La Jornada
El Sistema de Transporte
Colectivo (Metro) informó que su gerencia jurídica presentó ante la
Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General
de Justicia de la Ciudad de México una denuncia contra quien resulte
responsable por el delito de acoso sexual, y que a raíz de esa acción
legal se abrió una carpeta de investigación por la presunta venta en
Internet de fotos y videos de usuarias de ese transporte.
El lunes pasado la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum,
señaló que se logró clausurar varias páginas de Facebook en las que se
exhibía ese material, páginas que, según la Policía Cibernética, están
ligadas a cuentas de usuarios de esta ciudad, así como de Morelos y el
estado de México.
La posible actividad delictiva referida marca un paso más allá en la
ofensiva contra la privacidad que ya infesta las redes sociales y
algunos portales digitales; se trata de una agresión ante la cual las
víctimas están mucho más inermes que en los casos en los que se trafica
con materiales gráficos obtenidos de sus dispositivos electrónicos o
capturados con su conocimiento.
Aunque todas estas prácticas son condenables, ilegales e
inadmisibles, las usuarias del Metro ni siquiera son conscientes de que
están siendo grabadas para una exposición masiva a contrapelo de su
voluntad.
Estas amenazas a la privacidad y a la intimidad resultan
particularmente difíciles de combatir dado el ámbito en el que se
desarrollan: la propagación de aparatos portátiles con cámara y
micrófono, la inmensidad oceánica y mundial de Internet, propicia para
el anonimato, la distribución y reproducción masiva y la obtención de
utilidades a escala para negocios turbios o abiertamente delictivos. La
instauración de controles en ese entorno no es imposible –como lo
muestran las muchas investigaciones exitosas de lo que ha venido a
denominarse cibercrimen– pero sí arduo y generalmente lento. La
insuficiencia de regulaciones nacionales e internacionales y el
territorio gris de las empresas privadas que controlan las redes y
plataformas obliga a emprender acciones interinstitucionales y, con
frecuencia, internacionales para
bajarde la
nubemateriales que transgreden los derechos de particulares.
Los delitos señalados son sólo una faceta del problema. Otras son la
cosecha de datos personales que realizan empresas fabricantes de equipos
digitales o de mercadeo, datos que si no son sustraídos con propósitos
dolosos de los grandes servidores, pueden al menos ser empleados para
campañas que constituyen un verdadero acoso comercial. A ello debe
agregarse la práctica del phishing, consistente en conseguir
claves y cuentas de usuarios con propósitos fraudulentos. Hay, por otra
parte, instancias oscuras, por lo general asociadas a esferas del poder
público, dedicadas al espionaje e intercepción de las telecomunicaciones
–tanto conversaciones de voz como cuentas de correo electrónico,
mensajería y redes sociales– con propósito de chantaje, extorsión o
exhibición pública de sus víctimas. Está documentado que varias
dependencias gubernamentales adquirieron en los sexenios pasados
sistemas de intrusión e intercepción de comunicaciones, como Pegasus, con propósitos hasta ahora no explicitados y no necesariamente apegados a la ley.
Un elemento de alivio en este complicado contexto es la reiterada
disposición del nuevo gobierno federal de combatir la práctica del
espionaje y de la escucha furtiva y limitarlos a los casos en los que lo
amerite una pesquisa policial y previa autorización de un juzgado.
Cabe esperar que ese propósito de respeto a la legalidad se cumpla a
cabalidad y que los sistemas de espionaje aún operativos –que por su
complejidad tecnológica y su precio sólo pueden ser adquiridos por
grandes consorcios o por gobiernos estatales– sean localizados y
desmantelados a la brevedad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario