Miguel Carbonell
En la tarea de hacer justicia el Estado emplea un número cuantioso de medios humanos y materiales. El año pasado los tribunales federales tuvieron un presupuesto de más de 43 mil millones de pesos y emplearon a 31 mil 113 servidores públicos con sueldos bastante decorosos.
La carga de trabajo que tienen es también abundante. A lo largo de 2014 el Poder Judicial Federal recibió más de un millón de nuevos asuntos, de los cuales 280 mil 608 fueron en materia penal. Esa carga de trabajo se desahoga en buena medida por nuestros 355 jueces de distrito y los 214 tribunales colegiados de circuito que trabajan a lo largo y ancho del territorio nacional.
Y es ahí, precisamente, donde parece estar uno de sus mayores retos. La reforma penal, tan profunda y compleja, parece estar navegando a un paso bastante lento dentro del ámbito de competencia de nuestra justicia federal. Pese a que se tenían que comenzar a tomar medidas desde 2008, apenas a finales de 2014 comenzaron a funcionar los nuevos juicios orales en materia penal, pero solamente en dos entidades: Puebla y Durango. Para marzo de 2015 deberán iniciar en otras dos entidades.
Esto supone que a casi 7 años de que comenzaron los trabajos de la reforma penal, la Federación solamente la habrá podido implementar en 4 entidades federativas y tendrá apenas un año y medio para hacerla funcionar en otros 28 estados. La lentitud con que se ha trabajado hasta ahora es evidente. Uno se podría preguntar de qué manera van a lograr que la reforma funcione en apenas 18 meses dentro de 28 estados cuando se tardaron 7 años en lograr que funcione en 4. Las cuentas no son fáciles de cuadrar, por lo que se ve.
El nombramiento del prestigioso magistrado Juan José Olvera como titular de la unidad de implementación de la reforma penal al interior del Consejo de la Judicatura Federal arroja un rayo de esperanza, pero las resistencias que todavía deben vencerse son muchas. Lo cierto es que el mayor obstáculo se encuentra (todavía hoy, aunque parezca increíble) en la mente de muchos jueces y magistrados, que se sienten muy cómodos trabajando como lo han hecho toda su vida, y se resisten con uñas y dientes al cambio de una justicia más transparente y también —por eso mismo— mucho más exigente para todos sus actores.
La demora enorme que llevamos acumulada no debe disimular un hecho evidente: sin el concurso, la voluntad y hasta la pasión por hacer bien las cosas que le pongan los jueces, magistrados y ministros, la reforma penal no saldrá adelante. Se trata de actores fundamentales del proceso, tanto por lo que se refiere a los juicios orales ordinarios como por lo que respecta a los indispensables criterios que a través de la resolución de amparos tendrán que ir fijando los tribunales de más alto nivel. Sin ustedes no habrá una buena (y renovada) justicia penal, señoras y señores jueces. México los necesita hoy más que nunca. Ojalá todos lo entendieran.
Para estar bien y a tiempo en junio de 2016 (como lo ordena la Constitución), el Poder Judicial necesita avanzar en 3 pistas: construcción de la infraestructura para que se celebren las audiencias orales (tanto las preliminares como las de juicio), capacitación del personal que se hará cargo del nuevo sistema y preparación de la logística interna con la que se va a trabajar (es decir, la parte administrativa del nuevo sistema, que no es poca cosa).
El reloj sigue corriendo. Pronto llegará el 18 de junio de 2016 y entonces sabremos si los jueces se decidieron a cumplir con la Constitución o bien si optaron por la trágica actitud de resignarse a violarla. Muchos de nosotros apostamos por lo primero. Ojalá no nos equivoquemos.
Investigador del IIJ de la UNAM.
@MiguelCarbonell
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