Crisis del régimen
El
informe del día 7 sobre los 43 estudiantes de la Normal de Ayonitzapa
desaparecidos, presentado por Murillo Karam, Procurador General de la
República, en realidad insiste en la explicación del crimen como un
asunto local y resultado de la acción de bandas del “crimen organizado”
(es decir bandas del narcotráfico). La explicación como un asunto local
y del crimen organizado pretende ocultar la responsabilidad del Estado,
ocultar que se trata de un crimen de Estado.
Tienen razón los
padres de los jóvenes desaparecidos y los compañeros de Ayotzinapa al
rechazar las conclusiones de Murillo diciendo que no está demostrado
que los 43 hubieran sido asesinados y calcinados como sugiere el
informe. En realidad, el propio reporte de Murillo, en la conferencia
de prensa, lo reconoce cuando, casi al final, dice que el proceso de
investigación continúa bajo el concepto de desaparición, pues aunque
las confesiones de los 3 nuevos detenidos describen, según el reporte
de Murillo, con mucho detalle lo que dicen hicieron con los 43
compañeros, finalmente no hay evidencia o prueba científica que
demuestre que fueron asesinados y calcinados y las cenizas dispersadas
en bolsas tiradas al río.
Un informe no creíble.
El informe de Murillo está basado en las “confesiones” de dos sicarios.
Cuando la PGR reconoce que no pueden demostrar científicamente que
estos tipos hubieran asesinado a los 43 normalistas ya que los restos
fueron reducidos a cenizas, está pidiendo que se crea esta versión
sobre la base de las “confesiones” de estos delincuentes. Creer en su
palabra.
Las confesiones en México no son confiables.
Evidentemente, las mismas fueron obtenidas bajo tortura. El rostro de
uno de los detenidos lo revela. Y, por tanto, la tortura que hace la
policía no es simplemente para obtener “la verdad” sino para ajustarse
a un guión preestablecido. La policía quería demostrar que los 43
fueron asesinados por este grupo criminal y calcinados de manera de
hacer irreconocibles los restos y los expertos policías lo lograron.
Murillo Karam presentó el video con fragmentos de las declaraciones de
los detenidos y se notan las preguntas inducidas para llegar una
conclusión previa.
Así, le preguntan a uno de ellos, cuando
dice que los mataron y los apilaron, “y les rociaron algo?”. “Les
rociamos gasolina o diesel” para prender el fuego, responde el tipo. ¿Y
cómo bajaron los cuerpos de los muertos del camión? Le preguntan. Así,
dice el otro cargando un saco. Te ayudo, agrega el policía, cargando el
saco. Al llegar al basurero de Cocula, el grupo de sicarios integrado
por unas cinco personas, según se describe, bajaron del camión a los 43
compañeros, cuando unos ya estaban muertos y luego uno a uno de los que
bajaban los arrodillaban y los mataban de un tiro. ¿Uno a uno y frente
a los demás fueron asesinados sin ofrecer resistencia? Según Murillo,
al trasladar a los 43 en vehículos policiales para entregarlos a la
banda “Guerreros Unidos” hubo una confusión en las trasmisiones pues
entonces uno de los jefes de sicarios entendió que los detenidos eran
de su grupo rival “Los rojos”. Se trataba, para ese capo, según las
propias palabras de Murillo de “defender el territorio” al que se
querían meter los rivales.
La confusión puede explicar la
crueldad, pero no explica por qué los sicarios tomaron muchas medidas
para no dejar huellas del crimen. En la guerra entre bandas del narco,
si quieren escarmentar a un grupo rival que se mete en otro territorio,
no ocultan las evidencias del crimen, sino al contrario. Es conocida la
experiencia en varias ciudades del país en que los cuerpos de
criminales de un grupo rival aparecen colgados en puentes con letreros
advirtiendo y amenazando de que no se metan donde no deben. En este
caso, según el relato de Murillo, los sicarios hicieron todo lo posible
por no dejar huellas del crimen (respondiendo más a una preocupación
política que hace imposible demostrar la ejecución de los 43 si no es
bajo la confesión de estas honorables personas detenidas no se sabe
desde cuándo).
Dicen que los incineraron en un horno
rudimentario hecho en una orilla del basurero de Cocula. Toda la noche
del 26 y hasta las 2 de la tarde del 27 estuvieron quemando los cuerpos
con la instrucción de no dejar apagar el fuego para lo cual juntaron
llantas, plásticos, papel y cualquier material inflamable que
encuentras en un basurero. Los crematorios de una funeraria, que son
cámaras en que se utiliza gas y se puede elevar a grandes temperaturas,
usan 3 o 4 horas para cremar el cuerpo de una persona adulta hasta
entregar en una urna cenizas a sus familiares. Los sicarios confesos
dicen haber incinerado 43 cuerpos en un horno rodeado de piedras y
llantas a campo abierto durante 12 horas! Y no dejaron nada, solo
cenizas para que no pudiera analizarse el ADN. Después de las 2, una
vez que ligeramente se hubieran enfriado los restos los reunieron en
bolsas negras de la basura (de ésas que venden en Oxxo) y los vaciaron
en el río, excepto dos bolsas que uno de los sicarios arrojó cerradas.
El policía que interroga le pregunta al sicario “¿dónde compraron las
bolsas?” y aquel dice que uno de ellos traía bolsas de basura. Qué
casualidad, qué conveniente para la explicación que lleva a la
conclusión de que ni modo no puedo demostrar que lo que digo es cierto.
Hace unas horas, adicionalmente, alguien agregó en facebook el reporte
del tiempo de esa noche que dice, por cierto, que llovió
torrencialmente en esa zona.
Crimen de Estado
El
objetivo del informe de la PGR es político: mostrar el caso como local
y del crimen organizado. Resultado de un miserable presidente municipal
corrupto y ligado al narcotráfico así como su ambiciosa esposa. Dice
Murillo que se confirma que Abarca, ex expresidente municipal dio la
orden de actuar a la policía bajo el código de A5. No es claro qué
ordenó exactamente A5, pero no importa porque los policías actuaron
bajo una rutina, un protocolo ahora le llaman, repetido, realizado
previamente. Por eso atacaron a balazos a los estudiantes de
Ayotzinapa, luego al autobús de los jóvenes jugadores de fútbol,
asesinaron a 6 personas, deshicieron la cara uno de ellos, detuvieron a
43 y finalmente los desaparecieron al sacarlos de la estación de
policía en vehículos oficiales con rumbo desconocido. Bastó que A5
diera la orden para que los policías llevaran su acción hasta la
desaparición de los 43 porque se trata de una política de Estado. Un
crimen de Estado que practican desde hace años y que siguen realizando
porque saben que priva la impunidad frente al mismo. Lo inauguraron los
del PRI desde los años setentas, pero continúa como política de Estado
independientemente del partido que esté en el gobierno siempre y cuando
haya aceptado la institucionalidad vigente. Con Calderón lo hizo el PAN
y ahora a nivel local lo hace también el PRD, ya comprometido y
cooptado en esta práctica como antes lo hizo en el terreno social al
firmar el pacto por México que reconoció a Peña Nieto y su programa de
reformas neoliberales.
El truco del gobierno de querer
convertir el asunto en local y del crimen organizado es lo que explica
que desde el principio busquen fosas clandestinas y cadáveres. No
buscando desaparecidos, es decir personas vivas detenidas ilegalmente,
sino muertos. Porque personas víctimas de una desaparición forzada
quiere decir responsabilidad del Estado. ¿Y qué sucede con los
desaparecidos según la historia conocida? Son llevados a cárceles
clandestinas o a campos militares. Y obviamente ahí no se busca a los
43 compañeros desaparecidos. A pesar de que en Iguala hay, a unos
metros de donde fueron atacados los estudiantes por parte de la policía
municipal, un cuartel militar con más de 600 elementos del ejército. ¿Y
si la confusión de los capos al recibir de los policías a los 43
creyendo que eran de un grupo rival no fue tal, sino la otra historia
inventada sobre los de Ayotzinapa de que son un nido de guerrilleros?
