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9/12/2026

Ocho aspirantes a dirigir la ONU:¿ qué han defendido sobre políticas de identidad de género?

Redacción Tribuna

Redacción Tribuna

La revista de información que te cuenta lo que otros no creen importante

El Consejo de Seguridad celebra su segunda votación informal para elegir al sucesor de António Guterres. El historial de los candidatos muestra posiciones muy distintas y, sobre todo, obliga a separar dos debates que con frecuencia se presentan unidos: la orientación sexual y las políticas basadas en la identidad de género.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas afronta este viernes una segunda votación informal para medir los apoyos de los ocho aspirantes que compiten por suceder a António Guterres al frente de la organización. En un despacho de  Agence France-Presse (AFP), publicado en la madrugada del 21 de agostose afirma que  la costarricense Rebeca Grynspan parte de momento  como favorita tras la primera ronda y describe un proceso todavía abierto, condicionado por el voto secreto de los quince miembros del Consejo y por el poder de veto de sus cinco miembros permanentes.

El despacho original puede consultarse en la reproducción de RTL Today, que lo identifica expresamente como material de AFP y conserva la firma interna del cable.

Una segunda criba en una elección opaca

Según AFP, Grynspan encabezó la primera votación informal celebrada en julio. Junto a ella concurren el argentino Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica; la expresidenta chilena Michelle Bachelet; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett; el ugandés Olara Otunnu; el expresidente senegalés Macky Sall; y la diplomática ecuatoriana Ivonne A-Baki, incorporada después de la primera ronda y nominada por Tonga.

La candidatura de Bachelet requiere una precisión. Chile retiró su apoyo el 24 de marzo de 2026 tras el cambio de Gobierno, pero la candidatura no desapareció: Brasil y México mantuvieron la nominación. Naciones Unidas dejó constancia formal de que, desde el 25 de marzo, Bachelet continuaba considerada candidata por esos dos Estados.

La relación oficial de candidaturas y documentos del proceso está disponible en la página de Naciones Unidas sobre la selección del próximo secretario general.

El sistema de votación informal obliga a cada miembro del Consejo de Seguridad a clasificar a cada aspirante con una de tres opciones: «encourage» (animar), «discourage» (desanimar) o «no opinion» (sin opinión). En las primeras rondas todas las papeletas tienen el mismo color. Más adelante, las papeletas de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— pasan a diferenciarse por color, lo que permite detectar la existencia de un posible veto, aunque no identificar qué potencia lo ha emitido.

Para ser recomendado a la Asamblea General, un candidato necesita reunir al menos nueve apoyos entre los quince miembros del Consejo y evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes. AFP recuerda además la tradición no escrita de rotación regional: conforme a ella, esta vez correspondería a América Latina y el Caribe. Seis de las ocho candidaturas proceden de esa región; Sall y Otunnu son africanos.

Daniel Forti, del International Crisis Group, explicaba a AFP que la primera votación sirvió para dibujar el terreno inicial y que la segunda puede empezar a mostrar la dirección real de la carrera. Su previsión era que todavía no surgiera un vencedor decisivo y que algunas candidaturas pudieran concluir, después de esta ronda, que carecen de recorrido suficiente. El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, tampoco descartó la aparición de nuevos nombres si se produjera un bloqueo.

Dos debates distintos: orientación sexual e identidad de género

Para examinar los antecedentes de los ocho aspirantes resulta imprescindible no utilizar «LGBT» como una categoría única. La posición de un candidato sobre la despenalización de las relaciones homosexuales o sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo no permite deducir su posición sobre el cambio registral de sexo, la autodeterminación de género, los menores, los tratamientos médicos, el deporte o los espacios segregados por sexo.

Por ese motivo, el análisis siguiente mantiene tres planos separados: 1) posiciones sobre orientación sexual y reconocimiento jurídico de las relaciones entre personas del mismo sexo; 2) posiciones sobre identidad de género y políticas específicamente trans; y 3) actuaciones directas —leyes, políticas públicas, instrucciones o iniciativas institucionales— que puedan atribuirse de manera documentada al candidato. Cuando no se ha localizado información suficiente, se indica expresamente. La ausencia de información localizada no equivale a demostrar que una posición no exista.

Qué puede afirmarse y qué no

La comparación muestra tres niveles muy diferentes. Bachelet presenta el historial más extenso y explícito en políticas de identidad de género y, además, una actuación directa en legislación y políticas públicas. Espinosa incorporó expresamente la identidad de género en una política oficial bajo su responsabilidad. Grynspan ha utilizado y defendido públicamente el marco de identidad de género desde cargos internacionales, pero no se ha localizado una política trans concreta promovida personalmente por ella.

Rodrigues-Birkett ha gestionado institucionalmente recomendaciones internacionales que incluían identidad de género, pero no existe base suficiente para convertir esa actuación diplomática en una posición personal favorable a una determinada política trans. En los casos de Grossi, Otunnu, Sall y A-Baki no se ha localizado, en las fuentes examinadas, una posición específica sobre las principales políticas de identidad de género. Otunnu y Sall sí tienen posiciones claras y opuestas en un terreno diferente: la criminalización de las relaciones homosexuales.

Tampoco se ha localizado, en esta revisión, una participación directa de ninguno de los ocho candidatos en la elaboración de los Principios de Yogyakarta ni una vinculación personal documentada con WPATH. En el caso de Bachelet sí existe una vinculación institucional fuerte con el marco SOGIESC desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero eso no equivale a atribuirle autoría de Yogyakarta ni pertenencia a WPATH.

La distinción no es semántica. Apoyar la despenalización de relaciones homosexuales no implica apoyar la autodeterminación registral del sexo; defender el matrimonio entre personas del mismo sexo no permite deducir una posición sobre tratamientos médicos en menores; y utilizar «identidad de género» como categoría de no discriminación no equivale necesariamente a defender todas las políticas que posteriormente se han desarrollado bajo ese concepto. Cualquier comparación rigurosa de los candidatos debe conservar esas fronteras.

 Matriz comparativa de las ocho candidaturas

Candidatura Orientación sexual Identidad de género / políticas trans Actuaciones directas documentadas
Rebeca Grynspan Sí. Posición pública contra la discriminación por orientación sexual. Sí. Ha utilizado expresamente el concepto «identidad de género».
No se ha localizado una posición concreta sobre cambio registral,
menores, tratamientos médicos, deporte o espacios segregados por sexo.
Participación institucional desde el PNUD en marcos que incorporaban
orientación sexual e identidad de género. No se ha localizado una
política trans específica promovida personalmente.
Rafael Mariano Grossi No se ha localizado una posición pública relevante. No se ha localizado una posición pública específica. No se ha localizado una iniciativa trans directa.
Sus medidas de paridad en el OIEA se refieren a la presencia de mujeres,
no a políticas de identidad de género.
Michelle Bachelet Sí. Como presidenta de Chile firmó y remitió en 2017
el proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sí. Su Gobierno patrocinó la Ley de Identidad de Género
y defendió expresamente la inclusión de menores.
Posteriormente, como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, asumió institucionalmente el marco SOGIESC.
Sí. Actuaciones legislativas e institucionales directas:
patrocinio gubernamental de legislación de identidad de género,
compromiso público con la inclusión de menores y desarrollo posterior
del marco de orientación sexual, identidad de género y características
sexuales desde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
María Fernanda Espinosa Sí en materia de no discriminación. La Política de Género de las
Fuerzas Armadas de Ecuador de 2013 incorporó expresamente
la orientación sexual.
Sí. Como ministra de Defensa, la política oficial
aprobada bajo su responsabilidad incorporó expresamente
la «identidad de género» como categoría protegida.
Sí. Aprobación, como ministra de Defensa, de una política
pública oficial que incorporaba expresamente tanto orientación sexual
como identidad de género.
Carolyn Rodrigues-Birkett Como ministra de Exteriores de Guyana gestionó el debate y las
recomendaciones internacionales sobre la despenalización de las
relaciones entre personas del mismo sexo. Señaló que la sociedad
guyanesa estaba dividida sobre la cuestión.
Las recomendaciones examinadas por Guyana incluían la identidad de
género, pero no se ha acreditado una posición personal específica
de Rodrigues-Birkett sobre políticas trans.
No se ha localizado una iniciativa trans propia.
Su actuación documentada fue de representación diplomática
del Gobierno ante el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas.
Olara Otunnu Sí. Rechazó que las personas homosexuales fueran condenadas
a muerte o prisión en Uganda.
No se ha localizado una posición pública específica sobre
políticas de identidad de género.
No se ha localizado una actuación específica sobre políticas trans.
Macky Sall Sí. Se opuso públicamente a la despenalización de las relaciones
homosexuales en Senegal.
No se ha localizado una posición pública específica sobre
reconocimiento jurídico de la identidad de género.
No se ha localizado una iniciativa trans específica.
Su actuación documentada se refiere al ámbito de la orientación sexual
y a la negativa a despenalizar las relaciones homosexuales.
Ivonne A-Baki No se ha localizado una posición pública suficientemente específica. No se ha localizado una posición pública específica sobre
políticas de identidad de género.
No se ha localizado una iniciativa trans directa.

Nota: las casillas destacadas corresponden a candidatas para
las que se han localizado actuaciones directas y documentadas en materia de
identidad de género. «No se ha localizado» significa que no se ha encontrado
una posición o actuación específica en las fuentes examinadas; no equivale a
afirmar que dicha posición no exista.


8/29/2026

Sheinbaum ratifica respaldo de México a Michelle Bachelet para dirigir la ONU

 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó el respaldo de México a Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una contienda internacional que definirá a quien sucederá a António Guterres al frente del organismo.

Sheinbaum informó que la expresidenta de Chile, quien se encuentra de visita en México, solicitó reunirse con ella. La mandataria señaló que el encuentro no estaba contemplado para este martes pasado, aunque consideró importante conversar con Bachelet debido a que México ha sostenido su candidatura para dirigir Naciones Unidas.

La presidenta mexicana defendió la candidatura de Bachelet por su trayectoria y por la visión que, desde su perspectiva, representa dentro de Naciones Unidas: la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y el respeto a los principios de la Carta de la ONU.

“Consideramos que es una mujer que representa una visión de construcción de la paz, de defensa de los derechos humanos”, sostuvo Sheinbaum.

México mantiene su respaldo a Michelle Bachelet

México y Brasil son actualmente los países que mantienen públicamente su respaldo a la candidatura de Bachelet, después de que Chile retirara su apoyo tras el cambio de gobierno.

La candidatura de la expresidenta chilena fue presentada formalmente ante Naciones Unidas en febrero de 2026 con el respaldo de Chile, México y Brasil. Sin embargo, en marzo el gobierno del presidente chileno José Antonio Kast anunció el retiro del apoyo de su país, por lo que México y Brasil quedaron como los principales impulsores latinoamericanos de la postulación.

Sheinbaum ya había refrendado públicamente su respaldo a Bachelet en mayo, cuando recibió a la exmandataria chilena en Palacio Nacional. En aquella ocasión la presidenta mexicana destacó su trayectoria como dos veces presidenta de Chile y su trabajo en favor de la paz y los derechos humanos.

Bachelet busca convertirse en la primera mujer al frente de la ONU

La candidatura de Michelle Bachelet tiene además una dimensión histórica: de ser elegida, se convertiría en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas.

La exmandataria chilena cuenta con experiencia tanto en la política de su país como dentro del sistema de Naciones Unidas. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y posteriormente Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Para Sheinbaum, ese perfil es parte de las razones por las que México decidió respaldar su candidatura, particularmente por su experiencia en derechos humanos y su defensa del multilateralismo.

La presidenta también sostuvo que la propuesta de Bachelet coincide con la visión mexicana de una ONU en la que los Estados participen en condiciones de igualdad, independientemente de su poder económico.

La candidatura de Bachelet enfrenta un escenario complicado

El respaldo mexicano ocurre mientras la carrera por la Secretaría General de la ONU atraviesa una etapa decisiva.

La candidatura de Bachelet ha perdido posiciones en las votaciones informales realizadas por el Consejo de Seguridad. En la segunda ronda, realizada recientemente, la expresidenta chilena quedó en séptimo lugar entre ocho aspirantes, con dos votos de respaldo, seis de desaliento y siete abstenciones, de acuerdo con información publicada sobre el proceso.

A pesar de este escenario, Sheinbaum señaló que México continuará respaldando a Bachelet y reconoció que todavía será necesario evaluar las posibilidades que tiene para alcanzar el cargo.

La elección tendrá lugar este año, debido a que el mandato de António Guterres concluye el 31 de diciembre de 2026. El proceso contempla que el Consejo de Seguridad recomiende una candidatura y que posteriormente la Asamblea General de la ONU realice el nombramiento.

Por ahora, México mantiene su apuesta por Michelle Bachelet para encabezar Naciones Unidas y sostiene que su trayectoria en derechos humanos, paz y multilateralismo corresponde con el perfil que debería tener quien ocupe la Secretaría General.

La contienda, sin embargo, permanece abierta y la candidatura de Bachelet enfrenta el reto de recuperar apoyos entre los integrantes del Consejo de Seguridad antes de que avance la definición del relevo de Guterres.

8/15/2026

Las mujeres marcaron la historia de la ONU; ahora buscan dirigirla

 

En ese contexto se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde entonces, nueve hombres han ocupado la Secretaría General: Trygve Lie (Noruega), 1946-1952; Dag Hammarskjöld (Suecia), 1953-1961; U Thant (Birmania), 1961-1971; Kurt Waldheim (Austria), 1972-1981; Javier Pérez de Cuéllar (Perú), 1982-1991; Butros Butros-Ghali (Egipto), 1992-1996; Kofi Annan (Ghana), 1997-2006; Ban Ki-moon (Corea del Sur), 2007-2016; y António Guterres (Portugal), 2017 a la fecha.

Un año después de su creación, en 1946, se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) y dos años más tarde, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuya redacción participaron mujeres como Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos, delegada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y presidenta del comité de redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Participaron también Hansa Mehta de la India, a quien se le atribuye el mérito de cambiar la frase “Todos los hombres nacen libres e iguales” a “Todos los seres humanos nacen libres e iguales” en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Minerva Bernardino, diplomática de República Dominicana, quien junto a la brasileña Bertha Lutz y la uruguaya Isabel de Vidal, defendieron la no discriminación basada en la diferencia sexual en la Declaración. Así como la francesa Marie-Hélène Lefaucheux, por quienes el artículo 2 señala: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo…”.

