a los conflictos socioambientales?

Márgara Millán*

El mecanismo de la consulta ciudadana, consulta popular o ejercicio participativo, según el caso y la dificultad de posicionar esta pieza clave de la nueva forma de gobernar, está siendo un dispositivo legitimador de medidas repudiadas por sectores importantes de la población, en su mayoría, comunidades y pueblos que en lugar de ser consultados sobre qué tipo de proyectos de desarrollo quisieran impulsar, son objeto de una idea de desarrollo, bienestar y progreso que se les impone desde el Estado.

La consulta sobre el NAIM trajo al frente una vieja batalla de los pueblos de Atenco y del lago de Texcoco, que habían sido reprimidos y encarcelados por su resistencia al proyecto, que se había ido imponiendo con mecanismos empleados por distintas agencias del Estado: consultas amañadas, división de las comunidades mediante prebendas, represión, cárcel y asesinatos.

La esperanza que surgió al ver que un proyecto de tal magnitud e intereses creados se pudiera detener, parecía ofrecer otra forma de dirimir los conflictos socioambientales, una donde las comunidades serían realmente tomadas en cuenta, donde no resultarían despojadas de sus tierras y sus formas de vida destruidas.

Pensábamos que las consultas estaban ahí para escuchar a los afectados. Pero no ha sido así. Las consultas subsecuentes han sido usadas para avalar proyectos de gran impacto socioambiental, desacreditando opiniones contrarias y alternativas propuestas. Incluso han servido para evitar cumplir con requisitos reglamentarios como estudios de impacto ambiental, de seguridad, de protección civil, derechos humanos y más. En el caso del denominado Tren Maya, ese tren que va porque va, no es claro si habrá una consulta apegada a derecho o si se va a hacer pasar por buena la consulta ya hecha.

Un parteaguas en estos efectos antidemocráticos de la consulta ha sido lo ocurrido en Morelos. Esta vez no hubo revisión de contratos, de permisos otorgados por las entidades responsables, en fin, todo lo que hubiésemos esperado para la reconsideración de proyectos que este gobierno heredó. No. La decisión estaba tomada.

Para ganar la consulta en contra de los pueblos y comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), el Ejecutivo movilizó no sólo el encono y la deslegitimación de una lucha con la que había sido solidario sólo cuatro años atrás, en 2014, cuando se refirió a la termoeléctrica en Huexca, con la frase ya célebre de esto es venir a poner un basural en Jerusalén. Se mostró lo que serán las consultas si permitimos que se sigan haciendo como hasta ahora: un operativo clientelar e intimidatorio del Estado. En sólo un segundo los antes interlocutores pasaron a ser estigmatizados como grupos opositores de izquierda radical conservadora y más aún, el no rencoroso Presidente, los acusó de ser los que no habían votado por la Cuarta Transformación, los que no creían en las elecciones o si acaso habían votado lo había hecho por el PRI o el PAN.

El Ejecutivo debe reflexionar sobre los efectos de su actitud y palabras en un escenario contencioso donde el mismo gobierno operaba e intervenía en la consulta, organizándola y a la vez promoviendo el voto por el sí de múltiples maneras. Su discurso deslegitimó una lucha y desprotegió a sus actores. El crimen de Samir Flores Soberanes acaecido el 20 de febrero, tres días antes de la consulta, forma parte del clima confrontacional que desató la actuación del gobierno, y hasta que no se muestre lo contrario, seguirá formando parte del proceso intransigente y autoritario de esta consulta.

Uno de los peores discursos del Ejecutivo fue el del 10 de febrero en el Almeal, Cuautla, caracterizado por un comunero del Apatlaco: llegó comprando voluntades, dividiendo conciencias. Tras la sentencia de “el pueblo decide, pero si decide por el no, seguiremos comprando energía eléctrica al extranjero”, siguió lo que siguió.

El diseño de la consulta estaba ya puesto para que ganara el sí, al incorporar ciudades como Cuernavaca y Yautepec y más comunidades de Morelos lejanas a las afectadas. Garantizaban la preponderancia de la aceptación de lo inevitable –pues si ya está construida, ¿qué tanto son 100 metros más de tubería para conectarla? Un razonamiento utilitario y divisionista.

Con prisa y plagada de irregularidades: la votación fue sobre papeletas no foliadas, con propaganda por el sí en el reverso, sin supervisión ciudadana, con fuerte presencia policial sobre todo el segundo día, y con algo que el superdelegado Flores ha balbuceado un par de veces: viejas prácticas de acarreo. En todo caso eso opera en su contra, personas de la tercera edad, tras firmar su registro para la beca pasaban a votar, así como servidores públicos, concentrados en el homenaje del Día de la Bandera, aprovecharon para votar la orientación presidencial. Esto junto con muchos usuarios de la CFE buscando una reducción en su recibo de luz. Se desató una maquinaria de conveniencias contra los derechos de comunidades que ven sus tierras, su agua, su paisaje radicalmente amenazado. Hay que decir también que aunque la supuesta consulta era sobre la termoeléctrica, el ciudadano al votar aceptaba el PIM (dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto), proyecto del cual nunca se informó, no sabemos sus alcances, ni el sustento de su necesidad.

La consulta popular, que en primera instancia debería ser un ejercicio democrático y de involucramiento y politización de la ciudadanía, un ejercicio para dar voz a quienes nunca son escuchados, se convirtió en la práctica rediviva de la vieja cultura política clientelar de la cual queremos salir.

Así las cosas, con todo y consulta, en Morelos el no apenas empieza.

* Socióloga de la UNAM