¿Y si al salir los policías en vehículos oficiales con los 43 no los
llevaron supuestamente a un basurero en el camino a Cocula sino al
cuartel militar de Iguala entregándolos como supuestos guerrilleros?
Murillo Karam en la conferencia de prensa dice. a pregunta expresa, que
el ejército no participó en los hechos del 26-27 de septiembre. Y
agrega respondiendo al periodista “¡Y qué bueno que no participó!
Porque si lo hubiera hecho ¿de qué lado crees que hubiera estado?
Obviamente del lado de la autoridad constituida”. La cínica respuesta
de Murillo da pista sobre lo ocurrido pues hay la evidencia de que el
ejército supo de lo que ocurría e investigó (como relatan los
estudiantes que fueron detenidos cuando intentaban que uno de los
heridos fuera atendido en un hospital privado). Así que si hay 43
desparecidos detenidos por la policía, el ejército actuaría en ese
caso, como dice Murillo, del lado de la “autoridad constituida”. Cada
día se va cuestionando más el papel jugado por el ejército en el caso
de Iguala. Frente a estos señalamientos, el juicio a que están siendo
sometidos algunos militares por el caso Tlatlaya y la parálisis del
gobierno que no ha podido contener con su tradicional estilo represivo
(pese a provocaciones por aquí y por allá) un movimiento en ascenso que
incluso en Guerrero ha incendiado el Congreso local, el Palacio de
Gobierno y las sedes del PRD y del PRI, al mismo tiempo que se han
tomado más de 30 ayuntamientos, en días recientes el general
Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se ha quejado de las
constantes críticas al ejército y ha advertido (amenazado?) que no
cejarán de “servir a México” a pesar de todas esas críticas. Por eso
los familiares –y en general el movimiento solidario- ha recuperado y
extendido la histórica consigna de Rosario Ibarra y el Comité Eureka!
de los años 70 y 80: ¡vivos los llevaron y vivos los queremos! Murillo
y otros voceros del gobierno dicen que México está de luto para
insistir en la versión de que los 43 están muertos por la versión de
los sicarios confesos. Esta versión busca ocultar la responsabilidad
del Estado y la conclusión política, que de mil maneras el movimiento
grita: ¡Fue el Estado!
Crisis política, crisis de legitimidad del régimen.
El crimen cometido en Iguala ha desatado una movilización de protesta
contra el Estado y de solidaridad con Ayotzinapa sin precedentes. De
hecho ha abierto una crisis política en el régimen, una crisis de
legitimidad. La respuesta del régimen no ha logrado frenar ni
desarticular el movimiento de protesta ni con la renuncia de Aguirre al
gobierno del estado de Guerrero, ni con el encarcelamiento del
presidente municipal, su esposa y varias decenas de policías y
sicarios, ni con el informe de Murillo Karam.
Primero los
familiares insistiendo “Vivos los llevaron, vivos los queremos”. Luego
el movimiento en general con la misma consigna que rechaza el informe
de la PGR y agregando “fue el Estado” ha ido escalando la crítica y
elevando la crisis política y de legitimidad del régimen todo. La
salida del gobernador Aguirre y el encarcelamiento del presidente
municipal, junto al grito de “fue el Estado” hace comprensible a nivel
del movimiento que no basta con esas renuncias. Si hay una
responsabilidad del Estado y todos los partidos institucionales, PRI,
PAN y PRD especialmente, aparecen involucrados, entonces avanza cada
vez más la consigna que se hizo muy popular en Argentina el 2001: ¡que
se vayan todos! La sustitución en el gobierno del estado de Guerrero de
Ángel Aguirre por el nuevo gobernador Rogelio Ortega Martínez es
ejemplo claro de lo insuficiente que resultan estos cambios decididos
desde el poder. En vez de imponer un gobernador sustituto identificado
con los partidos institucionales, escogieron a Rogelio Ortega que fue
parte de la ACNR de los años 80, funcionario universitario y él mismo
desaparecido político en los años 70. Se le recordó públicamente que
cuando estuvo desaparecido, su madre junto con otras Doñas del Comité
de familiares buscaron entrevistarse con el gobernador de aquella época
para exigir su presentación bajo la consigna de “vivo lo llevaron, vivo
lo queremos” y lo consiguieron lo que permite que ahora sea el
gobernador interino. Ortega presumía que por su papel en la Universidad
conseguiría rápidamente dialogar con los estudiantes de Ayotzinapa.