Begum Shaista Ikramullah, de Pakistán, quien defendió los valores de libertad, igualdad y libre elección en la Declaración, así como la igualdad de derechos en el matrimonio. La danesa Bodil Begtrup quien defendió que la Declaración debería refiriese a “toda persona”, en lugar de “todos los hombres”.

Evdokia Uralova, de la República Socialista Soviética de Bielorrusia quien defendió con firmeza la igualdad de salario para las mujeres. Lakshmi Menon quien abogó por la mención de “la igualdad de derechos de hombres y mujeres” en el preámbulo.

Y la mexicana, Amalia González Caballero de Castillo Ledón, fundadora y presidenta del Club Internacional de Mujeres y delegada ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer durante la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Su participación no solo favoreció un cambio de redacción de la Declaración para garantizar que las mujeres fuesen nombradas si no la conciencia y reconocimiento de las mujeres como ciudadanas del mundo y sujetas de derechos.

Tras 80 años, el panorama global no es sencillo. Justo ahora el mundo está envuelto en guerras que se llevan a cabo de manera simultánea como Ucrania y Rusia, el genocidio en Palestina, la guerra civil en Sudán y otros conflictos en África, entre otros, con la siempre presente bandera estadounidense en ellos. Así como las tensiones políticas tras el arribo de gobiernos conservadores en América Latina y otros continentes que nos encaminan una reconfiguración geopolítica.

En un contexto en el que Naciones Unidas se encuentra deslegitimada debido a su limitada acción frente a los conflictos y una reorganización derivada de recortes presupuestales, cuatro mujeres latinoamericanas y dos hombres se postulan para ocupar la secretaría general de la ONU. América Latina no tiene una candidatura como región, tiene cinco.

  • Michelle Bachelet: política chilena, presidenta de su país en dos ocasiones como integrante del Partido Socialista.
  • María Fernanda Espinosa: política ecuatoriana destacada en temas de seguridad quien fue presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el período 2018-2019 (cuarta mujer y la primera de América Latina y el Caribe en ocupar este cargo).
  • Rebeca Grynspan: ex vicepresidenta de Costa Rica, , actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
  • Carolyn Rodrigues-Birkett: actual representante permanente de Guyana en la ONU, ex directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Ginebra.

El pasado 3 de agosto, se llevó a cabo el Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas, un encuentro realizado en Montevideo, Uruguay en su calidad de Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el que participaron cinco candidaturas de América Latina y el Caribe a la Secretaría General de la ONU. Primera vez en la historia que se realiza un debate de este tipo convocado por la región.

Participaron de manera presencial María Fernanda Espinosa, nominada por Antigua y Barbuda; y Rebeca Grynspan, nominada por Costa Rica. A distancia participó Carolyn Rodrigues-Birkett de Guyana.

Debido a complicaciones de salud, Bachelet nominada por Brasil y México; no pudo participar, en su lugar envío una carta en la que expresó que se trata de una oportunidad histórica para que una mujer latinoamericana ocupe la secretaria. En su visión Naciones Unidas debe ser una institución cercana a las personas que actúe con independencia, imparcialidad, criterio y valentía. Frente a presiones e intereses internacionales, debe escuchar, no ser instrumento de nadie, construir acuerdos con base en la Carta magna y actuar con firmeza.

El quinto diplomático argentino Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, envío un video recordó la presencia del ex secretario general de Naciones Unidas peruano Javier Pérez de Cuéllar en conflictos armados. El sexto candidato es Macky Sall, expresidente de la República de Senegal.

En sus intervenciones, María Fernanda Espinosa dejó clara su visión de prevención de conflictos. Experta en seguridad encabeza una plataforma de reestructura de naciones unidas para actuar frente a los conflictos armados, la fragilidad institucional y crisis financiera recuperando el rol original de la Naciones Unidas para prevenir conflictos, construir la paz y proteger a las personas.

Su propuesta incluye acompañar a los países que sufren los impactos de las guerras no solo en términos de costos y de seguridad alimentaria y reconoció que América Latina es la región más rica en biodiversidad pero la que presenta mayor desigualdad y una de las más violentas.

Propuso la creación de una alerta temprana y acción temprana para priorizar la presencia de Naciones Unidas donde están los conflictos y el sufrimiento humano.

Espinosa defendió el derecho internacional como no opcional, sino como el horizonte y brújula de los Estados, también se comprometió a potenciar la presencia de los países en desarrollo en el sistema universal.

Por su parte, Rebeca Grynspan destacó su visión de paz. Para ella, la creación de Naciones Unidas fue reconocer que la destrucción del mundo debía cesar y debía establecerse un gran acuerdo global basado en reglas y confianza.

Grynspan destacó la visión de paz de América Latina “somos una región sin armas nucleares, de resolución a través de la paz y no con conflictos armados, conocemos la violencia y atenderla debe ser una prioridad”.

Destaco que la reforma en Naciones Unidas implica no solo la no duplicación de funciones, sino en devolver esperanza y confianza en la implementación de soluciones. En un contexto de nuevos actores y nuevos instrumentos para la guerra se requiere recuperar el comercio para evitar crisis alimentaria en el mundo. Naciones Unidas debe tener la capacidad de hablar con todos los actores para la mediación y diplomacia y reconstruir la confianza.

“La transición justa requiere que el sistema internacional resuelva necesidades, un sistema financiero internacional para transiciones energética y digital».

También se comprometió a incluir a las juventudes en la estructura de naciones unidas para sumar su talento.

Carolyn Rodrigues-Birkett reconoció que los países de primera línea de nuestra región se enfrentan a los graves impactos del cambio climático; por ello, su proyecto busca fortalecer el multilateralismo, superar las divisiones y garantizar que las Naciones Unidas goce de la confianza que el mundo desea ver.

Rodrigues señaló que, aunque las candidaturas vienen de esta región, y a pesar de que América Latina y el Caribe han defendido con firmeza un sistema multilateral más representativo, eficaz y basado en normas, ésta es una petición que escuchamos provenir de todas las regiones del mundo: que el desarrollo que llegue a los sectores más vulnerables.

Su propuesta es que el personal y los recursos del sistema de las Naciones Unidas se destinen a atender las necesidades de los Estados miembros y proporcionarles información pertinente para analizar y responder las amenazas contra la paz y la seguridad mundiales.

Aseguró que como Secretaria General trabajará para poner fin a los conflictos y prevenirlos, dialogar tanto con las partes en conflicto como con aquellos que tienen influencia sobre ellas y colaborar con las organizaciones regionales para que se respeten los derechos humanos en todas las operaciones de las Naciones Unidas con base en tres pilares: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos.

Rodrígues señaló la importancia de buscar se cumplan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París para proteger a las personas y al planeta mientras alcanzamos nuestras aspiraciones de desarrollo y fomentamos la creatividad y la innovación tecnológica.

En su moderación, la periodista mexicana Carmen Aristegui fue clara: “¿Qué tipo de liderazgo necesita Naciones Unidas para recuperar confianza, construir consensos y ejercer la autoridad moral para defender los principios de la Carta? ¿Qué puede aportar nuestra región a la ONU?”.

