Adital
Según encuesta
reciente de Amnistía Internacional, el 64% de la población mexicana
teme ser torturada si estuviera bajo custodia de la policía. En 2013,
fueron 1.505 casos de denuncias de tortura y malos tratos en el país,
representando un aumento del 600% en comparación con el año 2003. ¿La
tortura sería entonces un medio necesario y aceptable para obtener
información y proteger a la población? El 67% de los mexicanos cree que
no.
De acuerdo con la directora del Programa Regional
de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara Rosas, "la
policía y los soldados de México están tan desesperados por encontrar a
alguien a quien culpar de los delitos cometidos por bandas sin
escrúpulos que no parecen pensárselo dos veces a la hora de detener a
una persona y extraerle una confesión a toda costa. No parece haber
límites.”
Se
calcula que desde 2006 más de 100 mil personas fueron muertas en actos
violentos relacionados con la delincuencia organizada y con operaciones
del ejército y miembros de la marina en la guerra contra el
narcotráfico. Por lo menos 23 mil están desaparecidas, de acuerdo con
datos oficiales. Miles de comunidades fueron desplazadas por la
violencia creciente.
La tortura es una herramienta utilizada
frecuentemente durante las investigaciones policiales y operaciones
militares como forma de obtener informaciones y confesiones de presos y
personas detenidas, simplemente por estar en el lugar equivocado a la
hora equivocada. La mayoría de las detenciones en México se practica
sin orden judicial. Es el caso, por ejemplo, de Rogelio Amaya de Ciudad
Juárez (Chihuahua-México), que el 11 de agosto de 2010 conjuntamente
con otros cuatro amigos fueron detenidos repentinamente con violencia y
tuvieron que confesar, bajo tortura, que eran parte del cartel La Línea
para ayudar a instalar un carro bomba que mató a dos agentes de policía.
"Yo
siempre les dije que no había participado en lo del coche bomba, pero
nos seguían golpeando y torturando. Luego tuve que padecer tres años y
siete meses por esa acusación. Tres años y siete meses alejado de mi
familia, sintiendo mucha impotencia. Sin poder ver crecer a mis hijos.
Fue muy doloroso”, se desahoga Rogelio.
En entrevista con
Adital, el Padre Jesús Mendoza Zaragoza, de la Provincia de Acapulco
(México), comenta sobre el contexto de violencia institucional
existente en el país y la actuación de los órganos públicos.
Sobre
el empleo de la tortura en las operaciones policiales y militares como
instrumento de represión de las instituciones públicas mexicanas,
Zaragoza evalúa que la tortura todavía sigue siendo una práctica común
de las policías y de las autoridades que tienen a su cargo la
procuración de justicia en México y, especialmente en el estado de
Guerrero. Tortura psicológica y física se emplean sobre todo contra
detenidos que provienen de la lucha social. Y, hasta el momento, no hay
visos de que se detenga esta práctica ni con legislaciones adecuadas ni
en las prácticas de investigación del delito.
El Padre Zaragoza
afirma que la Iglesia ha denunciado la práctica de la tortura, pero aún
faltan acciones contundentes para exigir una solución.
Por atrás
de ese contexto de violencia institucional, el Padre afirma que
lasinstituciones cooptadas por la corrupción, que no están orientadas a
la justicia sino a proteger intereses ajenos incluidos los de los
cárteles de la droga. Zaragoza destaca que hay un sistema de justicia
carente de profesionalismo y de cualquier sentido de los derechos
humanos. Estas instituciones cumplen más objetivos políticos que tareas
de procuración y administración de justicia
El combate a la
tortura en el estado de Guerrero ha sido débil e insuficiente. Sobre
las acciones de los movimientos sociales y pastorales, Zaragoza agrega
que hay organizaciones sociales como el Colectivo contra la Tortura e
Impunidad que lo tienen en su agenda y han movilizado a otras
organizaciones para visibilizar este problema y promover una
legislación adecuada para impedir que se agrave esta situación. La
Iglesia ha denunciado, en algunas ocasiones, esta práctica pero no ha
tenido acciones contundentes para exigir una solución de fondo.
En
la visión del sacerdote, la población tiene una gran desconfianza y,
hasta, desprecio hacia las policías que, en su mayoría, no son
profesionales ni respetan los derechos humanos. Hablo, de las policías
municipales y estatales, y de las policías ministeriales, sobre todo.
También las policías federales y los militares han cometido abusos en
su lucha contra el narcotráfico. Es más, la gente no denuncia por temor
a represalias.
Entre los métodos más utilizados de tortura se
encuentran: la semiasfixia, golpizas, simulaciones de ejecución y
desapariciones forzadas, violencia sexual, amenazas de muerte, choques
eléctricos y amenaza contra las familias de los detenidos. Según la
encuesta de Amnistía Internacional, la mayoría de las detenciones en
México es practicada sin orden judicial, bajo la alegación de
flagrante. En 2013, de las 47.619 detenciones por delitos federales,
42.080 fueron ejecutadas sin orden judicial.
La tortura es
empleada también para humillar, castigar, imponer temor y obtener
dinero mediante extorsión. Las autoridades han ignorado y hasta incluso
permitido, tácitamente, la tortura y los malos tratos, considerando la
estrategia como necesaria. En los últimos años, los cárteles se han
aliado con funcionarios públicos, lo que representa un desafío para la
justicia.
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