Para reforzar lo anterior incluso nombró de inmediato a Salvador
Martínez della Roca (ex preso político del 68) secretario de educación
y a Eliseo Moyao (ex líder de la ACNR y actualmente miembro del PRD)
como secretario de finanzas. ¿Y lo logró? Obviamente que no lo logró.
Los de Ayotzinapa se han negado hasta la fecha a recibirlo pues
representa una decisión, maniobra e imposición del gobierno federal.
Desde que llegó al gobierno, en dos ocasiones movilizaciones de
protesta han incendiado el palacio de gobierno. El carácter de su
nombramiento está marcado por la decisión del gobierno federal pues fue
ungido por el propio Peña Nieto en Los Pinos, desde donde en
conferencia de prensa conjunta, Rogelio Ortega le dijo a Peña: “si el
señor Presidente me apoya, yo le entregaré buenas cuentas al
Presidente”. Ortega fue puesto por Peña Nieto y no es resultado de la
movilización popular pese a las credenciales de su pasado de izquierda
que el nuevo Gobernador presume.
Las tres jornadas de acción
global han ido subiendo la mira frente a cada maniobra del gobierno que
busca desviar la responsabilidad del Estado en el crimen. Es así que
después de la entrevista de Peña Nieto con los familiares y los
resultados ofrecidos por Murillo, la consigna de “fue el Estado” o “que
se vayan todos” va aterrizando en “Fuera Peña”.
La movilización
en solidaridad con Ayotzinapa es inédita. Es una movilización nacional,
no solamente en la Ciudad de México como en otros casos (por ejemplo en
el 68). Son paros de protesta en centenas de escuelas y universidades,
incluidas varias universidades y centros de estudio privados. Es la
movilización general de las Normales Rurales, dirigida por la
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) que
defienden a su hermana Ayotzinapa, pero en general el sistema de
educación rural, al igual que hace hoy el paro general de los
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) frente a las
consecuencias de la reforma energética que quiere convertir a los
egresados del Poli en mano de obra barata para las trasnacionales que
traerán sus propios profesionales para conducir sus compañías en
México. También la solidaridad internacional y la legitimidad de la
causa de Ayotzinapa a nivel internacional está más extendida quizá que
la solidaridad con motivo del levantamiento zapatista.
¡Fuera Peña!
Es este nivel del movimiento el que ha puesto a la orden del día la
consigna de “Fuera Peña”, en un nivel de confrontación y de crisis de
legitimidad del régimen a nivel histórico, sin precedentes recientes.
Fuera Peña es diferente a la consigna de AMLO que plantea que Peña
Nieto renuncie antes del 1 de diciembre para llamar a elecciones
anticipadas. Atrapado en su visión institucionalista, la misma con que
ha construido MORENA, López Obrador insiste en una salida que salva al
régimen en un momento en que está cuestionado como nunca. Que Peña
Nieto renuncie (el concepto de renuncia implica un acto voluntario
diferente a “Fuera Peña”) antes del 1 de diciembre para sujetarse a los
plazos establecidos por la Constitución y se llame a elecciones
anticipadas, implica varios problemas que se colocan atrás del nivel de
protesta del movimiento. Elecciones anticipadas ¿organizadas por el
INE? Elecciones anticipadas para elegir entre los candidatos del PRI,
del PAN o del PRD? O de MORENA que también ha sido evidenciado cuando
es sabido que López Obrador había decidido ya y anunciado que su
candidato en Guerrero sería Lázaro Mazón, el padrino de Abarca?
Fuera Peña es el reflejo del nivel actual del movimiento. Fuera Peña es
la traducción de “fue el estado”. Fuera Peña es la traducción de “que
se vayan todos” no es suficiente con el gobernador y el presidente
municipal. Fuera Peña es el cuestionamiento mismo del régimen político
responsable no solamente del crimen contra Ayotzinapa en Iguala, sino
de todos los agravios cometidos contra el pueblo y los trabajadores por
la oligarquía neoliberal que impuso a Peña. Fuera Peña es la cabeza del
régimen y sus reformas aplicadas por los partidos del Pacto por México.