En la construcción del sistema de Naciones Unidas, las mujeres marcaron la diferencia y garantizaron la inclusión de las mujeres en la Carta Magna. Por eso, en esta elección es tan importante que quien ocupe la próxima Secretaría no solo deberá promover la paz, el desarrollo y la justicia, y consolidar el multilateralismo; debe mirar a las mujeres en la escena mundial y actuar para consolidar el desarrollo y la protección de ellas.

7/11/2026

Cuatro mujeres buscan hacer historia y convertirse en la primera secretaria general de la ONU

 

A casi ocho décadas de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el organismo internacional podría tener por primera vez a una mujer al frente de su Secretaría General.

De las seis candidaturas oficiales registradas para suceder a António Guterres quien deja el cargo el 31 de diciembre de 2026, cuatro corresponden a mujeres, una representación sin precedentes en la contienda para ocupar el máximo cargo del sistema multilateral.

En este contexto, la campaña internacional 1 for 8 Billion, integrada por organizaciones de la sociedad civil que promueven un proceso de selección más transparente y abierto, publicó una actualización de los perfiles de todas las personas candidatas, en la que analiza sus posturas sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta Naciones Unidas.

Las cuatro mujeres que aspiran al cargo son:

  • Michelle Bachelet
  • María Fernanda Espinosa
  • Rebeca Grynspan
  • Carolyn Rodrigues-Birkett

Los otros dos candidatos son Rafael Grossi y Macky Sall.

¿Qué analizó la campaña 1 for 8 Billion

La coalición elaboró perfiles a partir de las declaraciones públicas, documentos de visión, intervenciones durante los diálogos interactivos ante la Asamblea General y otras participaciones públicas de las personas candidatas.

El objetivo es facilitar que gobiernos, sociedad civil y ciudadanía conozcan las propuestas de quienes buscan dirigir la ONU en un momento marcado por conflictos armados, crisis climática, retrocesos democráticos y crecientes desigualdades.

Los análisis comparan las posturas de cada candidatura sobre ocho temas prioritarios:

  • Prevención de conflictos, paz y seguridad.
  • Acción humanitaria.
  • Desarrollo sostenible y desigualdad.
  • Derechos humanos.
  • Igualdad de género.
  • Cambio climático.
  • Participación de la sociedad civil.
  • Reforma del sistema de Naciones Unidas.

¿Qué proponen las candidatas?

  • Michelle Bachelet: Propone una ONU más independiente, ágil y eficiente, con una Secretaría General que tenga presencia en terreno y capacidad de mediación en conflictos antes de que escalen. Coloca los derechos humanos como eje transversal de la organización y sostiene que el organismo debe defender el derecho internacional sin dobles estándares. Defiende la igualdad de género, los derechos de las mujeres y una mayor participación de la sociedad civil. También respalda reformas para fortalecer la transparencia institucional e incluso ha planteado que la persona titular del cargo ocupe un solo mandato, para reforzar su independencia.
  • María Fernanda Espinosa: Centra su propuesta en reconstruir la confianza en el multilateralismo mediante una ONU más cercana a las personas y a los Estados miembros. Impulsa una reforma institucional que haga al organismo más eficiente sin debilitar sus capacidades. Defiende un liderazgo basado en el diálogo, la diplomacia preventiva y la presencia constante en las regiones en conflicto. En desarrollo, propone fortalecer el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), combatir las desigualdades y garantizar que los países tengan mayor apropiación de las políticas de la ONU. También coloca la igualdad de género y la acción climática entre sus prioridades.
  • Rebeca Grynspan: Su principal eje es la prevención de conflictos. Propone fortalecer la mediación política, reorganizar desde el primer día la Oficina Ejecutiva de la Secretaría General para crear una capacidad permanente de mediación y mantener un diálogo constante con el Consejo de Seguridad. También impulsa una reforma financiera que permita atender la deuda y la vulnerabilidad climática de los países en desarrollo. Plantea una ONU más flexible, eficiente y con mayor representación del Sur Global. En materia de derechos humanos, los vincula con la prevención de conflictos y sostiene que las violaciones sistemáticas deben ser una señal de alerta temprana para la acción internacional.
  • Carolyn Rodrigues-Birkett: Su candidatura enfatiza la necesidad de una ONU más transparente, íntegra y cercana a los Estados pequeños y en desarrollo. Ha defendido el fortalecimiento del multilateralismo, el respeto al derecho internacional, la cooperación entre regiones y una mayor inclusión de los países del Caribe y del Sur Global en la toma de decisiones. También ha respaldado compromisos de integridad, transparencia y rendición de cuentas durante la campaña para la Secretaría General, así como la reforma del sistema de Naciones Unidas para hacerlo más representativo y eficaz.

Mientras que los dos únicos hombres de la contienda cuentan con las siguientes propuestas:

  • Rafael Grossi: Propone una ONU más eficiente y con mayor capacidad para prevenir conflictos mediante la diplomacia y la mediación. Plantea fortalecer la respuesta del organismo ante crisis internacionales, modernizar las operaciones de paz y enfrentar desafíos como el cambio climático, la inteligencia artificial y los riesgos nucleares. También impulsa una gestión más transparente y orientada a resultados.
  • Macky Sall: Su propuesta se centra en fortalecer el multilateralismo y dar mayor representación al Sur Global, especialmente a África. Promueve una reforma de la gobernanza de la ONU, el impulso al desarrollo sostenible, la reducción de las desigualdades y una mayor cooperación internacional para enfrentar conflictos, pobreza y cambio climático.

Una elección con posibilidad de romper un techo histórico

La posibilidad de que una mujer encabece la ONU ha sido impulsada durante años por organizaciones internacionales y numerosos Estados miembros, que sostienen que, desde la fundación del organismo en 1945, ningún secretario general ha sido mujer.

Aunque el proceso de elección continúa y la decisión final dependerá de las negociaciones entre los miembros del Consejo de Seguridad y posteriormente de la Asamblea General, la presencia de cuatro mujeres entre las seis candidaturas convierte la contienda de 2026 en la más diversa en la historia del organismo.

7/04/2026

800 millones de mujeres afrontan la maternidad sin seguridad económica, según un informe de la ONU

 


La ONU alerta sobre una realidad poco visible: la violencia contra las madres

Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas Reem Alsalem

¿Qué ha ocurrido?

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, ha presentado un informe monográfico dedicado a la violencia y discriminación que sufren las mujeres por su condición de madres.

Cinco datos clave del informe

  • 800 millones de mujeres carecen de seguridad económica en torno al parto.
    • Las mujeres realizan 2,5 veces más trabajo de cuidados no remunerado que los hombres.
    • El 24 % abandona el mercado laboral durante el primer año de maternidad.
    • Una embarazada en un país en conflicto tiene casi cuatro veces más riesgo de morir por causas maternas.
    • La utilización de los hijos para controlar a las madres es identificada como una forma específica de violencia.

¿Cuál es la principal conclusión del informe?

La maternidad sigue estando infravalorada y millones de mujeres sufren formas específicas de violencia y discriminación relacionadas directamente con su condición de madres.

¿Qué entiende la ONU por violencia contra las madres?

No se limita a la violencia física. Incluye violencia económica, psicológica, institucional, reproductiva, sexual y jurídica.

