Pese
al acuerdo que hizo el gobierno federal el pasado mes de mayo con
familiares y abogados, persiste la impunidad por el asesinato de la
defensora mexicana de Derechos Humanos Bety Cariño y del activista
finlandés Jyri Jaakkola, mientras participaban en 2010 en una caravana
humanitaria hacia San Juan Copala, en Oaxaca.
En conferencia de prensa con motivo de la quinta visita a México de Eve Jaakkola y Raimo Jaakkola, padres del activista Jyri Jaakkola, familiares y abogados informaron que a cuatro años de la tragedia y a seis meses de firmados nuevos acuerdos, siguen sin cumplirse las órdenes de aprehensión contra los responsables del crimen.
El pasado 14 de mayo, Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño, emprendió una huelga de hambre de 16 días frente a la Procuraduría General de la República (PGR), para que esta instancia firmara una lista de acuerdos para garantizar justicia.
A fin de que concluyera el ayuno, autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) acordaron, en presencia de representantes de la embajada de Finlandia, que los 12 presuntos responsables señalados por la defensa de las víctimas serían detenidos; que sería juzgado Rufino Juárez, líder de la Unidad y Bienestar Social de la Región Triqui (organización a la que pertenecen los presuntos homicidas) y único aprehendido hasta ahora, y que los testigos del ataque a la caravana humanitaria gozarían de protección.
En el acuerdo, el gobierno federal se comprometió a que en el segundo semestre de este año Rufino Juárez sería juzgado, mientras que los presuntos responsables –que siguen libres– serían consignados durante los meses siguientes.
Hoy, a escasos días de concluir este mes de noviembre, Karla Micheel Salas, abogada de la familia Cariño y presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), dijo que a seis meses de haber firmado el acuerdo, ni las autoridades federales o locales han cumplimentado tales órdenes de aprehensión.
El único argumento que señalan las autoridades, según dijo la abogada, es que los responsables viven en San Juan Copala y en poblaciones aledañas, donde el grupo paramilitar Unidad y Bienestar Social de la Región Triqui mantiene el control, “tiene armas y es peligroso”, apuntó.
“Con esto las autoridades federales aceptan que hay una región donde el Estado no puede intervenir y donde grupos fuera de la ley aterrorizan a la población”, observó Salas.
La abogada también explicó que el supuesto mecanismo que se prometió para la protección de las y los testigos del ataque a la caravana, y que pudieran estar en riesgo, tampoco se ha cumplido pese a la insistencia de la Unión Europea.
Lo único relevante que informó David Garay, director de la Unidad de Gobierno de la Segob, es que ya se logró corroborar que tres de los probables responsables con órdenes de aprehensión, que señaló la y el abogado de las familias Cariño y Jaakkola, eran servidores públicos del municipio de Ixtlahuaca.
La abogada advirtió que luego de la huelga de hambre en mayo, las reuniones que acordaron celebrar cada mes también dejaron de efectuarse tres meses después, y fue hasta que los abogados hicieron nuevamente una solicitud a la Segob para que recibiera a la familia de Jaakkola que tuvieron nueva noticias.
A propósito de su quinta visita a México y de las reuniones con las autoridades federales, la madre de Jyri dijo que no logra entender como extranjera por qué las autoridades, pese a tener identificados a los responsables y seguir sus movimientos, siguen sin detenerlos.
Debido al incumplimiento de los acuerdos firmados en mayo, las familias, junto a su representación legal, exigieron reiniciar las reuniones con las autoridades y, por ahora, ya se suscribieron nuevos compromisos para detener a los responsables.
También están impulsando una audiencia en el subcomité del Parlamento Europeo para que éste pida un informe a México sobre los avances y acciones desarrolladas a partir de las órdenes de aprehensión de los presuntos responsables del asesinato.
Micheel Salas recordó que hace cuatro años por primera vez hubo un pronunciamiento conjunto de las y los relatores de la ONU para los Pueblos Indígenas, Libertad de Expresión, Ejecuciones Extrajudiciales, y de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos, quienes también solicitaron un informe a México para que declarara los riesgos de los testigos; pero el gobierno tardó mucho en informar que no hay cambios en la situación jurídica del caso.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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