Es cierto que el conjunto del movimiento no se pronuncia por igual
contra las reformas neoliberales, como lo hace contra el crimen de lesa
humanidad que es la desaparición forzada, pero en medio de la protesta
e indignación popular contra este gobierno la voracidad de estos no
cesa de exhibirse. Sea la “Casa Blanca” de Peña Nieto y su esposa
empleada de Televisa, responsable de la manipulación masiva de la
opinión pública. Sea el escándalo por la concesión otorgada para la
construcción de tren rápido Querétaro-México, aunque apresuradamente se
cancele la licitación, generando nuevos conflictos con los
inversionistas chinos y el propio gobierno chino. Es la masacre
Tlatlaya, realizada por el ejército y en el Estado de México, gobernado
por el PRI y cuna del grupo político de Peña Nieto.
Algunos
compañeros y compañeras se lamentan de que frente a otros crímenes
–como el feminicidio, los crímenes de odio y homofóbicos, los presos
políticos, las mismas reformas neoliberales- no haya habido una
respuesta masiva, nacional e internacional, de la magnitud de la que
ocurre en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa. Es cierto que
hay una serie de circunstancias que han hecho que finalmente la gota
que ha derramado el vaso haya ocurrido en Iguala. Pero lo importante es
que ha abierto una crisis política sin precedentes que está
cuestionando al conjunto del régimen y exigiendo su salida con el grito
de Fuera Peña. Hay quién se pregunta angustiado ¿y después de Peña qué?
Son momentos distintos pero la perspectiva política, como hemos
explicado, no es la de una salida dentro del mismo sistema, como las
elecciones anticipadas que propone López Obrador, sino una perspectiva
que está cuestionando al régimen, sus instituciones, inc
luidos sus
partidos, pero también las políticas que han llevado a este desastre
nacional. Es el cuestionamiento de un régimen corrupto, descompuesto,
podrido por su complicidad con el narcotráfico, su entreguismo al
imperialismo, responsable de una desigualdad social escandalosa y de
una ola de violencia que parece imparable. Obviamente la salida de
Peña, la salida de este régimen político implicaría la búsqueda de un
nuevo Congreso constituyente, una asamblea constituyente, que
redefiniera un nuevo marco institucional y otras políticas públicas.
El reto para avanzar en esta perspectiva política es que es sostenida,
impulsada y comprendida por una parte del movimiento estudiantil que
otra vez aparece como vanguardia transitoria del movimiento. Es una
perspectiva que muestra una continuidad con el reclamo del movimiento
yosoy132 oponiéndose al regreso del PRI y a la imposición de Peña
Nieto. Entrar, sin embargo, en esta perspectiva necesita, nuevamente
como en el 68, el concurso de las fuerzas del movimiento social en
resistencia y lucha, tanto como del movimiento obrero, campesino y
popular. A diferencia del 68 sí existen ahora fuerzas y organizaciones
sociales independientes del régimen que en estos años se han opuesto y
luchado contra diversos aspectos del programa neoliberal. El problema
es que se requiere un salto decisivo a la lucha política, la lucha
contra el poder y superar así la práctica y visión gremialista –en
torno a demandas legítimas pero parciales- para sumarse y acompañar la
fuerza política del movimiento de protesta que ahora exige “Fuera
Peña”. Ahí está el reto. No es solamente lograr la unidad de un
movimiento muy amplio pero desigual y heterogéneo en términos de
coordinación de acciones de protesta, sino también de perspectiva
política. La perspectiva política de “Fuera Peña”, contra el régimen
político, recae en la posibilidad de un bloque social y político de los
movimientos populares y sindicales en resistencia, junto con el
movimiento estudiantil, pero a condición de superar el gremialismo y la
visión parcial de lucha contra el neoliberalismo, para apoyar la
perspectiva política.
11 de noviembre de 2014
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