¿Qué dice el informe sobre la situación económica de las madres?

Advierte de una importante penalización económica asociada a la maternidad, que afecta al empleo, los salarios, las promociones y las pensiones.

¿Qué denuncia sobre los sistemas sanitarios?

Describe diversas formas de violencia reproductiva, incluyendo intervenciones sin consentimiento plenamente informado y trato degradante durante el embarazo y el parto.

¿Qué relación existe entre la violencia contra las madres y la violencia contra los hijos?

Muchos agresores utilizan a los hijos para controlar, castigar o intimidar a las madres. El daño a los menores tiene consecuencias duraderas para toda la familia.

¿Qué dice sobre conflictos armados?

Las madres son objetivo específico de la violencia en guerras y crisis humanitarias. En 2024 se estimó que 10,9 millones de embarazadas o lactantes sufrían desnutrición grave en países afectados por conflictos.

¿Qué grupos son especialmente vulnerables?

Madres migrantes, refugiadas, indígenas, adolescentes, con discapacidad, encarceladas, solteras, en situación de prostitución y madres sometidas a gestación subrogada.

¿Qué pide finalmente la ONU?

Reconocer la maternidad como un bien social, combatir la discriminación económica, reforzar la protección frente a la violencia y mejorar las políticas públicas dirigidas a las madres.

6/20/2026

Crisis de desapariciones en México llega a la Asamblea General de la ONU

 

.-Ciudad de México.- Luego que el pasado 2 de abril se diera a conocer que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitara al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar a México en la prevención, investigación, castigo y erradicación de esta situación, Amnistía Internacional celebró el avance en este caso.

Al momento, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), indica que en México hay 135 mil 072 personas desaparecidas de las cuales 29 mil 277 son mujeres.

En un comunicado la organización confirmó que el Secretario General de las Naciones Unidas ha transmitido la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre la situación de las desapariciones en México en aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

«Esta decisión constituye un reconocimiento de la gravedad y persistencia de la crisis que enfrentan miles de familias en el país, así como de años de trabajo, documentación y exigencia de verdad y justicia impulsados por personas buscadoras, colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos». AI

Recordemos que fue ese mismo 2 de abril, cuando el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) hizo pública la información de desapariciones en México.

En su decisión, publicada hoy en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que:

«En México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país».

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), señaló que la magnitud de los casos de personas desaparecidas pone de relieve la gravedad de la situación, por lo que citaron el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.

Todo esto el CED le pediría a México que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

Hay que señalar que toda la información presentada ante el CED de la ONU fue presentada por la sociedad civil y además información recopilada por el Comité desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas.

«La atención de la Asamblea General representa una oportunidad histórica para que el Estado mexicano asuma con la seriedad y urgencia que demanda esta crisis los desafíos pendientes en materia de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación».

No perdamos de vista que tras estas declaraciones el Gobierno de México inmediatamente emitió un comunicando rechazando este informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) indicando que «la decisión del Comité es parcial y sesgada», porque omitió considerar los esfuerzos institucionales presentados.

Ante el avance de exponer la situación de crisis de desaparición en México ante la Asamblea General de la ONU y la respuesta del Estado mexicano, Amnistía Internacional señaló que:

«Lejos de entenderse como una confrontación, este proceso debe ser visto como una oportunidad para fortalecer las respuestas institucionales, garantizar los derechos de las víctimas y avanzar hacia soluciones estructurales».

Además, concluyeron que con esta situación el país tiene la posibilidad de demostrar su compromiso con los derechos humanos, pero en especial atender las demandas de las familias que buscan a sus familiares.

5/03/2026

Día Mundial de la Libertad de Prensa: forjar un futuro en paz


Con frecuencia se dice que en la guerra la verdad es la primera baja; sin embargo, con demasiada frecuencia las primeras bajas son los periodistas que lo arriesgan todo para informar de esa verdad, no sólo en la guerra, sino también allí donde el poder teme el escrutinio.

En todo el mundo, los trabajadores de los medios de comunicación se enfrentan al riesgo de la censura, la vigilancia, el acoso legal e incluso la muerte.

En los últimos años hemos presenciado un gran aumento del número de periodistas muertos –con frecuencia atacados deliberadamente– en las zonas de guerra; 85 por ciento de los crímenes cometidos contra periodistas quedan sin investigar y sin castigo: un grado de impunidad inaceptable.

Las presiones económicas, las nuevas tecnologías y la manipulación activa también ejercen una presión sin precedente sobre la libertad de prensa.

Cuando se erosiona el acceso a información fiable, la desconfianza echa raíces; cuando se distorsiona el debate público, la cohesión social se debilita, y cuando se socava el periodismo, las crisis se vuelven mucho más difíciles de prevenir y de resolver.

Todas las libertades dependen de la libertad de prensa, sin ella, no puede haber derechos humanos ni desarrollo sostenible, y tampoco puede haber paz.

En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, protejamos los derechos de los periodistas y construyamos un mundo en el que la verdad –y quienes la cuentan– estén a salvo.

* Secretario General de la Organización de Naciones Unidas

4/25/2026

Pese a excluir a madres buscadoras, Alto Comisionado para los Derechos Humanos ONU reconoce su labor



Escrito por Wendy Rayón Garay 

CIMAC Foto.- 

Ciudad de México.- Del 19 al 22 de abril de 2026, Volker Türk, el Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos estuvo de visita en México para conocer las situación sobre la crisis de personas desaparecidas en el país; sin embargo, antes de irse reconoció la tenacidad de las familias buscadoras lideradas por mujeres por no solo buscar a sus desaparecidas y desaparecidos sino por promover y visibilizar la rendición de cuentas y respuestas institucionales.

En su discurso de despedida, Volker Türk, el Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos reconoció que el tema de las desapariciones sigue siendo uno de los desafíos más grandes en materia de derechos humanos que tiene México. Mencionó que:

«Las desapariciones provocan un «sufrimiento innegable y prolongado para las familias» erosionando la confianza entre la población y el Estado quien es responsable de prevenir, investigar, juzgar y condenar a los responsables».

Al día de hoy y de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en México hay 133 mil 364 personas desaparecidas de las cuales 28 mil 949 son mujeres. Esto se traduce a miles de familias que, en estos momentos, se encuentran buscando dentro de las fosas clandestinas y territorios abandonados por el Estado.

Ante este panorama, Volker Türk reconoció «el valor y la tenacidad» de las familias de personas desaparecidas y los colectivos que las conforman, especialmente aplaudió el papel de las mujeres a quienes felicitó por las labores esenciales de búsqueda, documentación y los esfuerzos por denunciar el actuar de las autoridades y exigir rendición de cuentas.

Aunque advirtió que el dolor de las buscadoras no podía minimizarse, su visita excluyó a muchas mujeres quienes esperaban reunirse con él para abordar el tema.


Una de ellas fue Vanessa Gámez, quien además es una de las figuras representantes de las madres buscadoras en la zona del Ajusco en la Ciudad de México en donde hay casi 200 casos desde el 2010 y quien señaló a Cimacnoticias que fue una de las mujeres que quedó excluida de la reunión con el Alto Comisionado de ONU, aun así se quedó a esperarlo para proporcionarle información adicional más allá que la del Gobierno de México y solicitar una segunda visita exclusiva para escuchar al resto de familias de personas desaparecidas.

