Gustavo De la Rosa
Han
pasado más de 10 años de la trágica inundación, los dueños de las casas
las han reconstruido y las mantienen en pie pese a la inestabilidad del
terreno. Foto: El Diario de Juárez.
En 2007 una inusitada inundación en esta reseca ciudad dejó
inhabitables más de 3 mil casas que se habían construido en el lecho de
una laguna desecada por los propietarios del terreno para impulsar sus
empresas constructoras y sus negocios productivos con Infonavit; cuando
bajaron las aguas los habitantes de esas viviendas, que se refugiaron un
par de semanas en albergues improvisados, regresaron a lo que había
sido su hogar y reconstruyeron el barrio.
Meses después fueron informados que los fraccionamientos afectados,
Palmas y Almeras, habían sido declarados inhabitables, por lo que el
valor de las propiedades era cero y no podrían venderlas ni liberar las
escrituras gravadas con una hipoteca pagada con los mismos recursos del
Infonavit. Aun así algunos siguieron pagando su mensualidad porque la
empresa nunca comunicó a los empleadores que el crédito del trabajador
era prácticamente inexistente.
Desde entonces, el Infonavit ha sumado muchas de estas viviendas
legalmente a su cartera como casas recuperadas y ha realizado subastas y
ventas masivas de algunas de ellas por el precio ridículo de 35 mil
pesos, según cuentan los habitantes de la zona. Han pasado más de 10
años de la trágica inundación, los dueños de las casas las han
reconstruido y las mantienen en pie pese a la inestabilidad del terreno
mientras que el Gobierno ha sido incapaz de buscar una solución a la
situación jurídica que afecta a esos juarenses, en su mayoría
trabajadores de maquiladora.
Pero ahora repentinamente surgieron, como venidos del infierno,
abogados que dicen ser representantes de los nuevos propietarios de los
fraccionamientos, y llegaron exigiéndole a los vecinos que desalojaran
sus viviendas en un plazo perentorio de entre 15 días y un mes. Primero
dieron amenazas y desplantes a la manera de capos de pacotilla, pero en
estos últimos días la alarma en la zona ha crecido porque los juzgados
civiles de Ciudad Juárez empezaron a notificar a algunos de los vecinos
que en Nayarit o en Sinaloa se han abierto juicios en su contra para
arrebatarles sus viviendas, y que si quieren defenderse tendrán que
contratar abogados en aquellos estados, porque de alguna forma estas
inmobiliarias pueden tramitar los juicios a más de mil kilómetros de
distancia.
En estos casos se descubre una perversa complicidad entre las
autoridades del Infonavit, los notarios públicos, y las inmobiliarias y
constructoras que pueden comprar e intercambiar la propiedad de casas
que no están dentro del mercado por haber sido declaradas inhabitables, y
pueden acudir a los juzgados a pedir órdenes de desalojo y desposesión
de las viviendas de quiénes las compraron hace 20 años y que las
reconstruyeron una década después para seguir viviendo en ellas, a
sabiendas que otra gran inundación volverá a expulsarlos de ellas y
destruirá todos sus bienes.
Además del riesgo de que la naturaleza reclame sus pertenencias,
estos juarenses ahora deben temer a los buitres de los negocios
inmobiliarios que se criaron a la sombra de los créditos del Fobaproa,
de las protecciones a los políticos y los hijos de millonarios, y que
pueden comprar a precios de regalo créditos o juicios contra esta masa
depauperada de trabajadores que algún día se emocionó al ser notificada
de que había sido beneficiada con un crédito de vivienda, y ahora se
encuentra a las puertas de la calle.
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