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Es
lamentable que senadores de la República de todos los partidos
políticos hayan aprobado en comisiones el pasado diciembre, a propósito
de la reforma política del Distrito Federal, una propuesta de
modificación constitucional que afecta gravemente a los trabajadores de
los organismos descentralizados y organismos autónomos sujetos al
apartado A del artículo 123 Constitucional.
Lo mismo senadores del PRD, senadores que ahora se declaran
independientes y hasta los que se pasaron a Morena, más los del PRI,
del PAN, del Verde aprobaron, con algunos jaloneos, en las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, de Estudios
Legislativos, y la de Desarrollo Metropolitano, una reforma que cancela
los derechos colectivos de trabajadores de los organismos
descentralizados del Distrito Federal.
Los senadores propusieron anular el derecho de huelga, la
contratación colectiva de trabajo revisable cada dos años, los derechos
de los trabajadores de confianza y la presión para una mejora de los
salarios para esos trabajadores públicos.
En el documento de propuesta de contra reforma laboral aparecen las firmas de los siguientes senadores, por la Comisión de Puntos Constitucionales:
Enrique Burgos García, José María Martínez Martínez, Alejandro Encinas,
Daniel Amador Gaxiola, Arely Gómez González, Diva Hadamira Gastélum,
Ricardo Barroso, David Penchyna, Raúl Gracia, Sonia Mendoza, Fernando
Torres, Pablo Escudero y Manuel Bartlett.
Por la Comisión del Distrito Federal: Mario Delgado
Carrillo, Blanca Alcalá, Mariana Gómez del Campo, Joel Ayala Almeida,
Lisbeth Hernández, Armando Neyra, Ana Lilia Herrera, Gabriela Cuevas,
Ernesto Cordero, Alejandra Barrales, Pablo Escudero, Dolores Padierna,
David Monreal.
Por la Comisión de Puntos Legislativos: Graciela Ortiz, Fernando Torres, Ángel Robles, Fernando Yunes, Manuel Cavazos.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera: Raúl Gracia, Miguel Ángel Chico, Zoé Robledo, Enrique Burgos, Sonia Mendoza.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda: Alejandro Encinas, Claudia Pavlovich, Ma. Del Pilar Ortega, René Juárez y Luis Fernando Salazar,
En un documento de 480 páginas senadores ignorantes (o mal
intencionados) de los derechos de los trabajadores de los organismos
descentralizados propusieron trasladarlos, de tajo, al apartado B del
artículo 123 Constitucional. Aunque falta la aprobación del pleno del
Senado, se trata de un grave retroceso que debe ser enmendado de
inmediato.
En el artículo sexto transitorio del Dictamen cuestionado, se ordena
que en la Constitución Política de la Ciudad de México se deba:
“…Establecer que los trabajadores de los Poderes Legislativos,
Ejecutivo y Judicial, de la Ciudad de México, sus demarcaciones
territoriales y sus organismos autónomos, así como las entidades paraestatales de la Administración Pública Local, se sujetarán al régimen que establece el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución”.
En el caso de los trabajadores de los poderes legislativos,
representada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
actualmente sus conflictos se dirimen en el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje. Lo mismo ocurre con las secretarías que
forman parte del gabinete de Miguel Ángel Mancera como Jefe de
Gobierno, como los del poder judicial a cargo del Tribunal Superior de
Justicia y sus demarcaciones territoriales constituidas en Delegaciones
Políticas.
Pero ello no ocurre con los organismos autónomos en los que sus
relaciones laborales se rigen por el decreto de origen que puede ser
del apartado A o B del artículo 123. En el caso de la Universidad de la
Ciudad de México les aplica el apartado A del artículo 123
Constitucional. En adelante ya no sería así. La excepción la tiene el
Instituto Electoral del DF que tiene su origen en el artículo 99
constitucional y el Estatuto de Gobierno del DF que le da la facultad
al Tribunal del Instituto Electoral resolver sus propios conflictos
laborales, sin que otra instancia laboral se entrometa. En este caso no
habría cambios porque es otro artículo constitucional su referencia. Es
decir seguirían con derechos sometidos.
En el caso de los organismos descentralizados del Distrito Federal
como el Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Vivienda, Instituto de las
Mujeres, Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de Educación
Media Superior, Servicio de Transportes Eléctricos, el Sistema de
Transporte Colectivo Metro, Red de Transportes de Pasajeros entre los
principales, se rigen por el apartado A del artículo 123
Constitucional, pero eso incomoda a los gobernantes y legisladores.
Estos trabajadores que pertenecen a estos entes descentralizados
revisan año con año los salarios y cada dos años el clausulado del
contrato colectivo. Son sindicatos no fáciles de convencer porque
cuentan con el derecho de huelga como instrumento de presión para que
el Gobierno del Distrito Federal responda a sus demandas, además de
grupos de trabajadores que tienen en su interior y que los presionan
para que obtengan las mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, el
recurso de huelga no ha sido usado por estas organizaciones, salvo en
contadas ocasiones cuando la respuesta del gobierno del Distrito
Federal ha sido de oídos sordos a las demandas de sus trabajadores.
La contrareforma laboral prohijada con el proyecto de reforma
política del Distrito Federal de concretarse sería uno de los golpes
más serios para los trabajadores que laboran en organismos
descentralizados del Distrito Federal. Crearía un precedente muy grave
para el resto de trabajadores que laboran en estos organismos públicos
en todo el país.
Los senadores cuestionados en los últimos días por este perjudicial
proyecto dicen no haberlo visto en su conjunto. Que algún grupo
interesado lo metió a escondidas. ¿Entonces por qué firmaron? De ser
cierta esa intromisión ¿por qué guardan silencio? Su silencio revela
que votan proyectos sin hacer una revisión previa de los textos
legislativos. Eso es muy grave.
Cancelar los derechos colectivos de los trabajadores es una demanda
patronal de hace años alentada por todo tipo de gobiernos, lo mismo se
vistan de derecha, de centro o de izquierda. El proyecto busca cumplir
ese viejo anhelo.
De concretarse esta contrareforma laboral en el Distrito Federal
significará un enorme regalo de todo el aparato legislativo, dominado
por priístas, para favorecer la administración de Miguel Ángel Mancera,
no importa se pisoteen derechos laborales. Pero los trabajadores ni
grupos sociales lo permitirán. Al tiempo.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
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