CIMAC Foto

Vanessa Gámez y otras mujeres le entregaron cartas con 5 fichas de búsqueda sobre los casos del Ajusco que incluyen a su hija Ana Amelí, Luis Oscar Ayala, Oline Hernando Vargas Ojeda, Jimena López Rosales y Pamela Gallardo. Las fichas fueron entregadas con una carta en donde expresaron cómo han enfrentado la crisis de desaparición y solicitan ayuda internacional en temas de investigación, pero después del encuentro el Alto Comisionado se alejó.

De acuerdo con Vanessa Gámez, es positivo que un ente internacional atienda la crisis de personas desaparecidas y la situación de crisis de derechos humanos, por lo que apuntó que las actividades de las familias buscadoras para visibilizar el tema han funcionado. Aún con la exclusión de algunas familias buscadoras en la conversación, la buscadora reconoce que la visita de Volker Türk las autoridades no pueden negar la crisis.

En México, son las mujeres quienes no solo buscan a sus familiares desaparecidos, sino que las y los encuentran sin apoyo de las autoridades llevando proceso de hasta años o décadas para encontrarlos. En medio del proceso enfrentan altos riesgos para su seguridad, por ejemplo, Amnistía Internacional dio a conocer que 2025 fue el año más riesgoso para las mujeres buscadoras, ya que el 97% de ellas enfrentaron violencia por su labor, y calificaron su tarea «de alto riesgo».

Respecto al comentario que hizo el Alto Comisionado sobre las mujeres buscadoras, Vanessa Gámez compartió la importancia del reconocimiento hacia las familias buscadoras:

«Nuestro trabajo de buscadoras es 24/7 porque no sabemos en qué condiciones se encuentran nuestros hijas e hijos, si se los llevaron para trabajar, no los dejan descansar en paz, seguramente los explotan 24 horas al día, por eso mismo nosotras no podemos descansar», compartió la madre buscadora.

Ahora, Vanessa Gámez espera que con la visita del Alto Comisionado se puedan implementar protocolos de acción conjunta con otros países en temas de investigación e inteligencia para desarticular bandas del crimen organizado quienes se llevan a mujeres y hombres.

Además, apuntó que se necesita poner en el mapa la situación de estancamiento de las autoridades que se traduce en la falta de voluntad política para terminar con las desapariciones.


Uno de los temas en los que más ahondó fue la violencia contra las personas defensoras y periodistas, para el cual escuchó a la periodista y defensora de derechos de las mujeres Marcela de Jesús Natalia quien se encuentra en desplazamiento forzado por una serie de agresiones que enfrentó por ser mujer, indígena y periodista en Guerrero.

La periodista compartió con Cimacnoticias que esta agradecida por ser escuchada por el Alto Comisionado.


Volker Türk destacó que existe desafíos sobre la violencia contra las defensoras y periodistas, especialmente cuando son mujeres ya que enfrentan riesgos agravados por su género frente al crimen organizado, la corrupción o la violencia de género. Por ello, explicó que el modelo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es un referente en la región por su esquema de gobernanza que incorpora a la sociedad civil.

Además, aseguró que tras conversar con la fiscal general Ernestina Godoy coincidió en que se debe incrementar la capacidad de investigación tras cualquier ataque a personas defensoras y periodistas: «Espero que el protocolo de investigación para crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, en cuya redacción ha participado mi Oficina, sea adoptado e implementado a la mayor brevedad posible», aseguró.

Crédito: @UNHumanRights en X

Una visita polémica

La visita de Volker Türk fue el resultado de la decisión del Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas para solicitar al Secretario General remitir urgentemente la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General y esto ocurrió gracias a episodio que ocurrió tras el hallazgo del Rancho Izaguirre con el cual se discutió la posibilidad de activar el artículo 34° del Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED).

Durante su visita a México, Volker Türk se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, la fiscal general Ernestina Godoy, el canciller Roberto Velasco Álvarez y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz.

También mantuvo encuentros con senadoras y senadores, miembros de organizaciones de la sociedad civil, empresariado y de algunos colectivos denunciaron violaciones a los derechos humanos, incluidas algunas familias de personas desaparecidas, así como organismos públicos de derechos humanos a nivel federal y estatal.


Durante su despedida, el Alto Comisionado reconoció algunas acciones del Gobierno de México como la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, la reciente adopción de un protocolo nacional de búsqueda actualizado y una supuesta voluntad política de seguir fortaleciendo las instituciones existentes, cuando todo ello ha sido señalado por las familias y organizaciones de la sociedad civil como parte de una estrategia discursiva frente a la crisis de desaprisiones.

Para la defensora y feminista Patricia Olamendi, la visita del Alto Comisionado dejó algunos vacíos como la falta de pronunciamiento sobre las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidad y condenó la recomendación de Volker Türk para «no politizar las desapariciones en México».

Otro de las observaciones hechas por la sociedad mexicana fue su reunión con Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien desde esa instancia señaló como «intervencionismo extranjero» la tarea de las Naciones Unidas para indagar en el tema de desapariciones en México.

En esa misma reunión la funcionaria entregó una carta donde se expresan las razones de discrepancias de la CNDH con el Comité contra la Desaparición Forzada (CED).

Crédito: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Dentro de sus observaciones, Volker Türk habló sobre otros temas de derechos humanos en México como el crimen organizado, tráfico de drogas, flujo de armas, la inseguridad, la impunidad, la reforma al sistema judicial, la prisión preventiva oficiosa, la discriminación a la comunidad indígena y afromexicana, las acciones de la Secretaría de las Mujeres, la paridad de género, la violencia de género, los feminicidios, así como la pobreza.

2/28/2026

ONU denuncia centros de trabajo forzado en Asia, enganchan con oferta de empleo

 

Detrás de los asombrosos beneficios se esconde lo que el informe denomina una «letanía de abusos» que afecta a cientos de miles de personas de al menos 66 países y cuyas víctimas fueron atraídas al extranjero con promesas de trabajos legítimos, solo para encontrarse con detención, golpes y obligados a cometer fraudes en línea.

«El trato que sufren las personas en el contexto de las operaciones de estafa es alarmante», afirma el informe, publicado el viernes en Ginebra por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Titulado Un problema perverso, el documento se basa en entrevistas en profundidad y sensibles al trauma con víctimas traficadas y obligadas a trabajar en centros de estafa, así como en información procedente de diversas fuentes, incluidas algunas confidenciales. 

Según los informes, la violencia sexual ha aumentado desde 2024. Las mujeres describieron violaciones, prostitución y abortos forzados. Doce mujeres liberadas de los recintos en Myanmar dijeron que fueron violadas y quedaron embarazadas, mientras que una superviviente filipina embarazada sufrió violencia física y electrocución.

Castigos

Señalaron que los castigos por no cumplir las cuotas de estafa es severo. Un superviviente de Sri Lanka relató haber sido sumergido en «prisiones de agua» durante horas tras no alcanzar los objetivos mensuales. Otros describieron celdas de confinamiento en las que se encerraba a las personas en completa oscuridad durante días.

Las víctimas denunciaron haber sido obligadas a presenciar o incluso a cometer abusos contra otras personas. Un hombre de Bangladesh afirmó que le ordenaron golpear a sus compañeros de trabajo. A una víctima de Ghana le obligaron a ver cómo golpeaban a su amigo.

La privación de alimentos, la privación del sueño y las jornadas laborales extremas, de hasta 19 horas al día, eran habituales. Una víctima dijo que su grupo no recibió casi nada de comida durante 15 o 20 días y se debilitó tanto que «ni siquiera podíamos mantenernos en pie».

El negocio detrás del abuso

Según el informe, la «industria de las estafas» ha crecido hasta alcanzar «proporciones industriales», con estimaciones fiables que apuntan a que al menos 300 mil personas trabajan en operaciones en todo el sudeste asiático. La mayoría de ellas se concentran en la región del Mekong, donde las imágenes de satélite muestran que se encuentra el 74% de los complejos dedicados a las estafas.

Aunque es difícil calcular los beneficios exactos, algunas fuentes estiman que los ingresos anuales globales rondan los 64 mil millones de dólares. Solo en la región del Mekong, la industria puede tener un valor superior a 43 mil 800 millones de dólares al año.

Estas operaciones de estafa están «arraigadas» y «cuentan con buenos recursos», señala el informe, y sus ubicaciones van desde zonas fronterizas remotas hasta zonas económicas especiales y grandes ciudades.

«La letanía de abusos es abrumadora y, al mismo tiempo, desgarradora», afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

«Sin embargo, en lugar de recibir protección, atención y rehabilitación, así como las vías de justicia y reparación a las que tienen derecho, las víctimas se enfrentan con demasiada frecuencia a la incredulidad, la estigmatización e incluso a castigos adicionales».

Dentro de los lujosos recintos

Supervivientes describieron vastos recintos que se asemejan a «ciudades autónomas, algunas de más de 200 mil hectáreas».

Los edificios de varias plantas están rodeados por muros coronados con alambre de púas y vigilados por personal de seguridad armado. Algunos incluso cuentan con supermercados, restaurantes, casinos y burdeles.

Las operaciones más ágiles se llevan a cabo desde apartamentos, hoteles o casas cerradas. Independientemente de su escala, la característica definitoria es el control.

Las víctimas denunciaron la confiscación de pasaportes, la restricción de las comunicaciones y la vigilancia constante. Muchas describieron los recintos como «prisiones», con puertas cerradas y castigos severos por intentar escapar.

Obligadas a cometer delitos

Las personas traficadas a los recintos se ven obligadas a perpetrar una serie de estafas en línea, entre las que se incluyen el fraude por suplantación de identidad, los planes de inversión en criptomonedas, las plataformas de juego, la extorsión y las llamadas estafas románticas.

Las reuniones matutinas a menudo incluían torturas públicas a los equipos con bajo rendimiento, como advertencia para los demás.

Las operaciones están muy bien organizadas, con diferentes unidades que se encargan de la selección de los objetivos de las estafas, la elaboración de guiones y las transferencias financieras. Los beneficios suelen blanquearse a través de cuentas bancarias de mulas, se convierten en criptomonedas y se transfieren a través de complejos canales digitales antes de volver a entrar en los sistemas bancarios formales.

Incluso aquellos que sabían que iban a trabajar en empleos dudosos en línea no esperaban ser detenidos ni sufrir violencia. «Todas las víctimas describieron haber recibido o presenciado malos tratos graves, equivalentes a tortura, dentro de los recintos de estafa», señala el informe.

«Las reuniones matutinas a menudo incluían torturas públicas a los equipos con bajo rendimiento, como advertencia para los demás».

Robo de salarios, deudas y rescates

La mayoría de las víctimas afirmaron que se les prometieron salarios sustanciales, pero una vez dentro de los recintos se enfrentaron a deducciones, multas y «deudas» cada vez mayores. A menudo, los contratos se les presentaban después de su llegada, lo que les obligaba a cumplir objetivos de beneficios poco realistas.

Una víctima tailandesa denunció que se le exigía generar 9 mil 500 dólares al día en ganancias fraudulentas para evitar multas, palizas o ser «vendida» a otro recinto.

En ocasiones, se obligaba a las familias a pagar rescates de decenas de miles de dólares. Los traficantes realizaban videollamadas a los familiares y les mostraban a sus seres queridos siendo maltratados para presionarlos a pagar.

El informe destaca las denuncias de colusión entre las organizaciones criminales y los funcionarios. Las víctimas describieron cómo los funcionarios, que parecían coordinarse con los reclutadores, les facilitaban el paso por inmigración. Algunas denunciaron que la policía entraba en los recintos y recibía pagos de los gerentes.

La corrupción está «profundamente arraigada» en estas lucrativas operaciones, afirma la OACDH.

Las redadas policiales han liberado a miles de víctimas, incluida una operación llevada a cabo en febrero de 2025 en la frontera entre Tailandia y Myanmar, en la que se liberó a unas 7 mil personas. Sin embargo, las y los observadores advierten de que muchas de las medidas represivas son puntuales y que los recintos suelen reanudar sus actividades o trasladarse a otro lugar.

«Las respuestas eficaces deben centrarse en las leyes y normas de derechos humanos», afirmó el Alto Comisionado Türk. «Fundamentalmente, eso significa reconocer explícitamente la criminalidad forzada en las leyes y reglamentos contra la trata y garantizar el principio de no castigo para las víctimas de la trata».

Las y los supervivientes suelen regresar a sus hogares con estrés postraumático, deudas y estigmas. Efrentan a amenazas de los reclutadores o los cobradores de deudas, detallan vivir depresión, ansiedad y algunos consideraron la posibilidad de abandonar sus hogares y emigrar a otros países.

2/07/2026

Exigen a México publicar informe tras visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura ONU

 

.- ciudad de México.-Integrantes del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estuvieron en México del 25 al 30 de enero de 2026 para evaluar al país en materia de derechos humanos y la erradicación contra la tortura así como examinar las medidas adoptadas tras la evaluación realizada en su visita anterior en el 2016 y aunque esta delegación ya concluyó, defensoras de derechos humanos han exigido al Estado mexicano hacer público el informe de resultados de esta visita.

Es de resaltar que este informe 2026 es de carácter confidencial, a menos que el Gobierno mexicano decida hacerlo público, como ocurrió con los informes posteriores en las visitas de esta misma delegación en 2008 y 2016. Este contendrá las observaciones y recomendaciones.

El Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que tras la visita de este Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) en el 2016, el informe de resultados fue publicado dos años después porque la sociedad civil organizada lo solicitaron por transparencia ante la negativa del Estado a hacerlo público.

Pero hoy, en este 2026, el Centro Pro, detalló que esta visita se da en el marco de:

«Incremento significativo de las personas privadas de la libertad en el país, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la inadecuada operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y el debilitamiento institucional de la CNDH, la reciente publicación de la Ley General en materia de Extorsión –con la que se podrían validar pruebas obtenidas mediante tortura– y la inminente regulación de la figura de “jueces sin rostro” en el próximo periodo legislativo».

Hay que señalar que México firmó y ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), por lo que se comprometió a dar acceso total a esta delegación para llevar a cabo este tipo de visitas.

Por su parte, Cimacnoticias, realizó la investigación Prisión feminicida mexicana, en donde se reveló que el Centro Federal de Readaptación Social femenil número 16 en el estado de Morelos, único centro penitenciario federal para mujeres en el país y considerado uno de los más grandes en América Latina, se ha convertido en uno de los capítulos más violentos en la historia de México contra las mujeres

A finales del 2023 la prensa nacional informó que en el Cefereso 16 se suscitó una oleada de presuntos suicidios entre las mujeres internas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron a conocer en noviembre de ese año un total de ocho casos, una cifra que se ha duplicado a lo largo de los años y deja en vilo cuál es la cantidad precisa de internas quienes han muerto violentamente al interior del Centro, pues ex-internas aducen torturas sistemáticas.

Sobre este tema, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debía investigar esos suicidios de mujeres ocurridos bajo el protocolo de feminicidios. 

“Todas las muertes ocurridas dentro de Centros Federales consideradas como violentas, deben ser investigadas por la Fiscalía General de la República, debiéndose deslindar todas las responsabilidades por acción u omisión de las autoridades correspondientes, y tratándose de muertes de mujeres, deben investigarse como feminicidios”, señaló.

En esta investigación, Cimacnoticias informó sobre encierros prolongados de las internas en el momento de su ingreso, aislamiento, impedimento para que las internas contacten a sus equipos legales, restricción, castigos corporales, distribución de comida podrida, medicalización generada a través de distribución de sustancias controladas y traslados ilegales de mujeres de otros centros de reclusión para mantener este sitio poblado.

Por su parte el Observatorio Contra la Tortura, en su informe 2023, detalló la crisis de derechos humanos que atraviesa a nuestro país. Durante 2023, se iniciaron 4 mil 592 investigaciones por el delito de tortura y tratos inhumanos o degradantes en México, sin embargo, menos del 1% fueron judicializadas, es decir, no avanzaron lo suficiente para llegar ante una persona juzgadora.

Del universo total de 4 mil 592, sólo 18 casos fueron judicializados y en 10 casos se logró dar con 3 responsables: 7 policías municipales, 2 sistemas penitenciarios y 1 caso en la secretaría de seguridad pública estatal.

Fuente: Observatorio contra la Tortura

De acuerdo con los datos segregados de su informe, las mujeres representan el 14% de los casos, aunque en realidad, como ya se advertía, puede ser mucho mayor porque una buena parte de la población decide no denunciar. Además se detalló que las entidades que acumulan las mayores violatorias en contra de mujeres fue: Michoacán de Ocampo con 193 casos registrados, seguido por el estado de México con 167, la Ciudad de México con 123 y finalmente, Puebla con 49.

Asimismo, ese 14% de los casos corresponden a 865 víctimas mujeres y de ellas, sólo 3 casos lograron judicializarse: una en estado de México, otra en Jalisco y la última en Oaxaca.

El Observatorio contra la Tortura, encontró que el 82.5% de las víctimas en nuestro país no recibe un peritaje médico basado en el Protocolo de Estambul. Los pocos exámenes que sí se realizan, los hace la Fiscalía (95.6%) y al momento de lanzar sus resultados, el 91.8% descartan la tortura por ser «no coincidente».

Fuente: Captura de pantalla Observatorio contra la Tortura

Cabe señalar que durante la conferencia de prensa, integrantes del Observatorio Contra la Tortura durante el 2024, afirmaron que al hablar de tortura, siempre existe la participación de las autoridades. Asimismo, recordó que las fuerzas armadas no están capacitadas para atender asuntos de carácter público y que, si bien existen serias deficiencias estructurales, era responsabilidad del estado robustecer a sus autoridades civiles sin necesidad de meter a la fuerza castrense.

La visita

La delegación del el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) estuvo compuesta por: Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación (España), Marco Feoli Villalobos (Costa Rica), Maria Luisa Romero (Panamá) y Martin Zinkler (Alemania), con el apoyo de dos miembros de la Secretaría.

Las y los expertos de la ONU, detallaron que prestarían especial atención a la implementación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité tras su visita de 2016, así como a los avances y desafíos que han surgido desde entonces.

«Estamos aquí para examinar la implementación y el impacto de nuestras anteriores recomendaciones, para ver qué funciona en la práctica y qué aspectos aún necesitan mejorarse», declaró Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación del SPT.

Cabe señalar que México ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) en 2005 y estableció su Mecanismo Nacional de Prevención en 2007, que se encuentra dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Subcomité ya visitó México en 2008 y 2016. Al igual que en misiones anteriores, la delegación del Subcomité informó sostendría una visita en lugares donde las personas están privadas de libertad y mantendrían entrevistas confidenciales con detenidos y el personal que trabaja en dichas instalaciones.

La delegación también se reunirá con las autoridades mexicanas, el organismo nacional de supervisión conocido como Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) y otras partes interesadas para evaluar los avances logrados por las autoridades en la prevención de la tortura mediante medidas legislativas, políticas, administrativas y de otro tipo. Cuando sea pertinente, la delegación también realizará visitas conjuntas con el MNP.

“Consideramos esta visita una oportunidad para seguir trabajando de forma constructiva con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros actores implicados en la prevención de la tortura”, declaró Comas-Mata.

“Un sistema nacional integral para la prevención de la tortura requiere un Mecanismo Nacional de Prevención independiente, imparcial y con los recursos necesarios para realizar visitas periódicas a todos los lugares de privación de libertad y para operar en estrecha cooperación con las instituciones correspondientes y la sociedad civil”, añadió.

De acuerdo con el Centro Pro, en último informe del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) a México, «se constató el carácter generalizado de la tortura en el país», esto tras acudir a 32 lugares de privación de la libertad en Baja California, Coahuila, Guerrero – donde se les negó la entrada a instalaciones militares-, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León y Veracruz, y realizó recomendaciones al Estado, entre las que destacan por continuar siendo un pendiente: 

  1. La publicación del informe de la visita a fin de contribuir a la prevención de la tortura y la difusión de las recomendaciones. 
  2. Garantizar la calidad de la defensa pública otorgada a las personas privadas de la libertad, así como que estas puedan ejercer su derecho a la defensa desde el primer momento de su detención.
  3. A fin de que las alegaciones de tortura y malos tratos no queden en la impunidad, garantizar que estas sean objeto de una investigación de oficio, pronta, exhaustiva e imparcial por órganos independientes.
  4. Que las declaraciones realizadas como resultado de la tortura no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de la persona acusada de tortura. 
  5. Establecer un registro unificado a nivel nacional de detenciones, incluyendo a personas migrantes y personas privadas de la libertad. 
  6. Que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) lleve a cabo más visitas periódicas no anunciadas
  7. Que las personas privadas de la libertad puedan denunciar cualquier acto de totura ante el MNPT de manera confidencial y sin temor a sufrir represalias.
  8. Mejorar las condiciones estructurales, de personal y de servicios de los lugares de privación de la libertad, notando la falta de gobernabilidad, sobrepoblación penitenciaria y condiciones deficientes en estos espacios.
  9. Evaluar las condiciones en las que las mujeres son sometidas a violencias institucionales en detención. 
  10. Garantizar que las autoridades con facultades para privar a personas de su libertad implementen estándares de uso racional y proporcionado de la fuerza, así como la implementación de mecanismos de supervisión para prevenir, detectar y sancionar la tortura en contra de personas detenidas.